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(Argumentos para la lucha)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-12-2018

El incremento de los desahucios de alquiler y ocupaciones tienen su raz y causa en la estructura franquista del Estado espaol

Salva Torres
Rebelin


Hace unos das el Consejo General del Poder Judicial daba a conocer los datos de lanzamientos por impago de alquiler que afectaban a 7518 hogares en el tercer trimestre del 2018 -ms de 30.000 adultos y nios- que suelen afectar casi en su totalidad a primeras residencias, a hogares constituidos (1). Una media de 175 lanzamientos considerando los das hbiles y agosto no hbil. En el mismo perodo, otros 3.404 se derivaron de ejecuciones hipotecarias que en una proporcin menor son tambin primeras residencias. A los 7518 desahucios de inquilinos de este trimestre hay que sumar otras decenas de miles en el tiempo pretrito, tambin los ocurridos por las 775.000 ejecuciones hipotecarias y decenas de miles- sin datos- que han vivido desahucios por ocupaciones desde que se inici la crisis en el 2008. En ningn pas europeo repito ningn pas europeo -ocurre semejante barbaridad pues los ciudadanos desahuciados quedan exclusivamente a merced de la capacidad de los servicios sociales del ayuntamiento de turno antes de abandonarlos bajo un puente.

Considerando que todos los ayuntamientos estn encorsetados por la ley de estabilidad presupuestaria pueden imaginar lo que podrn hacer ciudades como Barcelona o Madrid ante una avalancha de 10 familias diarias sin vivienda. Nada. Es responsabilidad de los Ayuntamientos la atencin a las familias vulnerables? S. Es responsabilidad del Ayuntamiento tener los medios econmicos y inmobiliarios para hacer frente a semejante emergencia social NO!

Los Ayuntamientos de las grandes ciudades, donde se concentra el grueso de los inquilinos 4 millones de hogares- se quejan amargamente de la ausencia de medios y tienen razn en una cosa, no tienen ni capacidad presupuestaria ni fiscal ni legislativa para afrontar el problema. Los medios los tiene sobre todo Madrid, el Estado, y luego con mucha menos capacidad las autonomas. Pero, las responsabilidades, el marrn de los desahucios, las broncas en los Servicios sociales y en las oficinas de vivienda se lo comen los ayuntamientos que son la administracin ms cercana al ciudadano.

Por contra, en cada desahucio son los servicios estatales, como la polica y los juzgados, quienes actan como brazo armado de la propiedad. No existe ninguna ley ni organismo pblico que proteja a la ciudadana ms vulnerable, que vele por los derechos ciudadanos que el Estado espaol firma en Europa, en la ONU o en esa constitucin tan sagrada del 78 para segn qu. A la avalancha de desahucios hacen frente las administraciones locales con recursos menguados por una dcada de recortes; para lo importante, los derechos de la propiedad, para eso s que hay leyes que se cumplen y organismos bien centralizados y organizados por el Estado para ejercer la violencia necesaria para imponer sus intereses. La clase poltica, la Judicatura y la polica actan implacables en su cometido por agravar el drama sin siquiera plantearse seriamente una luz de esperanza para atajar ese problema entre la propiedad y los inquilinos o entre los derechos de los prestamistas privados los bancos- y los hipotecados.

El apagn estadstico sobre la situacin de los desahuciados es una muestra que el Estado espaol los ha abandonado a sus suerte.

Si el Estado renuncia a poner nombre al problema de millones de personas y niega los datos estadsticos es porqu no tiene ningn inters en solucionarlo como ha demostrado durante esta dcada. El esperpento vivido en el Tribunal Supremo por salvar las cuentas de resultados de la Banca espaola ante el Impuesto de Actos jurdicos Documentados contrasta con la ausencia de datos en el INE Instituto Nacional de Estadistica o en el Consejo General del Poder Judicial sobre los ciudadanos que viven en viviendas inseguras (realquilados, en proceso de desahucio o violencia familiar), inadecuadas ( sobreocupadas o insalubres) o con alquileres desproporcionados con la renta familiar disponible. El apagn estadstico, la ausencia de datos, refleja que el ESTADO ESPAOL Y SUS PODERES PBLICOS VIVEN EN UNA REALIDAD AL MARGEN DE MILLONES DE CONCIUDADANOS POBRE Y PRECARIOS.

