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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-02-2019

Un invierno primaveral

Jaime Richart
Rebelin


Este mes de febrero y este invierno, van a pasar a la historia de Espaa por dos hechos muy relevantes por inditos. El primero es natural: estamos en un permanente invierno de primavera. El segundo es artificial: estamos ante un juicio gigantesco en el que se solventan penas de presidio prcticamente vitalicias, para una serie de polticos del territorio cataln.

Un pas y su Estado pueden llegar a tener que defenderse a caonazos de atacantes o de invasores. Pero la democracia ni se impone ni se defiende a caonazos. Pues, sabiendo como sabemos que la historia la cuentan siempre los vencedores y es prcticamente imposible contestarse con la versin de los vencidos hasta que pasa mucho tiempo o cuando se han cambiado las tornas, defender la democracia desde la ms absoluta intransigencia frente a los problemas sociales o territoriales o frente a quienes la acatan a regaadientes, equivale a recurrir a los caones.

Porque estaremos de acuerdo en que el cunto democrtico de un pas ante cualquier conflicto de la sociedad, sobre todo los territoriales, se mide por el grado de flexibilidad de los poderes del Estado, es decir, por su tolerancia. Pues la intolerancia de un Estado, de sus gobiernos sugiere inmediatamente la idea un Estado autoritario o dictatorial. La intolerancia es atraso. Los pueblos, los pases, los Estados ms avanzados, son los ms permisivos con la ciudadana. La intolerancia no es ms que reflejo de la debilidad moral, cultural, racional y en este caso poltica. Eso de no nos temblar el pulso, que tanto se oye en Espaa, es amenazante y expresivo de lo cmodo que es para un Estado no escuchar el clamor de la ciudadana, no acceder, perseguir o encarcelar. Pues lo fcil en poltica es ser intolerante recurriendo enseguida el gobernante a la polica, al ejrcito o al poder judicial para que remedien lo que es fruto de la dejadez o de la incompetencia del poder. Lo que tiene mrito, siempre, es gobernar olvidndose de ellos. Pues descargar todo el peso del Estado contra contestatarios, opositores, manifestantes o contra quienes se acogen al derecho de autodeterminacin de los pueblos recogido en la Declaracin Universal de los Derechos Humanos y en numerosas resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas, y al referndum previo (es decir a una consulta organizada ms all de lo que especulen las empresas demoscpicas) es justo lo que hace o un estado dictatorial o un estado autoritario de bajsimo nivel de democrtico. Y con mayor motivo, cuando ese Estado intolerante, manejado por intolerantes, ha estado en manos exclusivas de dos nicos partidos polticos durante cuarenta aos, muchos de cuyos dirigentes o miembros, a lo largo de ese tiempo, incluida la realeza, se han dedicado ms a saquear las arcas pblicas que propiamente a gobernar o a reinar. Esto, por un lado, pero por otro, cuando uno de esos dos partidos, renunciando a sus postulados socialistas y sin pedir disculpa alguna a su electorado y al pas entero, rubric su sometimiento a la ideologa neoliberal al introducir una enmienda en la Constitucin, el artculo 135, en cuya virtud los acreedores internacionales tienen preferencia sobre cualquier otra partida presupuestaria. As es que desde un cupo de ilegalidades y de traiciones democrticas, el Estado espaol no slo se ha mostrado incapaz de dar salida democrtica a la cuestin catalana, es que ha respondido al conflicto como lo hubiera hecho la mismsima dictadura franquista. El mismo Estado desacreditado que busca ahora encubrir sus pasados errores y redimirse de sus miserias, con un aparatoso juicio a cargo de su tercer poder: el judicial.

La historia de las guerras la cuenta los notarios de los vencedores, deca antes. Pues bien, la historia de esta guerra incruenta entre catalanes y los mucho espaoles, la cuentan los notarios del Estado central que para este caso son sus policas. Porque la historia de este conflicto empieza y termina tcnicamente con el relato de su polica sobre los hechos que ahora se juzgan. Relato que de momento ha ocasionado que siete responsables polticos catalanes lleven ms de un ao en prisin preventiva, y que ahora se sustancie la posibilidad de penas que dan escalofros en un proceso judicial para cuya tramitacin se ha previsto la friolera de tres meses de sesiones.

