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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-01-2019

Plan Nacional de Paz y Seguridad: continuidad de la militarizacin

FNLS


El plan de seguridad que emana de la actual administracin tiene el objetivo de proteger la propiedad privada, con ste se crean las condiciones para continuar con la militarizacin del pas y la creacin de nuevos rganos de represin que fortalecen el Estado policaco militar. En el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018 2024 puede observarse a todas luces la continuidad de la imposicin de los intereses de un grupo reducido de empresarios nacionales y del extranjero.

El sustento material de las medidas en poltica de seguridad nacional tiene el objetivo de proteger y procurar la realizacin de los planes econmicos de la oligarqua plasmados en el plan econmico 2018 2024, que consiste en el impulso de las Zonas Econmicas Especiales (ZEE).

La relacin entre el plan de seguridad y el plan econmico estriba en el vnculo inseparable entre el poder poltico y la cpula empresarial. El reclutamiento de 50 mil elementos para conformar la Guardia Nacional expresa la creacin de un nuevo grupo policaco militar para garantizar un nuevo ciclo de desarrollo del capital en Mxico.

El Plan Nacional de Seguridad plantea que la violencia contra el pueblo se debe a la descomposicin institucional y falta de probidad de los funcionarios pblicos, es decir, que es producto de la corrupcin, esta forma de concebir el fenmeno tiene la intencin de deslindar la responsabilidad del Estado mexicano en los miles de crmenes cometidos contra las masas trabajadoras, sostener que el problema es la corrupcin deja de lado las motivaciones polticas y la esencia econmica de cada acto de violacin de los derechos humanos.

La violencia emana del Estado, los ejecutados extrajudicialmente, los detenidos desaparecidos son producto de una poltica represiva cuyo eje es la violencia sistemtica ejercida contra el pueblo para imponer los intereses del capital, mas no de la corrupcin.

El fortalecimiento del Estado policaco militar y la aplicacin del terrorismo de Estado contra el pueblo fueron los ejes de la poltica de seguridad de los sexenios de Felipe Caldern Hinojosa y Enrique Pea Nieto, el argumento que utilizaron ambas administraciones fue el combate al crimen organizado y al narcotrfico hecho que culmin con la militarizacin y paramilitarizacin del pas, aunado a un incremento exponencial en el cometido de los crmenes de lesa humanidad.

Con la nueva administracin la imposicin de los intereses oligrquicos cambia de forma para dar continuidad al neoliberalismo. La voluntad de empresarios ser matizada con cierto respaldo popular mediante una retrica conciliadora en un esfuerzo por unir el mezquino inters privado con las necesidades de la inmensa mayora de los desposedos.

El neoliberalismo no se suprime de manera mecnica o por decreto, por lo tanto, las contradicciones y la lucha antagnica entre las clases sociales se mantendrn en el presente sexenio. De tal manera que no es casual que se d el fortalecimiento y preparacin de las fuerzas represivas.

La nueva administracin no contempla el regreso de los militares a sus cuarteles, por el contrario, busca desplegar con mayor intensidad a las fuerzas militares en puntos especficos de la geografa mexicana para asegurar la concrecin de los planes imperialistas y garantizar el papel de Mxico en la divisin internacional del trabajo.

La primera accin en materia de seguridad que tom la nueva administracin fue el llamado para conformar la Guardia Nacional con mando militar bajo el argumento de las policas estn corrompidas y los nicos que le pueden hacer frente a la violencia e inseguridad en el pas es la polica militar.

El despliegue por todo el pas de militares y marinos para cumplir tareas de seguridad pblica es con el argumento de pacificar el pas, mientras se concreta la creacin de la Guardia Nacional. Su funcionamiento tendr respaldo en la constitucin poltica, lo que significa que los militares seguirn en las calles y deja abierta la posibilidad de que los crmenes de lesa humanidad incrementen.

Las cifras de la violencia en el pas durante el tiempo que lleva la nueva administracin rebasan las expectativas que se crearon con el arribo de un gobierno diferente; en un solo da se han llegado a contabilizar ms de 80 vctimas de mltiples flagelos, indicador que difiere con la idea de la pacificacin.

La lucha contra la delincuencia organizada se mantiene como premisa fundamental para definir el plan de seguridad pblica, a ello obedece el despliegue de efectivos militares por todo el pas. Resulta insustancial el argumento de Alfonso Durazo cuando sostiene que retirar los militares a los cuarteles sera una irresponsabilidad y dejara al pas en la indefensin.

Con el argumento de combatir a los huachicoleros, se desplegaron 900 elementos del ejrcito, Marina y Fuerza Area para resguardar las instalaciones de PEMEX, medida que extiende la discrecionalidad para realizar patrullajes y retenes, principalmente en los estados de Tamaulipas y Veracruz.

El mismo secretario de seguridad y los gobiernos del Estado de Mxico y de la Ciudad de Mxico, aceptaron desplegar 7 mil 500 elementos del ejrcito en esos estados bajo el pretexto de que se vive una grave situacin de inseguridad en la zona metropolitana, lo mismo sucedi en Acapulco con el despliegue de 500 militares con el pretexto de cuidar las escuelas por la violencia.

En Guerrero se desplegaron militares y mil 200 elementos de la Secretaria de Seguridad Pblica, en Michoacn ms de 500, en Guanajuato ms de 800 militares y marinos, en Puebla medio centenar de militares de la 25 zona militar, todo este despliegue se hizo bajo el argumento de disminuir los ndices de violencia. Esto significa que son los cuerpos policaco militares en quienes va a recaer las tareas de seguridad.

A raz de la propuesta para aprobar en el Congreso la creacin de la Guardia Nacional son mltiples las voces que manifiestan su preocupacin ante una intentona de mantener el fortalecimiento del Estado policaco militar. En Ciudad Jurez diversas organizaciones populares, de derechos humanos y familiares de vctimas del terrorismo de Estado se manifestaron contra la militarizacin.

La nueva administracin con su discurso de punto final otorga impunidad a los criminales de Estado e impide que la justicia llegue a miles de vctimas que ha generado esta violencia descomunal. Es imposible pacificar el pas con medidas que apuntan a un incremento de los crmenes de lesa humanidad.

La tarea del movimiento popular es mantener un juicio crtico ante la intentona de mantener la militarizacin como puntal fundamental de la poltica de seguridad nacional, desenmascarar en el primer momento cuando esta poltica enfile su objetivo contra el pueblo inerme, por lo tanto, la exigencia de desmantelamiento del Estado policiaco militar, la desmilitarizacin del pas, as como el juicio y castigo a los criminales de Estado es una demanda popular ineludible.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)

*Articulo de la revista Consigna Socialista No. 41. ver Revista: https://drive.google.com/file/d/1ngrpZFO3sknAy8QC_3LgxZQMA1QJOdKn/view

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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