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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-12-2018

Ni perdn ni olvido, verdad y justicia!

Gilberto Lpez y Rivas
La Jornada


Esgrimiendo razones  autoreferenciales de que lo suyo no es la venganza y declarndose partidario del perdn y la indulgencia, el presidente Andrs Manuel Lpez Obrador en su discurso de toma de protesta ante el Congreso, el primero de diciembre, propuso un punto final para delitos cometidos por los funcionarios del pasado, afirmando que en su Presidencia se abstendr de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos pblicos, y de que esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie. Contradictoriamente, afirma que la parte medular de su programa de gobierno ser acabar con la corrupcin y la impunidad.

El contrasentido radica en que los delitos cometidos por los funcionarios del pasado van ms all del saqueo del erario por las innumerables vas de la corrupcin gubernamental; muchos de ellos estuvieron involucrados, por omisin o comisin, en crmenes de Estado y lesa humanidad, como las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales que no prescriben ni pueden ser eximidos por el nuevo titular del Ejecutivo federal.

Jams se investigar quines son los responsables de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, o la perpetrada tambin contra estudiantes el 10 de julio de 1971? Quedarn sin desentraarse los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, crceles clandestinas, y vuelos de la muerte durante la guerra sucia que dur ms de 20 aos? Las masacres de Aguas Blancas, Guerrero, Acteal, Chiapas (1997), Tlatlaya, estado de Mxico, (2014), Nochistln, Oaxaca, (2016) quedarn en el olvido? Esto por enumerar los crmenes ms conocidos en los que se identifica la mano del Estado y sus fuerzas armadas con sus grupos paramilitares, como el Batalln Olimpia, Los Halcones, La Brigada Blanca, y los ms de una docena que fueron identificados por la PGR para el caso de Chiapas, en 1997, sin mencionar los que operan bajo la cobertura del crimen organizado, que pasaron a constituir la cara clandestina de gobiernos mafiosos y delincuenciales.

Ha sido positivo el decreto presidencial para crear una comisin de la verdad que investigue los asesinatos y las desapariciones forzadas de los estudiantes de Ayotzinapa, crimen de Estado y lesa humanidad que cimbr la conciencia del pas y del mundo. En Iguala, Guerrero, se condens el 26 de septiembre de 2014 toda la violencia estructural y de Estado que ha padecido Mxico durante ms de una dcada, y que ha resultado en ms de 200 mil muertos, en su mayora jvenes y pobres, al menos 40 mil desaparecidos, as como medio milln de desplazados internos y fuera del pas. Siendo esta tragedia un caso paradigmtico, en el que se visibilizan los estrechos lazos de complicidad entre crimen organizado, Ejrcito, gobernantes de los tres rdenes, policas y todo el aparato judicial, constituye, sin embargo, una entre miles de desapariciones forzadas en las que el Estado mexicano est involucrado. Este crimen ser supuestamente investigado hasta sus ltimas consecuencias, pero: quedar archivada la desaparicin forzada de los dos militantes del Ejrcito Popular Revolucionario, Gabriel Alberto Cruz Snchez y Edmundo Reyes Amaya, secuestrados por fuerzas de seguridad en Oaxaca en 2007? Recordemos a los entraables compaeros Samuel Ruiz, Carlos Montemayor y Miguel ngel Granados Chapa, integrantes de la Comisin de Mediacin, junto con quien escribe, que durante aos enfrent la cerrazn cmplice del gobierno y la proteccin tacita del Estado respecto a la participacin del Ejrcito en este caso emblemtico.

Qu pasar con los otros miles de procesos judiciales que no tienen atencin meditica, ni sus familiares los medios organizativos para demandar la aparicin con vida de sus desaparecidos? Con toda razn, parientes de desaparecidos forzados cuestionaron que slo haya una comisin para Ayotzinapa. ( La Jornada 6/12/18).

En estos crmenes el Ejrcito ha participado en defensa de los intereses de los grupos dominantes, por no citar su involucramiento directo en asesinatos de dirigentes populares como el purpecha Primo Tapia de la Cruz, asesinado por orden de Elas Calles en 1926; o el ocurrido el 26 de mayo de 1962, cuando militares masacraron a Rubn Jaramillo y su familia en el sitio arqueolgico de Xochicalco, Morelos.

Las fuerzas armadas fueron exoneradas de toda responsabilidad con el argumento de que sus altos mandos no son parte de la oligarqua e integrarn la Guardia Nacional para tareas de seguridad pblica. Esta propuesta ha sido duramente criticada por organismos de derechos humanos que la consideran otra forma de militarizacin.

As, coincido con el Colectivo Iglesias por la Paz que seal: antes de buscar el perdn de las vctimas de la violencia, se requiere acceder a la verdad y la justicia. (La Jornada 21/09/18).

Fuente: http://www.jornada.com.mx/2018/12/14/opinion/020a1pol

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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