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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-12-2018

El Poder Judicial en el ojo del huracn

Eduardo Nava Hernndez
Cambio de Michoacn


Me cuento entre los que ya sospechbamos que el inicio del sexenio de Andrs Manuel Lpez Obrador no sera tan fcil ni tan terso, y que la transicin calificada como de terciopelo o era un pacto convenido para negociar impunidad por una mudanza del poder estatal sin perturbaciones, o era una ilusin ptica y auditiva. En especial, pens que el mayor conflicto que el nuevo equipo gobernante tendra que resolver al inicio de su gestin sera el de la cancelacin de la construccin del nuevo aeropuerto en el vaso de Texcoco. Hasta ahora, al menos, en ese tema parece haber un control de daos y una salida negociada con los empresarios involucrados en el proyecto aeroportuario.

En cambio, la liebre ha saltado por otro lado. Se ha agudizado la confrontacin al interior del Estado mismo, entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, por una parte, y el Poder Judicial por la otra. Y se trata de un conflicto de pronstico reservado. Los ministros de la Corte, magistrados y jueces han salido a la palestra a oponerse activamente seguramente haciendo bloque con otros grupos y fuerzas menos visibles a defender sus elevadsimas prerrogativas, por no decir opulentos e insultantes ingresos.

Es la guerra, ha dicho Ricardo Monreal, lder de la fraccin de Morena en el Senado. Y ha propuesto abrir investigaciones a los ministros por presunta corrupcin y hasta posibles vnculos con la delincuencia organizada. El semitroglodita tambin senador Flix Salgado Macedonio, asimismo del grupo de Morena, ha planteado, por su parte y sin ms, la destitucin de todos los ministros de la Corte por el presidente Lpez Obrador para que otros nuevos sean designados (acotacin: a la desaparicin de un poder por otro se le llama, tcnicamente, golpe de Estado).

Pero de dnde vienen esos privilegios palaciegos que tan obstinadamente defienden los ministros, magistrados y jueces, as como otros miembros del alto funcionariado estatal? Bsicamente, de dos fuentes. La primera, la reproduccin endogmica de los mismos grupos de poder que durante dcadas se hicieron del control del Estado y de sus rganos para usarlos en beneficio propio; es decir, de un proceso de corrupcin no individual sino sistmica en la que no necesariamente cada funcionario es o puede ser sealado como corrupto, sino lo es el organismo en su conjunto, y cada alto componente individual es tan slo una pieza o elemento de ese aparato. La segunda, lo que podramos bien llamar la Doctrina Fox (el del gobierno de empresarios para empresarios), segn la cual es necesario que el Estado pague altos estipendios a fin de captar para la administracin pblica a los ejecutivos de alta empresa o impedir que los funcionarios pblicos se fuguen hacia el sector privado.

En todo caso, quienes ahora suspenden por controversia constitucional la nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Pblicos tienen a su favor al menos dos artculos constitucionales: el 94, que en uno de sus prrafos dicta: La remuneracin que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, as como los Magistrados Electorales, no podr ser disminuida durante su encargo, y el 14, que establece que A ninguna ley se dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Por su parte, la nueva Ley de Remuneraciones es reglamentaria del artculo 127 que en su fraccin II establece: II. Ningn servidor pblico podr recibir remuneracin, en trminos de la fraccin anterior, por el desempeo de su funcin, empleo, cargo o comisin, mayor a la establecida para el Presidente de la Repblica en el presupuesto correspondiente.

En consecuencia, como se ve, la aplicacin a rajatabla de la fraccin citada y de la nueva Ley slo podra hacerse en violacin a los artculos 14 y 94 de la Ley Suprema. Por eso la secretaria de Gobernacin de Lpez Obrador y ministra en retiro de la propia Corte, Olga Snchez Cordero, ha sealado que ser muy difcil y se ha manifestado en contra de la reduccin de las remuneraciones de los ministros y magistrados del poder judicial. Ella misma, segn se sabe, percibe en su condicin de ex ministra una pensin de retiro de 258 mil pesos mensuales, ms otros beneficios en efectivo y en especie. A eso se aadir ahora su remuneracin como secretaria de Estado, remuneracin que ha ofrecido pblicamente donar. El tener esos ingresos, como queda dicho, no la hace una persona corrupta, sino que es producto de un aparato que en su conjunto se fue corrompiendo hasta alcanzar niveles majestuosos en la desigualdad con respecto de los salarios mnimos, los comunes y los profesionales.

