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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-01-2019

La Carta Democrtica de la OEA contra el Sandinismo

Atilio A. Boron
Rebelin


La Secretara General de la OEA est promoviendo la aplicacin de la Carta Democrtica Interamericana en contra del gobierno de Nicaragua. Este instrumento fue creado como un dique de contencin en contra de los recurrentes golpes de Estado que atribularon la historia de los pases latinoamericanos. Supuestamente debera ser un mecanismo de defensa para gobiernos que se encuentran bajo la amenaza de una ofensiva desestabilizadora que podra tener como resultado la quiebra del orden institucional. Su Artculo 17 dice explcitamente que Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que est en riesgo su proceso poltico institucional democrtico o su legtimo ejercicio del poder, podr recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservacin de la institucionalidad democrtica. Es decir, reconoce en el gobierno del pas afectado la prerrogativa de solicitar el apoyo de la comunidad interamericana cuando se encuentra bajo asedio. Tal cosa no ha ocurrido en el caso que nos ocupa y la Secretara General de la OEA actu por cuenta propia violando explcitamente lo que enuncia este artculo.

El apartado siguiente avanza un poco ms en este asunto y estableceque Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso poltico institucional democrtico o el legtimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podr, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un anlisis de la situacin. Ya las cosas cambian: ahora es la OEA (es decir, el Ministerio de Colonias de EEUU) quien est facultada para decidir si el poder se ejerce legtimamente en un pas o si su marco institucional est en peligro. Claro que an se requiere el consentimiento previo del gobierno afectado que, reiterarmos, no le fue concedido a la OEA. En el artculo siguiente, el 19, se avasalla an ms la soberana y autodeterminacin nacionales pues establece que la ruptura del orden democrtico o una alteracin del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrtico en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstculo insuperable para la participacin de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General. Pero es el Artculo 20, que hoy se yergue como una amenaza sobre el gobierno sandinista, quien dice exactamente lo que Washington siempre quiso dejar sentado por escrito, a saber: En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteracin del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrtico, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podr solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciacin colectiva de la situacin y adoptar las decisiones que estime conveniente. Esto no es ni ms ni menos que la codificacin legal de la Doctrina Monroe, el estatuto que legaliza la intervencin de Estados Unidos, en su calidad de custodio ltimo de la democracia, en cualquier pas del sistema interamericano.

Lo anterior es la parte resolutiva de la Carta, y ya volveremos a ella. Pero veamos ahora los antecedentes, que son importantes porque all se establece la doctrina de fondo sobre la democracia que la Carta dice defender. As, en su artculo 3 estipula que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujecin al estado de derecho; la celebracin de elecciones peridicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresin de la soberana del pueblo; el rgimen plural de partidos y organizaciones polticas; y la separacin e independencia de los poderes pblicos. Y en el 4 se afirma que Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestin pblica, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresin y de prensa. Por supuesto, sucesivos items hablan de la necesidad de preservar el respeto de los derechos humanos en su carcter universal, indivisible e interdependiente y por supuesto, como lo determina el artculo 9, la eliminacin de toda forma de discriminacin, especialmente la discriminacin de gnero, tnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, as como la promocin y proteccin de los derechos humanos de los pueblos indgenas y los migrantes y el respeto a la diversidad tnica, cultural y religiosa en las Amricas. Y en su artculo 12 queda se declara, taxativamente, que La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidacin de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creacin de empleo productivo, la reduccin de la pobreza y la erradicacin de la pobreza extrema, teniendo en cuenta las difere2ntes realidades y condiciones econmicas de los pases del Hemisferio.

Toda esta tediosa enumeracin es indispensable porque resulta que la iniciativa de intervencin de la Secretara General para restablecer el orden institucional en Nicaragua fue hecha nada menos que por los gobiernos de Argentina, Colombia y Per, mientras Estados Unidos operaba tras las bambalinas para que sus lacayos pasaran al ataque. No hace falta ser un premio Nobel en ciencia poltica para caer en la cuenta que si hay pases que incumplen con los fundamentos doctrinarios de la democracia tal cual se manifiesta en la Carta esos pases son los que hoy se erigen en jueces para someter al gobierno sandinista a una posible condena de la OEA. Veamos:

Con qu cara el seor Mauricio Macri puede atreverse a impulsar una sancin en contra de Nicaragua cuando ha arrasado el Estado de Derecho en la Argentina, recortado casi hasta el lmite absoluto la libertad de prensa, provocando el rpido aumento de la pobreza, pisoteando los derechos sociales y criminalizando la protesta social, desinvertido en educacin, denunciado a los organismos de derechos humanos por el negocio (un curro, en lenguaje vulgar de la Argentina) que esconde su activismo; persiguiendo con saa a los mapuche, e inventando supuestas guerrillas armadas de ese pueblo originario para justificar una indita, en democracia, escalada represiva? 1En breve: el denunciante viola cada una de las condiciones que la Carta fija como esenciales para la vida democrtica y por lo tanto est moralmente descalificado para opinar sobre la calidad de la democracia en ningn pas del mundo.

