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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-01-2019

Fracking responsable y otros disparates del gobierno colombiano

Rodrigo Bernardo Ortega
Rebelin



La votacin en contra del fracking en Fusagasug (municipio de Cundinamarca) fue contundente: el 99, 18% de las personas rechaz con vehemencia la explotacin de hidrocarburos en las inmediaciones del pramo de Sumapaz. A la pregunta Est usted de acuerdo que en el municipio de Fusagasug se realicen actividades de exploracin, perforacin y produccin de hidrocarburos, fracking y minera a gran escala?, 39.175 personas dijeron no y tan slo 202 respaldaron la iniciativa (https://www.eltiempo.com/bogota/fusagasuga-le-dijo-no-a-fracking-y-mineria-en-la-consulta-283890). Si bien el censo electoral para la consulta era de 104.538 ciudadanos, el umbral estimado en 34.846 votantes se super con creces, por lo que el mandato pblico se dirige a rechazar la explotacin de recursos del subsuelo. Y no es una decisin menor. En efecto, de acuerdo con la senadora del Partido Verde, Anglica Lozano, el pramo de Sumapaz es el ms grande del mundo y provee de agua potable al 15% de la poblacin colombiana (https://www.semana.com/nacion/articulo/en-vivo--fusagasuga-sale-a-rechazar-el-fracking-y-la-mineria-en-las-urnas/587730). De hecho, es la principal fuente de agua para Bogot y sus municipios aledaos, de ah que la consulta puede pasar a la historia como una manifestacin de la soberana popular por evitar la explotacin irresponsable y la contaminacin de una de las fuentes hdricas ms importantes del pas.

No obstante lo anterior, el fracking est nuevamente en el centro del debate en Colombia. A pesar de la decisin democrtica tomada en Fusagasug que se suma a otras experiencias similares en Boyac y Tolima, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayn, anunci la realizacin de una prueba piloto en 2019 con el fin de evaluar junto con la academia, las comunidades, los ambientalistas, entre otros sectores, los impactos y beneficios que traera al pas esta tcnica de explotacin de hidrocarburos. (http://www.elcolombiano.coacking-en-colombia-EX9572622). El plan piloto que se llevar a cabo en las inmediaciones de Barrancabermeja en un rea de 150 kilmetros por un lado y 60 kilmetros por otro puede incluir otros siete departamentos adems de Santander.

De acuerdo con el alto funcionario, las reservas petroleras del pas dan un margen de autosuficiencia por seis aos, razn por la cual, las exploraciones en el Magdalena Medio podran triplicar las reservas entre 2000 y 7000 millones de barriles. Sin embargo, los riesgos ambientales de la fracturacin hidrulica son latentes por lo que el presidente de la compaa petrolera ha sido enftico al afirmar que: nosotros no vamos a poner a competir el petrleo y el agua, si en algn momento pensramos que alguna de nuestras operaciones tuviera impactos en el agua, pues no la realizaramos ya que tenemos un total compromiso con el cuidado del medio ambiente. A pesar de estas declaraciones, lo cierto es que los negocios en el gobierno Duque ocupan el primer lugar, por lo cual, en caso de encontrar las fuentes necesarias, Ecopetrol no dudar en sacrificar el medio ambiente en favor de los capitales extranjeros. Amanecer y veremos.

Es tal el afn del primer mandatario por aumentar las reservas de hidrocarburos que su administracin ha llegado a hablar de fracking responsable. Este disparate, como lo dijo el gobernador de Boyac, Carlos Andrs Amaya, es como decirle a una mujer que la van a violar responsablemente (https://www.elespectador.com/noticias/politica/decir-fracking-responsable-es-como-decirle-una-mujer-que-la-van-violar-responsablemente-gobernador-articulo-809858). Aunque el smil puede ser chocante no falta a la verdad, pues hay pruebas cientficas rigurosas de diversas universidades del mundo que han demostrado que la fractura hidrulica genera impactos graves al medio ambiente como la contaminacin de fuentes de agua potable y afectacin a la fertilidad de la tierra. No hay evidencias que demuestren lo contrario, es decir, que como la asegura la ministra de Minas y Energa, Mara Fernanda Surez, se pueda emplear esta tcnica de manera responsable y sostenible. Cmo puede perforarse la tierra, llenarla de peligrosos qumicos y aumentar el riesgo ssmico de manera responsable? Si pases como Francia, Alemania e incluso varios estados de Estados Unidos han prohibido esta forma de explotacin, por qu Colombia sigue empeada en realizar pruebas de este tipo? La respuesta tiene que ver con la poca independencia que tiene el gobierno de Ivn Duque respecto a los grandes empresarios que financiaron su campaa. De ah radica la importancia de la resistencia civil para evitar este tipo de decisiones.