Ms de un milln de hogares en el rea metropolitana de Barcelona en 27 municipios, 1 de cada 4 ciudadanos, estn obligados a vivir en condiciones muy precarias, explica Critas en su estudio reciente (2). En este Estado de cosas se deja a la Iglesia Catlica que se dedique a estos menesteres de los pobres obviando, la estadstica pblica, que en teora Espaa es un estado aconfesional en la sagrada constitucin del 78 que ha cumplido 40 aos. En medio de toda esta desesperacin de varios millones de personas, la cada vez ms derecha extrema (PP, Ciudadanos, etc) y toda la caverna meditica se envuelven en la bandera rojigualda reclamando los derechos de los ciudadanos cuanta hipocresa y sus libertades frente al desafo cataln.

El apagn estadstico sobre las consecuencias sociales de los desahucios viene de la mano con la absoluta liberizacin del mercado de alquiler de las ltimas dcadas que ha dejado en la ms absoluta desproteccin a millones de inquilinos. Psoe y PP con el apoyo de casi todo el arco parlamentario son responsables del encarnizamiento legislativo contra ellos. Lo sufren hogares monoparentales con menores, jvenes, inmigrantes y todo precario que se ha quedado en la cuneta del camino de la crisis.

Ahora que Espaa vive una segunda burbuja del alquiler, la primera fue en el 2002, con miles de desahucios, el ministro balos ha anunciado que el Gobierno de Pedro Snchez modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para alargar los contratos a 5 aos como si eso resolviera alguna cosa en un mercado donde casi todos los contratos se firman en el mercado libre que supone el 98% de las viviendas de alquiler. El problema es que la burbuja, que se extiende como una mancha de aceite por todo el mundo, se come la mayor parte de los presupuestos familiares.

Miles de hogares sufren desahucios invisibles porque el fin del contrato supone subidas de la renta de alquiler inasumibles. Son empujados a la ocupacin o a un submundo de economa sumergida en el sector residencial de emprendedores que realquilan pisos por habitaciones o locales sin licencia que se transforman en viviendas, al margen o no de las plataformas online o disfrazados de alquiler vacacional. El estudio de Critas lo que muestra son las zonas oscuras del sector residencial donde las estadsticas oficiales no entran para evitar un sonrojo al estado espaol en los organismos internacionales de derechos humanos.

Todas estas penurias contrastan con el apoyo total al sector inmobiliario del Estado espaol. Es uno de los pilares de la economa espaola que viene de la mano del sector financiero en uno de los pases donde su peso en el IBEX35 es aplastante. Es una unin sagrada bendecida desde 1959 cuando el ministro franquista de vivienda don Jos Lus de Arrese propuso la sociedad de los propietarios con la celebre frase: queremos una Espaa de propietarios no de proletarios. La izquierda espaola nunca ha renunciado al uso de esta mquina de crecimiento growth machine en los ciclos econmicos del pas. Adopt el modelo franquista sin rechistar. Las polticas pblicas de vivienda de medio siglo han sido continuadas mejoras legislativas, presupuestarias y fiscales para que el sector inmobiliario-financiero parasitara mejor al Estado.

No nos ruborizamos en estas pginas cuando afirmamos que Espaa es uno de los pases europeos que proporcionalmente ha gastado ms dinero en vivienda principalmente en polticas fiscales. Hablamos de 77.560 mllones en tres dcadas de desgravaciones fiscales a la compra de primera vivienda (3) que a travs del incremento de precios acababan en manos de promotores y el inestimable sector bancario que haca su agosto con millones de hipotecas constituidas. La mxima expresin del Plan franquista Arrese fue la renuncia del Estado espaol a esos 77.560 millones, la mayor parte en gobiernos del PSOE, que hubiera permitido construir un parque de vivienda pblica asequible que hoy hubiera sido la salvacin de esos millones de desheredados que analizamos.

Y es que desde el punto de vista de los impuestos Espaa es un paraiso fiscal para los propietarios de viviendas alquiladas como analizamos en este otro documento. Anualmente desde hace dcadas el Estado renuncia a construir un parque pblico de alquiler porqu regala los miles de millones anuales necesarios al sector privado con el tramposo argumento de la promocin del alquiler, con los desastrosos resultados que conocemos. Entre el Impuesto de Sociedades y el IRPF suponan en el 2014 ms de 10.000 millones de euros de elusin fiscal que crece en la medida que crece el parque de viviendas en alquiler.

