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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-02-2019

Para la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir "obligar a una nia a llevar adelante un embarazo es tortura"
Nia presa en el hospital

Helena Guerrero
La Nota


Hace 23 das el Sistema de Salud de Tucumn (SIPROSA) pone obstculos a una nia de 11 aos para acceder a la interrupcin legal del embarazo (ILE) producto de una violacin. Ya tuvo ms de 8 entrevistas con profesionales de la salud, funcionarios de la salud pblica, del Juzgado de Familia, Defensora de Menores, pas por la cmara gessel, y manifest en distintas oportunidades su deseo de no estar embarazada.

El 29 de enero, el rea operativa Garmendia, del noreste tucumano, inform a las autoridades del SIPROSA sobre el caso de una nia de 11 aos que ingres al sistema de salud con un embarazo producto de una violacin. Desde all se sumaron cada da las barreras y las maniobras dilatorias.

El ltimo da de enero, la nena lleg junto a su madre por primera vez al Hospital Eva Pern, ubicado en la Banda del Ro Sal en las afueras de la capital de la provincia. Recorri ms de 100 kilmetros en la ambulancia desde la comuna Siete de abril. All le hicieron una ecografa que marc 20 semanas de gestacin. En ningn momento le informaron a la familia la posibilidad de acceder a una ILE.

Ese da, la nia fue recibida por la jefa de tocoginecologa, Tatiana Obeid y la subdirectora del hospital, Alicia Roque. Prohibieron la intervencin al equipo de salud mental y a servicios sociales de esa institucin sanitaria.


Ac no se va hacer nada, dijo de manera prepotente la subdirectora al equipo de salud del hospital. Se refera a que no se realizara el aborto no punible a pesar de ser un derecho de la nia contemplado desde 1921 en Cdigo Penal. Tampoco se cumpli con el protocolo interinstitucional de la provincia para casos de abuso sexual infantil. Al contrario de lo que marca esta gua de buenas prcticas, la menor no qued hospitalizada a la espera de un abordaje integral y de la corroboracin de que el victimario no se encontrar en el hogar.

La madre de la nia denunci en la Unidad Regional Este de la polica provincial que su hija fue abusada sexualmente por el concubino de la abuela materna. A pedido de la Fiscala Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Mara del Carmen Reuter, el acusado qued detenido.

A punto de cumplir 21 semanas de gestacin forzada, la nia ingresa por segunda vez al Hospital Eva Pern, donde accedi a la primera entrevista con una psicloga externa a la institucin. La madre remarc que, hasta ese momento, ningn profesional le inform sobre la ILE. Por fuera de las prcticas habituales, tambin intervino el director de Salud Mental del SIPROSA, Walter Sigler, quien supervisa el caso.

La nia pidi en reiteradas oportunidades, como consta en la investigacin penal y en la documentacin clnica que constata su paso por la salud pblica, la interrupcin del embarazo. La madre, que en un principio acompaaba la decisin, no firm el consentimiento para que se realice la prctica, ya que en el hospital del Este una profesional de la salud hizo hincapi en los riesgos que implicaba llevar adelante la intervencin.

Apenas mediatizado el caso, el 9 de febrero, el secretario Ejecutivo del SIPROSA, Conrado Mosqueira, anticip que se puso a disposicin de la justicia provincial la aplicacin de la ILE. Las leyes establecen que una vctima de violacin puede acceder a la interrupcin legal del embarazo (ILE) y en la provincia no hay impedimentos para hacerlo, pero se deben cumplir con todos los requisitos legales, seal Mosqueira.

El Protocolo de Aborto No Punible del ex Ministerio de Salud de la Nacin, que rige en todo el pas, establece que: en el caso de las nias y adolescentes menores de catorce aos, se deber respetar su derecho a ser escuchadas y a que su opinin sea tenida en cuenta. Esto se basa en el principio de la autonoma progresiva. Sus representantes legales, o los que sean nombrados especialmente para el caso, debern participar en conjunto con la nia o adolescente en la toma de decisiones, y debern firmar el consentimiento informado y la declaracin jurada de la violacin cuando corresponda. Si existiera una negativa injustificada de sus padres, tutores o encargados de acompaar la decisin de la nia o adolescente se proceder de acuerdo a lo establecido en el art. 61 del Cdigo Civil, que establece que cuando los intereses de los incapaces, en cualquier acto judicial o extrajudicial, estuvieren en oposicin con la de sus representantes, dejarn stos de intervenir en tales actos.

