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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-01-2019

Crceles, leyes y derechos humanos

Ramn Zallo
Rebelin


Uno es partidario de la justicia transicional para los pases que han sufrido confrontaciones violentas porque, para sanar las heridas sociales tras el paso devastador de las violencias, toma en cuenta el conjunto de procesos. La justicia no puede ser amnsica, pero su interpretacin no debe ir contra la normalizacin de una sociedad que quiera pasar pgina con justicia y generosidad para cerrar una historia trgica.

Pero en Espaa no hay esa altura de miras. Por eso, por realismo, hay que ajustarse a que se aplique de manera flexible el principio de legalidad aunque en direccin contraria a su tradicional retorcimiento punitivo. Recordemos que bastantes leyes fueron elaboradas en origen con un enfoque humanista, restaurativo e integrador pero, por mor del antiterrorismo, fueron degenerando mediante costras de lecturas reaccionarias, instrucciones y modificaciones legales al servicio de la razn de Estado, en perjuicio de los derechos humanos y, de paso, desnaturalizando al propio Estado de Derecho. Se subordin la poltica penitenciaria a la antiterrorista pasando a ser por arte de birlibirloque- una herramienta ms en lugar de una poltica restaurativa especfica.

Lo que aqu se reclama ni siquiera es una reivindicacin poltica. Se insta solo a la lectura de la ley desde la perspectiva de los derechos humanos y desde el principio constitucional bsico de la reeducacin y reinsercin social del artculo 25.2 de la Constitucin para la gestin de las penas de privacin de libertad. Repasemos algunas normas bsicas.

Presos y presas con graves enfermedades y de edad

La normativa bsica ordena la excarcelacin inmediata de quienes estn gravemente enfermos o son de edad avanzada porque el derecho subjetivo a la salud est por encima de cualquier otra consideracin, tal y como seala el art 3.4 de la Ley General Penitenciaria ( La Administracin penitenciaria velar por la vida, integridad y salud de los internos) mientras que el art 91 del Cdigo Penal seala que si el peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de su avanzada edad, fuera patente, se acordar la suspensin de la ejecucin del resto de la pena [para] concederle la libertad condicional, o sea, incluso saltando la progresin de grados. Se le aplic a Uribetxebarria para morir y al moribundo Rodrguez Galindo para bien vivir.

Dice patente, y no inminente como despus se interpret restringiendo su aplicacin a enfermos muy terminales (dos meses de periodo probable de vida) de modo contrario a Derecho reduciendo la esperanza de vida de las personas presas sin condiciones de cuidado y lejos de los suyos.

Nunca fue de recibo que una simple instruccin interpretativa la 3/2017 de la Secretara General de Instituciones Penitenciarias y derogada la ltima semana de diciembre de 2018 - modificara de hecho el Cdigo Penal. La buena noticia es el nuevo protocolo del ministro Grande Marlaska para estos casos que afectara a 21 vascos y vascas, adems de a Zaplana y a comunes.

Progresiones de grado

Tras la solicitud individualizada ya realizada por las personas polticas presas cabra desbloquear mediante una Instruccin General las progresiones de grado paralizadas durante aos para acceder al segundo y tercer grado. El art. 100.2 del real decreto que aprob el Reglamento Penitenciario de 1996 introdujo un criterio de flexibilidad para que la propia Junta de tratamiento pueda combinar los grados, siempre que se apruebe un programa especfico de tratamiento para las personas penadas, incluyendo instrucciones generales para que los Jueces de Vigilancia Penitenciaria lo faciliten. Se aplic en varios casos entre 2008 y 2011.

Y ello sin perjuicio de pedir, adems, por ser contrarias a la resocializacin de penados, la derogacin: de la totalitaria Ley Orgnica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento ntegro y efectivo de las penas; de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 (prisin permanente revisable y otras); de las medidas torticeras de clculo del art. 78; o de los artculos 90 y 91 que hacen casi imposible la libertad condicional para los delitos de terrorismo ( incluyendo la exigencia de delacin), tal y como calc tambin el nuevo art. 72.6 de la Ley Penitenciaria.

Crceles prximas

El derecho a la vida familiar como derecho universal est recogido en el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950) y se ha de aplicar tambin a las personas reclusas como sujetos de derechos que son con las limitaciones propias de la privacin de libertad.

El propio artculo 1 de la Ley General Penitenciaria de 1979 dice que las instituciones penitenciarias tienen como fin primordial la reeducacin y la reinsercin social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad as como la retencin y custodia de detenidos, presos y penados. Y el art. 12.1 prima evitar el desarraigo social de los penados.

Estas disposiciones son conculcadas con la poltica antiterrorista de dispersin que castiga en especial a las familias, sin que tengan responsabilidad alguna. Ha tenido como efectos ms evidentes la muerte en carretera de 18 personas en los ltimos aos, la dificultad extrema para una relacin familiar (los ni@s de la motxila), la imposibilidad de personas mayores de visitar a sus parientes, fracturas vitales y un castigo aadido de soledad y depresin, sin hablar del coste econmico familiar.

Ello hace imprescindible el traslado inmediato, sin excusas, de las personas presas en el Estado Espaol a la prisin de Zaballa (Araba) solo ocupado en un 30-50% segn fuentes distintas- y en su caso a Martutene, Basauri e Iruea, y, en el caso francs, a Mont-de-Marsan y Lannemezan.

La transferencia pendiente

Ha sido humillante a lo largo de los ltimos aos -por la sombra de sospecha que proyectaba sobre las instituciones vascas- que no se transfiriera la competencia penitenciaria as como los medios materiales y humanos juez de vigilancia penitenciaria de cada territorio- para implementarla. Hay que instar a la inminente transferencia para que se pueda aplicar una poltica penitenciaria humanizadora.

Acumulacin de condenas en la UE

En 2008, la Unin Europea dict la Directiva marco 2008/675/JAI, que armonizaba la justicia penal de los distintos pases europeos para que las sentencias y cumplimientos de penas tengan, por justicia matemtica, los mismos efectos que si fueran de tribunales internos acumulndose las condenas ya cumplidas en prisiones de la UE. Dio a los Estados dos aos de plazo mximo (2010) para incorporar a su normativa la decisin. Espaa solo lo hizo en 2014 .

Con ello varios personas presas en crceles espaolas y que haban cumplido penas en Francia debieron haber sido liberadas. Pero el truco del Gobierno espaol para saltarse su aplicacin consisti en no tener en cuenta las sentencias  dictadas en otros pases antes del 15 de agosto de 2010 ", lo que impeda que la mayora de las personas presas de ETA pudiera acceder a la acumulacin de penas.

Contra todo pronstico, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en octubre de 2018 se ha inhibido de entrar al fondo declarando, en todo caso, que no se haban respetado los derechos de las personas penadas en el proceso seguido ante los tribunales. Est pendiente que se trasponga correctamente la Directiva como reclam el PNV; pero el PSOE bloque esa salida en el Congreso de los Diputados sumando su abstencin al voto negativo de PP y Cs el pasado 18 de diciembre. Ms miedo a la derecha que coherencia.

En suma, cinco campos relevantes para la normalizacin de nuestro pas y que podran formar parte, primero, de un pacto democrtico vasco de reinterpretacin de las leyes penales o penitenciarias, ahora que la inexistencia de ETA lo facilita; y segundo, un compromiso del Gobierno de Espaa para llevarlo a cabo con esta lectura humanista sin nuevas exigencias aadidas y obstaculizadoras. Hay que reivindicarlo con SARE el 12 de enero en Bilbao y Baiona.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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