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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-01-2019

Ley colonial y reaccionaria de organizaciones polticas

Arturo D. Villanueva Imaa
Rebelin


Los anlisis y la atencin de la opinin pblica nacional sobre la ley de organizaciones polticas (N 1096 de septiembre de 2018), se han concentrado principalmente en las razones que precipitaron su rpida aprobacin, como en los efectos y consecuencias inmediatas de su aplicacin y puesta en vigencia.

La razn ms obvia y descarada para su rpida aprobacin, ha sido que esta norma es la nueva excusa y el ms oportuno instrumento encontrado por el oficialismo para legitimar su candidatura anticonstitucional y antidemocrtica. Pero al mismo tiempo, ese mismo instrumento le permiti anular, deshacerse y dejar fuera de juego al movimiento ciudadano movilizado que, como un actor protagnico emergente (va plataformas, colectivos y grupos ciudadanos autoconvocados), se haba convertido en una gran pesadilla para el gobierno por su defensa del 21F y la democracia. Tanto as que paralizaron el pas en varias ocasiones.

Ahora bien, al establecer a los partidos polticos (puesto que las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones de las naciones y pueblos indgena originario campesinos solo tienen un alcance subnacional, de carcter exclusivamente departamental, regional o municipal), como las nicas entidades encargadas de mediar y establecer la relacin entre el Estado y la sociedad (como si la poltica solo fuese a expresarse por ese nico canal), no solamente desconoce y desdea las mltiples y diversas formas organizativas y de expresin democrtica que tiene la sociedad boliviana; sino que convierte a los partidos polticos en las nicas organizaciones de expresin y representacin poltica nacional. Es decir, en un instrumento de carcter sectario, discriminatorio y excluyente para toda la poblacin boliviana (por lo dems mayoritaria) que NO es militante de un partido poltico y, por tanto, no forma parte de este aparato elitista de privilegiados que se constituye con la aprobacin de la ley de marras.

La subclasificacin y subalternizacin (Art. 5) que se efecta en la ley 1096 respecto de las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones de las naciones y pueblos indgena originario campesinos, impidindoles actuar y tener representatividad a nivel nacional, y a las que se incluye tambin las otras formas de democracia no representativa [1]; al margen de constituir un acto de jerarquizacin y categorizacin inadmisibles que ponen por encima a los partidos polticos y a la democracia representativa, como si fuesen superiores o cualitativamente mejores; tambin constituye un flagrante asunto de supeditacin colonial y empobrecimiento al ejercicio de la libertad, los derechos polticos y las diversas formas de expresin y decisin democrtica ciudadana.

Todos sabemos que la democracia es el sistema poltico que ms nos acerca al ideal de conseguir cada vez menos Estado y cada vez ms sociedad. Es decir, un sistema donde se cumple la definicin esencial de la democracia: gobierno del pueblo (demos = pueblo; kratos = gobierno). En otras palabras, all donde la soberana reside en el pueblo, en la ampliacin de las libertades individuales y colectivas, y donde el poder est cada vez ms cerca de la sociedad.

Por tanto, cuando en la ley de organizaciones polticas se efecta este ejercicio discrecional por el cual la democracia aparece clasificada y categorizada de acuerdo a unos criterios desconocidos que no se establecen en la norma, menos en la Constitucin; entonces solo podemos concluir que lo que se ha hecho es exactamente todo lo contrario de lo que se espera para perfeccionar, profundizar y mejorar la democracia, el ejercicio poltico y las libertades. Se han formalizado reglas, disposiciones y directrices que en vez de facilitar el ejercicio democrtico, lo constrie; en vez de ampliar y abrir los medios de expresin democrtica, se los limita; y en vez de favorecer y rescatar las diversas formas de decisin democrtica, se los cosifica y uniformiza, para convertir a la democracia representativa (cuyo carcter es solo electivo y circunstancialmente utilizado), como la forma mxima de la democracia. Se trata de una normativa que no puede ser caracterizada sino como retrgrada y reaccionaria.

Y lo es porque si las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones de naciones y pueblos indgena originario campesinos no pueden tener una representacin nacional, y tampoco se reconocen otras formas organizativas (que no sean los partidos polticos), para ejercer sus derechos democrticos, e intervenir polticamente en la sociedad; entonces se est cercenando toda capacidad de actuar y recrear los mecanismos de participacin social de la sociedad en su conjunto. Se rompen los principios de democracia intercultural y pluralismo poltico, para hacer prevalecer la democracia representativa y a los partidos polticos, como los nicos espacios de expresin, ejercicio y actuacin democrtico-poltica.

