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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-01-2019

El precio de defender la tierra
Dos de cada tres activistas asesinados pertenecen a movimientos medioambientales

Alejandro Tena
Pblico


Las mujeres que buscan la proteccin de los derechos de las comunidades indgenas tienen que hacer frente a la represin de los poderes econmicos, pero tambin a la coaccin y violencia que hay dentro de las propias comunidades indgenas que, ancladas en la tradicin patriarcal, impiden que las mujeres tengan relevancia dentro de las decisiones polticas.

Un activista coloca un cartel que denuncia la extraccin ilegal de madera en el Amazonas. AFP/MARIE HIPPENMEYER 

Un activista coloca un cartel que denuncia la extraccin ilegal de madera en el Amazonas. AFP/MARIE HIPPENMEYER 

Defender la tierra sale caro. Tan caro, que se paga con la vida . La lucha por el cumplimiento de los Derechos Humanos siempre escondi riesgos, sobre todo si tiene un enfoque medioambiental destinado a proteger las tradiciones y propiedades de las comunidades aborgenes. Tanto es as, que desde 2014 se han reportado ms de 800 asesinatos , segn el informe de Front Line Defenders sobre la represin y coaccin que se da en algunos pases latinoamericanos. De los crmenes acontecidos en el ltimo ao, puntualiza el estudio, dos tercios se llevaron la vida de personas que trabajaban en la defensa de los derechos medioambientales, el derecho a la tierra y los derechos de los pueblos indgenas, a menudo en zonas rurales aisladas.

Los datos an por actualizarse, pues el informe llega hasta septiembre de 2018 reflejan una prctica represiva propia de un continente que atrae la atencin de los poderes econmicos y empresariales, debido a los recursos naturales que posee, asegura a Pblico Ignacio Montano, portavoz de Amnista Internacional . El experto pone el foco en la libertad con la que operan las grandes empresas en Latinoamrica y en como los poderes estatales hacen caso omiso a los derechos de los pobladores indgenas de algunas zonas de Honduras, Mxico, Colombia o Brasil, entre otros.

"La mayora de los homicidios quedan impunes y los perpetradores se ven con la tranquilidad de poder seguir actuando sin consecuencias"

Las empresas tienen gran influencia y estn en coordinacin con los gobiernos estatales. As, la mayora de los homicidios quedan impunes y los perpetradores se ven con la tranquilidad de poder seguir actuando sin consecuencias, explica el Montano.

La extraccin de gas del proyecto Camisea en la Amazona peruana por parte de Repsol, la construccin del complejo hidroelctrico Renace por parte del Grupo ACS en Guatemala o el Corredor Elico del Istmo de Tehuantepec en Mxico que involucra a Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia son algunos de los negocios transnacionales recogidos por el informe El Ibex 35, en guerra contra la vida , elaborado por Ecologistas en Accin, OMAL-Paz con Dignidad y Calala Fondo de Mujeres.

Para Serlinda Vigara, portavoz de Ecologistas en Accin , la violencia hacia los activistas medioambientales en Latinoamrica deja asesinatos y muertes, pero tambin otro tipo de violencias. "En todos los casos analizados detectamos contextos comunes en las que las defensoras y defensores del medio ambiente que se oponen a los intereses corporativos son objeto de procesos de criminalizacin, acoso, persecucin, estigmatizacin, judicializacin, amenazas y agresiones", explica.

En este conflicto de intereses entre las empresas, estados y comunidades se suele utilizar a pistoleros y miembros de seguridad privada convertidos en grupos paramilitares. Miguel ngel Soto, experto en Derechos Humanos de Greenpeace menciona la conocida masacre de Colniza para ejemplificar el funcionamiento de los mecanismos represivos. Un crimen en el que el propietario de un aserradero, que sigue en libertad hoy en da, aparece como principal interesado en la muerte de los colonos que protestaban en contra de la deforestacin, narra Soto, para denunciar la impunidad que permite que esa madera manchada de violencia siga llegando al puerto de Vigo.

