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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-01-2019

Sobre el juicio al procs (II)

Jos Luis Gordillo
mientras tanto


En una repblica democrtica bien ordenada las autoridades deben responder de sus actos ante las poblaciones que gobiernan. Si, adems, hay indicios racionales de que esos actos pueden ser constitutivos de presuntos ilcitos penales, sus responsabilidades deben ser dirimidas en un juicio pblico. Ensalzar los abusos de poder y propugnar la impunidad de las autoridades que los han perpetrado, hasta el punto de considerar negativo un proceso penal en el que dichas autoridades puedan, por ejemplo y entre otras cosas, dar razn de sus actos y defender su inocencia, equivale a proponer un retorno a las sociedades estamentales anteriores a la Revolucin Francesa.

La actual monarqua parlamentaria surgida de la reforma del franquismo est lejos de ser una repblica democrtica bien ordenada, aunque est ms cerca de ella que la dictadura militar del general Franco. Para empezar, el rey, jefe del Estado y mando supremo de las fuerzas armadas, goza del privilegio de la inmunidad judicial (art. 56.3 de la CE), adems del privilegio de haber accedido al cargo por ser el hijo del anterior jefe del Estado. Pero para avanzar hacia la repblica democrtica de lo que se trata es de acabar con esos y otros privilegios, no de extenderlos a una lista cada vez ms larga de autoridades polticas.

En relacin con el procs es preciso, por tanto, exigir a todo el mundo "el respeto al principio de legalidad penal y que [se] investigue todo lo que el Estado de Derecho autoriza y obliga, pero exclusivamente eso, porque slo dentro de esos mrgenes puede haber oportunidad, proporcin y justicia", como muy bien han dicho los autores del manifiesto La banalizacin de los delitos de rebelin y sedicin, suscrito por casi un centenar de profesores de materias jurdicas de toda Espaa (se puede leer, entre otras publicaciones, en la revista Sin Permiso).

Los delitos cometidos presuntamente por los dirigentes independentistas

Como se sabe, en las prximas semanas nueve ex consellers del Gobierno de la Generalitat, una ex presidenta del Parlament, seis diputados autonmicos y dos dirigentes de organizaciones sociales debern comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalua y ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo para responder, en lo fundamental, a las acusaciones de haber cometido los delitos de desobediencia grave llevada a cabo por autoridad pblica, malversacin de caudales pblicos y/o distraccin ilegal de caudales pblicos para consumar la rebelin, integracin en organizacin criminal, sedicin y/o rebelin formuladas por el Ministerio Fiscal, la Abogaca del Estado y la acusacin particular ejercida por el partido de derecha extrema Vox.

Para los independentistas que ya viven mentalmente en una repblica catalana, el jucio al procs es injusto desde el principio porque ha sido incoado por el poder judicial espaol y, por tanto, tambin lo ser la sentencia que se dicte, salvo que consista en una sentencia absolutoria. De hecho, algunos acusados ya han declarado que todo el proceso est viciado desde los inicios y que la sentencia condenatoria ya est escrita. Pero si los nicos argumentos que van a invocar sus abogados son esos, el futuro que les aguarda a las dieciocho personas encausadas es bastante negro. Por su bien esperamos que sus abogados intenten desmontar las acusaciones con argumentos legales extrados de la legalidad vigente, no de las ensoaciones creadas por las mentes procesistas ms calenturientas e imaginativas.

Ciertamente, les va a resultar difcil a dichos abogados rebatir las acusaciones de desobediencia (art. 410.1 del CP), pues los actos que encajan en ese delito se hicieron con luz y taqugrafos y nunca mejor dicho: en muchos casos quedaron recogidos en las actas parlamentarias y provocaron, por si fuera poco, informes negativos de los letrados que asesoraban a los parlamentarios catalanes. Adems, entra dentro de lo posible que, ante la evidencia en contra y teniendo en cuenta que ese ilcito penal no est castigado con penas de prisin, sino con penas de multa e inhabilitacin para el ejercicio de cargo o empleo pblico, muchos de los acusados prefieran declararse orgullosamente culpables de haber desobedecido las leyes del Estado espaol opresor o algo parecido.

