Portada :: Economa
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-02-2019

Impuestos y riqueza social

Joaquim Sempere
mientras tanto


La derecha poltica con la aquiescencia de alguna gente que se dice de izquierda no cesa de presionar para que se reduzcan los impuestos que paga la ciudadana. En Espaa aunque la fiscalidad haba alcanzado el 48,1% del PIB en 2012, antes de que el gobierno Rajoy la redujera el poder de la derecha ha dado como resultado que la presin fiscal est unos 7 u 8 puntos por debajo de la media de la UE, que en 2015 era del 47,2% del PIB de la Unin.

Aunque los fenmenos sociales son demasiado complejos para reducirlos a correlaciones simples entre ndices, se puede sealar contra el argumento de que la baja fiscalidad estimula la inversin y la creacin de puestos de trabajo que pases con elevada presin fiscal, como son los del norte de Europa, tienen ndices de paro muy inferiores a los espaoles. Pero aqu me interesa ir ms al fondo de la filosofa fiscal para situar el asunto en otro nivel ms significativo.

En pases industrializados ningn empresario podra desarrollar su actividad productiva si no hallara dispuestas, en su entorno social, unas condiciones determinadas: un personal alfabetizado y con calificaciones tcnicas y administrativas disponible para ser contratado; unos sistemas de formacin tcnica y de investigacin; unos servicios sanitarios que mantienen unos niveles aceptables de salud en la poblacin, incluidas las personas empleadas en las empresas; unas infraestructuras viarias y ferroviarias que facilitan la circulacin por todo el territorio, incluyendo el traslado del personal trabajador desde su vivienda hasta el lugar de trabajo y la distribucin de los productos desde las empresas hasta los puntos de venta; un sistema de provisin de energa y de agua y de evacuacin de residuos. Adase a todo esto un sistema judicial y policial y unas crceles para preservar el orden jurdico, un ejrcito, unos bomberos y una proteccin civil, unos mecanismos para compensar a la ciudadana afectada por desastres naturales, y muy especialmente un sistema de seguridad social para proteger, al menos parcialmente, a jubilados, enfermos, parados y otras vctimas de inclemencias naturales y sociales. Gracias a este inmenso aparato de instituciones, la sociedad y por supuesto la economa puede funcionar sin fricciones insostenibles.

Quin provee estas condiciones? El estado, directamente a travs de instituciones propias o indirectamente planeando y subvencionando servicios y entes privados o semipblicos. Est claro que sin el conjunto de estas condiciones una economa moderna no puede funcionar, y que estas condiciones deben considerarse costes que contribuyen a la creacin de riqueza. Que las empresas contribuyan con sus impuestos a financiarlas es de sentido comn y responde a un criterio inmediato de justicia, o, si se quiere, a una asignacin equitativa de los costes. Por esto la retrica antiimpuestos que pretende defender a las empresas de lo que a veces se califica de prcticas confiscatorias es pura demagogia destinada a ocultar an ms unas transferencias de recursos ya opacas de por s. De hecho, teniendo en cuenta que las personas trabajadoras contribuyen a la Hacienda pblica ms de lo que les correspondera segn los esquemas fiscales vigentes (ya que los propietarios del capital contribuyen menos gracias a la elusin y evasin fiscales), el capital opera una gigantesca acumulacin por desposesin: se beneficia de unos servicios pblicos a cuya financiacin no contribuye como debiera, cargando la factura eludida sobre los hombros de la ciudadana en general. Adase a esto que los impuestos directos como el IVA, que se cargan proporcionalmente ms a quien menos tiene y que suponen una parte enorme de los ingresos fiscales, refuerzan esta inequidad fiscal. Desde este punto de vista, hay que combatir el embuste de que los ricos pagan impuestos para que los pobres tengan servicios gratis: los ricos pagan menos de lo que deben (segn unas normas sesgadas a su favor y que se eluden cuando se puede) y adems lo que Hacienda ingresa sirve para sufragar los costes generales de funcionamiento de la sociedad, condicin indispensable para que esos mismos ricos hagan sus negocios.

La ciudadana, por su parte, debe saber que el gasto social cubre unas necesidades de educacin, sanidad y proteccin social, entre otras, de vital importancia para su bienestar, y que por eso no ha de dejarse arrastrar por la demagogia antiimpuestos. Eso s: debe reclamar que el reparto de la carga fiscal sea equitativo y que se cumpla de verdad el mandato de progresividad fiscal que prev la constitucin hoy vigente en Espaa, erosionado y olvidado en el clima neoliberal imperante.

La falsa imagen social de una hacienda pblica voraz y confiscatoria es muy potente. Extrae su fuerza de la falta de reconocimiento de que la riqueza de las sociedades es bsicamente colectiva. Se basa en la suposicin de que los impuestos que pago son una detraccin o confiscacin de unos ingresos que son incondicionalmente mos y no dependen ms que de mi esfuerzo laboral o de mis derechos legtimamente adquiridos. Pero esta suposicin es muy relativa: sin las interdependencias que vinculan las distintas actividades econmicas no dispondramos de los niveles de riqueza de que gozamos. Este colectivismo de la produccin industrial avanzada se percibe cuando se trata de atribuir costes a unos y otros bienes y servicios pblicos. Cuesta mucho definir hasta dnde el coste de una operacin de apendicitis depende del trabajo del personal mdico y de enfermera, de la gestin hospitalaria, del trabajo de mantenimiento, de las inversiones en sanidad, etc. Los bienes y servicios transferidos a sus beneficiarios son resultado de acciones colectivas de efectos indivisibles cuyas magnitudes microeconmicas son difciles de segregar y calcular. Son riqueza social, directamente social, que se transfiere a quien los necesita.