Las mujeres, principales defensoras de la vida

En esta espiral de violencia y muerte que busca acallar a quienes luchan por los derechos de la tierra y las comunidades indgenas, las mujeres se convierten en las principales damnificadas. Lo son porque estn vinculadas a la proteccin y a la defensa de lo necesario para vivir, expone Vigara, quien seala el vnculo entre el gnero y el medio ambiente que pone a las mujeres en el punto de mira de los intereses comerciales y explica la persecucin que sufren.

Ponen sus cuerpo para defender la vida y por ello son vctimas de violaciones, abusos sexuales, hostigamientos a sus familias, se ven expuestas a campaas de desprestigio que cuestionan sus compromisos familiares, aade la portavoz de Ecologistas en Accin.

Dentro de la propia violencia especfica que reciben las defensoras de la tierra, hay que sumar la discriminacin y el acoso que pueden experimentar en el seno de los propios colectivos autctonos, que en muchos casos se presentan anclados en unas tradiciones misginas y patriarcales. Este doble ataque se explica por un lado porque son defensoras de la tierra que se enfrentan a las injusticias, pero por otro, porque actan en contra de las tradiciones donde la mujer no tiene espacios, argumenta Montano.  

 

  Grafiti de Berta Cceres en Tegucigalpa. WIKIPEDIA 

Grafiti de Berta Cceres en Tegucigalpa

 

Bolsonaro y el terrorismo de los activistas

La llegada Bolsonaro no va suponer grandes cambios para los defensores y defensoras de la tierra en Brasil, un pas donde apenas se respetan los derechos de las comunidades indgenas y de los grupos ecologistas. Antes de que llegase Bolsonaro ya se encontraban en peligro, puntualiza Montano, de Amnista Internacional. Sin embargo, la llegada del nuevo presidente de extrema derecha, lejos de mejorar las condiciones, slo puede agravar las cosas, opina, por su parte, Soto.

De hecho, el lder brasileo ya ha aprobado un decreto que abre las puertas al uso de las armas , en un pas que en 2017 bati los rcords de homicidios. Una decisin que segn Greenpeace traer ms violencia y ms asesinatos, en tanto que el pas latinoamericano tiene abierto un gran nmero de conflictos por la propiedad de la tierra de los pueblos aborgenes. Bsicamente, Bolsonaro est diciendo a la gente que dispare, apuntan desde la organizacin ecologista.

Pero el hecho de que los terratenientes puedan portar armas no es la nica medida que da garantas de impunidad a los crmenes contra los defensores de los Derechos Humanos. Tanto es as, que el nuevo Ejecutivo ya se ha posicionado abiertamente de parte de las grandes empresas que explotan los recursos y ha anunciado que impulsar un decreto para calificar de terroristas a todas las organizaciones del Movimiento Sin Tierra .

Trabajar contra la violencia

Los datos de Front Line Defenders se van actualizando a diario mientras los activistas mueren. De hecho, segn la organizacin, en lo que va de 2019 menos de un mes en Colombia ya han sido asesinados seis activistas . Desde Ecologistas en Accin sealan a Pblico que el remedio contra esta lacra pasa por impulsar y establecer marcos normativos nacionales e internacionales jurdicamente vinculantes sobre empresas transnacionales".

Desde Greenpeace, por su parte, reclaman una ley de diligencia debida que "obligue a las empresas a establecer anlisis de riesgos en sus cadenas de suministros". "No hay un marco jurdico que obligue a las empresas a cumplir con los Derechos Humanos, por lo que pueden hacer en el extranjero cosas que no haran aqu, denuncia Soto.

Pero esta encrucijada tambin pasa por una revisin de tratados como el TTIP, CETA o TISA . Serlinda Vigara aboga por su suspensin y el abandono de estos acuerdos de inversin, ya que refuerzan la arquitectura jurdica de la impunidad a favor de las transnacionales y ponen la generacin de beneficios econmicos por encima de cualquier proceso de reproduccin de la vida .

Fuente: https://www.publico.es/sociedad/precio-defender-tierra-tres-activistas-asesinados-pertenecen-movimientos-medioambientales.html



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