Por lo que se refiere al delito de malversacin o distraccin de caudales pblicos, las cosas son ms complejas para todas las partes implicadas. Este delito, como todos, debe ser probado con facturas y documentos y, aunque en los escritos de acusacin se citan datos muy concretos, recordemos que segn el antiguo ministro de economa del PP, Cristbal Montoro, no hubo desviacin de dinero pblico para fines ilegales mientras su ministerio supervis los gastos de la Generalitat. En relacin con este asunto ser muy importante todo lo que se haga y se decida en el perodo de prueba y la valoracin final que de todo ello haga el tribunal. Desde luego, esta cuestin ser ms disputada que la anterior, dado que la malversacin est castigada con penas de prisin que pueden oscilar entre los dos y los ocho aos.

La acusacin de pertenencia a "organizacin criminal" es exclusiva de Vox al considerar que todos los encausados (que militan, dicho sea de paso, en organizaciones tan dispares como PDeCAT, la Crida, ERC, CUP, EUiA, ANC, mnium, etc.), conforman una "agrupacin formada por ms de dos personas con carcter estable o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos", segn se la define el art. 570 bis del Cdigo Penal. Por la pertenencia a esa "organizacin criminal", a la que ni siquiera se llega a poner nombre, Vox pide para todos los encausados 12 aos de prisin (que en el caso de los acusados de rebelin/sedicin y malversacin de caudales pblicos habra que sumar a los solicitados por esos delitos). En un primer anlisis parece una acusacin muy cogida por los pelos porque cuesta identificar a esa organizacin "con carcter estable" que de manera coordinada habra repartido "tareas o funciones", ms all de unas cuantas reuniones en petit comit en las que ms bien se escudriaba hasta donde estaba dispuesto a llegar el rival poltico antes que repartirse funciones de forma regular.

Sobre la rebelin

En cualquier caso, los temas estrella del juicio sern, sin duda, las acusaciones de rebelin y/o sedicin debido, entre otras cosas, a las largas penas con las que estn sancionados. El primero (art. 472.1, 5 y 7 del CP) puede ser castigado con penas que oscilan entre diez y veinticinco aos de prisin, y lo cometen aquellos que se hayan "alzado violenta y pblicamente" persiguiendo, entre otros, los fines de derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitucin, declarar la independencia de una parte del territorio nacional o sustraer fuerza armada a la obediencia del Gobierno. El segundo, el delito de sedicin (art. 544 y 545.1 del CP), est castigado con penas de crcel que pueden ir de los ocho a los quince aos y lo cometen todos aquellos que indujeran, sostuvieran o dirigieran un alzamiento pblico y tumultuario "para impedir, por la fuerza o fuera de las vas legales, la aplicacin de las Leyes o a cualquier autoridad, corporacin oficial o funcionario pblico, el legtimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales."

Segn el Cdigo Penal, los sediciosos no pueden ser al mismo tiempo rebeldes ya que un delito excluye al otro. La diferencia reside fundamentalmente en los fines perseguidos y, sobre todo, en si el alzamiento ha sido violento o no. La cuestin es muy controvertida incluso entre quienes ejercen la acusacin. Como es sabido, el Ministerio Fiscal estima que se dan todos los elementos del tipo penal de rebelin, mientras que la Abogaca del Estado la excluye y opta por la sedicin. Vox pretende ir ms lejos que nadie, pero tanto celo represor le lleva a incurrir en una contradiccin lgica. Solicita penas muy altas, 25 aos de crcel, para Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Bassa, Rull, Snchez, Cuixart y Forcadell por considerarlos reos del delito de rebelin, pero alternativamente solicita 15 aos de privacin de libertad por el delito de sedicin. Al hacerlo, muestra su escaso convencimiento sobre la aplicacin del primer tipo penal, pues como ya se ha dicho una de las diferencias fundamentales reside en la existencia de violencia y Vox llega a recurrir a un concepto tan nebuloso como el de "violencia latente" para justificar la aplicacin del tipo penal de rebelin.