El 11 de febrero, en la cmara gessel, habiendo alcanzado 22 semanas de gestacin, la nia manifest nuevamente, de interrumpir el embarazo. All, la fiscal interviniente, solicit un informe al equipo mdico forense sobre los riesgos de vida de la paciente.

La junta mdica, conformada por el secretario ejecutivo mdico Gustavo Vigliocco, Graciela Lavado y Alfredo Bunader, entre otros, consigno el 12 de febrero que los riesgos de continuar el embarazo seran: hipertensin arterial, diabetes gestacional, restriccin del crecimiento, anemia, parto prematuro, entre otras. Para estos profesionales, que la menor de 11 aos sufra estas posibles consecuencias no seran significativas.

Adems, Vigliocco afirm en una entrevista meditica que la nia estaba en condiciones de continuar el embarazo. Consideramos los riesgos, pero ella es grande de contextura, tiene ms de 50 kilos y 1,55 metros, opin.


El colectivo feminista se hizo eco del caso y a travs de la red de organizaciones Ni Una Menos Tucumn, comunicaron que la nia fue internada con intentos de suicidio por el trauma de su embarazo forzado y el sistema de salud provincial, lejos de respetar su decisin, ha judicializado indebidamente el acceso a la salud, ha violado la confidencialidad de la relacin sanitaria y ha incurrido en violencia y tortura revictimizndola, exponindola al escarnio pblico y a la dilacin en el acceso a la alternativa teraputica lcita que la nia ha escogido.

Despus de dos semanas, llegando a la semana 23, la situacin de la nia se asemeja a la de una rehn atrapada en la habitacin del hospital por obstculos que le imponen desde el Estado.

Esta nia, como persona gestante debe contar con una atencin sanitaria ajustada a su edad, necesidades y condiciones subjetivas, lo cual exige un abordaje integral que incorpore una evaluacin social y una intervencin desde la salud mental, capaz de acompaarla y brindarle la informacin a la que tiene derecho, expres la Red de Profesionales de la Salud por la Vida y por el Aborto Legal de Tucumn en un comunicado pblico.

Distintas autoridades judiciales entraron en juego y sumaron nuevas intervenciones y audiencias contrariando lo dispuesto por la CSJN en el fallo del caso FAL.

Es el Estado, como garante de la administracin de la salud pblica, el que tiene la obligacin () de poner a disposicin, de quien solicita la prctica, las condiciones mdicas e higinicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rpida, accesible y segura. Rpida, por cuanto debe tenerse en cuenta que en este tipo de intervenciones mdicas cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada. Accesible y segura pues, aun cuando legal en tanto despenalizado, no deben existir obstculos mdicoburocrticos o judiciales para acceder a la mencionada prestacin que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama, dictamina el considerando 25 de la sentencia.

Comunicado de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir - Regional Tucumn

La direccin de Niez, Adolescencia y Familia de la provincia, el 18 de febrero, expres que se debe tener en cuenta el deseo manifestado por la nia de acceder a la interrupcin legal del embarazo, de acuerdo a lo que establecen las normativas vigentes.

Si no fuera suficiente la intervencin estatal en el caso, el 19 de febrero, la jueza de Familia Judiht Branal, el Gabinete psicosocial del poder judicial y funcionarios de la Defensora de Menores, entrevistaron nuevamente a la nia, y establecieron un rgimen de visitas para ver a su familia.

Como broche de este caso, la fiscala penal Adriana Gianonni, quien en la puerta de su oficina colgaba carteles con la leyenda no cuentes conmigo, referidos a la legalizacin del aborto, inicia actuaciones preliminares por posible comisin de delito accin pblica, amedrentando y disuadiendo al equipo mdico que pretenda realizar la interrupcin legal del embarazo.

Desde el Colectivo Ni una menos Tucumn alertaron que legalmente cualquier diferencia entre la decisin de la madre y la decisin de la nia debe ser resuelta por el personal de la salud que la asiste teniendo en miras el inters superior de la nia y el bienestar de su salud siguiendo el protocolo ILE. Adems, el Comit de los Derechos del Nio, recomend especficamente a Argentina, el 1 de octubre de 2018, que garantice el acceso al aborto seguro para todas las nias.

El Comit de Amrica Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la fundacin Mujeres Por Mujeres, la Guardia Feminista de Catlicas por el Derecho a Decidir, y la fundacin Husped son las organizaciones que solicitaron informes y exhortaron al Estado tucumano a cumplir con sus obligaciones hacia la menor.

Resta esperar el desenlace. El Estado tucumano obligar a parir a una nia de 11 aos o respetar su voluntad?

Fuente: http://lanotatucuman.com/nina-presa-en-el-hospital/



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