Portada :: Espaa :: Crisis poltica en Catalua
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-12-2018

Los reyes desnudos

Sidonio Apolinar
Rebelin


Se acerca el juicio oral por los sucesos de octubre de 2017. Lo que ha llevado a nuevas manifestaciones de solidaridad con las ex autoridades pblicas (y otras personas) procesadas en relacin con esos hechos, incluida la firma de declaraciones en su favor, no slo en Catalua, sino tambin fuera de ella. Slo el autoengao, la ignorancia, el fanatismo o la propaganda anuladora de la propia capacidad de juicio pueden explicar esas mal orientadas muestras de solidaridad. No cabe duda de que es legtimo y muy humano sentir compasin o empata por los polticos catalanes presos y sus familiares, incluidos aquellos -la inmensa mayora, si no me equivoco- que ocupaban posiciones de autoridad pblica cuando se cometieron los hechos. La misma compasin o empata que se puede tener respecto a cualquier otra persona que se encuentra en prisin preventiva como consecuencia de una investigacin criminal, con independencia de la naturaleza del presunto delito investigado, ya se d esta situacin en Espaa o en cualquier otra parte del mundo civilizado -si es que eso todava existe-, pues todas esas personas sufren la prdida de su libertad. Pero ms all de ello ha de resultar evidente para cualquier observador desapasionado que no hay en estos momentos razn alguna para mostrar ninguna clase de solidaridad o actitud comprensiva, excepto si se es un secesionista convencido adherido a la causa del nacionalismo -lo que por fuerza hace que se deje de ser un observador desapasionado-.

La afirmacin anterior se funda, a su vez, en una razn muy simple cuya captacin y entendimiento slo pueden impedir el paso del tiempo, el tacticismo partidista y la publicidad poltica. Las instituciones pblicas, a travs de su derecho pblico, deben repeler y sancionar los ataques ms graves a la convivencia social, as como los ataques a los presupuestos bsicos del orden constitucional vigente. Esa es una de sus misiones fundamentales. Ambas cosas, prevenir y sancionar las conductas antisociales ms graves (esto es, que causan o pueden causar un intenso perjuicio a la gente) y defender las bases del orden constitucional vigente estn relacionadas, especialmente si partimos de la idea de que ese orden constitucional es el propio de un estado de derecho desde un punto de vista jurdico-institucional y Espaa lo es en trminos comparativos, si bien siempre se puede decir que ya no hay estado de derecho en ningn lugar del mundo, en cuyo caso difcilmente lo va a haber slo en un nuevo estado cataln (desde luego, la forma de elaboracin y pseudo aprobacin y el contenido de las leyes secesionistas de septiembre de 2017 no iban en la lnea de fundar un estado de derecho). Si las instituciones se cruzan de brazos ante las conductas antisociales ms graves o ante las vulneraciones de las normas bsicas del orden constitucional, no estarn impulsando los derechos humanos y la democracia, sino todo lo contrario. Por otra parte, si respecto a alguna accin con las caractersticas aludidas no se prev una respuesta penal, habr un vaco legal que el legislador debera solventar para que no se produzcan situaciones de impunidad en el futuro. Un buen ejemplo de conducta antisocial grave cuyo tratamiento preventivo-represivo resulta inadecuado por insuficiente es la especulacin inmobiliario-financiera. Precisamente, de llevar a cabo esa clase de ataques a la convivencia social y al orden constitucional y no de otra cosa es de lo que se acusa a los procesados por los hechos de octubre de 2017, ms all del acierto o desacierto a la hora de escoger el concreto tipo penal fundamento de la acusacin.

Quizs ha llegado el momento de volver a hacerse algunas preguntas elementales para refrescar la memoria individual y colectiva de nuestro inmediato pasado: Habr que recordar qu hicieron las personas encausadas en el momento de ocurrir los hechos por los que van a ser juzgados? Habr que recordar que no se limitaron a expresar una opinin o a manifestarse en pblico, que no se trat en modo alguno, en lo fundamental, del ejercicio de la libertad de expresin por parte de ciudadanos particulares, sino de decisiones tomadas y puestas en prctica por autoridades pblicas, decisiones con transcendencia colectiva y que estaba fuera de sus atribuciones tomarlas? Es justamente por estas decisiones y sus intentos de hacerlas efectivas y no por sus opiniones por lo que esas antiguas autoridades van a ser juzgadas.

Es importante subrayar que estas decisiones fueron la materializacin de una determinacin inicial en virtud de la cual se prometi que se instaurara un nuevo estado, separado del espaol, en dieciocho meses. Esta resolucin, que para sus promotores no admita modulaciones ni negociaciones ni aplazamientos ni reversiones, implicaba un ultimtum a las autoridades del estado central, uno de esos que se disean a conciencia para que su receptor no pueda aceptarlos (el de Austria-Hungra a Serbia en 1914 o el de EEUU a Yugoslavia en 1999 son ejemplos histricos de esta clase de ultimtum): o el estado central aceptaba, violando su propio orden constitucional, la secesin y la creacin de un nuevo estado sobre una parte de su territorio nacional en los trminos fijados por las autoridades autonmicas catalanas o tendran que afrontar una gravsima crisis poltico-institucional y social (para ello, se contaba con poder explotar las frustraciones causadas por las polticas de austeridad aprobadas con la colaboracin activa de las autoridades juzgadas). Incluso se podra decir, an con mayor propiedad, que las autoridades autonmicas exigieron una especie de rendicin incondicional a las del estado central, a pesar de no ser las primeras ms que las dirigentes de un aparato subestatal regional y no hallarse, por tanto, en una posicin de fuerza (ni estar, por descontado, legitimadas para imponer unilateralmente sus decisiones al conjunto de la sociedad espaola). Y apuesto a que si no desplegaron una violencia fsica masiva para conseguir sus propsitos secesionistas no fue por ninguna conviccin pacifista sino porque, cuando llegaron a la conclusin de que el estado central no se doblegara ante los disparatados ultimtum o exigencia de rendicin incondicional formulados, como, por otra parte, era lgico esperar, se dieron cuenta de que nada podan hacer ante la fuerza muy superior del estado central. Adems, me imagino que pensaron que recibiran un trato benigno, creencia esta que, ciertamente, slo se puede explicar por un injustificado exceso de autoconfianza o de arrogancia, quizs incluso de una cierta vaga idea de superioridad tnico-cultural. Y, a la vista de todo esto, hemos de solidarizarnos o mostrarnos comprensivos hacia unas ex autoridades pblicas que me permito presumir que no hubieran tenido escrpulo en provocar un conflicto civil violento de haberlo podido hacer con perspectivas de xito, como muestra el contenido de las leyes secesionistas de septiembre de 2017 y las formas que se gastaron en su pseudo aprobacin parlamentaria?

En suma, como ya indiqu, no hay problema en sentir empata o compasin en relacin con el estado de privacin de libertad de unos determinados presos, pero no me parece de recibo ir ms all de ah. Olvidar que la mayora de esos presos eran autoridades pblicas i cuyas decisiones podran haber conducido -y todo hace pensar con que jugaban con esa eventualidad a la hora de presionar a sus adversarios y al estado central- a un conflicto civil violento (y que, de hecho, han enrarecido la convivencia social en Catalua) es, a mi juicio, un gravsimo error, un verdadero despropsito.

Nota:

i Tampoco se debe olvidar que daar propiedades ajenas, destruir mobiliario urbano o aporrear policas, as como incitar a hacer estas cosas no es, en cualquier caso, un ejercicio de la libertad de expresin, con independencia de la calificacin que estas conductas nos merezcan.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter