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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-12-2018

Golpe de Estado econmico

Juan J. Paz-y-Mio Cepeda
Rebelin


Desde una perspectiva de amplio plazo, la Constitucin ecuatoriana de 2008, que tericamente rige hasta hoy, dio continuidad (y ampliacin) a una serie de conceptos, principios, objetivos y orientaciones recogidos por las Constituciones de 1929, 1945 y 1979, que respondieron a momentos progresistas, de reinstitucionalizacin del Estado, democratizacin social y hasta de fuerte influencia de la izquierda poltica.

El ttulo VI de la Constitucin de 2008, que trata sobre el Rgimen de Desarrollo, es esencial para comprender el trato a la economa y a la sociedad. El objetivo central es alcanzar el Buen Vivir, Sumak Kawsay. Uno de los instrumentos fundamentales constituye el Plan de Desarrollo, bajo el Consejo Nacional de Planificacin (CNP), que debe contar con una secretara tcnica. Pero el presidente Lenn Moreno, el da en que retir funciones a su vicepresidenta Alejandra Vicua (3/12/2018) declar que en el marco de la austeridad y la eficiencia del Estado, hemos decidido cerrar las ms cuestionadas instituciones del gobierno anterior, aadiendo: hemos iniciado el proceso de creacin de la Secretara General de la Administracin Pblica, eliminando la Senplades y sus funciones pasarn a esta Secretara. La Senplades (creada en 2004 y no por el gobierno de Rafael Correa) era la secretara tcnica, de manera que con su eliminacin se da un golpe a la planificacin nacional, que se instal en el pas con la Junta de Planificacin, creada en 1954 por iniciativa de la Cepal, a la que reemplaz el Conade (1979) y luego Odeplan (1998). Por cierto, la planificacin econmica siempre ha sido rechazada por la derecha econmico-empresarial del pas.

De acuerdo con la Constitucin de 2008, corresponde al Estado no solo la planificacin econmica, sino que el Ejecutivo tiene a su cargo la elaboracin del presupuesto. Se debe contemplar una multiplicidad de acciones: velar por Derechos del Buen Vivir; garantizar a los pueblos y nacionalidades sus tierras, el manejo de la biodiversidad y la obligatoria consulta previa cuando se trate de recursos en sus territorios; tambin los derechos de la naturaleza, as como los del desarrollo de actividades econmicas, reconociendo la libre iniciativa privada, aunque bajo criterios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. El Estado ejerce la rectora en hbitat y vivienda, reas protegidas, ciencia, tecnologa, investigacin, innovacin, saberes ancestrales, gestin de riesgos, biodiversidad y recursos naturales, seguridad humana, polticas demogrficas, patrimonio natural y ecosistemas. Y son de competencia exclusiva del Estado las polticas: econmica, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal, monetaria, comercio exterior, endeudamiento.

Son de tal magnitud las capacidades por desarrollar en manos del Estado, que los ciudadanos deben comprender que cada vez se requieren ms recursos para la accin estatal y no la disminucin de sus ingresos ni de sus potencialidades. Pero en Ecuador predomina la atrasada visin econmica de las elites privadas, que a diario bombardean los medios de comunicacin con la idea de achicar el tamao del Estado y reducir el gasto o inversin pblica. La solucin es totalmente distinta: hay que aumentar impuestos y especialmente a los ricos, adems de gravar patrimonios, herencias, ganancias y rentas, no solo con propsitos redistributivos de la riqueza, sino para asegurar el financiamiento de educacin, salud, seguridad social, pensiones y bienestar colectivo, que son obligaciones estatales.

