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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-01-2019

Nicaragua
La normalizacin de un rgimen gansteril

Ernesto Herrera
Correspondencia de Prensa


Se trata, apenas, de una descripcin. Sin la pretensin de ofrecer una lectura de la tragedia que ocurre. Ni de analizar con precisin una crisis socio-poltica de imprevisible desenlace.

Evidente. Ya no se ven tranques (barricadas) La rebelin popular que estall el 18 de abril y se prolong por varios meses, fue aplastada. El saldo de la masacre es inocultable: 325 muertos (el rgimen reconoce 199), 2.000 heridos, 600 presos polticos, decenas de desaparecidos, 350 mdicos despedidos de los hospitales pblicos. Ms de 30.000 exiliados en Costa Rica. En el campo la cacera fue salvaje y varias zonas rurales se mantienen an militarizadas por el Ejrcito y la Polica.

Las organizaciones sociales, (estudiantes, territoriales, y otras) se han replegado. Muchos de sus liderazgos previos, tanto como los surgidos en medio de la insurreccin, fueron asesinados o estn en las crceles. Igualmente, centenares de activistas (imposible estimar cuntos) se mantienen en la clandestinidad, refugiados en barrios perifricos, cobijados por familias y amigos, camuflados en diversas instituciones de la sociedad civil.

El argumento de una protesta masiva, cvica sobre pacfica, por ser genuino, debe ser sostenido por aquellos/aquellos comprometidos con la incondicional solidaridad. Sin dejar de resaltar la otra cara de la formidable lucha democrtica: los miles de jvenes, mujeres y pobladores que se auto-organizaron en Masaya, Len, Estel, Matagalpa y otros tantos lugares. Con valenta temeraria. Levantando tranques, piquetes de auto-defensa, usando morteros de fabricacin casera, piedras, palos, adoquines. Dispuestos a todo, como en el municipio de Moninb (Masaya). Todava pueden verse all las huellas de la batalla desigual, en casas, edificios y grafitis.

Contra esos autoconvocados el rgimen despleg una maquinaria criminal: francotiradores parapoliciales armados con fusiles tipo AK y Dragunov, Remington M24 y FN SPR; ametralladoras RPK y PKM, e incluso lanzagranadas porttiles PG-7. Es decir, armas de guerra que en Nicaragua solo posee el Ejrcito (o se adquieren por fuera de las instituciones armadas oficiales), como lo denunci Amnista Internacional (AI) en una investigacin de su equipo para Situaciones de Crisis.

Finalizada la operacin limpieza (bautizada por la dictadora Rosario Murllo, vamos con todo), que AI prob a travs de fotos, videos y testimonios, (100% Noticias, 8-11-2018), el rgimen Ortega-Murillo orquest una nueva metodologa autoritaria. Prohibi las marchas y tranques. Los paros cvicos y las huelgas son considerados actos de sabotaje, la ms mnima protesta es acusada de terrorismo. Las etiquetas de traidores a la patria (incluido en la lista el general Humberto Ortega, ex jefe del Ejrcito Sandinista, hermano del dictador) y de golpistas al servicio del imperialismo circulan como en los discursos oficiales, redes sociales y canales de TV adictos al rgimen. El Poder Judicial es un instrumento siniestro que responde a las rdenes de la dictadura.

No se perciben, a simple vista, controles y retenes policiales ostensivos. Ni el opresivo clima de sistema totalitario de las dictaduras del Cono Sur en los aos 1970-1980.

Por aquellos tiempos, las organizaciones de izquierda estaban todas clandestinas, sin asomar la cabeza, y la oposicin democrtico-burguesa bajo total proscripcin poltica y meditica. Ningn resquicio de legalidad. Desde las catacumbas, las prisiones y el exilio, as era la resistencia en los aos de la Doctrina de Seguridad Nacional y el Plan Cndor. Inimaginable cualquier reportaje o columna de opinin en medios de prensa masivos que calificara a los regmenes militares como dictaduras, o que aludieran a sus innumerable atrocidades.

Por esa razn, entre otras tantas (histricas, polticas, econmicas, sociales), las analogas son intiles. Aunque el rgimen Ortega-Murillo haya instaurado un Estado policiaco, sistemtico, y se sirva de mtodos de represin pinochetista.

En Nicaragua, luego de la matanza, la represin se ha vuelto ms selectiva, aunque no menos brutal. Busca descabezar ante todo a las organizaciones y liderazgos sociales activos -algunos con abundante exposicin meditica- que generan conciencia y denuncia. Son los principales obstculos a la continuidad de la impunidad del terrorismo de Estado.

