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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-01-2019

Ahora s: a concesionar el pas

Juan J. Paz-y-Mio Cepeda
Rebelin


Durante las dcadas de 1960 y 1970 se logr la modernizacin capitalista del Ecuador. Se cumpla, adems, un largo proceso iniciado por la Revolucin Juliana (1925-1931) para superar el rgimen oligrquico, durante el cual los intereses privados prevalecieron sobre el Estado.

Paradjicamente fueron dictaduras militares las que ejecutaron esas transformaciones: la Junta Militar (1963-1966), originada en las labores de la CIA en un contexto latinoamericano de guerra fra, inaugur el desarrollismo; el general Guillermo Rodrguez Lara (1972-1976) lo consolid; y a pesar de su giro derechista, el Consejo Supremo de Gobierno (1976-1979) no lo desmont.

El desarrollismo implic la activa intervencin del Estado en la economa y los militares tuvieron muy claro que haba que imponer los intereses del Estado, por representar a los de la nacin, sobre los intereses privados. La Filosofa y Plan de Accin que inspir al gobierno Nacionalista y Revolucionario de las Fuerzas Armadas encabezado por Rodrguez Lara (influido por el socialismo del general Juan Velasco Alvarado, gobernante del Per entre 1968-1975), es un documento fundamental para entender cmo se articul la necesidad de liquidar el rgimen oligrquico, con la de imponer los intereses del Estado nacional a los sectores privados acostumbrados a manejarlo y que atacaron al modelo desarrollista como estatista y comunista.

En ese marco, con recursos estatales, fueron creados INECEL (Instituto Ecuatoriano de Electrificacin, 1961), IETEL (Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones, 1972) y otras instituciones pblicas. El primer Plan de Desarrollo (1964-1973) posibilit que, bajo el amparo del Estado, crezca el sector empresarial como nunca antes. El Plan Nacional de Electrificacin para 1971-1985 contempl 5 grandes centrales hidroelctricas y otras regionales, pero solo lleg a ejecutarse uno: Paute, que, pas a proporcionar energa indita para el pas.

La Constitucin de 1979, con la que se inici la poca de los gobiernos constitucionales, preserv el manejo de los sectores estratgicos en el Estado y renov claramente el inters pblico nacional sobre los intereses privados. Las derechas econmicas y polticas siempre renegaron contra ese modelo estatista. De modo que con el gobierno oligrquico-empresarial de Len Febres Cordero (1984-1988) despegaron los intereses privados para recobrar el control del Estado, en un marco internacional hegemonizado por el neoliberalismo.

Entre 1984-2006, los sucesivos gobiernos, enceguecidos por el modelo empresarial en construccin, lograron edificar la idea de que los intereses privados, el mercado, los empresarios, son capaces de construir la modernizacin y hasta la riqueza, y que el Estado es psimo administrador, no sirve y hay que achicarlo y privatizarlo. Hasta se logr una nueva Constitucin, la de 1998, que favoreci las tesis del neoliberalismo en auge por toda Latinoamrica. Pero el pas vio crecer un capitalismo oligrquico, mientras al mismo tiempo la riqueza se concentraba en una elite, se deterioraban las condiciones de vida y de trabajo de la poblacin, y se impulsaba una sistemtica poltica de los sucesivos gobiernos para descuidar las empresas y servicios del Estado.

El paraso del modelo empresarial produjo los ms grandes atracos privados contra el Estado (as ocurra en la poca oligrquica del siglo XIX) y contra la ciudadana, como fueron la sucretizacin de las deudas empresariales (1983 y 1987), los salvatajes bancarios, el feriado bancario de 1999 y la dolarizacin (2000). Sixto Durn Balln (1992-1996) intent privatizar la seguridad social, pero tambin las telecomunicaciones y la electricidad. En las dcadas finales del siglo XX los negociados y abusos con fondos pblicos estuvieron a la orden del da. Los beneficiarios de las concesiones y las privatizaciones hicieron negocios envidiables, a costa del Estado. Las rentabilidades privadas crecieron con la evasin y elusin de impuestos. Pero estas formidables corrupciones privadas han quedado en la impunidad, porque el escndalo se aplica a la corrupcin pblica. Hay suficientes estudios e investigaciones acadmicas que prueban milimtricamente todo lo que afirmo.

