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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-02-2019

Juicio a la democracia o al rgimen monrquico?

Jaime Pastor
Viento Sur


Una valoracin, no necesariamente de parte, sobre lo escuchado a lo largo de las sesiones del juicio al procs desarrolladas hasta ahora debera llevar a una conclusin difcilmente refutable: pese a las restricciones que se han impuesto desde el inicio (como el rechazo a la presencia de observadores internacionales, a la traduccin simultnea del cataln o a cantidad de testimonios y pruebas, sin olvidar el injusto mantenimiento en prisin preventiva de la mayora de las personas acusadas), no se han podido probar ni la rebelin, ni la sedicin o la malversacin. En cambio, s ha quedado demostrado que son derechos fundamentales, como los de expresin, reunin, asociacin y participacin poltica, los que se ven reiteradamente cuestionados por las acusaciones en sus escritos y sus interrogatorios. La referencia a murallas humanas que se lanzaban contra las fuerzas de seguridad por parte de la fiscala con ocasin del 1-O de 2017 es suficientemente explcita de la tendencia creciente a criminalizar el derecho a la protesta y a la resistencia no violentas.

Han sido tantas las contradicciones en las que han entrado la fiscala y la abogaca del Estado que ha tenido que salir Felipe VI, aprovechando su inmerecido premio otorgado por nada ms y nada menos que un Congreso Mundial del Derecho, para declarar con rotundidad que no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. Un rey que no ha sido elegido democrticamente, que es inviolable e irresponsable y cuyo testimonio en el juicio ha sido rechazado por el Tribunal Supremo, se atreve as a romper una vez ms su presunto papel de rbitro para erigirse como baluarte en defensa de la unidad territorial del Estado. Una unidad que, como bien argument Benet Salellas -abogado defensor junto con Marina Roig de Jordi Cuixart, presidente de mnium, organizacin criminalizada al igual que la ANC-, no es ningn derecho fundamental y que en cualquier caso no puede estar por encima del respeto a los derechos fundamentales de la ciudadana antes mencionados.

Es obligado reconocer que no faltan coartadas para ese creciente intervencionismo del rey dentro de la misma Constitucin, ya que sta sostiene, por ejemplo, que el Jefe del Estado, [es] smbolo de su unidad y permanencia (artculo 56.1) y que para ejercerla le corresponde "el mando supremo de las Fuerzas Armadas (art. 62), las cuales tienen como uno de sus deberes la defensa de la integridad territorial de Espaa (art. 8). Un conjunto de funciones simblicas y competenciales que nos remiten, una vez ms, al origen franquista de esta institucin ya su rechazo a verse sometida a referndum en 1978 y, por tanto, como ha recordado Bartolom Clavero[1], a la necesidad de seguir preguntando sobre qu prevalece en la autodefinicin de este rgimen como monarqua parlamentaria: el sustantivo o el calificativo?En suma, nos encontramos ante una anomala, heredada de la Inmaculada Transicin, que se ha puesto en marcha siempre que el bloque de poder ha visto en grave peligro la estabilidad poltica, como pudimos comprobar con el cuestionable papel de Juan Carlos I el 23F de 1981 o, ms recientemente, en la noche del 3 de octubre de 2017. Una singularidad, por cierto, de la marca Espaa (ahora Espaa global, sic) que la distingue incluso de las monarquas parlamentarias de nuestro entorno, ese latiguillo tan recurrente en las tertulias mediticas.

Afortunadamente, frente a los discursos de las acusaciones y del rey, hemos podido escuchar las argumentaciones fundadas a favor del derecho de autodeterminacin de Oriol Junqueras y Ral Romeva, as como las explicaciones de ste ltimo sobre por qu siendo federalista est independentista desde la sentencia del Estatut. Tambin, el recordatorio constante de que la celebracin de un referndum suspendido por el Tribunal Constitucional no es delito, como ha tenido que reconocer el propio Partido Popular con su reciente propuestaen el Congreso, finalmente frustrada, para que volviera a ser incluido en el Cdigo Penal. O la presunta existencia de un clima de creciente violencia a partir del 20 de septiembre de 2017, rotundamente desmentida por Jordi Snchez y las imgenes mostradas.