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A partir del 12 de diciembre, la escalada represiva apunt contra los dos focos principales y ms visibles de la resistencia: las organizaciones de derechos humanos y los pocos medios periodsticos independientes (sobre todo los televisivos, como 100% Noticias, Confidencial, La Prensa). Retiro de personeras jurdicas, asalto a locales, saqueos de equipos, robo de cheques y dinero destinados al funcionamiento y pago de alquileres y salarios.

La imagen de Vilma Nez, 80 aos, presidenta del Centro Nicaragense de Derechos Humanos (Cenidh), enfrentando a un pelotn policial el jueves 13 de diciembre, es un smbolo indoblegable de este coraje democrtico. Muchas de las Ongs perseguidas son lideradas por mujeres.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (conformada el 4 de octubre de 2018) por universitarios y campesinos, activistas sociales, dirigentes polticos, colectivos feministas, empresarios, y la Alianza Cvica por la Justicia y la Democracia, est desdibujada.

Las exigencias de renuncia inmediata de Ortega-Murillo (demanda central entre abril-setiembre), y el adelanto inmediato de las elecciones, perdieron fuerza por no decir que se han diluido. La agenda de demandas est centrada en el cese de las persecuciones: la libertad de los presos polticos, el desmantelamiento de los paramilitares; el fin de la censura de prensa.

Mientras tanto, vuelven a instalarse con ms fuerza las propuestas de un dilogo nacional para restablecer la institucionalidad. La Iglesia Catlica y el Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada), insisten nuevamente con esta estrategia.

Para el Cosep (reunido en asamblea general el mircoles 12 de diciembre), lo prioritario es que se busque con urgencia una solucin negociada a la crisis sociopoltica del pas para que no aumente el problema econmico que afecta a la poblacin (La Prensa, 13-12-2018). Tmidamente, se menciona el adelanto de las elecciones. Sobre todo para contemplar las directrices de Estados Unidos que, a partir del Nica-Act, decidi alinear al conjunto de los empresarios en una postura clara de oposicin al rgimen.

Por su parte, los patrones de la Unin de Productores de Nicaragua (Upanic) denuncian la expropiaciones que realizan grupos de tomatierras, que han invadido unas 5.400 manzanas (7. 780 hectreas) ocupando, desde abril, propiedades de 65 empresarios. Los tomatierras, fieles al rgimen, ocupan esas propiedades, bajo la promesa de que el gobierno legalizara sus lotes.

No est en la agenda la realizacin de Paros Cvicos nacionales, ni tampoco manifestaciones masivas, a no ser que el rgimen las autorice.

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El estallido social fue la ms radical expresin de hartazgo y repudio. Mostrando la completa prdida de legitimidad poltica del rgimen, tanto como su variopinta y fracturada base social. La rebelin popular desnud la naturaleza del gobierno Ortega-Murillo. Uno de los nueve comandantes que dirigieron la revolucin sandinista, Luis Carrin, apunta una definicin: se trata de un rgimen gansteril. Represivo, clientelar, mafioso. Con reacciones esquizofrnicas. Que defiende su territorio de negocios a los tiros y abierto chantaje. Sus partidarios reciben tanto amenazas como beneficios funcionales y econmicos.

La base es limitada, afirma el socilogo Oscar Ren Vargas. Digamos que son unos mil, 1.500 que estn dispuestos a matar para mantener a Ortega en el poder. Tiene la ventaja que son inmunes y pueden hacer barbaridades, te roban, te asaltan, te quitan los celulares, se roban los carros. No estn por ah por una cuestin ideolgica. Son fanticos. (Entrevista en la revista Domingo, La Prensa, 16-12-2018)

Por otro lado, los militantes sandinistas y empleados pblicos, usados como fuerza de tarea. Son los rotonderos, que deben hacer presencia todos los das en las 12 Rotondas de Managua, construidas para facilitar la circulacin y evitar los pegones en el trfico automovilstico.

El gobierno pretendi con ellos retomar las calles ganadas por la oposicin a partir de abril. Y, de paso, mostrar el apoyo espontneo hacia el FSLN contra los vndalos golpistas. Obligados a ondear banderas rojinegro y azul y blanco, deben mantenerse bajo toldos precarios en los puntos de concentracin. En los primeros meses de la insurreccin, tambin partan desde all de all las caminatas en respaldo a Ortega-Murillo.

