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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-02-2019

Del astronauta a la doctora en medicina

Juan Francisco Martn Seco
Repblica


Se supona que los Parlamentos hacan las leyes y los Ejecutivos los decretos, los reglamentos, el desarrollo de las leyes. Aunque bien es verdad que siempre han existido listillos que han credo que era ms importante hacer los reglamentos que las leyes. Hagan ustedes las leyes, que ya har yo los reglamentos, dicen que afirmaba con tono retador don lvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones. Pero Pedro Snchez est dispuesto a hacer las leyes y los reglamentos y para ello ha encontrado el subterfugio del decreto-ley que prev nuestra Constitucin en su artculo 86, pero solo para los casos de extraordinaria y urgente necesidad. Es verdad que todos los gobiernos se han extralimitado en su utilizacin, pero ninguno como el doctor Snchez, que lo mantiene como la nica forma legislativa. Hasta la realidad ms balad se considera de extraordinaria y urgente necesidad.

Incluso el Ministro astronauta se ha aprendido la treta y en el ltimo Consejo de Ministros utiliz el decreto-ley para cambiar la forma de control de los Organismos Pblicos de Investigacin (OPI), exceptundolos de la ley general presupuestaria, y sustituyendo la fiscalizacin previa por el control financiero permanente. Conviene antes que nada resaltar que los OPI son rganos de investigacin, pero tambin son pblicos, es decir, los recursos que manejan son de todos los espaoles y es fundamental garantizar no solo que tenemos buenos investigadores (todo el mundo se cree muy bueno en su profesin), sino tambin que se emplean los recursos adecuadamente, con eficacia, con eficiencia y orientndolos a la finalidad y del modo que el Parlamento ha decidido, en otras palabras, de acuerdo con la ley.

La historia es antigua, los responsables de casi todos los organismos, en aras de una supuesta eficacia, pretenden liberarse del yugo de la ley y del control previo de la Intervencin General de la Administracin del Estado (IGAE), confundiendo una con el otro. Actualmente, la fiscalizacin previa est muy limitada a determinados actos y hechos jurdicos que se consideran esenciales, y el tiempo que los expedientes permanecen en las intervenciones es muy reducido, cinco das por trmino medio. De existir rigideces y retrasos no se encuentran desde luego en el control previo, sino en la normativa aplicable, en la carencia de recursos econmicos (en la poca de crisis se ha hecho evidente), pero con mayor probabilidad en la ineptitud de los gestores y altos cargos que esconden su incompetencia tras la excusa de la intervencin.

Lo que realmente incomoda a los gestores que se muestran descontentos, es la norma, el hecho de tener que someterse a procedimientos reglados; ahora bien, son estos procedimientos los que garantizan que los recursos se utilizan adecuadamente, que no se desvan a finalidades espurias, que no se malgastan y que se cumple la igualdad de oportunidades. En contra de lo que piensan muchos, no s si por conveniencia o por ignorancia, la ausencia de norma no incrementa la eficacia, sino todo lo contrario, el despilfarro, el amiguismo e incluso la corrupcin.

A menudo he sealado cmo los casos de corrupcin se han acumulado all donde el control de la intervencin es ms deficiente, primero en los ayuntamientos, donde el interventor es nombrado por los alcaldes; segundo en las Comunidades Autnomas, ya que los interventores generales no suelen ser funcionarios y se encuentran muy mediatizados como recientemente ha demostrado el proceso de los ERE en la comunidad andaluza, de donde son oriundas las actuales autoridades del Ministerio de Hacienda; y, por ltimo, en los entes y organismos de la Administracin central (por ejemplo, en las empresas pblicas) en los que no existe la fiscalizacin previa.

Los polticos que compiten para ver quin asume mejor el papel de campen contra la corrupcin se van normalmente por las ramas a la hora de proponer medidas, medidas carentes de eficacia y que solo tienen valor de pura propaganda de cara a la galera. Por el contrario, pocos se preocupan de acometer reformas realmente efectivas como la potenciacin de los rganos de control. Ms bien, tal como estamos viendo en este caso, el camino seguido es el contrario y se elimina la fiscalizacin previa con el pretexto de incrementar la eficacia.

