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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-12-2018

Freno judicial al 2x1 para crmenes de lesa humanidad y para el gatillo fcil

Rubn Armendriz
Rebelin


La Corte Suprema de Justicia argentina sentenci que la reduccin de pena apodada 2x1 (ley 24.390), que computa doble los das que un detenido pasa en prisin sin tener condena, no es aplicable a los responsables de crmenes de lesa humanidad, reparando la injusticia de un propio fallo anterior que gener una fuerte reaccin social.

Los organismos de derechos humanos celebraron el fallo de la Corte que rechaz el beneficio del 2x1 (reduccin de sentencia a la mitad) para los condenados por delitos de lesa humanidad y lo atribuyeron a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Y a la movilizacin masiva que el 10 de mayo de 2017 colm las calles del todo el pas para rechazar aquel fallo que, por voto mayoritario, haba abierto la puerta a la reduccin de penas para genocidas procesados y condenados.

La decisin fue tomada por cuatro votos contra uno, ste el del actual presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, a quien el gobierno coloc en esa posicin. El 3 de mayo del ao pasado, con la firma de Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, la Corte sorprendi al declarar aplicable el 2x1 en el caso Muia, un represor civil, integrante de una patota que persegua a trabajadores y pacientes del Hospital Posadas.

Treinta trabajadores del Posadas fueron secuestrados y al menos once continan desaparecidos. En esa sentencia, los jueces consideraron que si haba alguna duda sobre la aplicabilidad del beneficio a delitos como los cometidos por Muia, debe resolverse en favor del acusado en virtud de las exigencias del principio de legalidad. Ese fallo desencaden una catarata de pedidos en la misma lnea por parte de otros represores, lo que en la prctica su aplicacin implicaba una reedicin de la ley de amnista.

Y, adems, gener el inmediato rechazo de los organismos de derechos humanos que convocaron a una movilizacin de repudio, ante una decisin que contrariaba el derecho internacional, que establece que debe existir una proporcionalidad entre la pena recibida y la gravedad de los delitos cometidos y que no puede haber conmutaciones de penas para crmenes de lesa humanidad.

Adems, impulsada por los sectores ms reaccionarios del gobierno de Mauricio Macri, atacaba la esforzada construccin del camino de Memoria, Verdad y Justicia como una poltica de Estado ante los crmenes de la dictadura cvico-militar de 1976-1983..

Sin dudas, en la Argentina, la participacin en calles y plazas es parte del poder poltico, y quiz eso explique que el presidente Mauricio Macri y su brazo derecho, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quieran darle a la Polica Federal licencia para matar. La resistencia social, poltica y jurdica ya fueron puesta en marcha, pero se acenta, paralelamente, la violencia institucional.

Gatillo y fascismo fcil, pero no tan fcil

Envalentonada con el el operativo de seguridad impuesto en la franja de Gaza donde se celebr la cumbre del G-20 y con su victoria sobre el exministro de Seguridad de Buenos Aires Martn Ocampo, quien carg con las culpas del desastroso y vergonzoso operativo de seguridad para el partido de ftbol entre River Plate y Boca Juniors, del cual ella era responsable, la ministra Bullrich busc avanzar con su nuevo reglamento que permite a la polica el uso de armas letales incluso contra personas no armadas.

Intent que este reglamento, que flexibiliza y amplia el uso de las armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad autorizndolos a disparar hasta por la espalda y sin dar la voz de alto, fuera aprobado las policas provinciales. Pero la tarea no ser tan sencilla, porque incluso provincias gobernadas por la coalicin derechista Cambiemos anunciaron que no la van a implementar.

Ya la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires prohibi la aplicacin del nuevo protocolo de seguridad que present Bullrich, y en respuesta a dos amparos que plantearon la nulidad del nuevo reglamento, el juez Roberto Gallardo decret la inconstitucionalidad de la resolucin y prohibi su aplicacin en el mbito de la Ciudad capital.

La medida del juez hizo lugar a un pedido realizado por la diputada Myriam Bregman, presidenta de la Comisin contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad, quien seal que "esta resolucin llega despus de das crticos; el intento de cerrar la causa de Santiago Maldonado como mensaje de impunidad, el asesinato brutal del militante obrero Rodolfo Orellana, y la represin a conflictos gremiales.

Adems, personeros del oficialismo ya se manifestaron en contra del proyecto que, segn algunos analistas, sirve, ms all de los presumkibles asesinatos selectivos de dirigentes sociales, para facilitar la compra de armamentos de EEUU e Israel.

Nosotros no vamos a ir al fascismo, sentenci la diputada Elisa Carri, aliada de Cambiemos: A la ministro se le va la mano () la reglamentacin para fuerzas de seguridad viola los derechos humanos fundamentales, dijo. Esto se parece a las ideas de Bolsonaro () A los que se enojan conmigo por mi posicin en seguridad les digo, que el da que maten a un hijo solo por tener pelo largo o morocho se van a acordar de mi, remat.

Rubn Armendriz. Periodista y politlogo uruguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico (CLAE, www.estrategia.la)

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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