Como moneda de pago, transporte y comida. La poblacin los bautiz con el mote de sapos. Repudiados hasta por sus amigos, compaeros de trabajo y vecinos, fueron desanimndose. La tropa civil de choque fue siendo remplazada. En su mayora, los rotonderos de hoy son empleados pblicos que cumplen su horario laboral en las Rotondas. Muchos dicen tambin somos vctimas. Los hay funcionarios del Instituto Nicaragense de Seguridad Social (Inss) y del Ministerio de Educacin (Mined) pero tambin de otras reparticiones del Estado.

Las rdenes provienen de coordinadores, miembros de la Juventud Sandinista que actan que como tales en todos los ministerios. Subordinados completamente a los Jefes. Estn bien pagados, dice Octavio, vendedor en un puesto de jugos, cercano a una de las Rotondas. Lo confirma Patricia, profesora, forzada a la fidelidad sandinista revela, entre susurros, el sueldo de los coordinadores: 22.000 crdobas mensuales (unos 750 dlares).

El director jurdico del Centro Nicaragense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrin, afirma que el control absoluto del rgimen y las rdenes partidarias a los empleados pblicos han arruinado la funcin pblica, porque se impone la lealtad al partido sobre el servicio a los ciudadanos.

La participacin decrece. El nmero de rotonderos no supera la veintena de personas en la mayora de cada una de ellas, esparcidas por la capital. Aunque el rgimen se desvive por demostrar lo contrario: parlantes irradian canciones revolucionarias y consignas alusivas al FSLN. A escasos metros de cada Rotonda, se encuentran patrullas de la polica orteguista, estacionadas junto a los buses rusos que trasladan a los secretarios polticos, encargados del reclutamiento de nuevos rotonderos por los barrios populares.

Finalmente, la clase trabajadora de zonas francas, ocupada mayormente en el sector de la maquila. A travs de la dictadora Rosario Murillo, el rgimen anuncio un ajuste del 8,5% para salarios de zona franca. El salario mnimo de los trabajadores de zona franca pasar de 5.460 crdobas (unos 169 dlares) a 5.910 crdobas (183 dlares).

Nicaragua cuenta con 52 parques industriales y 226 empresas usuarias en ms de dos millones de metros cuadrados, que generan 124.334 empleos directos y 350 mil empleos indirectos en el sector de maquilas, segn datos oficiales citados por la agencia Efe (14-12-2018). Las empresas instaladas han diversificado en aos recientes su produccin, ya no solamente producen textiles, sino que tambin se fabrican artculos ms elaborados y tambin operan empresas de call centers. Gran parte de la inversin extranjera productiva se encuentra en esas zonas francas. En 2019, una empresa textil china comenzar a operar en el sector de Mateare (carretera nueva a Len), con una inversin de 200 millones de dlares y una promesa de 1.000 nuevos empleos.

En las industrias maquiladoras, igual que en el sector pblico, predomina la CST (Central Sandinista de Trabajadores), colateral sindical del rgimen, siguiendo el modelo cubano de Partido-Estado.

Durante los primeros meses de la insurreccin y, sobre todo en ocasin de los paros cvicos nacionales convocados por la oposicin democrtica, los trabajadores que adhirieron a las protestas y a las medidas de huelga, fueron expulsados de sus trabajos y perseguidos como agentes de los golpistas.

En tal sentido, la resolucin de activar el aumento salarial (suscrito entre el gobierno, patrones y sindicatos del sector, en junio de 2017) manifiesta la intencin del rgimen de favorecer a las capas obreras que se mantienen fieles, y que compensan la prdida de apoyos sociales en el conjunto de la sociedad.

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EL estado de excepcin presenta una engaosa normalizacin de la vida cotidiana. Sobre todo durante el da (anochece a las 18 horas) donde prevalece un clima de sosiego. La situacin est ms calmadita, dice Javier un taxista. El movimiento en los grandes espacios comerciales tiene ritmo de celebracin navidea.

El Mercado Central Roberto Huembes, impresiona. Localizado en el Distrito V de Managua, abarca 130 mil metros cuadrados, 4.500 comerciantes: vestimenta, artesanas, licores, verduras, frutas, comiditas para el da. Cerca de 10 mil personas lo visitan diariamente. Al lado, la terminal de buses interurbanos. La folletera turstica lo describe como el lugar ms seguro para ir de compras.

