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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-01-2019

Anlisis del proyecto de ley sobre la eutanasia
Permitir la LORE ser libres hasta el final de la vida?

Ascensin Cambrn
mientras tanto


El 21 de mayo de 2018, el Boletn Oficial de las Cortes publicaba la Proposicin de Ley Orgnica de Regulacin de la Eutanasia (LORE). Un proyecto depositado, inesperadamente, por el Grupo Parlamentario del PSOE y bienvenido para quienes desde aos reivindican el reconocimiento de este nuevo derecho individual. La iniciativa viene precedida por otras en el mismo sentido de Izquierda Unida, Unidos Podemos-En Com-En Mareas. Tambin por una Resolucin del Parlamento de Catalua solicitando a las Cortes espaolas la modificacin de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, de despenalizacin de la eutanasia y la ayuda al suicidio; no obstante esta peticin, en su artculo nico, slo plantea la modificacin del artculo 143.4 del Cdigo Penal. Tambin cabe citar la propuesta de Ciudadanos por una ley reguladora de los cuidados paliativos, sin que ella reivindique la eutanasia, ni la incorreccin del actual artculo 143.4 del Cdigo Penal. En lo que sigue me ocupar del contenido de la Proposicin del PSOE, propuesta en trmite de discusin parlamentaria que, si la legislatura completa su andadura, para la ciudadana representar hipotticamente un paso adelante en el camino de la democracia. Despus consideraremos algunos aspectos del proyecto de ley que harn difcil la consecucin de los objetivos enunciados, razn por la cual es necesaria una profunda modificacin en su trmite parlamentario.

1. Objeto de la Ley

En la Exposicin de motivos se define la eutanasia, la buena muerte, como "el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento". La justificacin para regular poltica y jurdicamente esta materia se sita en tres focos diferenciados pero coincidentes: las aportaciones doctrinales de la Biotica y del Derecho Penal; la presin social motivada por las injusticias que visualizan el sufrimiento de las aplicaciones de las tcnicas mdicas en enfermos irreversibles que solicitan ayuda para morir y, por ltimo, la secularizacin de la vida y la conciencia social acerca del deber de respetar los valores y la autonoma de las personas. O dicho de otro modo, ha sido la presin social e intelectual la que ha motivado considerar la demanda de eutanasia como un derecho fundamental; es decir, como una aspiracin necesitada de ser incorporada poltica y jurdicamente al lenguaje de los derechos reconocidos en la Constitucin Espaola. As lo afirma en la Exposicin de motivos la proposicin socialista: "no basta simplemente con despenalizar las conductas que impliquen alguna forma de ayuda a la muerte de otra persona, aun cuando se produzca por expreso deseo de sta". Sino que es necesario "legislar para respetar la autonoma y voluntad de poner fin a la vida de quien est en una situacin de enfermedad grave e incurable, o de discapacidad grave y crnica, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables, lo que llamamos contexto eutansico". En estos enunciados se aprecia abundante retrica para obviar ir a la raz del problema: el derecho de toda persona a decidir sobre aquello que le es ms importante la propia vida y su final. Esta es una caracterstica recurrente del proyecto de ley que filosficamente es incapaz de trascender el paternalismo que encubre someter semejante decisin personal, la propia muerte, a las decisiones de especialistas mdicos, juristas y administrativos. Todo lo cual para acabar negando materialmente la autonoma de la voluntad de quien decide que su vida es insoportable.

Esta proposicin distingue dos modelos de despenalizacin de la eutanasia. Por un lado est el de "los pases que despenalizan las conductas eutansicas (...) por razn compasiva" pero, que "no ofrecen las garantas necesarias" y, por otro, "los que han regulado la eutanasia como prctica aceptable siempre que sean observados concretos requisitos y garantas". La proposicin socialista se decanta por el segundo modelo de regulacin, precisando como legtimas ambas conductas eutansicas y descartando adems que cualquiera de ellas deba ser objeto de reproche moral. Pero lo que importa no es el reproche moral, sino el penal. Acorde con estos enunciados se distingue la eutanasia activa [1] y "aquella (otra modalidad) en la que es el propio o la propia paciente la persona que termina con su vida, para lo que precisa la colaboracin de un profesional sanitario que, de forma intencionada y con conocimiento, facilita los medios necesarios (...) con el fin de que el o la paciente se lo administre". Esta segunda posibilidad es conocida como suicidio asistido [2]. Pero cabe preguntarse: queda despenalizado o no para los que ayudan a morir el suicidio asistido?

