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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-01-2019

El largo abril de Nicaragua

Elvira Cuadra Lira
Nueva Sociedad


En 2018, Nicaragua sorprendi al mundo con una revuelta cvica que condujo a una de las ms profundas crisis de las ltimas dcadas. Agravada por las sistemticas y cada vez ms peligrosas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la crisis se ha convertido, para la mayora de los nicaragenses, en un largo abril que todava no termina.

Una dictadura al descubierto

Antes del estallido social, la comunidad internacional pensaba que Nicaragua era un pas con relativa estabilidad y paz, en comparacin con sus vecinos centroamericanos. Contaba con indicadores favorables en seguridad; empresarios y gobierno se mostraban satisfechos con la estabilidad y el crecimiento econmico; las polticas sociales presentaban grandes brechas de desigualdad, pero haba cobertura de ciertos servicios bsicos a la poblacin. En lo poltico, aparentaba cumplir con las formalidades de una democracia. Sin embargo, la insurreccin cvica revel que en realidad Nicaragua viva una ficcin y que las sistemticas denuncias sobre la deriva autoritaria del rgimen eran ciertas.

Durante los diez aos de Daniel Ortega en la Presidencia (2007-2018), el pas ha transitado de un rgimen democrtico liberal a uno autoritario y, en los ltimos meses, a una dictadura abierta. Los rasgos sobresalientes son la centralizacin de las decisiones en la pareja presidencial conformada por Ortega y su esposa, Rosario Murillo; la subordinacin de los dems poderes estatales al Ejecutivo; el abandono del Estado de derecho y la restriccin progresiva de los derechos fundamentales, especialmente el derecho al voto, la libertad de expresin y la libertad de movilizacin. En lo formal, el gobierno de Ortega siempre mantuvo la fachada de una democracia recubriendo su autoritarismo bajos artilugios legales y una supuesta legitimidad basada en alianzas claves con los empresarios privados y el Ejrcito.

Mientras el matrimonio Ortega-Murillo transformaba el rgimen poltico, la sociedad nicaragense experimentaba tambin un cambio en su cultura y prcticas polticas, particularmente las tres generaciones de jvenes nacidos en la poca de la posrevolucin, los mismos que se lanzaron a la calle en abril reclamando libertad, democracia y justicia. La profundidad de la crisis no es solamente la revelacin de un gran descontento acumulado durante diez aos de autoritarismo, es tambin la revelacin del cambio que se est gestando entre el autoritarismo remanente de las pocas pasadas y una nueva era democrtica. El rgimen Ortega-Murillo es la expresin del orden decadente.

La burbuja del descontento

En abril estall una enorme burbuja de descontento que haba venido creciendo durante diez aos. Sus causas son diversas, pero una las ms importantes es la expectativa frustrada de los ciudadanos con un gobierno que aliment la esperanza de la mejora econmica y social, pero prefiri continuar las polticas neoliberales establecidas desde inicios de los aos 90. La otra razn es la imposicin poltica mediante la vigilancia, el control y la represin ciudadana ejercidos a travs de varios dispositivos, entre ellos la polica, los tribunales de justicia, los grupos de choque conformados por simpatizantes del gobierno, los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y los Gabinetes de Familia.

La gran mayora de los nicaragenses esperaba que el gobierno cumpliera sus promesas de mejora econmica y polticas sociales ms amplias e incluyentes; pero este, en cambio, decidi manejar esas expectativas con polticas populistas y clientelistas. En el mbito poltico, las restricciones a derechos fundamentales avanzaron aceleradamente, en especial el derecho al voto, vulnerado por la falta de transparencia de los procesos electorales; la libertad de expresin, limitada seriamente por el asedio a la prensa independiente y el incremento del temor de los ciudadanos a expresar sus opiniones polticas; el derecho a la libre movilizacin y manifestacin, con el impedimento a la realizacin de marchas y otras acciones de protesta, entre otros.

El descontento comenz a manifestarse desde 2013, cuando emergi un ciclo de conflictos y movilizacin social que tena como protagonistas al movimiento campesino, que rechazaba la concesin otorgada a una empresa china para la construccin de un canal interocenico; el movimiento de rechazo a la minera en distintas localidades del pas; las comunidades indgenas de la costa Caribe que reclaman la titulacin de sus tierras y el cese de las invasiones promovidas por latifundistas; y un movimiento ciudadano para el restablecimiento de la democracia. Antes de abril, una gran muestra de descontento masivo y cvico fue la alta abstencin en las elecciones generales de 2016 y en las subnacionales de 2017.