En su permetro circundante, decenas de cuida-coches: pobres, aspecto famlico. Hay cantidad de personas mutiladas, faltan piernas, brazos, manos. Son los lisiaditos, antiguos milicianos de la Contra en la guerra de los aos 1980; pensionados miserablemente tras los acuerdos entre Ortega y los jefes contrarrevolucionarios que dieron base a su primer gobierno de reconciliacin nacional. Obtienen un ingreso extra, cobrando unos 20 crdobas (70 centavos de dlar) por cada parqueo.

Los contrastes de la normalizacin se acumulan. En todo caso, muestran los efectos de la crisis econmica y el aumento de la inseguridad. Las farmacias han modificado el horario de entrega de medicinas. La mayora de los restaurantes y pizzeras cierran antes de las 21 horas. Al caer la noche, Managua se apaga. Se respira desolacin.

El paisaje se repite en el Puerto Salvador Allende, ubicado en el Malecn de Managua, frente al lago de Xolotln, al norte de la capital. Segn datos oficiales, el Puerto recibe al menos 3.000 visitantes al da y los fines de semana la cantidad de turistas, en su mayora nacionales, llega hasta los 10.000. Obviamente falso, parte de la campaa de simulacro del rgimen. Tanto como un anuncio televisivo en el programa de la dictadora Rosario Murillo sobre el supuesto arribo de dos cruceros con 1.600 turistas, para visitar el famoso mercado de artesanas de Masaya. Las imgenes de las naves se ven antiguas o trucadas.

Viernes 14 de diciembre, a media tarde, el Malecn est casi vaco. En la entrada de los locales, decenas de meseros aguardan la llegada de algn cliente y los taxistas, que se mantienen en las afueras del Puerto, esperan un eventual pasajero. El precio del viaje se regatea, es la norma.

El miedo a la delincuencia, el hostigamiento policial y el atropello de los encapuchados (que pueden ser la mezcla de bandas lumpenes y escuadrones parapoliciales), agregado a la sospecha de persecucin, se ve reflejado en bares, avenidas, parques, destinos tursticos, centros comerciales y rotondas. Las bandas de mariachis guardan sus guitarras, deambulan por restaurantes y hoteles con tarifas rebajadas para eventos de fin de ao.

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La extrema pobreza es visible, diversas estimaciones la ubican por encima del 40%. Los barrios populares parecen gigantescos asentamientos regularizados, aun provistos de servicios bsicos (agua, electricidad, saneamiento), las viviendas son de chapa galvanizada en su mayora, estrechos pasajes, basurales que se amontonan. El transporte pblico contina subsidiado, 2.50 crdobas el precio de un boleto urbano. Aunque el rgimen empieza a racionar la venta de combustible. Secuela del fin del petrleo barato enviado por el rgimen amigo de Maduro.

Segn Jos Adn Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la crisis sociopoltica provoca la prdida y suspensin de unos 400.000 puestos de trabajo. De marzo a octubre se han perdido 142.760 empleos formales, segn indican las estadsticas de Mercado Laboral publicadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN). El 43% de los empleos perdidos entre marzo y setiembre, pertenecen a la construccin y el comercio. En la industria manufacturera (162.444 trabajadores/as) se perdieron 11.806 empleos. (La Prensa, 13-12-2018).

La precariedad laboral y salarial, otra norma. La informalidad supera de lejos el 50%. El salario medio ronda los 300 dlares, aunque en empresas de seguridad, tiendas y supermercados, es todava menor. No se paga el horario nocturno, las horas extras son simples, y en muchos sectores los empresarios hacen firmar dos tarjetas a sus empleados/as, una por las 8 horas y otra por las 4 restantes, para evadir el tributo de los impuestos sociales. As ha ocurrido durante los 13 aos continuos de orteguismo.

Justamente al revs de la imagen oficial. La propaganda inunda avenidas, parques, edificios, plazas. Un pueblo feliz que vive una revolucin cristiana, socialista, solidaria. Al tiempo que los gnster se atrincheran en organismos pblicos, la Polica, y los escuadrones parapoliciales. En este pas alegre y trabajador, sus mximos jefes, por precaucin, casi no salen del bunker de El Carmen, residencia presidencial.

