Portada :: Amrica Latina y Caribe :: Uruguay. Millones de columnas
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-02-2019

Denuncian al Estado uruguayo ante la CIDH por inaccin ante amenazas paramilitares
La impunidad permanente

Daniel Gatti
Rel-UITA

Tras esperar en vano por ms de dos aos que se investigaran a fondo las amenazas de muerte que recibieron de un comando paramilitar, la mayor parte de las vctimas de ese delito denunciaron al Estado uruguayo ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


Los hechos remontan al 28 de enero de 2017, cuando un llamado Comando general Pedro Barneix amenaz de muerte a 11 personalidades uruguayas y extranjeras relacionadas con los derechos humanos, el ministro de Defensa y el fiscal de Corte.

Este martes 12, 9 de los amenazados (el militante humanitario brasileo Jair Krischke, el jurista francs Louis Joinet, la investigadora italiana Francesca Lessa, los abogados uruguayos Juan Errandonea, Juan Fagndez, Pablo Chargoia, Federico lvarez Petraglia, la ex fiscal Mirtha Guianze y la exviceministra y diplomtica Belela Herrera) y el Observatorio Luz Ibarburu presentaron una peticin ante la CIDH (*).

Uruguay afirman viol varios artculos de la Convencin Americana de Derechos Humanos.

Los enumeran:

Obligacin de Respetar los Derechos Derecho a la Integridad Personal Derecho a la Libertad Personal Garantas Judiciales Igualdad ante la ley Derecho a la proteccin judicial

Pocas semanas despus de que el grupo paramilitar, que toma su nombre de un general retirado acusado de violaciones a los derechos humanos que se suicid momentos antes de ser detenido, amenazara a los 13, la CIDH inst a Uruguay a investigar los hechos con la debida diligencia.

Pero la investigacin judicial apenas avanz. Lo poco que se averigu obtenidos (el origen de algunos de los correos electrnicos enviados por el comando, por ejemplo) provinieron de las propias vctimas o de colaboradores.

La justicia ni siquiera relacion este hecho con otros similares, anteriores y posteriores (otras amenazas, robos de archivos de grupos de derechos humanos, vandalizacin de sitios de memoria), lo que hubiera podido precisar la bsqueda.

Desinters

En ningn momento las autoridades dieron muestras de estar interesadas en aclarar lo sucedido.

Ms bien lo contrario, como lo demostr la ausencia, en mayo de 2017, de representantes del Estado en reuniones convocadas por la CIDH en Buenos Aires para examinar el accionar de las instituciones pblicas uruguayas en la investigacin y sancin de los delitos relacionados con la dictadura.

Una carta abierta que los denunciantes enviaron el 29 de enero de 2018, un ao despus de la irrupcin del Comando Barneix, al presidente Tabar Vzquez alertndolo sobre la ausencia de resultados, no tuvo respuesta.

La inaccin no es sorprendente, dada la parlisis de las decenas de causas abiertas (por asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones) en las que estn implicados militares y civiles de la dictadura.

Los estados tienen que investigar con la debida seriedad cualquier tipo de amenaza, consideran los peticionantes en el comunicado en el que explican por qu acudieron a la CIDH.

Pero en los casos de amenazas y amedrentamientos en contra de operadores de justicia y defensores y defensoras de los derechos humanos dicen existe una obligacin reforzada: dichas amenazas tienen un impacto evidente hacia la funcin que ellos ejercen y su objetivo es afectar sus actuaciones.

El Estado tiene que actuar, hecho que no ha sucedido en Uruguay.

(*) Los otros amenazados fueron el ministro de Defensa Jorge Menndez, el fiscal de Corte Jorge Daz y los abogados Hebe Martnez Burl y scar Lpez Goldaracena.

Fuente: http://www.rel-uita.org/ddhh/la-impunidad-permanente/



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter