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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-12-2018

Impotente contra la inflacin, el Gobierno argentino se cobija en la mano dura

Daniel Gutman
IPS


La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, durante un acto con fuerzas policiales. Bullrich es una de las funcionarias mejor consideradas por el presidente Mauricio Macri y responsable de una polmica norma que permite a los agentes disparar a presuntos delincuentes, sin necesidad de dar la orden de alto. Crdito: Ministerio de Seguridad

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, durante un acto con fuerzas policiales. Bullrich es una de las funcionarias mejor consideradas por el presidente Mauricio Macri y responsable de una polmica norma que permite a los agentes disparar a presuntos delincuentes, sin necesidad de dar la orden de alto. Crdito: Ministerio de Seguridad

BUENOS AIRES, 13 dic 2018 (IPS) - En el cierre de un ao de grave deterioro de la economa argentina, el gobierno del presidente Mauricio Macri opt por un endurecimiento de sus polticas de seguridad que parece satisfacer a buena parte de la sociedad, pero ha sido objetada por especialistas en Derecho y organizaciones de la sociedad civil.

Las fuerzas federales de seguridad fueron habilitadas a disparar con armas de fuego para detener a personas que representen un peligro inminente, incluso cuando estn huyendo.

Eso faculta la Resolucin 956/18 del Ministerio de Seguridad , publicada el 3 de este mes, que exime a los agentes de la obligacin de identificarse y dar la voz de alto antes de disparar, cuando ello resultara evidentemente inadecuado o intil, dadas las circunstancias del caso.

Una resolucin emanada de un ministerio solo podra aplicarse si el Cdigo Penal hubiera dejado un vaco legal, pero ese no es el caso. Por el contrario el artculo 34 del Cdigo Penal establece muy claramente que los lmites de un delito cometido en ejercicio de la legtima defensa, que no pueden ser modificados por una resolucin: Federico Carniel.

Los policas pueden confundirse con esta norma, pero tienen que saber que si matan a una persona por la espalda, cuando est escapando, estarn cometiendo un homicidio agravado por su condicin de miembros de una fuerza de seguridad, dijo a IPS el abogado penalista Federico Paruolo.

As lo establece el Cdigo Penal , que tiene mayor jerarqua que esta reglamentacin, explic Paruolo.

El penalista es miembro del Grupo de Litigio Estratgico, un colectivo de unos 25 abogados que brinda defensa gratuita a vctimas en el Gran Buenos Aires, en casos de importancia institucional. ltimamente el grupo ha intervenido en varios casos de violencia injustificada de las fuerzas de seguridad, que localmente se llaman gatillo fcil.

Ha habido en los ltimos aos un claro mensaje poltico de proteccin del gobierno a los agentes de fuerzas de seguridad que mataron sin justificacin. Esto pone esa poltica en una norma, agreg Paruolo.

La noticia sacudi tambin a Cambiemos, la coalicin de centroderecha del gobierno. Es que una de las crticas ms filosas la hizo la diputada Elisa Carri, quien en 2017 le dio a esa alianza un triunfo arrasador en las elecciones legislativas de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, principal vidriera poltica del pas.

Carri consider que la reglamentacin viola los derechos humanos fundamentales y exhort a su espacio poltico: Nosotros no vamos a ir al fascismo.

Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le respondi que la norma fue avalada por Macri. Lo hemos hablado con el presidente durante ms de un ao y lo respalda, asegur.

La funcionaria, quien asegur que la reglamentacin saca de la indefensin a las fuerzas de seguridad, se ha convertido en una de las estrellas del gobierno.

De hecho, ltimamente se hizo trascender que Bullrich podra ser la compaera de frmula del presidente cuando este busque su reeleccin, en octubre de 2019.

En ese sentido, la cuestin de la mano dura contra la delincuencia podra ser uno de los ejes de la campaa electoral de Macri, y la repercusin de esta reglamentacin parece confirmarlo.

De acuerdo a una encuesta de Management & Fit, una de las consultoras de opinin pblica ms reconocidas en el pas, 60 por ciento de los argentinos est de acuerdo con la resolucin ministerial.