No es arbitrario lo que contiene la Constitucin, pues compete al Estado asumir el manejo, la regulacin, las acciones sociales, en todas las reas indicadas, y a eso debe someterse el sector privado. En la historia del Ecuador y de Amrica Latina, el Estado interviene para garantizar los derechos sociales y promover a sus ciudadanos, porque el bienestar no ha llegado nunca de la mano exclusiva de los agentes privados. As lo entendieron Vicente Rocafuerte, Gabriel Garca Moreno, Eloy Alfaro, la Revolucin Juliana, los desarrollismos de las dcadas de 1960 y 1970, que utilizaron al Estado para la modernizacin y hasta el avance capitalista; pero no los gobernantes neoliberales que actuaron en las dcadas finales del siglo XX, cuyas polticas econmicas desinstitucionalizaron al Estado y agravaron las condiciones de vida y trabajo en la sociedad.

Un amplio captulo constitucional se dedica al sistema econmico caracterizado como social y solidario. Las polticas econmicas tienen que asegurar la redistribucin de la riqueza, el financiamiento del Estado con ingresos permanentes para educacin, salud y justicia, dando prioridad a lo nacional en las compras pblicas; se faculta el endeudamiento, pero se prohbe estatizar deudas privadas, lo cual fue establecido por la experiencia de los aos 1983 y 1987 cuando los gobiernos de Osvaldo Hurtado (1981-1984) y luego el de Len Febres Cordero (1984-1988), respectivamente, sucretizaron las deudas privadas, con enorme perjuicio para el fisco.

El rgimen tributario cumple funciones redistributivas y tiene que dar prioridad a los impuestos directos; en tanto el Estado est obligado a sancionar el incumplimiento de las polticas pblicas, lo cual implica la persecucin a los evasores de impuestos. Confrontando estos principios, la Ley de Fomento Productivo (agosto, 2018) perdon multas e intereses y, ante todo, revisti como incentivo tributario la supresin del pago del impuesto a la renta hasta por 20 aos para las nuevas inversiones; sin embargo, en contraste y adems todava bajo la impunidad, las deudas privadas al fisco ascienden a U$ 4.291,1 millones, y existiran unos U$ 4.700 millones en parasos fiscales, violando las disposiciones legales. Adicionalmente, por resolucin del Servicio de Rentas Internas (SRI) del pasado 15 de noviembre, ya no es obligatorio el reporte sobre transacciones y fondos en el exterior. Todas estas medidas han debilitado las capacidades recaudatorias y tributarias del SRI.

La poltica monetaria, exclusiva del Ejecutivo, se instrumentaliza por el Banco Central, de modo que aquellos que desean un BC autnomo (en la neoliberal Constitucin de 1998 as ocurra), lo que pretenden es romper con la Constitucin actual para volver al manejo de esta institucin en funcin de intereses oligrquicos, y no de los nacionales. Por otra parte, el sistema financiero es un servicio de orden pblico y est prohibido que las entidades financieras incursionen en otras reas y especialmente en los medios de comunicacin, que es una disposicin aborrecida por los banqueros.

Corresponden exclusivamente al Estado los sectores estratgicos: energa, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte, hidrocarburos, biodiversidad, patrimonio gentico, espectro radioelctrico, agua y otros; el Estado es el responsable de proveer servicios pblicos de agua potable, riego, saneamiento, energa elctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras y otros, a travs de empresas pblicas. Pero, adems, el Estado es el que adopta polticas sobre inversiones, ahorro interno, o para alentar exportaciones y desalentar las importaciones inconvenientes, e interviene y regula mercados para un comercio justo. Todo esto moviliza el odio de los neoliberales y de poderosos empresarios, que quieren ver esas reas en manos privadas, y argumentan cualquier cosa para atacar el estatismo. Vale aclarar que son disposiciones que igualmente se encuentran en las progresistas Constituciones de 1929, 1945 y 1979, que a su tiempo fueron atacadas como estatistas y hasta comunistas. An as, tambin se admite que el Estado podr delegar la participacin de los sectores estratgicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayora, y excepcionalmente a la iniciativa privada, pero con sujecin a la ley.