Casi todas las predicciones anuncian una cada del PIB, entre 4 y 8%. El crdito al consumo cay 10%. La inversin en vivienda bajar hasta 70% dicen las empresas urbanizadoras. El turismo, base del crecimiento econmico, junto a las exportaciones agrcolas, habanos y mercancas producidas en las zonas francas, ha colapsado. Se estima que este ao se percibirn U$S 500 millones menos por turismo, con relacin al 2017.

Mientras tanto, el rgimen anunci reajustes presupuestarios. Es decir, menos dinero para la enseanza (sobre todo universitaria, foco decisivo de la organizacin y rebelin social), y para aquellos hospitales pblicos departamentales, donde la resistencia, como en Len, fue ms fuerte.

Sin embargo, la polica orteguista recibir ms dinero. Pese a que el Presupuesto General de la Repblica 2019 se contrajo para hacer frente a la cada en las recaudaciones de impuestos, donaciones y prstamos internacionales, la Polica, recibir ms recursos para proteccin a personalidad, o sea, para la custodia directa del clan Ortega-Murillo: gastar 263 millones de crdobas, 51.7 millones ms que este ao, lo que equivale a un aumento del 24.4% con respecto a 2018. (La Prensa, 15-12-2018).

 

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Difcil un pronstico. La mayora de las expresiones opositoras y de los analistas, hablan de la agona del rgimen, describen las reacciones brutales de Ortega como las de una bestia herida. Los dirigentes histricos que se mantienen fieles son escasos. Bayardo Arce como discreto asesor presidencial, aunque al principio de la rebelin intent tomar distancia de la salvajada represiva. Eden Pastora que en entrevista a CNN en espaol, justifica la legalidad del rgimen. Circulan rumores sobre una supuesta lucha de fracciones al interior de la cpula del FSLN.

Lo nico cierto y visible es que la dictadura no ha logrado normalizar la situacin. La crisis de rgimen de dominacin se mantiene en todos sus trminos. Aunque haya sorteado las predicciones de su inminente cada.

Los apoyos internacionales del rgimen son, ante todo retricos, y en algunos casos patticos: los pases del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amrica), y las infames organizaciones del Foro de San Pablo. Actores que no pueden ofrecer recursos para el problema ms urgente y crucial: la crisis econmica. Apenas la generosa amistad con Taiwan que aporta un aumento de las donaciones, informa un reportaje titulado Taiwn: aliado o rehn? (Revista Domingo, La Prensa, 16-12-2018). De la alianza estratgica con Rusia nadie presenta datos precisos, aunque se ven muchos turistas y hombres de negocios rusos en los grandes hoteles y locales de compras.

No se perciben expresiones polticas organizadas de izquierda (tampoco las haba antes del 28 de abril) Y los distintos referentes que provienen del sandinismo revolucionario, tampoco coinciden en una alternativa independiente de las fuerzas patronales y religiosas hoy en la oposicin, las cuales mantuvieron por aos un pacto de gobernabilidad con el rgimen. Algunos de estos referentes de izquierda, no descartan la opcin del dilogo y la negociacin con el rgimen, para no fracturar la concertacin democrtica.

Mientras tanto, la apuesta a una solucin transitoria, que inclua al Ejrcito (o a una parte de ellos) y contaba con adeptos en la oposicin, fue perdiendo aire. Mucho ms cuando las sanciones del Nica Act pueden llegar a congelar los dineros del Instituto de Previsin Social Militar (IPSM) que, adems de constituir un emporio econmico en el pas (cientos de millones de dlares invertidos en numerosas ramas econmicas, tiene sus reservas depositadas en fondos de pensin estadounidenses y bonos del Tesoro, segn dan cuenta informes publicados en El Nuevo Diario y Nicaragua Investiga.

No se trata solamente de dinero. Las sanciones pueden incluir pedido de extradiciones por supuestos lazos con el narcotrfico y responsabilidad en la masacre perpetrada por el rgimen gansteril de Ortega-Murillo.

En realidad, como afirma Marcela, sociloga de la Uca (Universidad Centroamericana), los militares perdieron legitimidad. La impavidez del Ejrcito es solo aparente. Porque sin intervenir directamente en la crisis, el slo hecho de callar ante la represin y el genocidio les convierte en cmplices silenciosos del rgimen.