En ese sentido es oportuno recordar que, segn el artculo 4 del Cdigo Penal, la leyes penales no se aplicarn a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. Eso significa que no se pueden aplicar tipos penales mediante interpretaciones extensivas de los conceptos que los configuran, ni mucho menos por analoga. A eso se debe aadir que, como tambin han escrito con acierto los redactores del manifiesto citado ms arriba: "[...] en Derecho Penal no rige el principio de responsabilidad objetiva sino subjetiva por los propios hechos." Eso significa que los acusadores no slo deben probar que existi un alzamiento violento, sino que ste existi y que su responsabilidad recae en los encausados por rdenes o actos muy concretos que ellos personalmente hubieran dictado o llevado a cabo.

Bien es verdad que hay muy poca jurisprudencia sobre el delito de rebelin porque en los ltimos cuarenta aos ha habido, por suerte para todos, pocas rebeliones y/o pocas denuncias por ese delito. El caso que todo el mundo tiene en la cabeza, el 23-F, se juzg en primera instancia en la jurisdiccin militar y, en un segundo momento, en el Tribunal Supremo a partir de la definicin del delito de rebelin que se haca en el Cdigo Penal de 1973, en la cual no se exiga el requisito de la violencia.

La escasa doctrina jurisprudencial existente al respecto no parece abonar la tesis de la fiscala o de Vox. Los autores del Manifiesto La banalizacin de los delitos de rebelin y sedicin citan una sentencia del Tribunal Constitucional, la STC 199/1987, en la que se dice que "la rebelin se realiza por un grupo que tiene el propsito de uso ilegtimo de armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destruccin o eversin del orden constitucional". Asimismo, en un auto de la Audiencia Nacional, de 21 de diciembre de 2015, mediante el que se archiv un procedimiento penal contra los concejales de un ayuntamiento cataln que haban manifestado su apoyo a una declaracin del Parlament sobre el inicio del proceso de independencia, se estableci que un alzamiento para ser violento deba ir acompaado del "ejercicio de la fuerza fsica, o, cuando el empleo de sta, de resultar necesario de cara a la consecucin de alguno o algunos de los fines indicados en la norma penal, constituya una seria y fundada amenaza, por estar dispuestos los alzados a conseguir aqullos a todo trance, recurriendo inclusive, de as resultar preciso, a la utilizacin o al uso de la misma." Una interpretacin reiterada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Catalua.

No parece que nada semejante sucediera en Catalua en el otoo de 2017. En realidad, se estaba tan lejos de ello que Carles Puigdemont tom la decisin, frustrada despus por la acusaciones de traicin, de convocar elecciones autonmicas para darle una salida poltica mnimamente digna al lo en el que l y los suyos se haban metido con sus actos "unilaterales" y su verborrea mendaz y delirante. Como todos sabemos, Puigdemont opt finalmente por hacer una declaracin de independencia que se puede calificar de simblica si uno quiere ser generoso y condescendiente, o de mamarrachada o bufonada si uno quiere ser serio y riguroso.

Para que una declaracin de independencia no sea una bufonada debe ir acompaada, como mnimo, de movilizacin de fuerzas que intenten, por un lado, fijar las fronteras del territorio que se quiere independizar y, por el otro, expulsar de l a las fuerzas armadas y policiales del Estado frente al cual se lleva a cabo la secesin. La independencia es, antes que nada, una situacin en la que cuentan mucho ms los hechos que las palabras. Es, sobre todo, una situacin de hecho. Por eso, desde sus orgenes, ha habido una relacin tan estrecha entre los estados y las guerras. Josep Fontana lo explicaba de forma pedaggica al sealar que quien de verdad desee la independencia debe estar dispuesto a afrontar una guerra por la independencia. Una guerra que en el caso de Catalua, se puede aadir, se debera llevar a cabo contra los enemigos exteriores e interiores entre los que habra que incluir, segn los resultados en votos de las ltimas elecciones autonmicas del 21-D, a la mayora de los catalanes. De ah tambin el carcter irresponsable y criminal de las declaraciones del nada honorable Quim Torra sobre la va eslovena a la independencia, esto es, sobre la va violenta a la secesin.