As definidas estas conductas, se pretenden incorporar a nuestro ordenamiento jurdico como un nuevo derecho individual a la eutanasia. En la proposicin se justifica la inclusin de la eutanasia entre los derechos fundamentales de la persona, conectndola con "el derecho constitucional a la vida, pero que se debe cohonestar tambin con otros derechos y bienes, igualmente protegidos constitucionalmente, como son la integridad fsica y moral de la persona (art. 15 CE), la dignidad humana (art. 10 CE), el valor superior de la libertad (art. 11. 1 CE), la libertad ideolgica y de conciencia (art. 16 CE), o el derecho a la intimidad (art. 18. 1 CE)". A continuacin se aade que, en un contexto eutansico, cuando una persona plenamente capaz se enfrenta a una situacin que vulnera su dignidad, el bien de la vida puede decaer en favor de los dems bienes porque "no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida". La "situacin que vulnera su dignidad" es una idea retrica de hermanita de la caridad socialista. Las motivaciones de quien quiere morir no deben ser objeto de juicio de funcionario ninguno, aunque sea un mdico de la seguridad social. Lo que importa es garantizar la veracidad de la voluntad a quien preste la ayuda, sea sanitario o no.

Con estos juncos se teje el contenido discursivo de la ley: su objeto y mbito de aplicacin, los requisitos para poder ejercer este derecho, los deberes del personal sanitario y su derecho a la objecin de conciencia. Las funciones de la Comisin de Control y Evaluacin y los deberes de las autoridades sanitarias.

2. Condiciones para acceder a la prestacin de ayuda y procedimientos para ejercer este derecho

Este nuevo derecho individual podr ejercerlo todo espaol mayor de edad y todo residente legal que rena, adems, la condicin de "ser capaz y consciente en el momento de la solicitud". Tambin han de concurrir otras circunstancias, como sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una discapacidad grave crnica en los trminos establecidos en esta ley" (art. 5.4); disponer de la informacin posible sobre su proceso, alternativas y posibilidades; formular de manera voluntaria y por escrito la solicitud, lo que deber repetirse en el plazo de quince das posteriores sin que exista presin externa. Esta ltima resulta una exigencia procedimental orientada a garantizar que la peticin es "seria, constante y libre". La prestacin de ayuda a morir no se realizar antes de que hayan transcurrido "al menos quince das" despus de finalizar los trmites previstos en la ley.

La solicitud para morir ha de hacerse por escrito e ir firmada por el solicitante en presencia del mdico. En caso de incapacidad de hecho y a criterio del solicitante, puede recurrirse a la firma del representante. Dicha solicitud deber ser reiterada por el paciente en los quince das siguientes. A partir de ese momento el mdico responsable deber solicitar la opinin de otro segundo facultativo/a ajeno al equipo sanitario y competente en la patologa que experimenta el solicitante. Este segundo profesional habr de examinar al enfermo, consultar su historia clnica hasta corroborar, en el plazo de diez das, si es adecuado el informe del mdico responsable y si se cumplen la exigencias legales. Si ambos pareceres coinciden, no se puede prestar todava la ayuda a morir, sino que el facultativo responsable deber trasladar su resolucin al Presidente/a de la Comisin de Control y Evaluacin (CEE) para que la someta al control previo, previsto en el artculo 15 de la LORE.

Si al paciente se le deniega la prestacin solicitada, el facultativo ha remitir a la CCE los documentos especificados en el artculo 13 [3] en el plazo de quince das. (Este proceder exigido al mdico es independiente de la posible reclamacin del paciente o de sus familiares por la denegacin del servicio).

Una vez el Presidente de la CCE recibe los informes mdicos, conformes con la peticin del paciente, en el plazo de dos das habr de designar a dos miembros de la Comisin un mdico y un jurista para que "con carcter previo al pronunciamiento del rgano colegiado, comprueben si, a su juicio, concurren los requisitos y condiciones establecidos para solicitar la ayuda a morir". Si los dos profesionales consideran que se cumplen todas las exigencias clnicas y legales, emitirn un informe en el plazo de siete das que habrn de someter al pleno. Y, "si la Comisin considera el informe positivo, en siete das facilitar la aplicacin de la eutanasia". En caso contrario, el rgano colegiado habr de pronunciarse en el plazo de veinte das (segn el art. 22. 2). En caso de denegacin de la prestacin, en esos informes, habr de justificarse el motivo de la denegacin. Este sera el final de la peticin en condiciones normales, lo que no siempre est garantizado, como se ver, tras el proceso burocrtico previsto.