La misma consideracin debera llevar a revisar la propia distribucin del producto social. A qu lgica responde la retribucin de los distintos agentes que participan en los procesos productivos? La respuesta ms plausible es que responde a lgicas de poder. El gran capital utiliza su posicin estratgica para acaparar la parte del len. Lo consigue deslocalizando la produccin, poniendo a competir mano de obra pobre con la mano de obra mejor pagada (incluso por encima de las fronteras), chantajeando a los estados con desinvertir en el pas para lograr mejor trato fiscal y menos reglamentaciones (laborales, ambientales y de todo tipo), etc. La lgica que se impone en primera instancia no es la del mercado, sino la del poder. El mercado interviene luego. Al terminar la segunda guerra mundial, en 1945, los trabajadores asalariados en Europa occidental sacaron ventaja de la derrota del fascismo e impusieron elevados niveles de salarios, de contratacin colectiva y de proteccin social a los que el capital tuvo de sujetarse. Cuando un gobierno sube por ley el salario mnimo ocurre otro tanto. As, las correlaciones de poder entre clases sociales establecen los marcos en que se concreta la distribucin del producto social (que luego viene determinada en concreto por factores como, ante todo, la propiedad del capital y, luego, la calificacin profesional, la antigedad en el puesto de trabajo, las imgenes de excelencia asociadas a la tarea, etc.). Que esta distribucin pueda variar de golpe debido a decisiones polticas indica que los mecanismos de distribucin actan en el contexto de una riqueza que es colectiva en su gnesis. Pretender que la remuneracin del trabajo y del capital responde a criterios objetivos es ilusorio. En una empresa cooperativa el abanico salarial puede ser, entre el trabajador menos pagado y el directivo mejor pagado, de 1 a 2 o de 1 a 3 (aunque la presin competitiva en una sociedad capitalista a veces empuja a aumentar ese abanico para no perder a ciertos tcnicos o directivos), mientras que en empresas privadas grandes puede alcanzar mrgenes mucho ms altos, hasta alcanzar niveles desorbitados de 1 a 1.000 o 10.000. Es obvio que estas diferencias no tienen ninguna proporcionalidad con la riqueza creada.

El poder que el ordenamiento jurdico concede a la propiedad del capital permite imponer de manera bastante arbitraria la injusta distribucin del producto social. Como deca ya a principios del siglo XX el socialista fabiano britnico R. H. Tawney, una empresa es un equipo de personas que utilizan un capital para producir bienes y servicios; paradjicamente, slo el propietario del capital tiene capacidad legal para decidir qu se produce, con qu amortizaciones y mtodos de trabajo, y en ltima instancia para cerrar la empresa. Quienes la hacen funcionar de verdad (directivos, administrativos y obreros) son convidados de piedra, que a lo sumo pueden protestar si algo no les gusta o no les conviene. Se podra imaginar remachaba Tawney un equipo de personas que alquilan capital a un ahorrador, y le pagan religiosamente los intereses pactados por el prstamo. En lugar de ser el capital el que alquila el trabajo, como pasa en el capitalismo, sera el trabajo el que alquilara el capital (como de hecho ocurre en las cooperativas). Es decir, las personas utilizaran la cosa, el capital, en lugar de ser la cosa la que utiliza a personas para crecer. Un resultado de este poner las cosas cabeza abajo es permitir que se acumulen fortunas inmensas en pocas manos. Y que unas pocas personas gobiernen y manipulen a multitudes. A eso Tawney lo llamaba, tal vez inadecuadamente pero con vigor expresivo, feudalismo industrial. Ese poder concedido por el ordenamiento jurdico a la propiedad del capital es un principio que debe ser subvertido en una sociedad democrtica coherente, y es raz de poder no slo en la empresa, sino tambin en la sociedad.

Volviendo a los impuestos, y para mayor inri, el ordenamiento legal concede a los patronos la capacidad de ser recaudadores fiscales de sus propios asalariados: son los patronos quienes tienen el encargo formal de detraer del salario bruto de sus empleados la deduccin para el impuesto sobre la renta y la cotizacin a la Seguridad Social y transferir estas sumas a la Hacienda pblica y a la caja de la SS. Los asalariados, por lo dems, estn sometidos a deducciones obligatorias para cumplir con sus deberes fiscales mientras que los dueos del capital pagan sus propias contribuciones por unas vas que les permiten muchas formas de elusin y evasin fiscales. Es la guinda de un orden fiscal que favorece al poderoso.

Creo importante difundir la idea de que la fiscalidad es una contribucin a los costes generales de funcionamiento de la sociedad en contextos de elevada interdependencia socioeconmica. Esta idea debera contribuir a elevar la consciencia y la tica fiscales. Y debera traducirse en mecanismos ms eficaces para lograr que cada sujeto econmico pague lo que debe. A la vez, tambin me parece importante difundir otra idea: la de que la riqueza de las naciones es esencialmente social, que se presenta como indivisible y que su distribucin viene determinada por factores tico-polticos. En otras palabras, las desigualdades insufribles que nos afligen tienen causas polticas, y por tanto deben poder modificarse y en su caso suprimirse por medios polticos.

 

Fuente: http://www.mientrastanto.org/boletin-176/notas/impuestos-y-riqueza-social

 



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter