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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-12-2018

Sin pacto rural ni poltica sobre cultivos ilcitos

Camilo Gonzlez Posso
Agencia Prensa Rural


Las Bases del Plan de Desarrollo 2019 2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad [1] tienen poco que ver con la implementacin de los Acuerdos de Paz y casi nada con los acuerdos de reforma rural integral y polticas para los pequeos cultivadores de plantas de uso ilcito.

El documento entregado en noviembre al Consejo Nacional de Planeacin se organiza en 3 pactos estructurales que son los de equidad, emprendimiento/productividad y legalidad; estos articulan otros 12 pactos llamados Bases transversales y 11 pactos regionales de productividad. En ese paquete se ubica el Pacto por la Construccin de Paz que incluye medidas sobre vctimas, reintegracin, estabilizacin y reconciliacin presididas por la narrativa que identifica construccin de paz con todo lo que diga el plan de desarrollo, supuestamente porque su enfoque es de equidad y su marco legal de la Constitucin Poltica de Colombia, comprendido el artculo 22 sobre el derecho y deber de la paz.

Los pactos que se denominan transversales incluyen algunos sectoriales sin mencin expresa al desarrollo rural que merece referencias a propsito de la dotacin de infraestructura y bienes pblicos necesarios para el aumento de la productividad y la competitividad que constituyen, sin concesiones, el norte de todo desarrollo. Equidad en este plan es igual al fortalecimiento empresarial y el emprendimiento se alinea con la productividad siempre y cuando todas las cadenas de valor tengan al frente las locomotoras de las grandes empresas incluidas las rurales, agrcolas, minero energticas o forestales.

Con ese enfoque de prioridad al apoyo a la gran empresa, en las Bases del Plan 2018 2022 no tienen cabida expresiones como Reforma Rural Integral, democratizacin del acceso a la tierra en condiciones dignas, ordenamiento territorial, ambiental y del uso del suelo, Zonas de Reserva Campesina, ni la ubicacin de la poltica de sustitucin voluntaria de economas basadas en cultivos de uso ilcito en esa reforma rural. Mejor dicho, el plan como va le da la espalda a los Acuerdos de Paz en lo que se consign en los puntos 1 y 4 y slo acoge algunos mecanismos que han tenido algn avance como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los planes de sustitucin que llegaron a contratos familiares de erradicacin voluntaria de sembrados de coca.

En lo que se refiere a los PDET se mantiene la orientacin de agruparlos en 16 Planes de Accin para la Transformacin Regional (PATR) pero la asignacin presupuestal aprobada para 2019 no cubre ni el 1% de las iniciativas nuevas identificadas en los planes municipales y nada se dice en las Bases del Plan de los recursos para la implementacin hasta el ao 2022 en el pequeo grupo de municipios escogidos. Entre los 170 municipios de los PDET se encuentran los que han sido identificados para Planes Municipales Integrales de Desarrollo Alternativo (PISDA) pero aunque se reconoce la desarticulacin que han tenido entre ellos, el Plan no le otorga ninguna importancia a introducir rectificaciones que puedan conducir a verdaderos planes regionales de reconversin o recuperacin de las economas y de las poblaciones que han sido convocadas para estos ejercicios de planeacin y de ejecucin de proyectos.

Zonas estratgicas de intervencin integral

En lo que toca con los cultivos de uso ilcito, las bases del plan 2018 2022, le asigna al Ministerio de Defensa la principal responsabilidad de la erradicacin y por ello en las metas del plan no se le da presupuesto alguno al Ministerio de Agricultura para programas alternativos en zonas cocaleras y slo de manera indirecta y precaria se le dejan tareas a la Agencia de Renovacin Territorial (ART).

El Pacto por la legalidad es el marco para las polticas regionales en los territorios que han sido ms afectados por la violencia y la pieza clave que se introduce son las Zonas Estratgicas de Intervencin Integral, tal como lo seala el documento de Bases del Plan:

El Gobierno Nacional, a travs del Consejo de Seguridad Nacional, determinar las Zonas Estratgicas de Intervencin Integral (ZEII) y establecer los planes de intervencin con una duracin mnima de cinco aos, a fin de cerrar los espacios geogrficos al crimen organizado y crear las condiciones para el control institucional del territorio, buscando con ello la articulacin de las entidades del Estado en los niveles estratgico, tctico y operacional. El Gobierno nacional formular, implementar y evaluar proyectos de sustitucin de economas ilcitas por economas lcitas en territorios priorizados, basadas en la articulacin de los actores intervinientes, la promocin de la cultura de la legalidad y la legitimidad del Estado [2] .

Las Zonas Estratgicas (ZEII) darn las pautas a lo poco que se va a realizar en sustitucin siguiendo el lineamiento del Plan segn el cual Para la sustitucin de cultivos se deben garantizar condiciones de seguridad y asegurar un adecuado control, seguimiento y verificacin de los procesos de erradicacin y de la implementacin de las opciones lcitas alternativas [3] .

Las cuentas no cuadran

La nica meta sobre cultivos ilcitos o de uso ilcito que figura en las Bases del Plan es la disminucin de hectreas de coca tomando como lnea base 171.000 has registradas por UNODC/SIMCI en su monitoreo del 2017. El compromiso con los Estados Unidos es reducir esa cifra a la mitad en 2022 y por lo que ha dicho el Ministro de Defensa el mayor esfuerzo en este terreno se lo estn dando a erradicacin forzada: en los primeros cien das anunci el ministro Botero que con las brigadas de erradicacin de responsabilidad de la Fuerza Pblica llegaron a 20.000 has erradicadas.

Siguen por supuesto otras lneas de lucha contra la oferta de cocana, incluida la incautacin, la persecucin a las organizaciones del narcotrfico y del lavado de activos, pero el indicador central lo estn poniendo en hectreas erradicadas. Es evidente que no hay respuesta real a las demandas que vienen haciendo los campesinos y comunidades tnicas para inversiones que permitan neutralizar las economas ligadas a la produccin de coca o pasta bsica de cocana y ofrecer alternativas legales de transformacin regional.

El Alto Consejero para la estabilizacin, Emilio Archila recibi el balance de los planes de sustitucin realizados despus de la firma del Acuerdo Final y en los 18 meses iniciales de implementacin del Programa Nacional Integral de Sustitucin (PNIS). Algunos de los datos de ese balance los incluyo en la siguiente tabla que lleva a pensar que, aunque el gobierno de Ivn Duque reconoce el tamao del dficit y la necesidad de reestructurar programas e inversiones, se limita a sealar faltantes, descoordinacin entre entidades, ausencia en la formulacin de Planes Municipales Integrales de Sustitucin y de planes comunitarios. El documento La paz, la estabilizacin y consolidacin son de todos. Poltica de Ivn Duque, Presidente de Repblica, para la Estabilizacin 2018 2022, publicado en octubre de 2018 responde a los asuntos heredados relativos a la implementacin del Acuerdo de Paz en el tema de sustitucin de cultivos sin detallar la manera como se piensa cumplir con los contratos ya firmados con las familias cultivadoras de coca o con las que se han quedado esperando que se honren los pactos colectivos.

La discusin del Plan de Desarrollo 2019 2022 permitir aclarar muchos temas sobre la poltica del actual gobierno en cuanto sustitucin y la manera como piensan cumplir los compromisos. Por lo pronto la crtica a los Planes de Accin Inmediata y a su esquema familiar seala dificultades reales de su implementacin y la necesidad de integrarlos en planes regionales, pero existe el temor de que a la hora de la verdad los pequeos productores que multitudinariamente han respondido positivamente a los programas del Estado se queden en el peor de los mundos, sin subsidios ni proyectos de corto plazo y sin planes regionales bien financiados y con respuesta a los problemas de acceso a tierras, proyectos productivos e inversiones en bienes colectivos y de infraestructura.

