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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-02-2019

Breve historia crtica de la funcin social de la propiedad

Daniel Jimnez Schlegl
Rebelin


La cancin del do Vainica Doble, de los aos 70, Elega al jardn de mi abuela con una dedicatoria y un suspiro, refleja un sentimiento que se ha convertido casi en un tpico sobre la poderosa vinculacin sentimental entre la persona y el bien (en este caso el lugar) que lo hace "suyo", es decir parte de su yo [1] . Obviamente no se trata de una elega por la prdida de la propiedad, sino que intuimos que se refiere a un elemento de dimensin extrajurdica o extrapoltica de su posesin. ste prescinde del valor (especulativo) de cambio que se le ha dado a la cosa (el jardn de la abuela convertido en mercanca rentable para construir un hotel) y reivindica un valor de uso vinculado a su vez a la construccin de la propia identidad, al afecto, al vnculo psicolgico entre el yo y el paisaje, el anclaje a un pasado, etc., es decir, a otro tipo de necesidades ms bien culturales y de sentido.

Si bien esta dimensin cultural y psicolgica es muy importante en la configuracin de la defensa del derecho de la propiedad, para analizar aqu brevemente la funcin social de la propiedad en el contexto de la hegemona del mercado urbanstico, tal dimensin es descartada en la confrontacin entre dos fuerzas que conciben la propiedad de modo incompatible: por un lado, la existencia de un derecho que se considera an en gran medida prepoltico (por tanto, revestido de cierta sacralidad), y vinculado a la libertad individual, y por otro lado, la limitacin poltico-pblica de ese derecho por parte del Estado, al amparo de razones de inters general. La comunidad frente al individuo, una vez ms.

Ambas fuerzas desdean por obstaculizadoras del trfico mercantil, por romnticas (y, por tanto, intiles e idealistas), por situarse fuera del marco legtimo del ordenamiento jurdico, las reivindicaciones de conservacin de la propiedad y de la posesin bajo las razones de aquella dimensin cultural y psicolgica. Nada es en realidad de nadie, o es de la colectividad o pertenece, privadamente, al trfico mercantil, constituye una garanta de crdito, un valor. Veremos aqu, pues, el anlisis del conflicto de la propiedad slo desde la posibilidad de reduccin de la propiedad del bien a valor de cambio, superando lo que Duguit definira como concepcin metafsica del Derecho subjetivo, en este caso, de la propiedad [2] . Es decir, la posibilidad de la compensacin econmica, en funcin del valor de cambio de la propiedad, en caso de prdida (mediando un seguro compensatorio) o expropiacin (mediando indemnizacin) o su transformacin por substitucin (permuta de una propiedad por otra o una expectativa) en beneficio de un inters general superior. Y, de esta manera, establecer una justicia apaciguadora en aquella confrontacin [3] .

La funcin social de la propiedad en los ordenamientos jurdicos contemporneos de los pases occidentales se centra en esa posibilidad de reduccin compensatoria (mediante un valor, un precio justo, o un bien sustituto), del derecho de la propiedad sacrificado. La funcin social de la propiedad en la economa capitalista garantiza una compensacin por la efectividad de un destino excepcional o contingente de prdida de la privacidad de la propiedad individual (de su subjetividad), para la satisfaccin de un inters superior al del individuo, el llamado inters pblico o general o social o comunitario.

Naturalizacin de la propiedad

La concepcin de la propiedad es polismica y su juridificacin positiva como derecho subjetivo vertebra su regulacin en funcin de sus diferentes sentidos, obviando como dijimos aquellos de naturaleza personal o psicolgica o cultural. Existen, de esta manera, diferencias substanciales entre la propiedad de una finca urbana con respecto la rural, entre la propiedad colectiva y la individual, entre la del Estado (pblica) y la de los ciudadanos (privada) y la de aquellos y la de las grandes corporaciones, entre la de los bienes inmuebles y la de los muebles, etc. Todos ellos, pero, con un valor de uso y un valor de cambio diferenciado y objetivo. Con mayores restricciones o requisitos legales en cuanto al ejercicio de la propiedad si dicho bien supone un recurso limitado (como el suelo), o por la confluencia de determinadas necesidades colectivas o las de los vecinos colindantes -que tienen algo que decir respecto tal ejercicio-.

La nocin de propiedad es una nocin poltica. Explicada como el ejercicio de dominio -cambiante hitrico-socialmente- sobre bienes determinantes en la reproduccin social (tierras, recursos, medios de produccin), se instituye como figura a regular con la aparicin del poder poltico en sociedades complejas, organizadas por una divisin social del trabajo y una organizacin poltica del poder, funcional a la acumulacin y la distribucin de los excedentes agrcolas y contencin de las desigualdades nacidas de una distribucin discriminatoria y de esa divisin del trabajo. La propiedad de la tierra concebida como un medio de produccin en manos de las clases dominantes es controlado por el poder poltico (esas mismas clases) en garanta de la reproduccin social de aquellas, estableciendo un sistema de reparto desigual en funcin de la estratificacin social.

