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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-01-2019

General Mario Montoya ante la JEP
Oportunidad para la verdad o estrategia de impunidad?

IPC


Nada volvi a ser igual en la vida de Jos Alexander Castro luego de esa fatdica tarde del 23 de octubre de 2006. Promediando la una de la tarde de ese da recibi una llamada que lo devast por completo. Desde Campamento, un pequeo pueblo escondido en las montaas del norte de Antioquia, un familiar lo llam para contarle que su to, Jhon Fredy Navarro Martnez; y su hermano, Humberto de Jess Pulgarn Castro, yacan muertos en la placa polideportiva del corregimiento Cedeo, de Yarumal.

De inmediato report a sus jefes que no ira a trabajar ese da y quizs los prximos, pues deba viajar con urgencia desde Medelln, donde todava reside, hacia Yarumal. Ah comenz su tragedia. Al llegar a este municipio, miembros de la Polica le contaron que sus familiares haban sido dados de baja en un combate que sostuvieron soldados del Batalln de Infantera No. 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la IV Brigada del Ejrcito con sede en Medelln, con miembros de la guerrilla del ELN, en la vereda La Concha, de Campamento, donde residan los dos occisos.

Las autoridades militares le contaron tambin que a su hermano y a su to les haban encontrado al momento de su muerte material de guerra como un revlver calibre 38, dos granadas de mano tipo IM26, mecha lenta, cordn detonante y dinamita. Asesinos, ustedes son unos asesinos, fue lo que les respondi Jos Alexander a los militares una vez le entregaron los cuerpos. Su indignacin no era para menos. Adems del convencimiento pleno de que sus familiares no eran guerrilleros, amigos y vecinos de la vereda La Concha le contaron una versin de los hechos muy diferente de la relatada por los soldados.

Ellos (los soldados) llegaron muy temprano a la vereda y rodearon la finca de mi to (Jhon Fredy). Cuando l sali a su faena de ordeo, cosa que haca todos los das, vio a los soldados y se devolvi para la finca, asustado. Ah fue cuando lo cogieron y lo aporrearon, relata Jos Alexander. En la finca estaba mi hermano (Humberto). Los soldados revolcaron toda la casa, toda, buscando armas, panfletos, cosas de esas. Incluso, mi hermano tena cuatro millones de pesos ahorrados porque su mujer estaba en embarazo y los soldados se llevaron esa plata.

Los soldados, contina su relat Jos Alexander, se llevaron a mi hermano y a mi to hacia la carretera que lleva hasta el pueblo. Ah comenzaron a hacer tiros al aire, tal vez para simular un combate. Y ah fue cuando les dispararon a quema-ropa. Luego consiguieron un carro para que se llevara los cuerpos hasta Cedeo. Ah los dejaron tirados, a la intemperie. Cuando habl con el fiscal en Yarumal me preguntaba cosas como: hace cuanto que mis familiares pertenecan al ELN? y cosas as. Fue humillante. Las personas que ms quera en la vida, campesinos, trabajadores, asesinados y presentados como guerrilleros. Fue muy duro.

El regreso a Medelln no estuvo exento de dificultades. Cmo les dije esas cosas a los soldados, pues ellos comenzaron a hacerme unos seguimientos muy extraos en Yarumal. Tanto que me toc hablar con la Procuradura Provincial (con sede en este municipio), contar all lo que me haba pasado, decirles que me estaban siguiendo y que tema por mi vida. Y fue la nica institucin que me ayud gestionando con la Polica para que me escoltaran para salir del pueblo.

Otra oportunidad de justicia

Desde marzo de 2009 Jos Alexander es miembro del Movimiento Nacional de Vctimas de Crmenes de Estado Movice-. Dice que all encontr la mano tendida que no hall en las entidades del Estado como la Fiscala. De hecho, fueron miembros del Movice los que le sugirieron que interpusiera una accin de tutela para que su caso pasara del Juzgado 22 de la Justicia Penal Militar -donde nunca avanz- a manos de la justicia ordinaria, como en efecto sucedi.

Sin embargo, la decisin no signific acceso a justicia, a verdad, mucho menos reparacin. Desde que fue asumido por la Fiscala Especializada de Derechos Humanos, en 2009, el caso de Jos Alexander ha pasado por tres fiscales, lo que significa que cada que cambian de fiscal hay que comenzar de cero. Es decir, el caso sigue en la impunidad. Cmo ser que el comandante del pelotn responsable de los hechos, el Teniente Coronel, Jos Luis Contreras Manosalva, fue dado de baja del Ejrcito y nadie sabe su paradero, explica Jos.