Lo mismo vale decir en relacin al gobierno de Ivn Duque en Colombia, porque si hay un pas en donde la democracia, an en su grado ms elemental ha brillado por su ausencia ese pas es Colombia. Un estado que hace ms de cincuenta aos mont un tinglado pseudodemocrtico para ocultar, detrs de su parafernalia protocolar y leguleya, la brutal dominacin de una oligarqua violenta y profundamente enemiga de la democracia como pocas en Latinoamrica. Un Estado penetrado hasta sus races por el paramilitarismo y el narcotrfico, al punto tal que junto con el Mxico de Pea Nieto eran considerados por los politlogos como dos de los ejemplos ms desgraciados de involucin hacia un narcoestado. Un pas cuyo gobierno asiste impasible a la migracin forzada de casi 8 millones de personas desplazadas por paramilitares y narcos y por un conflicto armado que el gobierno jams quise seriamente resolver violando metdicamente los acuerdos de paz. Un gobierno que ha sometido por completo a los dems poderes del Estado y que consiente un monopolio de facto de la prensa grfica, radical y televisiva que hace que las colombianas y los colombianos estn blindados mediticamente, desinformados de lo que ocurre dentro y fuera de Colombia, pas en el cual, segn la Defensora del Pueblo, se reportaron 331 lderes asesinados entre enero de 2016 y agosto de 2018 a lo que se aade un nmero indefinido de otros que fueron ejecutados y que no fueron reportados como asesinatos polticos sino como vctimas de reyertas callejeras.2

Sin llegar a esos extremos, no muy diferente es la situacin del Per, cuya deuda social para con los pueblos originarios es enorme y de siglos; un pas en donde slo una nfima minora de los adultos mayores accede a una irrisoria pensin; con millones de exiliados producto de la pobreza y la inseguridad y en donde la corrupcin gubernamental ha hecho estragos al punto tal que los 5 ltimos presidentes estn o bien fugados, como Alejandro Toledo en Estados Unidos; o en la crcel (Ollanta Humala) o indultados pero con casi seguro retorno a la crcel, caso de Alberto Fujimori; o procesados, como Alan Garca (que intent infructuosamente asilarse en la embajada del Uruguay en Lima pocas semanas atrs) o Pedro Pablo Kuczynski. 3Pese a ello el gobierno del Per se siente con autoridad moral para iniciar una accin punitoria en contra de Nicaragua por la violacin del orden constitucional en que habra incurrido el gobierno sandinista.

En resumen, la decisin de la Secretara General de la OEA viola los fundamentos de la propia Carta Democrtica de esa institucin y es el ignominioso reflejo de un mandato emanado desde la Casa Blanca que anhela con impaciencia volver a apoderarse de Nicaragua. Eso es lo nico que importa en Washington, sobre todo despus de conocido el inters de China en construir un nuevo paso biocenico que no estara controlado por Estados Unidos ni rodeado de bases militares de ese pais. Esto no implica minimizar la gravedad de la situacin que se ha producido en Nicaragua desde Abril del ao pasado, pero pecara de una imperdonable ingenuidad quien creyera que la violenta oposicin al gobierno de Daniel Ortega y los graves disturbios ocurridos son obra exclusiva de ciudadanos que slo desean vivir en democracia y libertad. Habr una porcin, engaada, que seguramente ha decidido combatir al gobierno sandinista apelando a la violencia. Pero quienes erigieron las barricadas y enfrentaron a mano armada a las fuerzas del orden no eran ciudadanas o ciudadanos corrientes ni prolijos estudiantes universitarios. Haba algunos, obvio; pero quienes empuaban armas de grueso calibre y tiraban a matar eran mercenarios y sicarios, no la pacfica y amable gente comn de ese pas. La metodologa del combate demostraba claramente la presencia del mismo director de orquesta que haba montado las violentas guarimbas en Venezuela en 2014 y 2017. E inclusive, segn algunos muy atentos observadores, algunos de los que produjeron graves desmanes en el pas sudamericano reaparecieron en Nicaragua. No hay que olvidar que las protestas comenzaron como respuesta a una fallida reforma al sistema de pensiones torpemente presentada por el gobierno ante la opinin pblica. Del rechazo al nuevo sistema se pas a la exigencia de la inmediata salida del presidente Ortega -otra vez la salida, como exiga la oposicin venezolana como condicin para negociar con el Presidente Nicols Maduro!- a causa de la indignacin desatada por la violenta e innecesaria represin del gobierno contra los manifestantes.