Por lo pronto la redefinicin del gobierno, aparte de que su esfuerzo central es la erradicacin forzada, apunta a integrar los diversos instrumentos en 16 planes territoriales de conformidad con el organigrama de citado documento del Archila [4] . Los PATR seran la matriz para los PDET y los planes de sustitucin. Pero esa orientacin no es retomada en las Bases del Plan de Desarrollo y por lo mismo no se tiene asignaciones presupuestales adecuadas.

No hay poltica de alternativas a los cultivos de uso ilcito

Ni en las Bases de Plan ni en otros documentos se llena el vaco de poltica para los pequeos productores de coca, marihuana y amapola. Tal como se plasm en los acuerdos de La Habana, y se ha dicho desde hace dcadas, est demostrado que la represin a los pequeos productores no resuelve el problema estructural del narcotrfico y tambin es leccin aprendida que la ruta correcta supone planes regionales con gran inversin social y oportunidades para todos los sectores en condiciones ms ventajosas y seguras que las que ofrecen las mafias y carteles del narcotrfico. Se sabe que una poltica que eluda la reforma rural, el acceso a tierra y a ingresos cae en realidad en estrategias represivas en contra de la gente que termina refugindose en los negocios ilegales de coca, oro o lo que est a mano en medio de la incapacidad del Estado de ofrecer alternativas incluyentes.

El camino que est asumiendo el gobierno del presidente Ivn Duque en la prctica es de abandono a su suerte a los pequeos productores campesinos y a las comunidades tnicas de las zonas con huella cocalera. El problema no se reduce a las 130.000 familias que estn esperando el cumplimiento de pactos colectivos e individuales pues hay que sumar a las 100.000 familias que estn en la ruina por haber sido objeto la erradicacin forzada en operaciones militares sin planes pos-erradicacin.

Como si fuera poco, tampoco hay poltica para las familias que no estn en los grupos antes mencionados y que tienen parcelas con coca en predios campesinos o, en Zonas de Reserva Forestal que en total suman el 36% del rea con coca como se muestra en estudio de Indepaz. En total se requiere respuesta para ms de 250.000 familias directamente vinculadas al cultivo de coca y otras 200.000 familias de esas mismas regiones que, aunque no tiene cultivo de coca sus ingresos dependen en gran medida de la economa cocalera. No es un problema menor y la nica respuesta clara hasta la fecha ha sido la militarizacin y las promesas de la llegada algn da de proyectos para los pequeos productores o de inversin pblica en bienes y servicios.

La estigmatizacin sigue su curso con un lenguaje que ubica al campesino como narcotraficante y en el Congreso se ha empantanado la ley que debe permitir el tratamiento penal diferenciado que excluya de judicializacin al pequeo cultivador. Judicializacin por un lado y terror y asesinato es la oferta de cada da en las zonas en donde la poblacin esta sometida por la economa cocalera, la corrupcin de agentes estatales y las dictaduras locales de los armados.

Como van las cosas los municipios de la coca en Nario, Putumayo, Catatumbo, Cauca, Caquet, Guaviare, para mencionar los que tienen el 85% del total del rea cultivada, sern teatro de operaciones bajo el nombre de Zonas Estratgica de Intervencin Integral, en otra modalidad de guerra de las drogas con futuro incierto en materia de cultivos y muy cierto en crisis humanitaria.

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[1] Departamento Nacional de Planeacin DNP (2018), Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 2022. Resumen ejecutivo. Pacto por Colombia pacto por la equidad, Bogot.

[2] DNP, Op. Cit

[3] DNP, Op. Cit

[4] Archila E., (octubre 2018), La paz, la estabilizacin y consolidacin son de todos, Poltica de Ivn Duque, Presidente de Repblica, para la Estabilizacin 2018 2022.

Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article23764


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