Otro disparate del gobierno Duque es pretender convertir el fracking en una alternativa viable para reactivar la economa del pas. Acompaado de la depredacin ambiental, la actual administracin busca imponer una de las reformas tributarias ms regresivas de todos los tiempos. De hecho, el polmico ministro de hacienda Alberto Carrasquilla ha propuesto imponer el IVA (impuesto al valor agregado) a todos los productos de la canasta familiar, con lo cual, las familias de clase media y de escasos recursos tendran un duro recargo en productos de primera necesidad. Sumado a esta propuesta de inequidad, los empresarios veran reducidos sus impuestos y entre los sectores favorecidos estara la explotacin de hidrocarburos. La ecuacin es evidente: mientras las clases populares sostendrn va impuestos las acciones gubernamentales so pretexto de reactivar la economa, Ecopetrol dispondr de enormes hectreas para ejercer su explotacin responsable de hidrocarburos la cual ser financiada con los tributos de Carrasquilla. En pocas palabras, los colombianos estarn pagando para que unas cuantas empresas extraigan sus recursos, daen su medio ambiente y devasten selvas y ros.

Por si no fuera suficiente con esta compleja situacin, la Corte Constitucional tumb una decisin del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta respecto a una consulta popular que permiti frenar la extraccin de petrleo en Cumaral a cargo de la multinacional Monsarovar Energy (https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-dice-que-consultas-populares-no-pueden-prohibir-la-mineria-280098). El alto tribunal impuso, a travs de su fallo, lmites a las consultas populares, con lo cual, este mecanismo de participacin no podr vetar en el futuro las actividades relacionadas con la extraccin de petrleo y minerales. Dicho de otro modo, la Corte Constitucional despoj de la nica herramienta jurdica que tenan las comunidades para la proteccin de sus derechos y dej el camino expedito para que las multinacionales puedan retomar sus actividades econmicas. Desde el gobierno nacional y en particular, desde el Ministerio de Minas y Energa se ha celebrado la decisin como una seal importante para la seguridad jurdica del sector (minero-energtico), y para fortalecer el dilogo y la participacin ciudadana. Pero, de qu dilogo y de qu participacin habla la ministra? Si todas las manifestaciones de la soberana popular son vulneradas, qu alternativas tienen las poblaciones afectadas? Esta circunstancia tiene en vilo no slo la consulta desarrollada en Fusagasug, sino diversas movilizaciones populares que se encaminan a limitar las acciones perjudiciales de las compaas petroleras.

El gobierno neoconservador de Ivn Duque que est controlado por el polmico ex presidente lvaro Uribe Vlez y por los grupos econmicos ms recalcitrantes del pas, no tiene en su agenda la proteccin de los derechos de las poblaciones vulnerables ni mucho menos la defensa de las cuestiones medioambientales. As qued demostrado con su decisin de conformar una comisin de expertos que se encargar de determinar los impactos del fracking en Colombia, as como la regulacin normativa con la que se cuenta para atenuar los posibles riesgos de la aplicacin de esta tcnica. Sin embargo, como lo manifest el ex contralor Edgardo Maya, a nte la perspectiva de agotamiento de algunos recursos naturales no renovables se estn buscando opciones desesperadas para las cuales el pas no est lo suficientemente preparado para mitigar los riesgos y las afectaciones en recursos muy vulnerables e indispensables para la vida y la continuidad del desarrollo econmico de nuestro pas (https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/gobierno-da-otro-paso-para-la-implementacion-del-fracking-en-colombia/41583). En esta declaracin se resume las complicaciones y la falta de criterio cientfico a la hora de abordar una cuestin tan delicada como la perforacin hidrulica. No obstante, el gobierno sigue empecinado en demostrar por diversos caminos que el fracking es la alternativa del siglo XXI.

