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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-02-2019

5M Abrazada de los Pueblos
Ms all de la solidaridad con las personas migrantes

Juan Hernndez Zubizarreta
Viento Sur


La realidad cotidiana nos revela que los derechos humanos, especialmente los de las personas migrantes, se vulneran de manera sistemtica. No resulta exagerado afirmar, de este modo, que la actual destruccin total y absoluta de su dignidad humana nos retrotrae a pocas remotas, donde los derechos de personas y pueblos no formaban parte del imaginario cotidiano, del sentido comn general.

En este sentido, la recepcin habitual a las personas migrantes oscila entre la indiferencia, la indignacin xenfoba, o el buenismo asistencialista. Lamentablemente se extiende la idea de que son criminales y delincuentes, mientras que desde un punto de vista opuesto se les considera vctimas inocentes a las que ayudar. Paradjicamente, pocas y pocos son los que superan estas miradas y entienden a las personas migrantes como sujetos polticos de derechos y obligaciones.

Precisamente la Declaracin Universal de los Pueblos de Argel establece que todo pueblo tiene una serie de derechos inalienables: derecho a existir, derecho a que su identidad nacional y cultural sea respetada, derecho a conservar en paz la posesin de su territorio y de retornar all, en caso de expulsin. Tambin proclama que ninguna persona puede ser, debido a su identidad, objeto de masacre, tortura, persecucin, deportacin, expulsin, o ser sometido a condiciones de vida que puedan comprometer la integridad del pueblo al que pertenece.

Nada que ver con el panorama actual, donde millones de personas migrantes deambulan, sin derecho alguno, de un lugar a otro del planeta global. Si realmente queremos revertir esta situacin, actualizando la Declaracin de Argel al contexto de hoy, Por qu no considerar a estas sujetos de pleno derecho, como si de un nuevo pueblo se tratase, con identidades heterogneas de carcter transnacional, al que la comunidad internacional ha de proteger y dotar de derechos y obligaciones, all donde vivan?

La caravana migrante

Las personas migrantes hace tiempo que han contestado a esa pregunta. La caravana centroamericana es uno de los mximos exponentes de una respuesta de estas como sujeto poltico, transformando la vulnerabilidad a la que les somete el modelo capitalista y patriarcal en un conjunto de reivindicaciones, propuestas y alternativas con identidad propia.

Las y los invisibles son, como afirma Amarela Varela (2018), un nuevo movimiento social, que camina por una vida vivible y que transita desafiando las fronteras diseadas de espaldas a los pueblos. Y esto no son solo palabras. Pese a las condiciones tan adversas de persecucin policial, de mafias y de ataques racistas y patriarcales, pudieron organizarse para atender sus propias necesidades y exigir que se les garantizara el libre y seguro trnsito por Mxico.

Construyeron as su propia democracia, desde abajo y por las de abajo, para elegir las mejores rutas y optar por distintas estrategias de negociacin y confrontacin, segn las diferentes coyunturas. Designaron, tambin, una Comitiva de Dilogo y Gestin, conformada inicialmente por siete personas: tres hombres, tres mujeres y un representante de la comunidad LGTBI que contaba al menos con 100 integrantes en la caravana. La comitiva creci posteriormente en dos personas ms, cuando las mujeres transexuales expresaron que sus reivindicaciones no estaban presentes en la comitiva.

Jess Rodrguez (2018) nos recuerda con un ejemplo cotidiano esta democracia que fueron construyendo: Cuando algunos hombres empezaron a beber para pasar las tardes, y las madres empezaron a preocuparse de que el ruido de estos no dejara dormir sus nios, la asamblea general mont una especie de polica interna constituida por cerca de 100 personas voluntarias, nicamente armados con megfonos para reprender a los ruidosos y mantenerlos fuera del campamento temporal de migrantes despus de las siete de la tarde.