En las sociedades primitivas, en cambio, como caracterstica comn general, no existe separacin entre las relaciones sociales y las relaciones econmicas. No existe esa divisin social del trabajo propia de sociedades segmentarias con un poder poltico, sino la organizacin de un trabajo cooperativo entre personas unidas por lazos de parentesco o por obligaciones recprocas. Las pequeas unidades econmicas funcionan a partir de estructuras de parentesco y bsicamente por un conjunto de solidaridades y reciprocidades, vinculadas a ceremonias y rituales. El comercio entre clanes, tribus o unidades domsticas diferentes est basado fundamentalmente en el trueque y el intercambio [4] .

Es decir, a partir de ciertos estudios antropolgicos se demuestra que en ningn caso puede predicarse la nocin de propiedad en las sociedades humanas primitivas tal como se entiende desde las estructuras de una sociedad poltica compleja, y que, fundamentalmente, la concepcin de la apropiacin de la tierra y de los medios de produccin para ejercer el dominio privativo e ilimitado sobre ellos, como institucin garantizada por un poder poltico organizado para ello, no existe en aquellas sociedades.

Con ello queremos dejar claro de antemano y frente a las concepciones iusnaturalistas que la propiedad no es un derecho natural o, digamos, consustancial a la naturaleza humana. Es, utilizando trminos de C. Castoriadis, una institucin imaginaria de la sociedad, es decir, una creacin histrico-social propia de cada sociedad poltica.

Dicho esto, sin embargo, conviene recordar que la naturalizacin del derecho de propiedad y su juridificacin como un derecho subjetivo ya se planteaba en la Roma clsica de las Institutiones de Gayo. El derecho de propiedad es lo que la razn natural establece entre todos los hombres (quod naturalis ratio inter homines constituit). Con la influencia del cristianismo en el derecho romano postclsico de Justiniano, es cuando esa razn natural es concebida como lgica natural de orden trascendente, el ius naturale que no se identifica con el derecho positivo romano general (ius gentium), sino con un derecho de origen divino situado en un orden ideal de valores puros e inmutables. La propiedad familiar, el fundo, forma parte de ese ius naturale [5] . A ese derecho natural de la propiedad el derecho romano ya le atribua un seoro general en acto o en potencia sobre la cosa, un poder a priori ilimitado del dueo sobre la cosa, con las nicas limitaciones fijadas por el ordenamiento jurdico para asegurar los negocios jurdicos, la tutela de ciertos y muy excepcionales intereses pblicos o por la existencia de cargas o derechos concurrentes (los derivados de la copropiedad, las servidumbres, prohibiciones especficas de enajenar,).

Desde el momento en que en la poca clsica romana quiebra la unidad compacta del grupo familiar se afirma la existencia de la propiedad individual y el mancipium se escinde en dominium (domus, la casa), se valora el sentido econmico de la cosa desarrollndose la propiedad de contenido patrimonial, abolindose finalmente con Justiniano la propiedad constituida ad tempus, esto es, perpetua, a fin de favorecer el trfico mercantil.

Los pensadores iusnaturalistas de la modernidad, siguiendo la tradicin romana del dominio del fundo, refuerzan ese valor de uso patrimonial de carcter prepoltico del derecho de propiedad, con su concepcin productiva, de medio de vida y de generador de riqueza como algo propio de la naturaleza humana.

Las diferentes concepciones tericas de la naturaleza humana y del estado de naturaleza justificativas de la existencia de ciertos derechos subjetivos naturales como el de la propiedad a partir de las explicaciones fundamentalmente de Thomas Hobbes y de John Locke, contribuyeron a la pervivencia de la concepcin subjetivista del derecho hasta despus del Code Napolon [6] . De hecho segn la conocida tesis de Macpherson la democracia liberal es heredera del relato terico del individualismo posesivo de de Hobbes y Locke, del que persiste un ethos individualista posesivo muy funcional al mercado [7] .

Se explica por la teora de Hobbes y Locke, an por diferentes concepciones del estado de naturaleza, la juridificacin y la codificacin de los derechos naturales mediando el pacto histrico entre sociedad civil y Estado o poder soberano, donde los hombres habran adquirido legtima y legalmente los derechos de libertad y de propiedad salvaguardados por el poder soberano o el Estado.

 

 

Secularizacin de la propiedad entendida como derecho natural: la funcin social de la propiedad y la funcin pblica del urbanismo

En su conocida obra Las transformaciones del Derecho, escrita en 1893 y reeditada en la primera dcada del s. XX, Duguit alerta de la ficcin de la concepcin individualista y prepoltica de los derechos naturales, reivindicando la socialidad consustancial, adems, a la idea misma de derecho y del sistema jurdico. Un sistema basado en la actualidad en el derecho objetivo positivo frente al subjetivo y de raz metafsica.

