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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-02-2019

La ONU sobre Argentina: El modelo de agricultura industrial ha socavado la seguridad alimentaria de la poblacin

Luca Maina
La tinta


En un informe sobre el derecho a la alimentacin en el pas, la Relatora Especial de Naciones Unidas, Hilal Elver, realiza duras crticas a la expansin del monocultivo con transgnicos por sus consecuencias en la salud, el ambiente y la disponibilidad de alimentos, e insta al gobierno a apoyar la agricultura familiar. Adems, advierte que el Estado tiene la obligacin de priorizar recursos para sostener el derecho a la alimentacin en tiempos de crisis econmica.

La Argentina tiene abundantes recursos naturales que permiten la autosuficiencia y brindan apoyo a un sector agrcola productivo. En tanto no debera haber problemas para garantizar la disponibilidad de alimentos para la poblacin, el modelo actual de la agricultura industrial, que promueve la soja y otros cultivos comerciales para la exportacin por sobre un sector agrcola diversificado, ha socavado la seguridad alimentaria de la poblacin, expresa una de las primeras conclusiones del informe final presentado este mes por la Relatora Especial de Naciones Unidas, Hilal Elver, ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo.

El documento, elaborado en base a una visita que Elver realiz al pas en septiembre de 2018, analiza el impacto de la crisis econmica y financiera que atraviesa el pas en el derecho a la alimentacin. Afirma que la Argentina se ha concentrado en fomentar la inversin extranjera y las exportaciones agrcolas en base al monocultivo de transgnicos, y detalla las consecuencias negativas que esto genera en el ambiente, la salud y la alimentacin mientras que solo un porcentaje pequeo de la poblacin se beneficia en forma directa del modelo agrcola actual.

El informe seala adems que las polticas existentes no apuntan a revertir esta tendencia y reconoce que existen presiones para modificar la actual Ley de semillas, ante lo cual recomienda al Estado proteger el derecho de propiedad de los productores respecto de las semillas tradicionales, para que puedan comercializarlas libremente. En ese marco, insta tambin al gobierno nacional a promover la agricultura familiar y la agroecologa a fin de proteger la disponibilidad de alimentos y a proteger el acceso a la tierra de los pueblos originarios.

El documento oficial tambin advierte que el gobierno debe cumplir con sus obligaciones legales de sostener el derecho a la alimentacin en tiempos de una crisis econmica nacional, teniendo en cuenta an ms los efectos de sus medidas de austeridad sobre los ms pobres. Y en relacin a los acuerdos aprobados por el gobierno de Cambiemos con el FMI, recuerda que el Estado Argentino tiene la obligacin de atender el derecho a la alimentacin, antes de usar los recursos pblicos para otros objetivos, como la deuda.

Estas fueron algunas de las conclusiones y recomendaciones que se derivan de lo relevado por la Relatora Especial el ao pasado, cuando mantuvo reuniones con funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, Justicia, Salud y Desarrollo Social, Hacienda, e Interior, con legisladores nacionales y autoridades locales, adems de visitas a campo en las provincias de Buenos Aires y Chacho, incluyendo a comunidades en zonas urbanas y rurales, pequexs productorxs, representantes del sector acadmico, de organizaciones internacionales, y de la sociedad civil.

Los derechos humanos antes que la deuda

Durante su visita, la Relatora Especial busc evaluar las implicancias del acuerdo con el FMI, as como los efectos de la crisis sobre el derecho a la alimentacin de la poblacin, una situacin que sufren especialmente los campesinos sin tierra, los trabajadores agrcolas, los migrantes y los pueblos indgenas, que ven peligrar sus medios de subsistencia, plantea el informe. Y observa que actualmente en Argentina una mayor cantidad de personas acude a comedores comunitarios, o se saltea comidas, y que muchos nios dependen exclusivamente de los programas escolares de alimentacin.

Deben tomarse todas las medidas necesarias para que los medios de subsistencia, as como los derechos de las personas, no se vean afectados por la prdida del poder adquisitivo y el aumento en los precios de los alimentos, advierte el informe y aclara que la preocupacin se refiere no solo a los grupos ms vulnerables, sino tambin a la clase media.

Al mismo tiempo, manifiesta que el derecho a la alimentacin est interconectado con otros derechos humanos y recuerda que como parte de diversos tratados internacionales, el Estado argentino tiene la obligacin de asegurar que estos derechos sean debidamente atendidos antes de utilizar los recursos pblicos para lograr otros objetivos del Estado que no se encuentran relacionados con los derechos humanos como, por ejemplo, el servicio de la deuda. Incluso, seala que las posibles vctimas de violaciones a estos derechos, pueden presentar una demanda ante un rgano independiente e imparcial, a fin de solicitar una reparacin adecuada, as como su aplicacin.

Modelo agrcola para unxs pocxs

El documento, de casi veinte pginas de extensin, dedica una gran parte de su contenido a analizar el modelo agrcola del pas basado en el monocultivo de transgnicos y a analizar sus impactos tanto en el derecho a la alimentacin como en el ambiente, la salud y la economa. Aunque la Argentina tiene una superficie cultivada suficiente para alimentar a su poblacin de 42 millones de habitantes, aproximadamente un 60 % de la tierra cultivada (19 millones de hectreas) estn dedicadas a la produccin de soja, una gran parte de la cual se destina a la exportacin. Solamente un 2 % de esta soja se consume en el pas y el resto se procesa y exporta, principalmente a China, advierte el informe. Y agrega que la tenencia de la tierra se encuentra altamente concentrada.