Resulta por tanto indiscutible que las personas migrantes son agentes polticos que saben qu quieren, cmo organizarse y cmo luchar por ello. Resulta evidente, a su vez, que las dificultades y contradicciones son mltiples, as como los resultados inciertos. No obstante, conviene tener meridianamente claro que son titulares de derechos. Algo que, por ejemplo, los gobiernos e instituciones europeas no asumen ni reconocen, considerndolos ms bien como un problema, como no-ciudadanos y no-ciudadanas, como un mero objeto de las polticas pblicas, en el mejor de los casos. Cmo responder a este llamado desde los movimientos sociales?

La solidaridad con las personas migrantes

Las organizaciones de solidaridad con las personas migrantes y refugiadas suelen fundamentar su actividad principalmente en la combinacin de dos mbitos.

Por un lado, la accin humanitaria, entendida como la actuacin resultado de la compasin por otras personas, sea de donde sean. Por el otro la accin poltica, es decir, la denuncia de las causas que provocan los desplazamientos forzados y de sus responsables. Esta combinacin implica equilibrar la accin inmediata frente al sufrimiento ajeno (una tica-pragmtica), con la praxis poltica y el quehacer de los movimientos sociales.

Esta apuesta doble necesita ir adaptndose a las nuevas dinmicas de solidaridad con las personas migrantes, avanzando en propuestas concretas vinculadas a la radicalidad democrtica. Debido a ello hay que transitar desde la hospitalidad como forma de acogida a la persona extranjera o como el derecho del habitante frente al derecho del visitante, hacia la hospitalidad como el derecho inalienable por el que todas las personas puedan moverse libremente (Daniele Lochak, 2019). Hay que romper de este modo la dualidad entre los que se pueden mover sin problemas atravesando fronteras y quienes, para hacerlo, tienen que sortear todo tipo de obstculos y arriesgar su vida.

La solidaridad entre movimientos sociales y organizaciones de migrantes debe transformarse as en prcticas de ida y vuelta, lo que requiere construir agendas comunes contra el enemigo comn. Las personas migrantes y las personas solidarias son agentes polticos en lucha contra las fronteras y muros, contra las lneas abismales que dividen a los seres humanos de los seres infrahumanos.

Para ello, la desobediencia civil pasa a ser una accin o sucesin de acciones en busca de espacios liberados, y se convierte en una forma de no-colaboracin con la barbarie, transitando de lo legal a lo ilegal con naturalidad. Cuando te comprometes de forma solidaria con personas sin derechos, ests infringiendo continuamente la ley. Eso ocurre si ofreces tu coche para pasar una frontera o tu casa para empadronar; si una mdica da cobertura sanitaria a personas que no tienen tarjeta sanitaria; si te niegas a participar en el comercio de armas, o si contratas a personas sin papeles pagando un salario justo etc.

En este sentido, la solidaridad se enfrenta a una permanente criminalizacin, concretada en nuestro caso en la directiva 2002/90 del Consejo de la Unin Europea. Esta precisa que los Estados miembros deben sancionar a cualquier persona que ayude a entrar o transitar dentro de la UE a personas no nacionales de un Estado miembro. Y queda a criterio de los Estados no penalizar a quienes acten por motivos humanitarios. Todo ello est provocando, por un lado, un desorden normativo que genera una falta de seguridad jurdica en funcin de cul sea el Estado en que se ayude a personas migrantes y refugiadas; por otro, abunda en la discrecionalidad de los Estados a la hora de aplicar la clusula humanitaria, continuando de esta manera vigente la criminalizacin de la solidaridad en territorio comunitario.

Se trata de una criminalizacin generalizada, que lo mismo se aplica a misiones de salvamento martimo, a vecinos y vecinas, estudiantes, personas jubiladas, agricultores, bomberos etc.,a lo largo del continente europeo.En cualquier caso, la efectividad de la criminalizacin de la solidaridad se mide ms por la extensin del miedo difuso, que por el nmero real de condenas.