Un ltimo argumento contra la aplicacin del delito de rebelin al caso cataln: si la retahla de crmenes perpetrados por ETA desde la muerte de Franco nunca han sido calificados jurdicamente de rebelin, sino de terrorismo, mucho menos se puede considerar as lo ordenado o inducido en Catalua en el otoo de 2017 por las autoridades independentistas.

Sobre la sedicin

La aplicacin del delito de sedicin plantea, a su vez, el interrogante sobre si lo ocurrido en Catalua hace un ao puede ser caracterizado como un alzamiento tumultuario. Los actos que se les pueden atribuir directamente a los encausados son la aprobacin de las leyes de "desconexin" del 6 y 7 de septiembre, la convocatoria del referndum del 1-O y las declaraciones parlamentarias de independencia. Los moderados desordenes pblicos del 20 de septiembre de 2017, cuando una multitud rode el Departamento de Economa para protestar por un registro que estaban llevando a cabo agentes judiciales de la guardia civil, no impidieron y nunca fueron planificados para impedir que los funcionarios ejecutaran dicho registro. Tampoco se los puede calificar de "alzamiento violento" constitutivo del delito de rebelin. Por eso son tan injustas y desmesuradas las acusaciones y la prisin provisional decretadas contra Jordi Cuixart y Jordi Snchez.

Tal vez el intento de referndum del 1-O sea lo que ms dudas pueda plantear jurdicamente sobre la aplicacin del delito de sedicin. Se puede considerar un "alzamiento tumultuario" la accin de muchos miles de personas consistente en intentar votar en un referndum cuya validez jurdica ya haba sido declarada nula por el TC? Y se puede considerar a los encausados personalmente responsables de los tumultos provocados por la accin de la polica que actu a las rdenes del Gobierno espaol? Sin la accin de la polica, el simulacro de referndum habra tenido la misma trascendencia poltica que los referndums convocados por la Liga Norte y fuerzas afines en Italia, en 1997 o en 2014, con los que despus se pretendi legitimar la independencia imaginaria de la Padania o de la Serensima Repblica de Venecia. Personalmente considero que esa parodia de referndum tuvo tan poco de "alzamiento" como el "proceso participativo" del 9-N o las consultas populares por la independencia que comenzaron en Arenys de Munt en 2009. Como muy bien ha dicho el fiscal jubilado Jos Mara Mena: "El nico alzamiento que se hizo [en Catalunya en el otoo de 2017] fue ponerse de pie y cantar Els segadors" (en la entrevista que le hizo Siscu Baiges para Catalunyaplural.cat, publicada el 19 de octubre pasado).

En ltima instancia la cuestin de fondo consiste en tomarse en serio o no a los dirigentes del PDeCAT, ERC, CUP, ANC y mnium Cultural. Quienes compartimos el anlisis que del procs ha hecho el periodista Guillem Martnez (en La Gran Ilusin, Debate, Barcelona, 2016, y en 57 das en Pioln, Lengua de Trapo, Madrid, 2018) como una sucesin de actos propagandsticos sin voluntad real de hacer realidad los grandes objetivos que se proclamaban, no conseguimos ver la rebelin y la sedicin por ninguna parte. Lo que s vemos son los intentos desesperados de agarrarse al poder de los nacionalistas catalanes y de su base electoral, los cuales estiman que poseen una especie de derecho natural y/o un mandato divino para gobernar Catalua.

Todo lo dicho hace caer por su propio peso las acusaciones de rebelin y sedicin, pero tambin las entusiastas versiones de los mismo hechos difundidas por las huestes indepes (y por sus palmeros) que creen haber vivido en 2017 algo parecido a una revolucin o una revuelta. Si fuera as, esas voluntariosas versiones les estaran dando la razn a la fiscala, la Abogaca del Estado y hasta a Vox.

De todos modos, la decisin final al respecto no la tomarn los famosos independentistas hiperventilados, ni sus palmeros autodeterministas, ni tampoco los profesores que hemos firmado el manifiesto sobre La banalizacin de los delitos de rebelin y sedicin. La tomarn los jueces de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Esta circunstancia merece un comentario ms detallado. Continuar.

Fuente: http://www.mientrastanto.org/boletin-175/notas/sobre-el-juicio-al-proces-ii



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