Y es que todos estos gobernantes, juzgadores y fiscales que interpretan literalmente la Constitucin, se ve que desconocen dos cosas fundamentales. La primera es, que la razn nunca es prolija. Lo que a su vez significa que no slo ensombrece el resplandor de la razn la sobreabundancia de argumentos, sino tambin la visible sobreactuacin que supone dedicar tanto tiempo a sustanciarse un juicio oral para una causa que no responde a una necesidad tcnica, sino al propsito de hacer ver a las naciones que la justicia en Espaa no slo es neutral, sino que tambin es concienzuda. Y digo que no responde a una necesidad, porque en este juicio todo se reduce a una sola prueba: determinar si, para tipificar o no los hechos como constitutivos de los delitos de rebelin o de sedicin, los inculpados emplearon o no violencia... Y la declaracin de decenas o centenas de testigos, la mayora de ellos funcionarios dependientes del ejecutivo, no va a poner de relieve otra cosa que la intencin de las cloacas del Estado, con su cohorte de sicarios provocadores, de introducir el factor violencia por parte de los encausados que justificase la respuesta violenta del Estado y luego, la prisin de los procesados y la busca por rebelda de otros miembros del gobierno cataln basndose en los informes policiales no se sabe si inducidos. Y la segunda es que obvian el aforismo jurdico la causa de la causa es la causa del mal causado. Y el no examinarla significa quedarse slo con las presuntas causas intermedias que tienen su origen en la primera y suelen actuar como pretexto para la declaracin de una guerra, para invadir a un pas... o para provocar intencionadamente la indignacin de la gran mayora del pueblo cataln que exiga el referndum. No nos andemos por las ramas: causa de la causa de todo esto y de la rebelda del pueblo cataln est, primero en la mutilacin del Estatut (texto que se dio a s mismo el parlamento cataln) practicada por el Tribunal Constitucional, y luego en la denegacin del referndum sobre la autodeterminacin. Ni siquiera el poder central cedi a su celebracin, aunque fuese con la condicin de que el resultado no fuese vinculante...

En cualquier caso, no basta con decir: Alemania tampoco hubiera permitido la independencia de Baviera, por ejemplo, ni Francia la de Crcega, por ejemplo. Pues los antecedentes a los que me refer antes y la situacin en todo su contexto son fundamentales. Alemania es ya un Estado Federal y Francia no ha cercenado el estatuto de ningn Departamento.

El procs cataln, pues, no responde al capricho de unos polticos. Es el resultado de una combinacin de varios factores. Y este juicio pblico del caso ante el Tribunal Supremo no es ms que la continuacin por otras vas, de la respuesta violenta del Estado central frente a la intentona pacfica de proceder a la consulta popular; acusando ahora la Fiscala del Estado a los miembros del gobierno cataln de ser ellos y no el Estado quienes practicaron la violencia o indujeron los desrdenes pblicos el da de la consulta consumada pese a no haber sido autorizada.

En realidad a lo que llama violencia la Fiscala son desrdenes pblicos provocados por infiltrados; topos a favor del poder central, voluntarios o no, en aquel trance pero siempre presentes en casos tumultuarios parecidos, y violencia luego relatada como tal en los informes de las policas que, como todo el mundo sabe, ordinariamente son ley contra el ciudadano acusado en cualquier situacin de la que rara vez se atreve a zafarse la autoridad competente. En este caso el Tribunal Supremo espaol.

As se escribe la historia, y as, con ese atrasado espritu vindicador, se liquidar la sentencia que, para muchos observadores del mundo y para muchos en Espaa, ya est escrita o al menos decidida en lo fundamental desde el principio de otra grave y esperpntica fase de la historia de Espaa...

 

Jaime Richart, Antroplogo y jurista

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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