Ahora se abre para l un nuevo escenario para buscar justicia, reparacin, pero ante todo la verdad que tantos aos lleva buscando. Su caso fue admitido dentro del proceso que la Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP) adelantar contra un nutrido grupo de militares por casos de ejecuciones extrajudiciales. Hasta la fecha, segn la Secretara de la JEP, unos 2.159 miembros de la fuerza pbica se han presentando ante esta jurisdiccin, de los cuales 2.019 son miembros del Ejrcito Nacional, 34 de la Polica y 16 de la Armada Nacional. Ello ha significado, a su vez, que unos 965 uniformados ya recibieron el beneficio de la libertad transitoria, anticipada y condicionada. De ellos, 944 son del Ejrcito Nacional, ocho miembros de la Polica Nacional y 13 de la Armada Nacional.

Entre los militares que decidieron acogerse a la JEP figuran 20 coroneles y cinco generales, siendo el Brigadier General (r) del Ejrcito, Mario Montoya Uribe, el militar de ms alto rango que se somete a esta justicia transicional.

Su presentacin ante la JEP despert gran expectativa entre vctimas de ejecuciones extrajudiciales como Jos Alexander, pues se espera que sus declaraciones ayuden a esclarecer este oscuro captulo del conflicto armado interno sobre el cual hay un gran manto de impunidad. Cmo no va saber l qu pasaba con la tropa, si en el Ejrcito no se mova una aguja sin su orden, dice Jos.

Segn Human Rights Watch, entidad que ha seguido de cerca el tema de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, este Alto Oficial fue uno de los principales promotores de la poltica de otorgar estmulos a los militares que registraran ms bajas en combate, razn por la cual las cifras de este flagelo mostraron notables incrementos en cada una de las divisiones y brigadas donde estuvo.

De hecho, un documento interno del Batalln de Ingenieros No. 4 Pedro Nel Ospina, denominado rden del da No. 73, de fecha del mircoles 5 de abril de 2006, que consigna las tareas cotidianas para esta unidad castrense, es enftico en reiterar las polticas del Mayor General Montoya, comandante de las Fuerzas Militares. Entre ellas se destacan la de mantener la dinmica de guerra, evaluar los comandantes por sus resultados, recordar que las bajas es la mejor accin integral porque potencializa la moral de la tropa y, la ms llamativa de todas: las bajas no es lo ms importante. Es lo nico (sic).

Al respecto, una documentacin de casos realizada por la Coordinacin Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), muestra que entre 2002 y 2010 se reportaron en todo el pas unas 5.763 personas presuntamente asesinadas por miembros de la Fuerza Pblica, que luego fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate. De ellas, unas 1.440 muertes (el 25%) ocurrieron en Antioquia, siendo el departamento con el mayor nmero de vctimas de este atroz crimen.

El detalle radica en que, entre el 1 de enero de 2002 y el 15 de diciembre de 2003, mientras Montoya Uribe se desempe como comandante de la IV Brigada del Ejrcito con sede en Medelln, se denunciaron ms de 200 casos de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia. Las denuncias por este atroz crimen superaron las 600 entre el 15 de diciembre de 2003 y el 28 de abril de 2005, tiempo en que se desempe como comandante de la Primera Divisin del Ejrcito. Mientras que cuando fue comandante general del Ejrcito Nacional (marzo de 2006 noviembre de 2008), las vctimas llegaron a ms de 2.000 personas en todo el pas, segn el estudio de la CCEEU.

Habr verdad?

El pasado 17 de octubre, el general (r) Mario Montoya compareci ante la JEP para ratificar su sometimiento a este sistema de justicia transicional creado tras la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc. Si bien ello garantiza que el Alto Oficial comparecer ante los magistrados de la Jurisdiccin las veces que sea citado, particularmente para declarar en el Expediente 002 ejecuciones extrajudicales-, el hecho est lejos de ser una noticia positiva para las vctimas y para las organizaciones defensoras de derechos humanos.

En sus demandas las vctimas exigen la verdad sobre los hechos ocurridos durante las operaciones militares en la Comuna 13 de Medelln en el ao 2002, en medio de los cuales fueron asesinadas y desaparecidas ms de un centenar de personas.

De entrada, el general (r) Montoya dijo que se presentaba ante la JEP para demostrar su inocencia; es decir, no reconoce hechos y no acepta responsabilidad. Eso quiere decir que su caso llegar a la Sala de No Reconocimiento de la JEP y ser la Unidad de Investigacin la que recoja pruebas, lo acuse ante los magistrados y deber ser vencido en juicio, explica Sergio Arboleda, abogado representante de Jos Alexander e integrante de la organizacin defensora de derechos humanos Corporacin Jurdica Libertad.