Desde esta perspectiva, 2019 ser un ao complejo para las comunidades tnicas y culturales que han luchado en contra de la minera y la explotacin petrolera pues como hemos abordado en otros artculos, la fracturacin hidrulica causa daos considerables a la tierra y es una fuente de contaminacin permanente de acuferos y otras reservas de agua potable. Si se toma en consideracin el bloqueo legal al que estarn expuestos estos sectores por la decisin de la Corte Constitucional es probable que existan movilizaciones sociales como el recordado Paro Agrario Campesino de 2013 o las recientes protestas estudiantiles. Es claro que las comunidades tendrn que salir a las calles a defender sus derechos de la intransigencia del gobierno central. El modelo de explotacin econmico promovido desde la Casa de Nario (y apoyado desde Washington) no es una sorpresa, de ah que las manifestaciones populares sern determinantes para hacer frente a la economa naranja.

Es por ello que surge la necesidad de preguntarse qu alternativas tienen los sectores de oposicin para evitar la llegada definitiva del fracking a Colombia? El primer acto simblico ya se llev a cabo con la recoleccin de 100.000 firmas por parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking que fueron presentadas ante el Congreso Nacional con el fin de mostrar el respaldo popular al proyecto de ley sobre la prohibicin definitiva de esta tcnica en el pas (https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/cien-mil-firmas-contra-el-fracking-en-colombia/41572). Sin embargo, el cabildeo ser complicado debido a que el gobierno cuenta con un importante nmero de congresistas que bloquearn todas las iniciativas promovidas desde los grupos alternativos y ms an si tiene que ver con la reduccin de sus negocios.

Una luz al final del tnel fue la reciente decisin del Consejo de Estado que mediante una resolucin suspendi provisionalmente los actos administrativos que permitan al gobierno fijar los criterios de exploracin y explotacin de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. En otras palabras, el Alto tribunal asegur que la autorizacin en Colombia de la tcnica de estimulacin hidrulica puede conllevar un dao potencial o riesgo al medio ambiente y a la salud humana, cuya gravedad e irreversibilidad se cimienta en la posible insuficiencia de las medidas adoptadas (https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/consejo-de-estado-suspende-normas-que-permiten-fracking-en-colombia-291808). En tal sentido, la decisin de la comisin tercera del Consejo de Estado dej en firme una postura que respalda a los sectores que promueven la proteccin del medio ambiente y el principio de precaucin, toda vez que no se conocen con precisin las supuestas ventajas del fracturamiento hidrulico. De respetar la decisin de la rama judicial, el gobierno tendra que buscar alternativas para potenciar la economa naranja pues el fracking sera inviable en el pas.

Por otra parte, la resistencia debe dirigirse hacia grupos de presin conservadores para quienes toda manifestacin popular en contra de la minera y el fracking hacen parte de una estrategia del fundamentalismo ambiental (https://www.semana.com/opinion/articulo/rehenes-del-fundamentalismo-ambiental-por-alfonso-cuellar/582321). Desde esta ptica, cualquier intento de negocio en el mbito minero-energtico est secuestrado por los grupos ambientalistas que se oponen y mediante el lobby internacional han afectado significativamente a esta industria. Sin embargo, cmo no criticar a un sector que genera relaciones de inequidad, monopolios y severos daos al medioambiente? No es una cuestin de fundamentalismo sino de realidad. Aqu estn en juego dos modelos de pas: uno que promueve el uso sostenible y responsable de los recursos que est favor de los procesos de integracin social y valora las parte, un modelo enquistado en el poder que tiene como prioridad el establecimiento de negocios y multinacionales bajo el paraguas de la inversin extranjera que no es otra cosa que la imposicin de una visin economicista de las relaciones sociales.



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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