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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-02-2019

La crisis de cuidados, un debate pendiente

Nuria Alabao
Ctxt

Uno de los ejes de la prxima huelga convocada el 8M es el de cuidados; hay motivos para parar y evidenciar uno de los problemas ms importantes de nuestro tiempo


Espaa envejece. En 2033, una de cada cuatro personas tendr ms de 65 aos, segn el Instituto Nacional de Estadstica, cifras al nivel de Japn. Ms de doce millones de ancianos, frente a los nueve que hay hoy. El envejecimiento de la poblacin es un tema recurrente sobre todo cuando se debate cmo se van a mantener las pensiones. Sin embargo, apenas se habla de cmo vamos a cuidar a esos ancianos que algn da seremos nosotros; una buena parte de ellos depender de otras personas en su vida cotidiana. Ya sucede ahora, pero las cifras se estn disparando.

Antes, estas cuestiones se solucionaban en el mbito familiar. Sobre todo, porque las mujeres asuman estos trabajos de cuidados, formaban parte de esas tareas no remuneradas ni reconocidas socialmente que hacamos por amor. Hoy eso ha implosionado aunque la mayora de los cuidados en el mbito del hogar siguen recayendo en nosotras; ya no es una tarea que hacemos porque no hay alternativa, porque forma parte de lo que nos han dicho que somos las mujeres. Las nuevas generaciones estn cada vez menos dispuestas a dejar el mercado laboral para dedicarse al cuidado. Eso las que tenemos trabajos que nos dan una cierta posicin social y recursos; otras muchas, en trabajos de mierda, tampoco pueden dejarlos aunque quizs prefieran ocuparse de los suyos, porque simplemente necesitan pagar las facturas. Esto conduce a situaciones imposibles, porque quin se ocupa de los mayores y dependientes si no tienes dinero para traspasar esa tarea a una inmigrante mal pagada y con menos derechos laborales, que es lo habitual? A todo esto le llamamos crisis de los cuidados. Este concepto habla de las que ya no pueden o quieren cuidar y de que la sociedad, y los hombres, tampoco han asumido esas tareas que nosotras abandonamos; de las condiciones laborales de un sector feminizado e hiperprecario; pero tambin de las condiciones de vida de los que no pueden ser atendidos adecuadamente, los que ya no producen, y son considerados sobrantes por el sistema econmico. En palabras de Judith Butler, aquellas vidas cuya prdida no ser llorada. Y en este sistema cada vez son ms.

El cuarto pilar

Se dice habitualmente que los cuidados de larga duracin y la atencin a la dependencia constituyen el cuarto pilar del Estado de bienestar. Sin embargo, es evidente que no se considera un tema esencial y que el debate pblico y las medidas polticas que necesitamos para encararlo no se est produciendo en profundidad. Sigue siendo un problema mayoritariamente de mujeres, y eso tiene algo que ver con que sea un problema arrinconado. Tambin est relacionado con las polticas neoliberales y de austeridad que restringen el gasto pblico o limitan las contrataciones de personal por las administraciones. La gran poltica pblica que se iba a enfrentar a esta cuestin es la Ley de Dependendencia de 2006. Este sistema estaba destinado a garantizar ayuda a domicilio, centros de da y ayudas econmicas para las cuidadoras familiares y profesionales. Hoy sabemos que no garantiza la atencin suficiente. Espaa est muy por debajo de la media de la OCDE en gasto pblico en dependencia y en porcentaje de personas atendidas por el sistema o empleados en el sector de cuidados. Adems, los recortes impuestos desde la crisis los presupuestos no aprobados incluan un incremento de su financiacin, las listas de espera, y las trabas burocrticas de todo tipo que se encuentran los solicitantes, conllevan que la tasa real de cobertura del sistema sea del 52%, segn un informe del Centro de Estudios Fiscales. (Y esto dentro de su propia definicin de dependiente y de sus necesidades; precisamente en este estudio se propone una ampliacin de esos parmetros). Estamos hablando de un sistema enorme cuyo coste es de casi 8.000 millones de euros financiados en un 80% con dinero pblico y en un 20% por los ciudadanos y que son claramente insuficientes. Otro problema importante de la ley es que abre la puerta a la externalizacin de esos servicios. Queda pues todava mucho por solucionar en este marco.

El peso en la economa de todo este sistema pblico-privado de cuidados va creciendo. En realidad, podra ser una va de creacin de empleo de calidad, precisamente en sectores muy feminizados. (En pases como Noruega, Suecia o Dinamarca, casi el 30% de la poblacin trabaja en sanidad, educacin o servicios sociales y un porcentaje elevado son mujeres.) La realidad de hoy en Espaa indica que es un sector hiperprecarizado, tanto en el sector pblico como en el privado.

Residencias o almacenes de ancianos?