Lo anterior, asevera Sergio, si bien constituye un avance, tambin despierta preocupaciones pues llevamos ms de 15 aos intentando que haya justicia en los casos de ejecuciones extrajudiciales y ahora imaginamos que tarderemos unos buenos aos en un juicio adversarial contra el general Montoya, que sabemos que ser difcil, complicado. Igual percepcin tiene Pilar Castillo, abogada de la Asociacin Minga y representante de vctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Nos preocupa que el general se presenta a la JEP, segn l, para probar su inocencia. De ah en adelante no podemos esperar mucho. Las expectativas de las vctimas se ven muy coartadas de entrada, asevera Castillo, quien aade que es preocupante que este seor haya acudido a la JEP ms como una forma de blindarse contra la justicia internacional, que lo tiene en la mira, que para aportar verdad. Pero nos preocupa an ms que la justicia ordinaria, teniendo suficiente material probatorio contra este seor, no haya hecho ninguna imputacin de cargos.

La abogada record que la Fiscala Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia viene adelantando una investigacin contra el general (r) Montoya Uribe por ejecuciones extrajudiciales, donde ya se reconocieron ms de 100 vctimas y donde se ha acopiado abundante material probatorio que incriminara al Alto Oficial, y si bien la Fiscala Primera cit a una audiencia preliminar en 2016, (general) Montoya pidi aplazamiento, luego cambiaron al Fiscal hace dos aos, y el nuevo fiscal dice que est a la espera de resolver juridicamente qu hacer: si continuar con el caso o enviarlo a la JEP. Conclusin, el caso est en veremos.

Verdades que aguardan

No es la nica investigacin que cursa en la justicia ordinaria contra Montoya Uribe. Adriana Arboleda, abogada de la Corporacin Jurdica Libertad, recuerda que el Alto Oficial viene siendo investigado por la Fiscala Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y por violaciones a los derechos humanos denunciadas durante el desarrollo de la Operacin Orin, operativo conjunto de Fuerzas Militares, Policia, Fiscala y Fuerza Area realizado entre el 16 y el 18 de octubre de 2002 contra milicias guerrillas en la Comuna 13 de Medelln.

Segn Arboleda, sta y las otras 22 operaciones miliares llevadas a cabo ese ao, constituyen otro espinoso tema sobre el que, se espera, hable el general Montoya, pues en la planeacin y ejecucin de estos operativos participaron tropas de la IV Brigada del Ejrcito al mando del Alto Oficial. 16 aos despus de los hechos, las sombras y los interrogantes que rodean la ejecucin de operaciones como Orin continan siendo grandes y graves: Participaron los paramilitares en su planeacin, como lo manifest en su momento Diego Fernado Murillo, alias Don Berna? Cmo lograron instalarse los comandos del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) luego de la intervencin estatal si era un territorio altamente militarizado? Dnde estn las personas reportadas como desaparecidas?

Cabe recordar que por las irregularidades e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas durante la Operacin Orin, la Procuradura inhabilit por cinco aos al entonces comandante de la Polica Metropolitana del Valle de Aburr, general Leonardo Gallego, quien, junto con Montoya, comand el operativo.

Las cifras son bastante dicientes: Los reportes de diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en sealar que las acciones desarrolladas por los ms de 1.500 hombres de la Fuerza Pblica durante los tres das que dur la Operacin Orin dejaron un saldo de 80 civiles heridos; 71 personas asesinadas por grupos paramilitares y 17 personas muertas por fuego de fuerzas estatales; as como 300 detenciones arbitrarias.

Pero las consecuencias ms dolorosas de esta Operacin vinieron despus. Tras la expulsin de las milicias, el Bloque Cacique Nutibara impuso un rgimen de terror que se materializ en la macabra prctica de la desaparicin forzada. Segn la Corporacin Jurdica Libertad, existen reportes que dan cuenta de 91 personas desaparecidas forzosamente entre noviembre de 2002 y febrero de 2005. Slo en el mes de octubre, cuando se realizaron los operativos militares, se reportaron 15 casos. Pero se habla de que pueden ser por lo menos 300, advierte Arboleda.

Este caso es un gran desafo para la JEP porque, as como nosotros cuestionamos ese operativo, as como nosotros decimos que fue el inicio de un proyecto estratgico de control paramilitar, hay quienes defienden a capa y espada la Operacin Orin, dice la jurista, quien aade que la JEP deber analizar todas las pruebas e indicios que aporten las partes: las vctimas, las organizaciones, el Ejrcito.