Las casualidades de la historia econmica reciente han llevado a que las ltimas etapas del capitalismo senil han casado, como anillo al dedo, los intereses de la burguesa espaola con los intereses de las polticas neoliberales que dominan la escena de la Unin europea y del Euro. El sector inmobiliario y financiero, buques insignia del capitalismo espaol, en una economa desregulada y abierta, se han convertido en un lugar privilegiado de inversin para los capitales especulativos internacionales. Un matrimonio de conveniencia donde la desregulacin legislativa y las exenciones y desgravaciones fiscales a las rentas del alquiler son el mejor regalo de bodas al capitalismo parasitario internacional en el circuito secundario de acumulacin de capital.

No es plaga divina, no es solo especulacin, es estructural.

El sbado 2 de mayo de 1959, en el 1 Congreso de de Agentes de la propiedad Inmobiliaria desde la Guerra Civil, el Plan franquista del Ministro Jos Lus de ARRESE fue ovacionado a rabiar por los API de ese momento: aspiramos a que la vivienda sea del que la vive y que de la -renta limitada- pasemos al ideal de la -venta limitada- (VPO) (3) Ese modelo ha sido seguido al pie de la letra hasta por Gobiernos municipales de izquierda PSC-ICv por poner un ejemplo de Barcelona como si la growht machine fuera infinita y todos seramos propietarios. Ese ideal franquista de que el arrendamiento es una cosa de trnsito o indigencia ha trascendido como discurso, y ese es su triunfo, hasta hoy en el imaginario colectivo y en la lgica econmica y legislativa de los ltimos 60 aos (4).

Mientras, por esa poca de mediados de siglo, Espaa optaba por esa va de enterrar el esfuerzo patrio en piedras, ladrillo y negocio financiero en Austria se optaba por reconstruir en la ciudad de Viena un gran parque de alquiler pblico, mucha ms barato y sostenible, para todas las clases sociales. Esa es la razn por la que afirmamos que Barcelona y Madrid no son Viena por muchas vueltas que le den a la engaosa frmula que para limitar la burbuja se puede hacer indexando precios y no por la va fiscal que proponemos desde estas pginas.

Por qu el estado espaol ha seguido ese modelo econmico?

Acabando, tenemos una tabla reivindicativa para darle una vuelta a toda esta herencia franquista en la vivienda. Pero ser difcil si al tiempo no hay cambios polticos y econmicos, una verdadera revolucin democrtica que elimine los restos del edificio franquista que sobreviven poniendo el derecho a la vivienda de desheredados y proletarios, el parque pblico de alquiler, que ha demostrado ms solidez social frente a los vaivenes del matrimonio sagrado y cristiano entre el tardo-franquismo actual y la neoliberal Europa.

Notas:
  1. poderjudicial.es, Los lanzamientos derivados del impago de alquiler aumentan un 7,9 por ciento en el tercer trimestre de 2018.

  2. lavanguardia.es, Malvivir en el cuarto de la basura por 350 euros/mes.

  3. Fundacin Juan March, No queremos una Espaa de proletarios sino de propietarios. discurso de J.L.de ARRESE a APIs el 2 de mayo de 1959.

  4. Fragmento del discurso de J.L.de ARRESE a APIs el 2 de mayo de 1959: El arrendamiento urbano o el acceso a muy largo plazo puede ser una frmula obligada a determinadas situaciones de trnsito o de indigencia; y, como tal, una frmula que ha de seguir practicando el Ministerio; pero la frmula ideal, la cristiana, la revolucionaria desde el punto de vista de nuestra propia revolucin, es la frmula estable y armoniosa de la propiedad, donde se hace posible esa meta tan lgica y humana, pero hasta ahora reservada casi de un modo exclusivo al privilegio del dinero de alcanzar, que la vivienda sea del que la vive.

Salva Torres, activista de Asociacin 500x20

Fuente: http://500x20.prouespeculacio.org/2018/12/el-incremento-de-los-desahucios-de-alquiler-y-ocupaciones-tienen-su-raiz-y-causa-en-la-estructura-franquista-del-estado-espanol/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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