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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-12-2018

Lucha contra las drogas, ganadera, conflicto armado y minera
Claves para entender el desplazamiento en la Amazona occidental

Alejandra Ciro
Agencia Prensa Rural


En Caquet, Guaviare y Putumayo hubo un primer incremento de las cifras de personas expulsadas de sus territorios a partir de mediados de la dcada de los noventas y un segundo proceso a finales de la misma dcada. Luego sigui un momento de cifras significativamente altas que no se redujeron sino hasta 2015. En principio, esta tendencia puede ser entendida en el marco del conflicto armado, sin embargo, el ruido que estos altos ndices producen invisibiliza fenmenos subyacentes que pueden propiciar el desplazamiento forzado an ante una eventual finalizacin del conflicto armado.

As, abordaremos cuatro elementos que se deben tener en cuenta al pensar en los fenmenos de desplazamiento: el problema de las drogas, la tierra y la ganadera, los enfrentamientos blicos y la minera.

El problema de las drogas, la tierra, los enfrentamientos blicos y la minera

El narcotrfico ha sido visto como generador de violencia en estos territorios. Sin embargo, hacer un matiz sobre esta afirmacin cambia la comprensin del fenmeno. En los territorios de Putumayo, Caquet y Guaviare el conflicto no ha estado vinculado al cultivo de coca sino a la forma en que este ha sido combatido. As, el problema de las drogas no es problema por el carcter alucingeno de estas, sino por las afectaciones que ha tenido la lucha antinarcticos en el occidente de la Amazona colombiana.

La primera percepcin al observar los datos de personas expulsadas y el de cultivos de coca es que estos no coinciden (ver grfica siguiente). Durante los 90 hubo un aumento progresivo de los cultivos de coca que no correspondi con un aumento del desplazamiento forzado. Por su parte, la disminucin de los cultivos en la primera dcada del siglo xx se acompa con un alto desplazamiento. Esto se puede observar viendo la serie completa de datos con los que contamos para el caso del Putumayo.

La violencia intrnseca al desarrollo de una economa ilcita gener desplazamiento cuando se disput el control del negocio. Esto es perceptible con la entrada del paramilitarismo de las Auc a finales de la dcada de los 90. En1997 los paramilitares ejecutaron la masacre de Mapiripn 5 y en 1998 la de Puerto Alvira, en el Guaviare. En 1999, Macaco, con dineros del Cartel del Norte del Valle, realiz las masacres de El Tigre y El Placer, dos importantes centros de comercializacin de pasta base, con el objeto de controlar el negocio de la coca. (cnmh, 2016:195). As mismo, en el sur del Caquet la entrada del paramilitarismo en este mismo periodo gener las cifras ms altas de desplazamiento en el departamento.

Por fuera de esta disputa entre actores ilegales, a la que como veremos se le sumar la ofensiva de la Fuerza Pblica, la literatura sobre el tema ha mostrado cmo los cultivos de uso ilcito pueden tener otra cara para estos territorios. Mara Clemencia Ramrez ha sostenido sobre la coca a diferencia de otras actividades econmicas orientadas hacia la extraccin y exportacin que se han llevado a cabo en la regin, como la extraccin de quina, caucho y la minera, la inversin de parte de las ganancias de la coca mejor considerablemente la calidad de vida de los colonos (Ramrez, 2001:80).

La economa de la coca dio lugar a la consolidacin o creacin de poblaciones como Car tagena del Chair,Valle del Guamuez (1985), Puer to Caicedo (1992), San Miguel (1994) y Puerto Guzmn (1994). En un contexto de crisis de colonizacin, y de declive de la economa petrolera (para el caso del Putumayo) la coca le dio a los campesinos una posibilidad de subsistencia (cnmh, 2016). Estefana Ciro sostiene incluso que el cocalero, en tanto campesino, es un actor que le apost a quedarse en el campo. La decisin de cultivar coca est marcada por su renuencia a migrar a la ciudad (Ciro, 2016) y puede leerse como un acto de resistencia y de defensa de la vida campesina. El cultivo de coca tiene entonces caras que van ms all de su carcter ilcito o violento.

Mientras el cultivo de coca est ms relacionado con el poblamiento que con el vaciamiento de estos territorios, las cifras de personas expulsadas muestran que su aumento est asociado a la guerra contra las drogas y en particular, a la implementacin de la aspersin area a mediados de la dcada de los 90.