Ahora bien, hay que sealar que el panorama de la Comuna 13 es mucho ms complejo ya que Orin no fue el nico operativo realizado en el 2002 y eso deber ser tenido en cuenta por la justicia para analizar las prcticas de vulneracin sistemtica de derechos humanos que vena cometiendo la fuerza pblica en esa comuna. Los datos de las organizaciones de derechos humanos reportan que entre febrero y octubre de 2002 se realizaron ms de 20 operaciones militares en esa comuna. A cada una se le asign un nombre que era tomado de la primera letra del mes. Entre las ms recordadas estn las operaciones Mariscal, en mayo; Antorcha, en agosto; y Orin, en octubre.

Otro rincn de Colombia donde esperan que el general Montoya aporte verdad es en Bojay, Choc. Hoy, gracias a los testimonios de exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) postulados a la Ley de Justicia y Paz, se sabe que los 119 civiles que fallecieron la trgica noche del 2 de mayo de 2002 quedaron en medio de un intenso fuego cruzado entre la guerrilla de las FARC y el Bloque lmer Crdenas de las AUC. Lo que an no resuelve la justicia es cmo llegaron hasta all los paramilitares si para ello, debieron pasar varios puestos de control de Polica y Ejrcito, estos ltimos adscritos a la IV Brigada del Ejrcito, en aquel entonces comandada por Montoya.

Un informe especial publicado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pocas semanas despus de la masacre, que reconstruye los hechos, recoge testimonios y plantea recomendaciones, tambin manifest dicha preocupacin al consignar que de acuerdo a la informacin obtenida, el 21 de abril de 2002, un nmero no inferior a siete embarcaciones que transportaban un total aproximado de 250 paramilitares arrib a Bellavista, cabecera municipal de Bojay, y Viga del Fuerte, provenientes de Turbo. Para realizar ese recorrido, las embarcaciones deben pasar los puestos de control de la Fuerza Pblica ubicados en Punta de Turbo (retn permanente de la Marina que exige la presentacin de documentacin y una requisa), en la entrada de Riosucio, (retn permanente de la Polica Nacional) y en la salida de Riosucio hacia Bellavista, (retn permanente del Ejrcito). No se registraron incidentes ni detenciones en ese recorrido.

Los testimonios recogidos por los funcionarios de ONU, dejaban entrever una estrecha relacin entre los paramilitares y miembros de la fuerza pblica: varias declaraciones de pobladores de Bellavista y Viga del Fuerte coincidieron en sealar que, desde la llegada del Ejrcito Nacional, la presencia de paramilitares se hizo evidente en los cascos urbanos. Cabe mencionar que muchos de ellos fueron vistos utilizando ropa y enseres sustrados de las viviendas abandonadas de Bellavista.

Asimismo, entre las conclusiones, el informe seal que para la Oficina es preocupante el hecho de que no hubiera habido actuacin de la fuerza pblica ante el paso de los paramilitares por los retenes y puestos de control en el recorrido que hicieron desde Turbo hacia Viga del Fuerte. En estos casos la omisin del Estado puede constituir una violacin a los derechos humanos y comprometer la responsabilidad estatal por las acciones de esos grupos ilegales.

El informe asever tambin que preocupan a la Oficina las declaraciones de autoridades civiles y militares que en el caso del Medio Atrato negaron tanto la existencia de combates entre paramilitares y guerrilleros, como la presencia de grupos paramilitares en la regin () La evaluacin de la responsabilidad estatal debe hacerse extensiva a los hechos del 9 y 10 de mayo, referidos a la llegada a Viga del Fuerte de avionetas con miembros de las AUC y a las denuncias de reuniones celebradas all entre paramilitares y miembros de las fuerzas castrenses. De ser confirmadas, estas actuaciones pondran de presente una participacin directa de agentes del Estado en las actividades criminales de un grupo armado al margen de la ley.

Son precisamente estas versiones las que aguardan por verdad. Qu esperamos las vctimas? Que ese seor diga la verdad, porque ese seor debe sabe muchas cosas. Cmo le dije, cmo no iba saber lo que estaba pasando si era el mximo jefe del Ejrcito, si era l que daba todas las rdenes. Yo, la verdad, no anhelo que ese seor pague 15 o 20 aos de crcel. No, yo espero verdad, por qu hicieron lo que hicieron. Esa sera la mejor manera de hacer justicia, sostiene Jos Alexander Castro.


Fuente original: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2019/01/02/general-mario-montoya-ante-la-jep-oportunidad-para-la-verdad-o-estrategia-de-impunidad/



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