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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-01-2019

Espaa, un reino en descomposicin (y III)

Manuel Ruiz Robles
Rebelin


Alerta antifascista

La hipcrita ley de concordia que la derecha pretende sacar adelante en el Parlamento de Andaluca, como consecuencia de su acuerdo de gobierno con VOX, no es ms que un pretexto para humillar a las victimas del franquismo, dando de ese modo satisfaccin al odio visceral que viene azuzando su socio de gobierno, desde que desembarc de su buque nodriza. Esta pretendida ley de concordia ser, probablemente, una versin envenenada de lo que se denomin en la segunda mitad del siglo pasado reconciliacin nacional, lo que aumentar el desconcierto y frustracin de numerosos demcratas.

No sera necesario recordar, si vivisemos en un autentico Estado de derecho, que el PP es un partido fundado por un ministro de la dictadura franquista, que no tuvo ningn inconveniente en lanzar una campaa infame para justificar el Consejo de Guerra, condena y asesinato en 1963 de Julin Grimau, dirigente del Partido Comunista de Espaa; un partido republicano que impulsaba, desde hacia aos, la citada poltica de reconciliacin nacional.

Por otro lado, VOX, socio de gobierno de la derecha franquista, se est configurado como una fuerza de ultraderecha sin complejos, con conexiones internacionales inquietantes, que ha hecho su entrada en el Parlamento de Andaluca con la intencin malsana de destruirlo.

No es, pues, casual que el PP haya pactado un acuerdo de gobierno con una fuerza salida de sus propias entraas, pues su afinidad nace de la voluntad de los poderes que sustentaron la dictadura, consolidados por el pacto de la transicin. Es un acuerdo de gobierno que pone en peligro las libertades, en retroceso alarmante, y apunta directamente contra las mujeres y los derechos civiles.

Vivan las cadenas!

La llamada transicin se produjo en una situacin de terror que afectaba a amplias capas populares, producto de una dictadura sanguinaria que mantuvo secuestradas las libertades durante casi cuarenta aos.

El tremendo trauma colectivo del pueblo espaol, provocado por el fallido golpe militar nacional-catlico de 1936, que deriv en guerra y dictadura, unido a las amenazas y presiones constantes de las fuerzas armadas de Franco, y los crueles atentados de ETA que les daba alas, forz una transicin que dieron en llamar modlica.

En Espaa no fue viable una autentica transicin democrtica, como s lo fue en nuestro admirado Portugal de la Revolucin de los Claveles, un venturoso 25 de Abril de 1974. En el periodo que va de 1976 a 1980 se produjeron en nuestro pas ms de 100 asesinatos de militantes de izquierda, en manifestaciones y atentados, mientras que en Portugal se produjeron cuatro vctimas mortales, adems de un cierto nmero de heridos, como consecuencia de los disparos de agentes de la polica poltica contra manifestantes civiles.

La Verdad, Justicia y Reparacin, exigibles al trmino de la dictadura, compensando a las victimas del franquismo, as como el enjuiciamiento y condena correspondiente a los crmenes de lesa humanidad cometidos por los sicarios de la dictadura, no se llev a efecto. Todo qued en suspenso como consecuencia de la mal llamada Ley de Amnista, en realidad una ley de punto final.

Jams el poder franquista, presente en las instituciones del Estado -como lo son una parte significativa de las Fuerzas Armadas, con el rey a la cabeza, Judicatura y Polica- escenific un acto de arrepentimiento, tampoco de propsito de enmienda, es decir garanta de no repeticin, pese a la gigantesca masacre perpetrada durante la dictadura, con ms de 100.000 asesinatos que no prescriben. Por el contrario, el denominado Movimiento Vasco de Liberacin (Aznar dixit) abandon finalmente las armas tras cometer cerca de 900 asesinatos a lo largo de sus 50 aos de existencia, disolvindose finalmente y dando garantas razonables de no repeticin.

El terror franquista no solo ha de ser condenado, sino recordado en un museo de lo horrores, quiz en sustitucin del mausoleo del dictador y genocida Francisco Franco, que sigue an presidiendo la Sierra de Madrid, coronado por una ciclpea cruz visible a ms de una veintena de kilmetros. Resulta, por tanto, cuando menos curioso para cualquier observador imparcial, que un numeroso grupo de generales y almirantes, secundados por ms de mil oficiales, algunos de ellos an en la reserva, haga un enardecido enaltecimiento de Franco oponindose a una decisin del Gobierno de Espaa, sin que acte la Fiscala General del Estado ni la Audiencia Nacional.

Mientras numerosas placas, monumentos y rotondas recuerdan a las victimas de ETA, que son generalmente escrupulosamente respetadas, escasas placas o monumentos honran la memoria de las vctimas del franquismo, que son adems frecuentemente atacadas. Tampoco existe en Espaa un smbolo equivalente al que representa en Francia el Muse de la Rsistance nationale, adems de infinidad de placas y monumentos, que, como ejemplar memoria democrtica, jalonan la historia del pas vecino.