El estallido de abril

La insurreccin cvica de abril, como se la ha llamado, se convirti en el punto lgido de la movilizacin y protesta social en curso. Como se sabe, los ciudadanos se volcaron a las calles de forma autoconvocada para protestar contra un decreto presidencial que reformaba de facto el sistema de seguridad social. Los primeros brotes de protesta fueron brutalmente atacados por los grupos de choque conformados por simpatizantes del gobierno y fuerzas policiales. Sus primeras vctimas fueron personas de la tercera edad, la mayora de ellos pensionados que fueron insultados y vapuleados impunemente.

Las imgenes de los ataques encendieron el nimo de tal manera que la gente se lanz masivamente a las calles para protestar, encabezados por jvenes de tres generaciones nacidas en la posrevolucin. A partir de all se conform en todo el pas un movimiento cvico, multitudinario, autoconvocado, en el que participan numerosas organizaciones y grupos, algunos de ellos organizados durante la crisis y otros, desde antes. El repertorio de acciones del movimiento ha sido amplio y creativo y ha utilizado todos los recursos disponibles: desde los colores de la bandera nacional, pasando por globos, dibujos, msica, audiovisuales, carteles, lemas, memes y redes sociales.

Durante los primeros meses de la revuelta, las acciones sociales fueron masivas y multitudinarias, y esto coloc al gobierno en una posicin crtica; as, se vio obligado a convocar a un dilogo nacional que pocas semanas despus trunc l mismo cuando se percat de que la contienda poltica estaba planteada en torno de temas crticos como la justicia, la salida de Ortega de la Presidencia y el adelanto de las elecciones en condiciones de transparencia.

La represin con que el gobierno respondi a las protestas ha pasado por varias etapas y ha escalado rpidamente la violencia estatal de forma brutal. Esa represin es ejecutada principalmente por la polica, los grupos de choque y grupos paraestatales, pero ha incluido tambin la colaboracin activa de jueces y otros funcionarios pblicos. Sus consecuencias la han convertido en una crisis de derechos humanos y humanitaria por el saldo de vctimas: ms de 350 personas asesinadas, miles de heridos, ms de 500 personas apresadas y enjuiciadas, y cerca de 50.000 personas obligadas a salir del pas. El gobierno ha impuesto de facto un estado de excepcin en el que los ciudadanos no tienen garantizados sus derechos fundamentales.

De acuerdo con los informes elaborados por organismos de derechos humanos como la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Amnista Internacional y, ms recientemente, el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la CIDH, las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicaragua constituyen crmenes de lesa humanidad. Ortega ha rechazado los informes y expulsado del pas a los organismos internacionales.

La apuesta de Ortega

El gobierno apost a ganar la partida de la crisis instalndose en un escenario de terror y caos controlado. La represin abierta de los primeros meses y las acciones de represalia posteriores contra lderes del movimiento, especialmente los jvenes; la invasin de propiedades pertenecientes a los empresarios privados que se atrevieron a desafiarlo; los ataques a la Iglesia catlica, en especial a ciertos obispos; los juicios espurios a los prisioneros polticos; los graves ataques a la prensa independiente; la cancelacin de las personeras jurdicas a varias organizaciones sociales, as como el asalto y la confiscacin de sus bienes violando todos los procedimientos establecidos, forman parte de este escenario.

En la medida en que han escalado los niveles de violencia y represin, los costos polticos internos y externos se han incrementado para el gobierno. El apoyo ciudadano ha quedado reducido prcticamente a las fuerzas policiales, los grupos paraestatales, funcionarios pblicos fanatizados y otros que no se atreven a expresar su descontento por temor a las represalias. La alianza con los grandes empresarios est rota y no tiene visos de arreglo, mientras que el Ejrcito se ha mantenido pblicamente al margen de la represin, pero guardando un silencio que es interpretado como cmplice.

Ortega tambin se aisl de la comunidad internacional con su negativa sistemtica al dilogo y las graves violaciones a los derechos humanos documentadas por los organismos internacionales. Enfrenta fuertes sanciones impuestas por Estados Unidos a travs de un decreto presidencial y una ley aprobada por el Congreso y, a pesar de todo, la estrategia de represin no ha surtido efecto. Dentro del pas y fuera de l, los nicaragenses no han cesado las acciones de protesta, mientras la comunidad internacional examina vas y mecanismos para ayudar a resolver la crisis. El efecto econmico de la crisis es tambin un factor que ya pesa desfavorablemente sobre el escenario construido por Ortega. El desenlace todava luce incierto y difcil. As, Nicaragua est sumida en el prolongado abril que seguimos viviendo.

Fuente: http://nuso.org/articulo/el-largo-abril-de-nicaragua/



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