Se ha publicado que los OPI fueron sometidos al rgimen de fiscalizacin previa en 2014. Solo es cierto parcialmente, puesto que en ese ao lo nico que se hizo fue recuperar el rgimen de control que primigeniamente tenan y que haba sido modificado, al igual que se hace ahora, a finales de la dcada de los noventa. El cambio de 2014 obedeci precisamente a la mala gestin y a las mltiples irregularidades que los informes de control a posteriori haban detectado en el funcionamiento de estas entidades desde que se les haba librado de la intervencin a priori. No hubiera estado mal que el Gobierno actual, antes de tomar esta medida, hubiese consultado los numerosos documentos que se encuentran en la IGAE y que describen los defectos y las lacras que se estn dando en la actividad de estos organismos.

Al lado de una corrupcin a lo grande, de casos espectaculares, aquellos que terminan en el juzgado y salen en la prensa, se encuentra una corrupcin a lo pequeo, tanto o ms importante, porque puede emponzoar a la totalidad de una entidad cuando el control se relaja; es el amiguismo, la endogamia, los contratos amaados, el reclutamiento de personal sin seguir los criterios de mrito y capacidad, las subvenciones concedidas de forma arbitraria o no justificadas adecuadamente con posterioridad, etc. Algo de todo ello hemos intuido en este tiempo de atrs en el mundo universitario. Los escndalos que se han hecho pblicos, han mostrado tan solo la punta de ese magma de irregularidades y pequeas corrupciones sobre el que se asienta la universidad, precisamente por la ausencia de control en su rgimen administrativo.

Es hasta cierto punto lgico que los investigadores no entiendan mucho de gestin del gasto pblico y que en esa ignorancia consideren como recursos propios los fondos provenientes de las subvenciones que se les conceden para los proyectos de investigacin. En buena medida es explicable que piensen que no tienen por qu justificar su aplicacin. Tampoco nos puede extraar demasiado que el ministro astronauta no est muy ducho en Derecho Administrativo y en gestin presupuestaria. Cmo lo va a estar cuando incluso desconoce los rudimentos ms elementales de la hacienda pblica y piensa, segn ha dicho, que las personas fsicas pueden tributar como sociedades para ahorrarse impuestos. Son las consecuencias de elegir como ministros a los famosillos por el nico motivo de serlo.

Por el contrario lo que no es fcil de comprender es la inactividad y la indolencia del Ministerio de Hacienda permitiendo que se incremente el descontrol en los recursos propios. Bien es verdad que algo aclara el hecho del desembarco en el Ministerio de la brigada sanitaria de la Junta de Andaluca, una jubilosa panda de amigas, cuyos currculos giran principalmente alrededor de los msteres en medicina, cuando no en la diplomatura de ciencias laborales. Titulaciones y conocimientos todos ellos muy respetables, pero no demasiado apropiados para regir un ministerio tan complejo y fundamental como el de Hacienda.

Hace ocho meses, todos los que conocemos un poco la Administracin quedamos profundamente sorprendidos cuando al publicarse la estructura del Ministerio de Hacienda vimos con estupor que se ubicaba a la IGAE en la Subsecretara. Jams haba sido as. No tena sentido ni por las competencias ni por criterios de jerarqua administrativa. No resulta lgico que un subsecretario (La IGAE tiene esta categora administrativa) dependa de otro subsecretario. La IGAE, que funcionalmente depende del Consejo de Ministros, lo lgico es que se hubiese adscrito directamente al ministro, o al menos a la Secretara de Estado de Presupuesto y Gasto Pblico. La explicacin lleg ms tarde. La subsecretaria desconoca la estructura administrativa y crea que su puesto era el segundo en importancia en el ministerio; pensaba que iba detrs de la ministra y por eso reclam la IGAE. Creo que su cabreo fue monumental cuando se enter de que no era as y de que las secretarias de Estado tenan ms categora que ella. En fin, que as nos va movindonos entre astronautas.

Fuente: https://www.republica.com/contrapunto/2019/02/14/del-astronauta-a-la-doctora-en-medicina/



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