De la anterior grfica no se concluye que la aspersin area es la nica variable a tener en cuenta para comprender los desplazamientos en la Amazona occidental pero s que hace parte de los procesos que subyacen al fenmeno del desplazamiento en la regin. Si bien la aspersin ha sido denunciada por los campesinos como un motivo de desplazamiento (Codhes, 2004), al ser el cultivo de coca una actividad ilcita, habra que preguntarse qu tantas personas se atreven a declarar haber sido desplazadas por las polticas de aspersin y no aducen otros motivos relacionados con el conflicto armado.

Paralelo a la aspersin area, y como parte de la misma poltica frente al territorio amaznico, durante el gobierno de Andrs Pastrana (1998-2002) se di inicio a lo que se llam el Plan Colombia. Detrs de ambas polticas est la misma filosofa que, amparada en el discurso de la lucha contra las drogas que le sigui al anticomunista de la guerra fra, ve a la poblacin dela Amazona como lo suficientemente ilegal como para ser tratada a travs de la violencia y para que pierda su condicin de ciudadana.

A partir del Plan Colombia, iniciado en 2000, empezaron toda una serie de planes militares que tenan como objeto recuperar el territorio de las manos de la insurgencia y el narcotrfico.As, con el gobierno de lvaro Uribe (2002-2010) se estableci la poltica de Seguridad Democrtica que implement el Plan Patriota (2004) y el Plan Consolidacin (2008). En este contexto se establecieron centros de contraguerrilla y antinarcticos en la Base Militar Larandia y de Tres Esquinas en el Caquet. Adems, se puso en funcionamiento la Fuerza de Despliegue Rpido (fudra), la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, la Brigada Mvil Nmero 13 y los planes Espada de Honor I y II que crearon el Comando Conjunto Nmero 3, suroriente con cincuenta mil hombres y la Fuerza de Tarea Jpiter con doce mil hombres.

En 2009 y 2010 se establecieron Centros de Coordinacin de Accin Intengral (ccai) en Cartagena del Chair, San Vicente del Cagun, Puerto Ass, Orito, Valles del Guamuez, San Miguel y Puerto Leguzamo.Es en el marco de esta ofensiva militar que se produjo el mayor nmero de vctimas en la historia de la regin y el ms alto desplazamiento forzado.

Entender las lgicas del desplazamiento en la Amazona occidental a travs de los rdenes territoriales que les sucedieron permite comprender los intereses y amenazas que se ciernen sobre los territorios. En este sentido, ms que al tipo de acciones derivadas del conflicto armado que ocasionan desplazamiento(amenazas, restricciones, aspersin, capturas ilegales, campos minados, entre otras), nos interesa pensar en cmo el desplazamiento genera un nuevo modelo de ocupacin. Aqu es importante considerar el tema de la tierra. Hay abandono? Hay despojo? Qu pasa con las tierras en este contexto? Al respecto, nos referiremos a dos elementos: el problema de la propiedad de la tierra y el modelo minero.

Los territorios de la Amazona occidental se han caracterizado, por un lado, por la alta informalidad en la tenencia de la tierra.Y por el otro, por ser un suelo cido poco frtil para la agricultura. Por fuera de la ganadera (que es ms fuerte en el Caquet), las actividades que son rentables dentro de la lgica capitalista en esta regin son las de enclave y extractivistas. Bajo este modelo, la rentabilidad depende de la rapidez y del aprovechamiento de ventajas geoestratgicas, no del control sobre la tierra (cnmh, 2016). Esto se ve para el caso del Putumayo en el tipo de solicitudes de inscripcin al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (rtdaf). El 83 % de las solicitudes son por abandono forzado y solo el 7 % son por despojo. Para el Caquet, el 69,4 % de las solicitudes son por abandono y el 28 % por despojo (cnmh, 2016a: 379).

As pues, detrs del desplazamiento habra ms un inters por apropiarse de circuitos de mercadeo y posiciones militares que por aduearse de la tierra, caso contrario a lo que se observa en el norte del pas, en donde el despojo tiende a formalizarse (cnmh, 2016). Como plantea Vsquez, en la Amazona lo que importa no es el control sobre la tierra sino sobre la poblacin (Vsquez, 2004). Ahora bien, segn el estudio de tierras de la cnmh, la poca formalizacin del despojo en el sur del pas tambin podra tener que ver con la falta de titulacin en estos territorios (cnmh, 2016a: 379).