El perfil productivo de la Argentina, indica, se ha tornado an menos diverso en dcadas recientes, ya que se ha concentrado en fomentar la inversin extranjera y las exportaciones agrcolas, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la disminucin de la actividad ganadera. Dichas polticas econmicas le han permitido a la Argentina convertirse en el principal exportador de productos agrcolas y tambin han perpetuado un modelo agrcola industrial que socava la seguridad alimentaria y la nutricin de la poblacin. Las polticas existentes no apuntan a revertir esta tendencia ya que se proyecta un crecimiento de un 18 % en la produccin de soja y harina proteica durante la prxima dcada, seala el documento.

La aprobacin y el uso de semillas transgnicas es otro de los puntos de preocupacin del informe de la ONU: El pas tiene ms de 22 millones de hectreas en regiones agrcolas dedicadas al cultivo de la soja (alrededor del 95 %), algodn y maz, con tecnologa genticamente modificada. Su aprobacin fue autorizada por la Comisin Nacional Asesora de Biotecnologa Agropecuaria, integrada por las mismas empresas, por lo que su opinin resulta ilegtima debido al conflicto de intereses.

Incluso, el organismo advierte que existen presiones para modificar la actual Ley de semillas para que pueda aplicarse la restriccin del uso propio. Ante ello recomienda al Estado proteger el derecho de propiedad de los productores respecto de las semillas tradicionales, para que puedan comercializarlas libremente, y crear bancos a fin de mantener la diversidad gentica de las semillas y asegurar una distribucin equitativa de sus beneficios.

Elver tambin remarca el fuerte incremento del uso de plaguicidas que este modelo agrcola ha provocado y plantea su preocupacin respecto del peligro que implican para la alimentacin y la salud. Desafortunadamente, la Argentina no ha introducido legislacin efectiva ni ha aplicado sus leyes como corresponde para reducir el uso de plaguicidas en la produccin agrcola, ni para reparar el dao sufrido por las poblaciones expuestas a la contaminacin, denuncia y advierte que esto podra constituir una violacin de los derechos humanos.

El resto de los impactos ambientales de los agronegocios tambin son puntualizados, incluyendo datos alarmantes sobre la degradacin del suelo, la deforestacin y la contaminacin del agua, as como la falta de inters del gobierno denunciada por la FAO de respetar la Ley de Bosques 26631, razn por la cual la relatora internacional insta al gobierno a implementar y monitorear cuidadosamente las reglamentaciones ambientales.

La ONU advierte en su informe que los pueblos indgenas son uno de los sectores de la poblacin que exigen una atencin especial en este momento, ya que como consecuencia del modelo agrcola han perdido grandes porciones de sus tierras tradicionales y muchas familias debieron migrar a las ciudades. Adems, el desmonte como parte de la expansin de la frontera agrcola, limit severamente la disponibilidad y el acceso a las plantas, as como a los animales. Por ello, la relatora del organismo seala que debe darse prioridad a proteger el acceso de los pueblos originarios a la tierra.

Agricultura familiar e inseguridad alimentaria

Ante este diagnstico, la relatora del organismo afirma que ciertos compromisos internacionales asumidos por Argentina no parecen corresponderse con la realidad: Los regmenes fiscales del sector agrcola deberan proteger a los pequeos productores, as como el derecho a una alimentacin adecuada, y no solo favorecer al sector industrial exportador, seala. E insiste en diversas ocasiones sobre el lugar fundamental que la agricultura familiar constituye para proteger la disponibilidad de alimentos, ya que produce casi la mitad de las frutas y hortalizas que se consumen en el pas y emplea a 2 millones de personas.

Durante su visita, la relatora de la ONU tambin visito predios de produccin agroecolgica que, en sus propios trminos, llevan a lograr no solo rendimientos impresionantes, sino que tambin promueven prcticas que respetan el medio ambiente. En el mismo sentido, destaca: La agroecologa es una alternativa importante para la agricultura industrial con monocultivo que debera ser promovida por el Gobierno para la diversificacin de la economa agrcola, la produccin de alimentos en forma ms sostenible, la proteccin de los recursos naturales, la adaptacin al cambio climtico, y el apoyo a los pequeos productores y a los programas de comedores escolares. Adems, insiste en que el marco jurdico para el derecho a una alimentacin adecuada debera incluir la soberana alimentaria para todos.

Por otro lado, ante el aumento alarmante de los ndices de pobreza a partir de 2018, el informe remarca el vnculo directo que existe entre pobreza, y especialmente pobreza urbana, e inseguridad alimentaria, ya que como no pueden producir sus propios alimentos, los pobres que viven en las ciudades son vulnerables al incremento en los precios de los alimentos. De acuerdo a la FAO, en la Argentina la prevalencia de personas que viven en situaciones de inseguridad alimentaria severa aument del 5,8 % (2.500.000 personas) en el perodo 2014-2016 a 8,7 % (3.800.000 personas) en el perodo 2015-2017. Sin ingresos estables que resulten suficientes, los hogares luchan por brindarle a sus hijos una alimentacin adecuada y nutritiva, lo que resulta en mayores niveles de desnutricin, expresa el documento de Naciones Unidas.

Fuente: http://latinta.com.ar/2019/02/onu-sobre-argentina-modelo-agricultura-industrial-socavado-seguridad-alimentaria-poblacion/



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