No es posible imaginarse un acto colonial ms evidente, puesto que supedita todas las otras y diferentes expresiones democrticas y formas organizativas de carcter poltico, a la democracia representativa de carcter liberal, occidental y capitalista, donde solo los partidos polticos tienen la potestad y virtud (artificiosamente asignada) de representar al pueblo.

A pesar de la inclusin de principios detallados en el Art. 3, donde estos mismos solo son aplicables si concuerdan con la categorizacin de nacional o subnacional que se establece para el tipo de democracia y la forma de organizacin poltica que se encuentra en la norma; entonces no existe ningn resquicio para un tratamiento equitativo y respetuoso de la diversidad que entraa el carcter plurinacional del Estado nacional. Se impone una forma de Estado, un tipo de democracia y una forma organizativa que solo refleja el modo occidental predominante.

En trminos ms corrientes, se trata de una ley cuyo contenido responde a una lectura estrictamente academicista, sistmica y partidocrtica, alejada de la realidad nacional, que desconoce e ignora los avances y las diferentes formas de expresin democrtica y poltica que tiene el pas. Donde la categorizacin establecida solo es producto de una intencionalidad poltica preestablecida en el afn, por una parte, de regular y uniformizar la diversidad y pluralidad de expresiones democrticas y organizativas del pas; y por otra, de supeditarlas respecto de los partidos polticos y la democracia representativa occidental. Es sistmica, porque corresponde y se asimila a una visin de la modernidad donde el partidismo y la partidocracia son predominantes. Es decir, un modelo en el que la forma de hacer poltica reproduce el carcter jerrquico y vertical del sistema.

Tanto es as, que al predominar la partidocracia y el partido poltico como referentes principales de la actividad poltica, tambin prevalece la visin clasista que ignora prcticas, actores y formas de administracin del poder de base territorial y cultural, donde las claves de interpretacin y relacionamiento con el poder y el Estado son diferentes. Donde el ejercicio democrtico adquiere un carcter social y comunitario, ms all de lo estrictamente individual y ciudadano que caracteriza el sistema occidental predominante.

No por nada hay un vaco evidenciado en el total desconocimiento de la realidad nacional y de las diferentes formas de hacer poltica, puesto que se ignor la emergencia de nuevos actores sociales protagnicos en el escenario nacional. Es el caso de movimientos sociales, plataformas, colectivos y grupos sociales organizados. Mismos que ejerciendo derechos democrticos y polticos, desplazaron e hicieron caducos a los partidos polticos en vista de su inoperancia e incapacidad para canalizar, articular y mucho menos dirigir las movilizaciones, la resistencia y las mltiples formas de interpelacin del poder. Y sin embargo, a pesar de todo ello, no fueron contemplados en la ley a la hora de definir nuevos tipos de representacin poltica nacional.

Finalmente, dado que no se han tomado en cuenta especificidades esenciales y particulares del contexto poltico y democrtico de Bolivia, cabe preguntarse por qu una ley de organizaciones polticas de semejante centralidad partidocrtica (y no solo partidista), si nadie quiere saber de ellos?. Por qu si se sabe perfectamente que no resuelven los problemas entre la sociedad y el Estado y tampoco son los protagonistas centrales de la poltica en el pas, en vista de que este rol ha sido arrebatado por movimientos sociales, plataformas y otras formas de expresin poltica?. Por qu finalmente, si han perdido la capacidad para canalizar, articular y mucho menos dirigir la interaccin y relacionamiento de la sociedad con el poder y el Estado, de acuerdo a las funciones convencionalmente atribuidas?.

Dependiendo de las respuestas a estas preguntas, seguramente se encontrarn nuevos y mayores argumentos de comprensin de la ley de organizaciones polticas, as como nuevos elementos de anlisis sobre sus efectos y consecuencias para la democracia y la actividad poltica en el pas. En todo caso, stas nunca podrn consignarse como un aporte a la profundizacin de la democracia, y mucho menos a la transformacin y cambio que dice encarar el actual gobierno frente al sistema imperante. Si la poltica es el medio fundamental de relacionamiento entre el Estado y la sociedad, y por la cual se define el tipo de democracia a construir; entonces la ley de organizaciones polticas debera al menos haberse planteado superar el carcter colonial y retrgrado que se ha podido establecer. Y es que si la ley ni siquiera cuestiona las relaciones de poder existentes, mucho menos puede esperarse que plantee su transformacin.

Nota:

[1] Se hace referencia a la democracia comunitaria y a la democracia directa y participativa incluidas en los Arts. 10 y 11 de la ley, pero que originalmente estn reconocidas en la Constitucin Poltica del Estado.

Arturo D. Villanueva Imaa. Socilogo, Cochabamba Bolivia

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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