Por el control de territorios ms que por la posesin de la tierra se entienden procesos de desplazamiento forzado paradigmticos como los de la Unin Peneya y Peas Coloradas en el Caquet. En el 2004, en el marco de la ofensiva militar, el Ejrcito desplaz la totalidad de la poblacin de estos dos poblados, puntos estratgicos de la lucha antisubversiva. Para el caso de Peas Coloradas, lo convirti en sede de la Brigada XII.

Esto se observa tambin para el caso del paramilitarismo. Como se mencion anteriormente, el inters por controlar territorios importantes para el narcotrfico gener las masacres de Mapiripn (1997), Puerto Alvira (1998), El Tigre y el Placer (1999) (cnmh, 2016: 195). As mismo, en el sur del Caquet la incursin paramilitar gener las tasas ms altas de desplazamiento en el departamento. Si bien en trminos netos el mayor nmero de desplazados en el Caquet proviene de San Vicente del Cagun y Cartagena del Chair, al norte, viendo las cifras segn tasas por cien mil habitantes la mayor expulsin entre 2000 y 2010 estuvo al sur en Curillo, Solita y Valparaso, territorio con dominio paramilitar. (Codhes, 2010:36). Sin embargo, segn Reyes, la generalidad fue que los paramilitares no hicieron traspaso de la propiedad simplemente copaban territorios y utilizaban la tierra para sembrar coca, procesarla y sacarla del departamento (Reyes, 2009:290).

El control territorial y de poblacin no se dio nicamente a travs de la presin para que la gente se fuera, tambin a travs del confinamiento. Para el sur del Caquet es conocido el caso de Puerto Torres, en Beln de los Andakies, poblado usado como base paramilitar y centro de torturas y de donde no se permiti salir a sus habitantes (cnmh, 2014).

Si bien hay relacin entre el conflicto armado y los casos de despojo y abandono de tierras, al cruzar las cifras del Cinep de homicidios y eventos de conflicto armado con los registros de abandono, se ve que estas no necesariamente coinciden. Los niveles ms altos de homicidio y conflicto armado tuvieron sus niveles ms altos entre 1999 y 2002, mientras los de abandono se concentran en 2007 y 2008 (cnmh, 2016a: 376).

Ahora bien, las Farc fueron propiciadoras del desplazamiento forzado en la regin. Sin embargo, al igual que los otros actores, detrs del desplazamiento hubo ms un inters por hacer control de poblacin, de circuitos del narcotrfico y de posiciones estratgicas, que de usufructuar la tierra. As,entre las denuncias por desplazamiento contra esta antigua organizacin insurgente est la expulsin de poblacin acusada de colaborar con el Ejrcito, por haber prestado servicio militar obligatorio o por presin de reclutamiento forzado. Estos casos de desplazamiento forzado no suelen tener detrs un inters de formalizacin de las tierras abandonadas, de ah que la Unidad de Restitucin de Tierras en Putumayo se haya enfocado principalmente en la formalizacin de predios abandonados (cnmh, 2016:232).

En este contexto, las Farc tuvieron capacidad de comprar predios, particularmente en el Yar (Reyes, 2009: 285). Aqu cabe considerar las estructuras de poder local en la que participaron las Farc en ciertos territorios. Los manuales de convivencia, construidos en el marco de una compleja relacin entre las comunidades y la insurgencia, incluyeron regulaciones respecto a la propiedad y uso de la tierra. Permisos para realizar negocios, exigencias sobre productividad,obligacin de sembrar huertas o resolucin de problemas de linderos pudieron entrar dentro de la rbita de decisin de las Farc. Si una persona quera comprar tierras en estos territorios deba llevar carta de recomendacin de la Junta de Accin Comunal de donde provena. El control de la poblacin en un territorio de retaguardia era un asunto de estrategia militar.

La ofensiva militar de la fuerza pblica gener altas cifras de desplazamiento en territorios de retaguardia guerrillera. Las polticas de aspersin y la incursin del Ejrcito hacen que 2004 sea recordado como un ao de desplazamiento masivo en territorios como los de Cartagena del Chair en Caquet. Segn campesinos de la regin, el decir era que quienes abandonaban la tierra era porque no la necesitaban y en aras de evitar el vaciamiento del territorio la juntas se encargaban de redistribuir parte de estos predios. Por ejemplo, a raspachines que habitaban la regin pero que por su trabajo no tenan tierras en posesin. Sin embargo, segn los mismos campesinos, para evitar conflictos futuros se buscaba contactar a quienes abandonaban las tierras para llegar a un acuerdo monetario por ellas.