Como de costumbre el clima de opinin fue convenientemente manipulado mediticamente por los centenares de tentculos del gobierno de EEUU (desde ONGs de difana e inocente apariencia hasta partidos de ocasin, pasando por lderes polticos y periodistas comprados o alquilados por el imperio) que jams ha hecho una propuesta a favor de la democracia en nuestros pases y que peridicamente se arroga el derecho de ser el encargado de instaurar la democracia en Nuestra Amrica y tumbar gobiernos que, segn su opinin, no lo sean. Por eso la Casa Blanca ha lanzado un ataque frontal para acabar con el sandinismo pese a que, antes de esta ofensiva desestabilizadora, era el pas ms estable de Centroamrica, con un ndice de Desarrollo Humano segn el PNUD superior al de Honduras, Guatemala, Guyana y Hait y apenas inferior al de El Salvador. Pero claro, en ninguno de esos pases el orden institucional y poltico est en peligro, pese al escandaloso fraude de las elecciones hondureas y sus secuelas que perduran hasta el da de hoy. 4 Tambin era Nicaragua el pas que ms haba progresado en materia de combate a la pobreza y la desigualdad y el de menor inseguridad ciudadana de toda Centroamrica. Con una tasa de 7 homicidios por 100.000 habitantes Nicaragua apareca en el 2017 superando ampliamente a Costa Rica (12.1 homicidios por 100.000 habitantes), Guatemala (26,1 por 100.000), Honduras (42,8 por 100.000), El Salvador (60 por 100.000). A modo de comparacin la tasa para la Argentina fue, en ese mismo ao 2017, de 6 por cada 100.000 habitantes. Pese a estos datos, el problema es Nicaragua, no los dems. 5

Para concluir, la mencin de estos logros algunos de los tantos- no pretende ocultar los errores cometidos por el gobierno sandinista en los ltimos tiempos. A mi juicio los principales son un preocupante distanciamiento de sus propias bases sociales; el enclaustramiento del grupo dirigente; una llamativa dificultad para leer lo que est ocurriendo en la sociedad y una sorprendente falta de reflejos para evitarno reaccionar con imprudencia y violentamente ante una provocacin del imperio. Pero estamos hablando de un pas al cual el gobierno de Estados Unidos le ha declarado una guerra. No slo promoviendo la violencia y el caos social, para luego aplicar la ayuda humanitaria y precipitar un sangruiento cambio de rgimen sino a travs de una pieza legal, la NICA Act, mediante la cual se establece que el gobierno de EEUU debe vetar cualquier tipo de ayuda econmica o financiera hecha por los bancos o agencias de desarrollo operando en el hemisferio. Esta ley concit el masivo repudio de la opinin pblica de Nicaragua donde un 84,8 por ciento consider que la "NICA Act" perjudicaba a la democracia de Nicaragua.6

Todo lo anterior, desde la iniciativa de la OEA y su inmoral Secretario General hasta la promocin de desrdenes y disturbios violentos pasando por la sancin de la NICA Act son eslabones de una luctuosa secuencia de agresiones estadounidenses contra un pequeo pas y un pueblo valiente que desde tiempos inmemoriales la burguesa norteamericana intent apoderarse y someter a su dominio. Y ante esta crtica coyuntura no hay lugar para titubeos o medias tintas: o se est con el gobierno sandinista, con todos sus yerros y limitaciones; o se est al servicio del imperio y abriendo las puertas a la instalacin de un tenebroso protectorado yankee en la tierra de Sandino, como antes lo hicieran instalando la dictadura de Anastasio Somoza y asesinando a Augusto Csar Sandino. Enfrentado a esta disyuntiva el autor de estas lneas no tiene la menor duda. Primero hay que derrotar al imperialismo y desbaratar su estrategia golpista, modelo Libia de Gadafi. Una vez logrado ese objetivo, avanzar por la senda de revolucionar la revolucin sandinista, corregir lo que se hizo mal y profundizar lo mucho que se hizo bien, que no es poco para un pas de la convulsionada Centroamrica.

Notas:

1 http://elpais.com/tag/c/47f26f55c557055ec93f5d32f7b17582

2 http://colombia2020.elespectador.com/pais/agresiones-contra-lideres-sociales-antes-y-despues-del-acuerdo-de-paz

3 http://www.latercera.com/mundo/noticia/cinco-expresidentes-peru-la-mira-la-justicia/408929/

4 http://cnnespanol.cnn.com/2017/03/27/este-es-el-pais-latinoamerica-con-menor-desarrollo-humano/

5 https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-de-insight-crime-sobre-homicidios-en-latinoamerica-en-2017/ InSight Crime es una ONG especializada en el estudio de la criminalidad organizada en Amrica Latina. Esta institucin tiene ligazones informales con la American University de los Estados Unidos, localizada en Washington DC. No es precisamente una fuente amiga del gobierno sandinista.

6 http://www.telesurtv.net/news/Mayoria-de-nicaraguenses-rechaza-la-Nica-Act-20180104-0056.html

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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