Una criminalizacin que trasciende a las y los mismos migrantes que tratan de cruzar alguna frontera, abarcando tambin su entorno cercano. En este sentido son numerosos los casos, tal y como analiza Philippe Wannesson (2019),en los que las autoridades no distinguen entre la auto-organizacin de los y las migrantes, por un lado, y el trfico de personas, por el otro. As, cuando una persona migrante se ocultan en camiones o en vehculos, una tercera debe cerrar la puerta, lo que suele acarrear responsabilidades legales cual traficante, cuando en realidad forma parte del mismo grupo de migrantes o percibe cantidades insignificantes de dinero por la ayuda recibida, para pagos de gasolina y similares. En otras ocasiones, los migrantes que reciben el GPS, el mvil y llevan el timn de los barcos que navegan por el Mediterrneo, son migrantes pobres que no tienen dinero para pagar el coste del pasaje, siendo finalmente detenidos y privados de la correspondiente defensa judicial como miembros de mafias. Considerar de este modo que las personas migrantes que se involucran en prcticas de solidaridad con otros migrantes ejecutan automticamente acciones constitutivas del delito de trfico de personas, conecta con un racismo institucional instalado en las autoridades de la UE y los Estados miembro.

Una criminalizacin en definitiva que, adems de generalizada y ampliada al entorno, se ceba especialmente en las propias personas migrantes. Sus protestas, huelgas de hambre, cortes de carretera, bloqueo de camiones etc., provocan cargos muy desproporcionados contra las mismas. Por ejemplo, el relator especial sobre la situacin de los defensores de los derechos humanos de la ONU recoge en su informe de 2018 que el gobierno de Hungra enjuici por terrorismo a un migrante de Siria por utilizar un megfono para pedir a la polica que se comunicara con los refugiados y los migrantes en la frontera, y porque haba lanzado tres objetos contundentes contra los agentes. El mismo relator recomienda a los Estados que los migrantes puedan ejercer, entre otros, sus derechos a la libertad de informacin, a la libertad de expresin, asociacin y reunin.

En conclusin, debemos revertir esta ofensiva xenfoba, combatir la criminalizacin de la solidaridad, desobedecer y asumir a las personas migrantes como sujetos polticos. Nila ayuda humanitaria ni la solidaridad entre seres humanos puede ser ilegal. Como dijo la lder del movimiento sufragista Emmeline Pankhurst en 1908 al jurado que la estaba juzgando, estamos aqu no por quebrantar las leyes, sino por nuestros esfuerzos por crear nuevas leyes. Y por eso, el 5 de mayo estaremos en Durango en la abrazada de los pueblos, las personas y los derechos humanos.

Referencias

Amarela Varela (2018): No es una caravana de migrantes, sino un nuevo movimiento social que camina por una vida vivible, el diario.es, https://www.eldiario.es/interferencias/Caravana_migrantes_6_832276775.html

Jess Rodrguez(2018): Los migrantes de la caravana crean su propia democracia, PoliticalScience, https://www.politico.com/magazine/story/2018/12/12/how-migrants-built-a-caravan-spanish-222857

DanieleLochak (2019): La souverainet tatique contre la libert de circulation, Les Possibles nm. 19, Attak,https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-19-hiver-2019/dossier-des-migrations-et-discriminations-aux-gilets-jaunes/article/la-souverainete-etatique-contre-la-liberte-de-circulation

PhilippeWannesson (2019): Le dlit de solidarit: une figure de la rpression des mouvements sociaux, https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-19-hiver-2019/dossier-des-migrations-et-discriminations-aux-gilets-jaunes/article/la-souverainete-etatique-contre-la-liberte-de-circulationhttps://blogs.attac.org/commission-migrations/libres-propos/article/le-delit-de-solidarite-une-figure-de-la-repression-des-mouvements-sociaux

Juan Hernndez Zubizarreta es miembro de Ongi Etorri Errefuxiatuak e investigador del Observatorio de Multinacionales en Amrica Latina (OMAL)

Fuente: http://vientosur.info/spip.php?article14613


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