En Nicaragua las mediaciones amortiguadoras son dbiles. Los partidos de derecha son fantasmales, como el Liberal Conservador que todava participa en la Asamblea Nacional (parlamento) dominada por 65 legisladores del FSLN. La alternativa que representaba el MRS (Movimiento Renovador Sandinista) creado el 21 de mayo de 1995 por fundadores, ex comandantes guerrilleros y gobernantes del FSLN que rompieron con la direccin orteguista, tuvo sucesivas escisiones antes de ser ilegalizada por el rgimen tiempo atrs. Sus ex cuadros dirigentes se expresan contra el rgimen a modo individua, como miembros de diversas Ongs, o con la autoridad intelectual que les brinda su profesin, como es el caso del escritor y ex vicepresidente de Ortega en el primer gobierno sandinista, Sergio Ramrez.

Queda la poderosa Iglesia Catlica, aliada estratgica del rgimen en los dos gobiernos anteriores, hoy desplazada del crculo del poder y afectada por el avance de las iglesias evanglicas que copan horarios televisivos cedidos por el rgimen y se benefician de concesiones econmicas.

En este cuadro, el odio masivo contra el rgimen sigue acumulndose. El estado de desobediencia civil, en repliegue por el momento, est latente. Y bien puede volver a manifestarse bajo la forma de un nuevo estallido social, en un pas donde la memoria revolucionaria parece transmitirse de una generacin a otra.

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Posdata. Montevideo, 30-12-2018

El informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) es demoledor. El rgimen Ortega-Murillo cometi innumerables crmenes de lesa humanidad. Acusa a los responsables, exige justicia y reclama reparacin de las vctimas. La masacre est certificada.

Tanto, que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro (ex embajador uruguayo en China durante el primer gobierno de Tabar Vzquez, luego embajador en Sudfrica y canciller durante el gobierno de Jos Mujica), recomend a la reunin del Consejo Permanente (27-12-201), activar el mecanismo de la Carta Democrtica para la suspensin de Nicaragua como Estado miembro, apelando al antecedente de Honduras, cuando el golpe de Estado que derroc a Manuel Zelaya.

Un discurso indito para el mbito y la ocasin, como si hablara un dirigente de izquierda. Record los antecedentes del personaje en cuestin, uno de los ltimos revolucionarios vivos. Tras cartn, amenaza de sanciones y de ms aislamiento internacional. El gobierno del presidente Ortega entr en una lgica de dictadura. Y no queremos un Ortega dictador. Cese de la represin, libertad de los presos polticos, fin de la censura de prensa, regreso al Estado de derecho, reforma del sistema poltico-electoral. Y vuelta a la mesa de dilogo nacional.

Demandas pesadas para el rgimen Ortega-Murillo. Que estimularon a la oposicin democrtica nicaragense que lo tom como un blsamo democrtico. Aun sabiendo de que el proceso en la OEA ser complejo, lleno de trampas diplomticas y maridajes en la llamada comunidad internacional. Y que, la lnea expresada por Almagro para Nicaragua no implica, como para Venezuela, una estrategia de cambio de rgimen sin vueltas. Es decir, el derrocamiento, a como d lugar, del gobierno instituido. Pese a la verborragia acusatoria, no se le cerraron todas las puertas al rgimen criminal. Asuman la responsabilidad, le seal el Secretario General al gobierno de Ortega (en ningn momento hizo mencin a la dictadora Rosario Murillo). Y eso incluye la posibilidad de volver a negociar y/o pactar una solucin a la crisis.

En todo caso, una de las hiptesis ms probable, contemplada por analistas y militantes conocedores del pas y de la sociedad, es una combinacin de factores y de actores. Por un lado, la presin internacional encabezada por Estados Unidos y la OEA. Por otro lado, un nuevo juego negociador entre la dictadura y la oposicin que enfre la descomposicin del rgimen y restablezca las reglas de juego de una pretendido restablecimiento institucional.

En este contexto, las especulaciones se multiplican. Por ejemplo, que ya estaran en curso negociaciones. Ninguna de las fuentes especifica entre quienes y cuales sus alcances. Aunque se repita desde algunos medios y sectores opositores, que la dictadura tiene los das contados.

Por lo pronto, un vocero de la Articulacin de Movimientos Sociales, afirm que luego de conocido el informe del GIEI, la opcin de un nuevo dilogo con el rgimen es inviable. Quieren participar en la toma de decisiones, y lo nico vlido, aceptable, es la salida de Ortega-Murillo. Un objetivo que se convierte en dilema por la propia coyuntura, O sea, cuando las relaciones de fuerzas polticas y sociales al interior del pas, son mucho ms desfavorables que en los primeros meses de insurreccin popular.

https://correspondenciadeprensa.com/


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