El presidente argentino Mauricio Macri, en febrero, cuando tuvo un gesto de apoyo a Luis Chocobar, un polica procesado por matar a balazos a un joven que hua luego de presuntamente asaltar y apualar a un turista. Chocobar est procesado y ser sometido a juicio oral por homicidio, pero el mandaaio reconoci su  

 

El presidente argentino Mauricio Macri, en febrero, cuando tuvo un gesto de apoyo a Luis Chocobar, un polica procesado por matar a balazos a un joven que hua luego de presuntamente asaltar y apualar a un turista. Chocobar est procesado y ser sometido a juicio oral por homicidio, pero el mandaaio reconoci su valenta. Crdito: Presidencia Argentina

La paradoja es que estas medidas se anuncian en un contexto de disminucin de los delitos violentos, de acuerdo a los nmeros oficiales. Pero pese a ese logro, el gobierno maneja el discurso de que es necesario endurecerse en el combate a la delincuencia.

El Ministerio de Justicia present en junio estadsticas segn las cuales la tasa de homicidios intencionales cay de seis cada 100.000 habitantes en 2016 (2.605 en nmeros absolutos) a 5,2 (2.293) en 2017.

Tambin hubo una bajada en los delitos contra la propiedad denunciados: 1.828 el ao pasado contra 1.942 en 2016.

En cambio, en el rea econmica, nadie se anima a asegurar que 2019 traer mejores noticias para el gobierno, luego de un 2018 que cerrar con una inflacin cercana a 50 por ciento, que hizo ms pobres a la enorme mayora de los argentinos, y un derrumbe de la actividad.

Segn una organizacin de derechos humanos que lleva un registro, la Coordinadora contra la Represin Policial e Institucional (Correpi), desde que asumi Macri, en diciembre de 2015, hubo un fuerte aumento de los casos de gatillo fcil.

Esos excesos, precisa, ya eran comunes durante las gestiones precedentes de los centroizquierdistas Nstor Kirchner (2003-2007) y su viuda, Cristina Fernndez (2007-2015).

Durante los 12 aos de kirchnerismo contamos 3.100 muertes por gatillo fcil. Ahora estamos haciendo el registro y a comienzos de 2019 vamos a presentar el balance de los primeros tres aos de Macri. Van a ser ms de 1.000 casos. Es un crecimiento enorme, dijo a IPS la abogada Mara del Carmen Verd, responsable de Correpi.

Estamos en un verdadero estado de suspensin de derechos y garantas, que esta resolucin lleva a una fase superior. Viola las normas internacionales, que establece que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad es el ltimo recurso y prohbe disparar a quien est en fuga, agreg Verd.

En el ltimo tiempo, fueron varios los casos en los que el gobierno reivindic a miembros de fuerzas de seguridad imputados por la Justicia debido a supuestos delitos cometidos en el combate, precisamente, del delito.

El ms emblemtico ha sido el caso de Luis Chocobar, un polica que en diciembre de 2017 mat por la espalda, con dos tiros, a un joven que presuntamente acababa de asaltar y apualar a un turista estadounidense en el barrio de La Boca de esta capital.

Luego de que un tribunal lo procesara por homicidio, al considerar que haba suficientes pruebas para someterle a juicio, Chocobar fue recibido en la Casa Rosada, la sede del gobierno, por Macri, quien manifest que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberar de todo cargo, reconociendo su valenta.

Sin embargo, otras instancias superiores, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, confirmaron el procesamiento de Chocobar, quien ser sometido a juicio oral en 2019.

Efectivamente, el endurecimiento de las polticas de seguridad del gobierno tendr que superar el control judicial, cosa que no parece fcil.

Pocos das despus del dictada la nueva resolucin, otros dos miembros de seguridad que estn a la espera de ser juzgados pidieron que el archivo de la causa, con el argumento de que debe aplicarse retroactivamente la norma, ya que resulta ms benigna para ellos como imputados.

Se trata de un caso ocurrido en agosto de 2016 en la provincia de Chaco, en el norte del pas: dos agentes confundieron con un narcotraficante a un hombre que regresaba de una tarde pesca en su automvil, junto a su hija, y lo mataron a balazos.

El fiscal, Federico Carniel, se opuso a que los dos agentes sean exculpados.

Una resolucin emanada de un ministerio solo podra aplicarse si el Cdigo Penal hubiera dejado un vaco legal, pero ese no es el caso, explic Carniel a IPS.

Por el contrario el artculo 34 del Cdigo Penal establece muy claramente que los lmites de un delito cometido en ejercicio de la legtima defensa, que no pueden ser modificados por una resolucin, puntualiz.

El criterio de Carniel anticipa que el prximo campo de batalla en el que se dirimir si es vlido el endurecimiento de las polticas de seguridad del gobierno de Macri sern los tribunales.

Edicin: Estrella Gutirrez

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2018/12/impotente-inflacion-gobierno-argentino-se-cobija-la-mano-dura/

 



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