El reciente acto de homenaje al exilio republicano organizado por el PSOE, celebrado en el Senado con vivas a la Repblica, y magistralmente narrado por la escritora y periodista Enriqueta de la Cruz, es un hecho esperanzador.

La memoria de todas las victimas inocentes ha de ser respetada y honrada.

La Transicin fue un trgala de la dictadura franquista. Los poderes econmicos que la sustentaban, acumulando fortunas gigantescas a costa de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, necesitaban integrarse urgentemente en la Comunidad Econmica Europea, so pena de ver constreidos sus intereses y alianzas econmicas. Saban que los gobiernos europeos no aceptaran en su seno una monarqua heredera de Franco, sin un adecentamiento previo de su fachada.

El gran desequilibrio de fuerzas a la muerte del dictador determin el rumbo de la Transicin. Unas, las republicanas, diezmadas y desarmadas. Otras, las monrquicas, detentando el poder econmico y fctico que le otorgaban las leyes de la dictadura. Todo bajo la atenta vigilancia de un ejrcito de ocupacin, pues no otra cosa eran las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, al que daban soporte las leyes penales militares y dems leyes represivas, el Tribunal de Orden Pblico, tribunal cuyas funciones absorbi la Audiencia Nacional, sin olvidar la tristemente clebre Brigada Poltico Social, que pas a encuadrarse en la Polica Nacional.

El desenlace del proceso fue una Constitucin cuyo ncleo blindado garantiz el famoso atado y bien atado, representado actualmente por el rey Felipe VI: Que nadie se llame a engao, la Constitucin prevalecer, dijo amenazante das antes del apaleamiento inmisericorde del pueblo cataln.

Actualmente es imposible una reforma del ncleo duro de la Constitucin sin el acuerdo de las fuerzas franquistas procedentes de la dictadura. En efecto, su reforma, prevista en el Art. 168 de la CE, constituye el famoso candado al que ha hecho mencin el lder de Unidos Podemos, profesor Pablo Iglesias. Se trata de una barrera infranqueable para las fuerzas de progreso, que impide de facto cualquier intento de reforma democrtica de calado, esencial para los intereses de las clases populares y de los pueblos.

Por el contrario, los artculos de la Constitucin que proclaman derechos sociales -como el derecho a la educacin, al trabajo, a la salud, a una viviendas digna, a las pensiones- no estn garantizados, constituyendo de hecho un seuelo sin materializacin efectiva alguna; por el contrario, los privilegios franquistas del rey estn especialmente protegidos por el citado candado, que imposibilita cualquier modificacin, incluida la anulacin de su famosa inviolabilidad.

La correlacin actual de fuerzas parlamentarias entre el bloque democrtico y el franquista est sesgada por unas leyes preconstitucionales, como lo es la injusta ley electoral, que favorece a las fuerzas conservadoras, y otras leyes directamente procedentes de la dictadura, no derogadas, como lo es la Ley de Sucesin en la Jefatura del Estado, decretada por Franco, que reinstaur la monarqua.

El vivan las cadenas! de la Constitucin no ha soportado las contradiciones latentes en su seno, provocando una crisis de Estado gigantesca, que tan solo un gran pacto democrtico para el inicio de un proceso constituyente en libertad, que no la hubo, podra paliar.

Una salida pactada entre las fuerzas democrticas

La Repblica federal, o confederal, es el nico marco constitucional viable frente a los evidentes sntomas de descomposicin del reino de Espaa, agravado por el empantanamiento del conflicto cataln. Su proclamacin es la nica oportunidad que nos queda antes de que se consume de forma irreversible la descomposicin en ciernes, de consecuencias imprevisibles.

Por otro lado, es de desear que tanto el Estado espaol, como la Generalitat de Catalunya, reconozcan de facto el grave error estratgico del llamado choque de trenes, de resultado an incierto para ambas partes. La nica salida viable, despus del estruendoso choque, es, obviamente, un pacto histrico que conduzca a una gran Convencin republicana que establezca una hoja de ruta transitable.

Contribuyamos, pues, compaeras y compaeros, a aunar voluntades a fin de avanzar hacia la formacin de un amplio gobierno democrtico que, actuando a modo de gobierno provisional, incluya a representantes de las naciones histricas del Estado espaol, proclame la Repblica y decrete una ley electoral justa, convocando a continuacin elecciones a una Asamblea Nacional constituyente, respetuosa con los derechos sociales y de los pueblos, incluido el derecho a la independencia si as se pactase.

Manuel Ruiz Robles, Capitn de Navo de la Armada, portavoz del colectivo de militares demcratas ANEMOI, presidente federal de UCR, antiguo miembro de la UMD.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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