Pero hay algo ms. Creo que la controversia fue mal planteada desde el inicio. En vez de que el tema de las remuneraciones a los altos funcionarios se tratara en el Congreso dentro del debate del Presupuesto de Egresos el cual slo se iniciar despus del 15 de diciembre, fue planteado por Lpez Obrador apenas unos das despus del 1 de julio, cuando an ni siquiera era declarado presidente electo, en conferencia de prensa en la que sali a decir que su propia remuneracin sera de 108 mil pesos y que hara aplicar la disposicin del artculo127. Desde luego, nunca antes un candidato triunfante se haba atrevido, al margen del Congreso y de un proyecto de Presupuesto, a establecer per se su retribucin. El tema en vez de ser de racionalidad presupuestal se politiz y desde entonces gener urticaria y temores en amplios sectores de la administracin pblica. Hoy, no slo los miembros del Poder Judicial sino muchos otros servidores pblicos promueven amparos y se rebelan contra la nueva disposicin legal expedida por el Congreso.

Desde luego que entre la poblacin en general hay enojo contra la posicin asumida por ministros y magistrados, en los que se han focalizado los sealamientos como casta privilegiada que efectivamente son, pero no slo ellos, enojo que se manifiesta en las redes sociales, muchas veces con propuestas e iniciativas desubicadas o imposibles de cumplir por el Legislativo como no fuere a costa de romper el propio orden constitucional. Por el contrario, lo que se est logrando es unificar a las fuerzas de la derecha, el PRI, PAN, grupos empresariales y en general a los an amplios sectores antiobradoristas detrs de la Corte y en contra de lo que ya califican como autoritarismo del Presidente y su partido.

Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer nada contra el sistema de privilegios de la alta burocracia estatal en sus diferentes poderes.

En primer lugar, por supuesto, la nueva Ley de Remuneraciones habr de aplicarse en lo sucesivo a los nuevos empleados de confianza del presidente Lpez Obrador y en general a los que en el futuro se vayan incorporando a la administracin pblica federal y de los Estados.

En segundo trmino, como ya se hizo, llegar al acuerdo con los miembros de la actual Suprema Corte y del Poder Judicial en general, de no dar efecto retroactivo a la norma reglamentaria del 127. Desgraciadamente, por un tiempo, s seguirn vigentes los faranicos ingresos de esos y otros estamentos consejeros del INE, IFAI, CNDH y, en general, de los organismos autnomos a los que no les sera aplicable directamente esa ley sino violando el artculo 14 constitucional.

En el plano presupuestal, en tercer lugar, revisar todas las prerrogativas no retributivas que tambin benefician a esa casta de opulentos funcionarios; es decir, vehculos, combustibles, telfonos, ayudantas, guaruras, etctera, que ahora tendrn que ser pagados por los funcionarios con sus propios y elevados ingresos. Se debe partir de un sealamiento evidente: lo que esos miembros del servicio pblico perciben no son salarios, pues no se corresponden con el nivel de capacitacin de su fuerza laboral, por ms que algunos de ellos sean muy meritorios, ni mucho menos con las condiciones generales del mercado laboral, ah donde se establecen realmente los salarios, sino con la especfica ubicacin de esos individuos en la cpula del aparato administrativo que debe ser pblico pero que se ha tergiversado para ponerse al servicio de interese privados.

Y en un cuarto plano, perseguir puntualmente, esas s como abusos de poder y delitos, y como lo sugiere el senador Monreal, las otras expresiones de corrupcin, pero individuales. Desde luego, los abusos de poder, como el nepotismo que ya ha sido exhibido por investigaciones periodsticas, como el que, hasta ahora, a 500 ministros, magistrados y jueces se les han encontrado familiares y allegados cobrando en la nmina del Poder Judicial, en muchas ocasiones como aviadores. Lo mismo ha de hacerse en los organismos autnomos y todos los sectores donde sea necesario aplicar auditoras de personal.

Eduardo Nava Hernndez. Politlogo UMSNH

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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