Estas son las exigencias bsicas, a las cuales habrn de aadirse las necesarias para aquellas personas que, en el llamado "contexto eutansico", no pueden personalmente solicitar ni tramitar su peticin al facultativo/a por hallarse en "situacin de incapacidad de hecho". Junto a estos requisitos existen otras exigencias burocrticas de alcance [4] que pueden bloquear la demanda individual que la misma ley dice perseguir y legitimar.

3. Deberes y derechos de los profesionales sanitarios (cap. III)

El proyecto atribuye a los profesionales sanitarios las siguientes obligaciones: abrir un proceso deliberativo con el o la paciente respecto a su diagnstico, las posibilidades teraputicas, los resultados posibles y los cuidados paliativos; respetar las convicciones morales de las personas y comprobar que su peticin es voluntaria, sin mediar coacciones, y repetida en el tiempo. Para quien solicite ayuda para el suicidio asistido, los profesionales sanitarios han de constatar que "sufre una enfermedad grave e incurable o padecer una discapacidad grave crnica en los trminos establecidos en esta ley". Adems, han de respetar sus voluntades previas. Y si el enfermo "est en situacin de incapacidad de hecho permanente y hubiere suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas o documento equivalente, se podr prestar la ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento" (art. 6). El facultativo ha de trasladar la informacin anterior a los familiares si el paciente lo desea y respetar las convicciones del solicitante. Este facultativo es el encargado de acompaar al peticionario hasta su fallecimiento, tras lo cual tiene que remitir a la CCE de su Comunidad Autnoma dos documentos "separados e identificados con el nmero de Registro. En el "documento primero" incorporar todos los datos del mdico responsable y de todos los miembros del equipo sanitario, incluyendo la descripcin de su actuacin con el paciente y, en el "segundo", dejar constancia de los datos biogrficos y clnicos de la persona fallecida.

La proposicin de la LORE contiene tambin el reconocimiento del supuesto derecho a la objecin de conciencia de los profesionales sanitarios "implicados en la prestacin de la ayuda a morir" (art. 12), en trminos similares a los previstos en la Ley Orgnica 2/2002, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupcin voluntaria del embarazo. Se precisa que esta es una facultad individual en razn de conciencia que el profesional "debe manifestar anticipadamente y por escrito". Por todo ello, es necesario que las administraciones autonmicas creen un Registro de objetores (profesionales sanitarios) a la ayuda a morir en el que inscriban sus declaraciones. Se aade que la finalidad de este Registro consiste en "facilitar la informacin a la Administracin Sanitaria para que sta pueda garantizar una adecuada prestacin de ayuda a morir" (art. 12.3).

4. Garanta en el acceso a la prestacin de ayuda para morir (cap. IV)

En este captulo se recogen las garantas siguientes: a) La prestacin pasar a estar incluida en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y ser de prestacin pblica. b) El Consejo Interterritorial de Salud adoptar las medidas necesarias para elaborar un manual de buenas prcticas clnicas que garantice la igualdad y la calidad de la prestacin sanitaria, que podr realizarse en centros sanitarios pblicos, privados y en el propio domicilio. c) Asimismo se garantizar el tratamiento, acceso, cesin y cancelacin de datos personales, junto a la intimidad y confidencialidad.

