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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-01-2019

Los indgenas argentinos luchan por el derecho sobre sus tierras

Daniel Gutman
IPS


Nancy Lpez vive en una casa de barro, madera y latn, dentro de un terreno privado dedicado a la agricultura. Forma parte de una comunidad indgena del norte argentino de 12 familias que, como casi todas, no tiene ttulo del suelo que ocupa y vive bajo la amenaza constante del desalojo.

Viuda y con nueve hijos, la mujer escuch relatos de tiempos mejores. Mi pap me contaba que antes podan ir, volver y quedarse donde quisieran. No se hablaba de tierras privadas, no haba soja, no haba alambrados. Se sentan libres. Hoy nos dicen usurpadores, cont a IPS.

Lpez pertenece a los wich, uno de los pueblos indgenas ms numerosos de los 31 registrados en Argentina. Segn datos oficiales, los habitantes originarios representan 2,38 por ciento de la poblacin total de este pas sudamericano de 44 millones de personas, aunque especialistas y dirigentes indgenas consideran que el porcentaje real es muy superior.

Actualmente, los indgenas argentinos luchan por conservar su forma de vida en un contexto crtico que se debe, fundamentalmente, a los conflictos territoriales.

El 92 por ciento de las comunidades no tiene ttulo de propiedad de la tierra que habita, segn un relevamiento publicado en 2017 por la Auditora General de la Nacin, organismo de control que depende del Poder Legislativo.

La dimensin del conflicto es enorme. Aproximadamente la mitad de las 1.600 comunidades originarias que existen en el pas han realizado o estn realizando el proceso de relevamiento de sus tierras que el Estado empez hace ms de 10 aos y reclaman ocho millones y medio de hectreas, ms que la superficie de Panam.

El teln de fondo es el patrn de discriminacin que en Argentina persiste a pesar de los avances normativos, como lo percibi en 2011, durante una visita al pas, el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indgenas, James Anaya.

Existen todava legados de la poca de colonizacin y la historia de exclusin sigue siendo muy visible, escribi el relator en su informe.

Nancy Lpez, quien ejerce un papel de liderazgo en su comunidad, dice que los nios ya no quieren hablar la lengua wich, porque si lo hacen los discriminan en las escuelas, en las que debe existir un auxiliar bilinge, de acuerdo a la Ley de Educacin Nacional, vigente desde 2006.

Al auxiliar bilinge lo ponen a sacar fotocopias o a hacer mandados. Apenas les traduce a los chicos cules son las tareas. Hay mucho racismo, cont Lpez, mientras los nios de la comunidad jugaban con barro bajo la lluvia.

Su comunidad, El Quebracho, es una de las decenas que se ubican cerca de Tartagal, una ciudad de 80.000 habitantes en la provincia de Salta, sobre la ruta 86, que en realidad es un precario camino de tierra y barro que conduce a la frontera paraguaya.

Lpez explica que su comunidad se instal hace unos seis aos en el campo donde hoy vive, sin permiso del dueo, porque esto antiguamente era monte, que es como en Argentina se llama a las reas rurales naturales, que no han sido afectadas por actividades productivas.

Del monte, justamente, es de donde han nutrido histricamente sus necesidades de alimento, medicina o madera para construir sus casas los wich y otros pueblos indgenas de la zona, que son cazadores-recolectores.

Pero cada vez hay menos monte. Junto con la vecina Santiago del Estero, Salta es la provincia argentina que ms deforestacin sufri en los ltimos aos, por la expansin de la frontera agropecuaria, empujada principalmente por la soja transgnica, que hoy ocupa ms de la mitad de la superficie sembrada en el pas.

A las comunidades indgenas nos fueron corriendo (echando) de Tartagal a medida que la ciudad se fue agrandando y entonces vamos donde podemos, explica Lpez, quien recuerda que hace un par de aos fueron desalojados en un operativo en el que participaron unos 200 policas.

Nos quedamos viviendo al costado de la ruta unos dos meses, hasta que los policas se fueron y volvimos a entrar. No tenemos otro lugar adnde ir. Antes todo era monte. Hoy estamos acorralados por la soja, narr.

Desde su organizacin como nacin, en 1853, Argentina se fij como uno de sus objetivos primordiales excluir o asimilar a los indgenas.

De hecho, su Constitucin, promulgada aquel ao, exhortaba a conservar el trato pacfico con los indios, y promover la conversin de ellos al catolicismo, mientras, en cambio, impona al gobierno, en el artculo 25 an vigente, la obligacin de fomentar la inmigracin europea.

La directiva sobre la poblacin originaria estuvo activa hasta hace apenas 25 aos. Solo en 1994, durante la ltima reforma constitucional, se la reemplaz por un artculo que reconoce la preexistencia tnica y cultural de los pueblos indgenas y la posesin y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.

Sin embargo, segn el relator Anaya, el cambio constitucional no modific una realidad marcada por la desposesin histrica de grandes extensiones de tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indgenas.

En 2006, el legislativo Congreso Nacional se hizo eco de la situacin y sancion la Ley de Comunidades Indgenas, que declar la emergencia territorial indgena, orden la realizacin de relevamientos de los suelos ocupados ancestralmente y suspendi los desalojos, aun con sentencia judicial, por un plazo de cuatro aos.

Desde entonces, sin embargo, el relevamiento ni siquiera empez para la mitad de las comunidades, a pesar de que la ley ha sido prorrogada tres veces. Y aquellos que tienen relevamiento, en su gran mayora tampoco tienen ttulo de propiedad comunitaria.

Hoy en da se denuncia, adems, que se siguen realizando desalojos, aunque la ley vigente los prohbe hasta 2021.

As, no extraa que sean territoriales la enorme mayora de los conflictos que involucran a indgenas en Argentina, de acuerdo a Amnista Internacional, que en 2017 difundi un estudio que detect 225 situaciones no resueltas en todo el pas.

Algunas provincias han otorgado ttulos de propiedad, pero no existen en la Argentina mecanismos institucionales de acceso a la propiedad comunitaria indgena. Hace falta una ley nacional, dijo a IPS la abogada Gabriela Kletzel, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Esa organizacin no gubernamental tramita ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de un grupo de comunidades, cuya propiedad sobre 400.000 hectreas fue reconocida por el gobierno de la provincia de Salta en 2014.

Sin embargo, esas comunidades an no pueden disponer del territorio porque no tienen ttulo de propiedad. Y todava no consiguen que familias criollas saquen de su tierra el ganado vacuno, que destruye los recursos naturales que son fundamento de la vida indgena, dijo Kletzel.

John Palmer, un antroplogo ingls que lleg a Salta hace ms de 30 aos y se cas con una indgena wich, explic a IPS: Los indgenas que viven en la periferia de las ciudades son refugiados, que han sido desplazados de su lugar en el bosque, desde hace 100 aos por campesinos no indgenas que llegaron con sus vacas y, en las ltimas dcadas, por los intereses productivistas del agro.

La destruccin del monte acab con todos los recursos de su economa. As, como muchos animales que ya no tiene qu comer, vinieron a las ciudades, concluy Palmer, quien vivi largos aos en una comunidad rural wich hasta que se traslad a Tartagal con su esposa y los cinco hijos de ambos.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2019/01/los-indigenas-argentinos-luchan-derecho-tierras/



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