En relacin a las condiciones laborales y de atencin hay muchas diferencias regionales. Pero incluso en el Pas Vasco donde se invierte ms dinero pblico en residencias y atencin a la dependencia, el Servicio de Ayuda a Domicilio de Bizkaia SAD lleva un ao de movilizaciones peleando por determinar condiciones favorables de su convenio colectivo. (El SAD es la atencin que se realiza a dependientes en sus propios hogares e incluye servicios personales, cuidados de salud e incluso limpieza del hogar). Con ms o menos posibilidades de movilizacin, las profesionales que se dedican a esas tareas pelean por mejorar sus condiciones laborales. Tambin porque estn estrechamente ligadas con la posibilidad de ofrecer una atencin de calidad, una atencin humana a los dependientes. Es importante recalcar eso. Estamos hablando de personas en ocasiones extremadamente vulnerables. Las desantenciones ms graves, los cuidados que les son necesarios y no se les prestan implican verdaderos actos de violencia. Las trabajadoras que se movilizan siempre tienen muy claro que quieren hacer bien su trabajo.

Respecto a las desigualdades entre regiones, probablemente el caso de Madrid sea uno de los ms extremos. Las residencias de ancianos sufren falta crnica de personal tanto las pblicas, como las privadas y estn infrafinanciadas. La lista de los problemas que trascienden es de absoluto terror: comidas con cucarachas; ancianos que fallecen y nadie se da cuenta hasta el da siguiente o incluso muertes directamente relacionadas con la desatencin como la de una anciana cuya pierna qued semiamputada por los barrotes de su cama una noche en la que un solo enfermero tena que atender a ms 340 residentes. O como el caso de la Residencia de la Fundacin Reina Sofa Alzheimer gestionada por Clece, donde la empresa est despidiendo a las trabajadoras que recientemente denunciaron falta de material y de medios. Un lugar donde no haba paales o sbanas para cambiar a los ancianos que a veces tenan que pasar das sobre su propia orina. Mientras, esta gran empresa es capaz de mantener salarios de cuidadoras de 600 euros al mes por jornadas completas mientras declara millones en beneficios.

Lo pblico-privado en el sector de cuidados

Clece es una empresa conocida como parte del Grupo ACS del magnate y presidente del Real Madrid, Florentino Prez. Hay otras, como OHL Servicios, propiedad de Juan de Villar Mir, conocido por promover la ltima reforma laboral en plena crisis. Una reforma que permite externalizar trabajadoras a travs de empresas de servicios, justo una parte de su propia actividad. Son ejemplo de grandes empresas del capitalismo familiar espaol en este caso constructoras que se han convertido en las grandes prestadoras de servicios pblicos externalizados privatizados. En realidad, y pese a toda la retrica neoliberal, dependen totalmente de los recursos pblicos para el sostenimiento de sus beneficios. Eran constructoras, y lo que hacen con las autopistas lo replican con las residencias y otros servicios. Para ellos, todo es lo mismo aunque implique vidas humanas.

Precisamente en Madrid, durante las ltimas dcadas, el mbito de la intervencin social al igual que el de la educacin o la sanidad ha sido un terreno de experimentacin de formas de gestin pblico-privada dominadas por la lgica de mercado y la generalizacin de la precariedad. Para engrasar la relacin entre empresa y poltica estn los mecanismos formales e informales que reproducen esa sorprendente continuidad entre intereses econmicos y polticos: la financiacin empresarial a partidos, las conexiones familiares, las principales redes clientelares y la corrupcin como sistema. Sin ir ms lejos, el propio yerno de Villar Mir, Javier Lpez Madrid, ha sido implicado en las tramas Pnica y Lezo.

Hay muchos intereses econmicos en juego, sobre todo por parte de las empresas que van abriendo nichos de negocio sobre nuestras vidas, y toda una pelea por presentar en este mbito otro motivo ms para salir el 8M. Son muchas las cuestiones a debatir sobre cmo generar una verdadera corresponsabilidad social en este mbito. Cmo conseguir que este tema importe para que consigamos una suficiente financiacin y condiciones laborales adecuadas. Una va podra ser devolver esos servicios o una parte al mbito pblico. Para ello habra que ganar probablemente una de las batallas fundamentales a nivel pblico: acabar con las restricciones presupuestarias y de contratacin de personal impuestas por la austeridad constitucionalizada durante la crisis el famoso 135 que prioriza el pago de la deuda sobre el resto de gasto, tambin el social: la deuda los bancos sobre las personas. As como su derivacin, la Ley Montoro. Pero, que sea pblico, no garantiza la calidad del servicio ni las condiciones laborales. Tendramos que conseguir tambin que las trabajadoras y las usuarias tengan ms poder sobre sus propias condiciones de trabajo y sobre el propio cuidado, ms capacidad de decisin sobre la manera en la que se organiza el trabajo y el servicio.

Dentro del feminismo tambin hay varios debates abiertos. Por ejemplo si es positivo o no retribuir a las cuidadoras familiares la Ley de Dependencia lo prevea pero los recortes lo impidieron o si cualquier ayuda debera formar parte de un servicio pblico fuera del hogar para desligar cuidado y gnero completamente. En cualquier caso, en el centro tendramos que poner el derecho a poder elegir tanto si se desea o no cuidar, como el derecho a cuidar y ser cuidadas en condiciones. Como decimos desde el feminismo, si conseguimos que la sociedad piense en estos trminos ser el primer paso para cambiarla desde sus cimientos. Primero las personas, luego los beneficios.

Nuria Alabao es periodista y doctora en Antropologa. Es miembro de la Fundacin de los Comunes.

Fuente: http://ctxt.es/es/20190220/Firmas/24553/crisis-de-los-cuidados-dependencia-feminismo-residencias-de-ancianos-nuria-alabao.htm



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