5. Comisiones de Control y Evaluacin (cap. V)

Este apartado justifica la razn y tareas de la CCE con discrecionalidad e imprecisin. Dispone que se crear una CCE en cada Comunidad Autnoma, por acuerdo de los respectivos Gobiernos, quienes "determinarn su rgimen jurdico"; asimismo fijarn el plazo de su constitucin, delegando la elaboracin de sus reglamentos que sern aprobados "por el rgano competente de la administracin autonmica". Adems de las funciones antes citadas, podrn intervenir para resolver las reclamaciones de las personas que han visto denegada su peticin de ayuda para morir y cuando dos tercios de los miembros de la comisin consideren que no se han cumplido las condiciones o procedimientos establecidos por la ley. En este supuesto adems deber comunicarlo a la Fiscala para que abra una investigacin. Tambin deber comprobar que las personas pueden ejercer sin traba los derechos derivados de esta ley en su Comunidad Autnoma y detectar posibles problemas en su aplicacin, "proponiendo soluciones" que debern incorporarse a los "manuales de buenas prcticas mdicas". Asimismo habr de elaborar y publicar un informe anual sobre la aplicacin de esta ley y realizar aquellas otras tareas que puedan atribuirle los Gobiernos autonmicos. Los miembros de la CCE tienen el deber de guardar secreto sobre las deliberaciones, as como de exigir a la direccin del centro sanitario la prestacin de la ayuda a morir autorizada "en el plazo mximo de veinte das", de verificar si aqulla ha sido realizada conforme a los procedimientos establecidos en la ley y de confirmar si los datos expresados en el documento "segundo" han sido respetados. Tambin "podr solicitar al facultativo responsable la informacin recogida en la historia clnica que tenga relacin con la prctica de la ayuda para morir".

6. Disposiciones finales

Entre estas disposiciones adjuntas al proyecto de la LORE, me parecen destacables, en primer lugar, la que habla Sobre la causa de la muerte (Adicional primera). La tipificacin de estos dos tipos de muerte la eutanasia y el suicidio asistido"se considerar equivalente a una muerte natural a todos los efectos, incluidos los relativos a los seguros de vida". En segundo lugar, la validacin del documento de Instrucciones previas o documento equivalente (Adicional segunda). Con este instrumento, otorgado por las personas mayores de edad, podrn incluir la solicitud de ayuda para morir siempre que se cumplan los requisitos previstos en esta ley. Dicha manifestacin de voluntad ser de obligado cumplimiento. Y en tercer lugar, la importante Modificacin del artculo 143.4 del Cdigo Penal (Disposicin final primera). La redaccin que se propone para substituir al mencionado artculo ser as la siguiente: No ser punible la conducta del mdico o mdica que con actos necesarios y directos causare o cooperare a la muerte de una persona, cuando esta sufra una enfermedad grave e incurable o discapacidad grave o crnica, en los trminos establecidos en la ley.

Se entiende por enfermedad grave e incurable aquella que por su naturaleza origina sufrimientos fsicos o psquicos, constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio que el paciente o la paciente considere tolerable, con un pronstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva.

Se considera discapacidad grave crnica la situacin en la que se produce en la persona afectada una invalidez de manera generalizada para valerse por s misma, sin que existan posibilidades fundadas de curacin y exista, en cambio, seguridad o gran probabilidad de que tal incapacidad vaya a persistir durante el resto de la existencia de esa persona.

Se entienden por limitaciones "aquellas que incidan fundamentalmente en su autonoma fsica y actividades de la vida diaria, as como sobre su capacidad de expresin y relacin, originando por su naturaleza sufrimientos fsicos o psquicos constantes e intolerables, sin posibilidad de alivio que el o la paciente considere tolerable. En ocasiones pudiere suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnolgico".

7. A modo de balance provisional se puede concluir que tras la lectura de este texto normativo no podemos avanzar conclusiones esperanzadoras para quienes deseamos el reconocimiento constitucional del derecho individual a la eutanasia. En general, la norma es burocrtica y de redaccin compleja, adoleciendo adems de una ambigedad conceptual preocupante cuando se refiere a las distinciones entre "eutanasia" y "suicidio asistido". Son defectos atribuibles no tanto a la incompetencia de sus autores como a las intenciones bien calculadas de los redactores del anteproyecto de ley. Sealaremos otros de los aspectos ms polmicos del proyecto normativo que, a su vez, nos permitirn responder a la cuestin que se plantea en el ttulo con el que comienza este trabajo.