Hay reas sensibles. Para el Buen Vivir, el Estado promueve la inclusin y equidad social, que es imposible que provenga del sector privado; la educacin, la salud, la seguridad social, estn bajo la rectora estatal y son universales, es decir, en algn momento, tienen que cubrir a todos los ecuatorianos, algo que se halla interrumpido en la actualidad. La educacin es, adems, laica y gratuita hasta el tercer nivel de la enseanza superior; la seguridad social (que, por cierto, naci en 1925 con la primera Caja de Pensiones creada por la Revolucin Juliana) es pblica y no podr privatizarse, con lo cual quedan proscritas las ansiadas propuestas neoliberales para establecer seguros privados, administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP tipo Chile, que resultaron un fracaso para la atencin social) o cualquier otra frmula sujeta a la avidez rentista particular.

La Constitucin reconoce el principio pro-operario, la jornada mxima, el salario digno, la sindicalizacin, la contratacin colectiva, las indemnizaciones, la huelga, el reparto de utilidades; y proclama que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, adems de prohibir la precarizacin, la tercerizacin y el trabajo por horas. Todas estas disposiciones enfurecen a aquellos dirigentes empresariales empeados en flexibilizar el trabajo y arrasar con los derechos laborales, bajo el argumento de que frenan las inversiones del capital, al que quieren ponerlo por encima del ser humano. Ese pensamiento carece de fundamentos histricos. Adems, similares disposiciones se hallan en las Constituciones de 1929, 1945 y 1979, e incluso fueron respetadas por las empresariales Constituciones de 1946, 1967 y 1998.

El Estado, igualmente, reconoce diversas formas de propiedad: estatal, privada, mixta, comunitaria, asociativa, cooperativa, que la Constitucin de 1979 estableci en forma parecida y que, por entonces, era seriamente atacada por las elites econmicas como un principio comunista. La Constitucin de 2008 habla, adems, de la necesaria democratizacin de los factores de la produccin, que pone los pelos de punta a los propietarios.

La Constitucin se refiere a las relaciones econmicas internacionales, sealando como prioridad la integracin poltica, cultural y econmica de la regin Andina, Amrica del Sur y Latinoamrica; condena toda forma de colonialismo, imperialismo o neocolonialismo incluso reconociendo el derecho de los pueblos a la resistencia y liberacin de toda forma de opresin; aboga por un nuevo sistema de comercio e inversin entre los Estados; e insiste en la integracin latinoamericana, la armonizacin de legislaciones en la regin, la defensa comn y el fortalecimiento de organizaciones regionales. Todo esto choca con el persistente afn neoliberal a favor de los tratados de libre comercio (TLC), el sueo por tener uno con los EEUU, la incorporacin del Ecuador a la Alianza del Pacfico, y las actuales inclinaciones gubernamentales que han dejado de lado el fortalecimiento del latinoamericanismo.

Si bien la Constitucin reconoce tratados e instrumentos internacionales, defiende, ante todo, la soberana nacional e incluso prohbe aquellos documentos en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdiccin soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de ndole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurdicas privadas, lo cual es una negacin directa a los tratados bilaterales de inversin (TBI), todava defendidos por las derechas econmicas y que se suscribieron por gobiernos anteriores al ao 2007, por los cuales el Estado ecuatoriano ha tenido que afrontar 31 procesos legales en cortes internacionales parcializadas, debiendo pagar, hasta el momento, 2.313,1 millones de dlares.

En materia poltica es un escndalo que se viole la Constitucin. En lo econmico no importa. Como la descorreizacin es una poltica irracional y visceral alimentada por las derechas econmicas y polticas (incluso entre las izquierdas tradicionales y las seudomarxistas, as como entre una serie de dirigentes laborales, indgenas y sociales), es imposible que se comprenda que tambin responde a estrategias imperialistas contra los gobiernos progresistas latinoamericanos. En consecuencia, poco ha importado que los intereses privados sean los que hoy se impongan en la economa por sobre lo que en esta materia dispone la Constitucin de 2008. Creyendo que hay que acabar con lo que esos sectores coinciden en llamar modelo corresta, se ha consagrado el golpe de Estado econmico contra la Constitucin. Y el proceso an no termina.

Blog del autor: Historia y Presente

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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