Pese a la carencia de base en los hechos del relato oficial, ya ha quedado suficientemente en evidencia que junto a la firme voluntad de negar cualquier aspiracin, aunque llegara a ser mayoritaria en una Comunidad Autnoma determinada, a cuestionar la unidad territorial de Espaa, la voluntad de aplicar el derecho penal del enemigo en este juicio responde tambin a la necesidad de evitar que se repita en el futuro cualquier proceso de desobediencia civil, masiva y no violenta similar al que se produjo desde aquel 20 de septiembre hasta el 3 de octubre de 2017 en Catalunya.

As que no es difcil deducir de lo transcurrido hasta ahora que lo que est en juego en el Tribunal Supremo y en las prximas elecciones generales es la necesidad de elegir entre la defensa y la extensin de derechos y libertades fundamentales para poder decidir nuestro futuro, por un lado, y la preservacin de la unidad territorial del Estado y de la razn de Estado por encima de esos derechos, por otro. No fue mera casualidad que en vsperas de aquellas jornadas el entonces Fiscal general del Estado dijera, como record uno de los acusados: No nos obliguen a ir ms all de la ley. En realidad, s fueron ms all de la ley desde las cloacas del Estado; ms de una vez, como se ha podido visualizar en algunos medios y en ms de un documental que, eso s, nunca se ha reproducido en ninguna televisin pblica o privada- de mbito estatal.

A todo esto se suma ahora la amenaza del tripartito reaccionario, en el caso de ganar las prximas elecciones generales y obtener una mayora en el Senado, de imponer de forma indefinida el artculo 155 en su interpretacin ms dura que sera dudosamente constitucional- en Catalunya mediante un prctico estado de excepcin que afectara adems al libre desarrollo de su cultura y su lengua. De llevarse a cabo esto ltimo, no slo se vera anulada la actual autonoma catalana sino que entrara en quiebra definitiva el ya debilitado Estado autonmico todava vigente. Y no ser, desde luego, un PSOE que ni siquiera se ha atrevido a aceptar un relator para la puesta en pie de una mesa de dilogo y se limita a postular un federalismo negador de la plurinacionalidad el que nos va a librar de esa amenaza. Habr que confluir, en cambio, con el amplio movimiento que desde Catalunya se reafirma mayoritariamente en exigir la absolucin de todas las personas acusadas y en reclamar un referndum en el que pueda decidir su futuro, incluida la independencia.

Por todas esas razones, desde fuera de Catalunya no es posible mantenerse al margen de esta confrontacin: son las libertades y el derecho a la autonoma y a la autodeterminacin de nuestros pueblos los que se ven amenazados. Por eso me parecen muy oportunos los mensajes que nos llegan desde Catalunya de personas amigas como Iolanda Fresnillo: Podis estar en contra de la declaracin de independencia, que no es ms que asumir los resultados de la voluntad popular (admito que podemos discutir ampliamente ese punto). Pero a todos los acusados y acusadas se les acusa tambin por organizar un referndum no permitido por los tribunalescomo hemos hecho tantas veces desde la sociedad civil. Organizar algo no permitido por los tribunales. De aquella consulta social por la abolicin de la deuda externa en marzo de 2000, que prohibieron e hicimos igualmente, con voluntad popular y desobediencia, a las protestas de la PAH ante miles de desahucios[2].

A la vista de la regresin que nos amenaza, entre las personas demcratas y de izquierdas ya no debera haber dudas sobre el lado en el que hay que estar en este conflicto y ms all del mismo: o defendemos nuestras libertades, la profundizacin de la democracia y el reconocimiento de nuestra realidad plurinacional libremente construida, o retrocedemos hacia una Espaa una, grande y libre ms liberticida, xenfoba, ultra-heteropatriarcal y austeritaria.

As que en estos tiempos de involucin pero tambin de bifurcaciones y resistencias no viene mal recuperar esta vieja recomendacin: Se trata, segn la expresin de Simone Panter-Brick de dar a la voluntad moral la habilidad del estratega. Con ese fin, la estrategia no-violenta se esfuerza en poner al servicio de la accin no slo la sencillez de la paloma sino tambin la prudencia de la serpiente. La prudencia, no, ciertamente, la mentira, la falacia, el fraude, sino la lucidez, la clarividencia, la oportunidad, la audacia, la imaginacin y la habilidad (Jean-Marie Muller).

Notas:

[1] 1978: La extraa monarqua, 07/02/2018, http://www.bartolomeclavero.net/?p=772

[2] www.elsaltodiario.com/opinion/un-juicio-a-nuestra-forma-de-ver-el-mundo, 21/02/2019

Jaime Pastor, es politlogo y editor de Viento sur

Fuente: http://vientosur.info/spip.php?article14622



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