Se puede afirmar ante una persona que deseara ejercer supuestamente este nuevo derecho, en la doble acepcin recogida en la Exposicin de motivos eutanasia y suicidio asistido, que le ser posible su ejercicio cuando a lo largo del articulado normativo no figuran explicitadas, ni siquiera en alusiones, las diferencias entre ambas acciones? Quizs sirva recordar que el suicidio ha dejado de estar penalizado, por lo que su homologacin a la eutanasia merecera algunas precisiones necesarias, como por ejemplo para responder a la demanda que podran formular personas en la situacin de Ramn Sampedro. Se detecta tambin en el texto un excesivo rigor en las limitaciones impuestas para acogerse al nuevo derecho y que reducen el valor de la autonoma y libertad individual que, se dice, justifica la ley. Esta limitacin se plasma al situar el ejercicio de este derecho en el "contexto eutansico", donde se precisan un conjunto de exigencias objetivas (corporales y evaluables por los facultativos) en detrimento de la voluntad libre de morir de la persona. Pero las limitaciones no terminan aqu, porque a ellas se aaden las que puede introducir la intervencin ex ante prevista de la Comisin de Control y Evaluacin [5] y la posible y previsible objecin de conciencia del personal sanitario, extensible incluso a la objecin de los centros sanitarios.

Con estas conclusiones y en el supuesto de que se apruebe la LORE, se puede colegir que las personas no vern garantizado su derecho a ser libres hasta el final de su vida. Y ello no solo por la redaccin literal del texto que no explicita con rigor el derecho que se atribuye a las personas, ni tampoco por los deberes que han de cumplir los cooperantes necesarios para el ejercicio del citado derecho individual (el personal sanitario al que slo se le atribuye con claridad el deber de controlar). Y en relacin con los correlativos deberes de la Administracin sanitaria, el grupo parlamentario socialista obvia el problema al transferir su responsabilidad a las Comunidades Autnomas, argucia que en el mejor de los casos puede satisfacer el nmero de votos necesarios para su aprobacin en el parlamento pero que con toda seguridad no garantizara la igualdad entre la ciudadana para ejercer el nuevo derecho constitucionalizado. Por todo ello concluyo que, de aprobarse el proyecto de ley tal como figura en el BOE, no constituye un avance democrtico. Si comparamos su contenido con lo recogido en las leyes autonmicas de muerte digna, que permiten al enfermo rechazar la aplicacin de recursos teraputicos extraordinarios, aunque esa supresin le origine la muerte caso Andrea 2015 en Galicia, la normativa en discusin no supera, a pesar de sus diferencias discursivas, los lmites de las normas autonmicas. Cabe aadir que si el grupo parlamentario proponente opta por regular la eutanasia, para hacerlo con mayor correccin y respeto al derecho enunciado, les resultaba suficiente con reproducir las normas existentes en los pases de nuestro entorno cultural, con quince aos de aplicacin, y posiblemente hubieran alumbrado un proyecto de mayor consistencia y acorde con lo que ha de ser el ejercicio del nuevo derecho constitucionalizado.

Notas:

[1] "Es la accin por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un o una paciente de manera deliberada y a peticin de ste o sta, cuando se produce dentro de un contexto eutansico por causa de enfermedad grave e incurable o discapacidad grave crnica causantes de un sufrimiento intolerable".

[2] Este concepto aparece usado en el cuerpo normativo sin precisin y, consecuentemente, sin compromiso alguno con quien manifieste su intencin de ejercerlo.

[3] Los mismos que si la peticin del paciente hubiere sido satisfecha, segn el art. 13 de la LORE.

[4] Por ejemplo, la posible objecin de conciencia de los profesionales implicados en la prestacin de ayuda a morir (art. 12 de la LORE).

[5] Las crticas que ha suscitado este organismo son unnimes y relacionadas con la compleja redaccin adoptada, como las relativas a su imprecisin reglamentaria (que delega su constitucin a los gobiernos autonmicos), sin precisar criterios homogeneizadores para su composicin, dependencia y deberes. Parece ser un rgano administrativo sin relacin con la relacin paciente-mdico y muy dependiente del "color" del gobierno autonmico. Este perfil puede conducir a que ocurra exactamente igual con este nuevo derecho reconocido que con el de la interrupcin voluntaria del embarazo. El problema ms criticado es el relativo a su intervencin en el proceso conducente a la autorizacin de la eutanasia, la aplicacin de la ayuda a morir. La intervencin de la CCE puede adems desautorizar la labor anteriormente realizada por los dos facultativos e impedir a la vez el ejercicio del derecho del paciente.

Fuente: http://www.mientrastanto.org/boletin-175/notas/permitira-la-lore-ser-libres-hasta-el-final-de-la-vida



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