Particularmente en el Caquet, la relacin de la antigua Farc con la tierra en las zonas de retaguardia se dio en el marco de una productiva economa ganadera. Segn el Inventario Bovino de Fedegn, SanVicente del Cagun es el municipio colombiano con mayor nmero de cabezas de ganado. Ahora, si bien faltan estudios al respecto, esta economa ganadera contrasta con la del norte del pas en la medida en que sigue siendo preponderantemente campesina.

Sin embargo, un nuevo fenmeno ha empezado en territorios del Bajo Cagun. La crisis de la economa de la coca generada por la ofensiva del Estado colombiano, el acuerdo de paz de La Habana y el cierre de la frontera agraria en el piedemonte caqueteo han hecho que inversionistas ganaderos de Florencia y de San Vicente del Cagun hayan empezado a comprar tierras en el Bajo Cagun. Esta situacin no solo ha intensificado la amenaza de deforestacin en el territorio, sino que ha generado el desplazamiento del as familias campesinas pues mientras una finca coquera daba empleo hasta a veinte o treinta personas, la ganadera solo necesita a dos o tres.

Ahora bien, a la economa ganadera se le suma un tercer elemento: las empresas mineras. Este asunto cobra relevancia por cuanto no es un actor coyuntural, sino que encierra detrs el inters por cambiar el modelo de ocupacin en la Amazona colombiana.

Para el caso del Caquet, la ofensiva militar de la Fuerza Pblica a partir del 2002 buscando recuperar la regin del Cagun coincidi con la entrada de las petroleras al territorio. En 2006, en uno de los momentos ms intensos del conflicto armado, Emerald Energy empez a hacer operaciones de ssmica en San Vicente del Cagun y en 2009 inici la explotacin de crudo pesado (Ciro, Barbosa, Ciro, 2016: 417). En 2010, Alange Energy, que sera comprada por Pacific Rubiales, empez operaciones en San Jos del Fragua. Por suparte,en 2014 Emerald entr aValparaso y en 2016 inici exploracin en El Paujil y Doncello. La entrada del modelo petrolero al Caquet se da despus de la mayor confrontacin armada por el territorio, con las cifras ms altas de desplazamiento forzado de los ltimos treinta aos y en el marco de los dilogos de paz de La Habana que iniciaron en 2012 y que supusieron una pacificacin de la regin.

Al igual que la ganadera en el Bajo Cagun, la incursin minera se da paralela a la persecucin al cultivo de coca. La relacin entre la aspersin de cultivos de coca y la incursin petrolera es hecha por los campesinos afectados. La incursin del modelo petrolero ha despertado en el Caquet una amplia resistencia dentro de la ciudadana que se ha manifestado a travs de marchas y bloqueos pacficos. Sin embargo, ha sido contrarrestada a travs de la proteccin militar de los intereses de las petroleras y el uso indiscriminado del Esmad.

Igual proceso se vivi en Putumayo. La explotacin petrolera en Putumayo es de vieja data, pero tras su declive en 1980 volvi a reactivarse entre 2005 y 2006, coincidiendo con la nueva ofensiva militar y la cada de la economa de la coca (cnmh, 2016). Segn Culma, a diferencia de otras actividades econmicas de enclave y extractivistas, el petrleo s se interesa por el control sobre la tierra (cnmh, 2016:22).Tras la reactivacin de la industria petrolera, las empresas petroleras aumentaron ostensiblemente su participacin en el mercado formal de tierras en Putumayo (cnmh, 2016:278). Esto no solo contrasta con la informalidad generalizada de la tenencia de tierra por parte de los campesinos en Putumayo sino que tambin valoriza la tierra a tal punto que la hace de difcil acceso para colonos, indgenas y afrodescendientes.

Al igual que para el caso del Caquet, la incursin petrolera ha significado una presencia estatal enfocada principalmente en defender militarmente los intereses de las empresas, en contrava con el bienestar de los pobladores.

Paralelo a la intensificacin del conflicto armado, en el sur del Meta y norte del Guaviare se han adjudicado desde 2008 amplias porciones de tierras para el cultivo de palma de aceite y tambin se ha iniciado exploracin petrolera. (Codhes, 2010:52).

A diferencia de la violencia de mediados de siglo, cuando el desplazamiento se haca hacia la selva, en la actualidad gran parte de los campesinos desplazados se dirigen a los centros poblados de sus regiones. Segn Codhes (2010) en Florencia, Caquet y San Jos del Guaviare por lo menos la tercera parte de su poblacin es vctima de desplazamiento.

A la Orilla del Ro



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