De igual modo, estudios e investigaciones serias en el pas y sobre todo en el exterior, reconocen que con el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y con la Constitucin de 2008, se recuperaron las capacidades del Estado y se restituy el inters pblico frente a los intereses privados. Hubo preocupacin por los servicios estatales, que indudablemente mejoraron. Se construyeron obras y se dot de infraestructuras a todo el territorio. Se concluyeron ocho proyectos hidroelctricos programados desde la dcada de 1970! Se dieron pasos inditos en la modernizacin y el desarrollo del pas, con incuestionables resultados sociales y laborales, resaltados por datos internos e informes de organismos internacionales. Sin duda, en la fase final de su gobierno, afectado por la recesin econmica, se opt por intentar ciertas concesiones en el marco de la alianza pblico-privada, contemplada por la Constitucin.

El fanatismo de la descorreizacin hace olvidar la historia, aunque los casos de corrupcin gubernamental, si bien magnificados por los medios de comunicacin y los polticos, sin duda resultaron graves y ocasionaron el derrumbe de la imagen del gobierno de Correa.

Pero, suponiendo que todo estuvo mal, que las obras materiales no sirven para nada y que campeaba la corrupcin por todo lado, al gobierno de Lenn Moreno corresponda distinguir los bienes pblicos de su administracin. Porque todo esfuerzo por perseguir la corrupcin merece el reconocimiento nacional; pero, al mismo tiempo, es una obligacin constitucional defender y preservar los bienes pblicos. Adems, Moreno tena que responsabilizarse por acabar con los problemas administrativos y solucionar todo aquello que estuvo mal. Y debe garantizar los bienes y servicios estratgicos, que no pueden ser privatizados, as como la seguridad social.

Sin embargo, un vocero del Ejecutivo anuncia que se iniciarn las concesiones de empresas pblicas (empezando con CNT e hidroelctricas). En un engaoso juego de palabras la privatizacin de hecho trata de ser disfrazada como simple traspaso de la administracin, aunque no del patrimonio. Pero la desesperacin por obtener rpidos fondos para el fisco ha hecho que se pierda de vista la Constitucin y el inters nacional. Se asume como algo fantstico, la concesin por 20 aos, que el Estado obtenga solo el 25% de los beneficios (la Constitucin habla de mayora para el Estado), que los trabajadores se aprovechen del 15% de utilidades, que se recaude impuesto a la renta. Incluso se pretende garantizar a las empresas concesionadas con privilegios absurdos, ya que, si por alguna razn no se respetan los acuerdos, el Estado deber indemnizarles, con lo cual quedan maniatados los fueros estatales y su soberana.

En lo de fondo el problema es que se ha impuesto en esferas gubernamentales un retroceso conceptual sobre el pas. No hay la mnima idea de lo que ha sido la historia econmica y social. Se ataca a los bienes y servicios pblicos con los argumentos del sector privado, sin entender que la empresa pblica se gua por propsitos y administracin distintas, ya que mientras al Estado interesa atender a los ciudadanos, al sector privado solo le motivan las ganancias. Se desconoce las nefastas experiencias latinoamericanas con las privatizaciones y concesiones. No hay conocimiento de los estudios nacionales o internacionales que analizan y cuestionan el caduco liberalismo econmico.

Un gobierno que en 18 meses gir hacia otro modelo de economa ya ofrece los primeros resultados: baja en el crecimiento econmico y deterioro de los ndices sociales, como puede verificarse en datos e informes del BCE, INEC o CEPAL. Y an as, tambin se anuncian negociaciones con los EEUU para un tratado comercial, e igualmente para el ingreso al Acuerdo Asia Pacfico, que traern enormes beneficios para aquellas elites empresariales, que siguen demostrando su carencia de responsabilidad nacional. Simplemente se vuelve a creer, a ciegas, que los intereses privados son buenos para el pas y que el Estado es un estorbo para los negocios.

Para este segundo modelo empresarial en la historia contempornea del Ecuador, nada importa. Y sus promotores son capaces de todo, incluso violentando instituciones, leyes, valores y principios. De modo que la acumulacin de valor social histricamente generado por millones de ecuatorianos durante dcadas y representado en las empresas y servicios estatales, corre el riesgo de transferirse a unas cuantas empresas particulares, para que se enriquezcan precisamente en perjuicio del Estado y a costa del trabajo social. Pero la historia tiene sus ironas, como sostena Hegel, y llegar el momento para que los responsables de estos atentados contra el pas respondan ante la justicia nacional.

Historia y Presente - blog:
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Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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