Duguit explica el proceso de secularizacin del derecho natural individualista que bajo la presin de los hechos, viene a reemplazar al antiguo sistema hacia la constitucin de un sistema jurdico realista basado en la nocin de funcin social [8] . De esta manera, la propiedad no es un derecho; es una funcin social. El propietario, es decir, el poseedor de una riqueza tiene, por el hecho de poseer esta riqueza, una funcin social que cumplir; mientras cumple esta misin sus actos de propietario estn protegidos. Si no la cumple o la cumple mal, si por ejemplo no cultiva su tierra o deja arruinarse su casa, la intervencin de los gobernantes es legtima para obligarle a cumplir su funcin social de propietario que consiste en asegurar el empleo de las riquezas que posee conforme a su destino.

Duguit teoriza sobre ese proceso de secularizacin del derecho de propiedad, a partir del hecho que, en definitiva, se trata una institucin jurdica formada para responder a unas determinadas necesidades econmicas que histricamente se han ido transformando, de manera que en la actualidad deja de ser un derecho subjetivo del propietario para convertirse en la funcin social del poseedor de la riqueza. La propiedad pasa a entenderse en el vigente trfico mercantil en una riqueza afectada a la colectividad en determinados casos que deben ser jurdicamente protegidos [9] . Todo propietario es poseedor de una riqueza y tiene por tanto el deber, una obligacin de orden objetivo de emplear la riqueza que posee en mantener la interdependencia social y aumentarla, es decir, la propiedad tiene claramente un destino social.

Tal conclusin de Duguit viene reforzada por la aparicin a principios del siglo XX de una doctrina jurisprudencial sobre esa concepcin de la funcin social de la propiedad (casos de servidumbres de utilidad pblica, obligaciones activas del propietario de conservacin del bien, contra el uso abusivo de derecho de propiedad, etc.).

Pesan en esta argumentacin, asimismo, las tesis utilitaristas del liberalismo del XIX, pues en absoluto se propugna la abolicin de la propiedad privada y su colectivizacin, sino que el ejercicio del derecho de propiedad cumple esa funcin social respecto de una riqueza que finalmente revierte en beneficio colectivo. De ah que asimismo se confirme la tesis, apuntada ms arriba, de Macpherson que en las democracias liberales capitalistas contemporneas persista an el ethos individualista y la creencia que el mercado, a travs de la maximacin del beneficio privado (posesivo), funciona asimismo como redistribuidor de rentas. El derecho de propiedad privada debe en consecuencia garantizarse (frente a la intromisin y limitacin poltico-pblicas) para el funcionamiento de ese mercado.

La crisis del Estado liberal del siglo XIX, culminada en la Repblica de Weimar y el surgimiento de un nuevo modelo de Estado intervencionista en la economa y en las polticas sociales, nacido tras la crisis capitalista de 1929 y las Guerras Mundiales, supusieron asimismo una plasmacin en las nuevas constituciones del principio de la funcin social de la propiedad. Un principio caracterstico de los Estados sociales y democrticos de derecho que recogan el pacto poltico del sometimiento de la propiedad privada a su funcin social, paralelamente a un mayor intervencionismo poltico-pblico en la economa de mercado, con polticas fiscales redistributivas y bajo el reforzamiento de la idea del inters pblico o general [10] .

En el mbito del urbanismo, la iniciativa urbanstica aunque sea privada, ha de someterse a aquel principio de funcin social de la propiedad [11] , y adems en el marco de una regulacin, la urbanstica (tanto en la planificacin como en la gestin y la disciplina urbansticas), que es una funcin pblica [12] , esto es, cuyos objetivos son de satisfaccin primordial del inters pblico dictado desde la Administracin pblica ejecutora de las polticas pblicas de gobiernos (centrales, perifricos y locales) y rganos representativos (parlamentos, plenos municipales).

La funcin social de la propiedad y la funcin pblica del urbanismo deben ir de la mano, y garantizar la prevalencia del inters pblico sobre el privado. Supone que la operacin urbanstica (siempre para satisfacer necesidades del crecimiento, de dotaciones pblicas e infraestructuras a sectores con dficits, de proteccin ambiental y patrimonial, de vivienda, etc.), ha de cumplir los principios rectores del urbanismo.

As, se habla primordialmente de hacer efectivas polticas urbansticas de proteccin del territorio y polticas de vivienda y para intervenir en el mercado inmobiliario; de la inexistencia del derecho de los propietarios de terrenos y construcciones de exigir indemnizacin como consecuencia de las afectaciones urbansticas del planeamiento (las cuales implican meras limitaciones y deberes que definen el contenido urbanstico de la propiedad); de garantizar un urbanismo sostenible dado que el suelo es un recurso limitado preservando sistemas de vida tradicionales de las reas rurales; de garantizar que la comunidad participe en las plusvalas generadas por la actuacin urbanstica (bsicamente mediando las cesiones obligatorias y gratuitas de propiedad); de garantizar la distribucin de espacios libres y equipamientos en el territorio bajo criterios que garanticen su funcionalidad en beneficio de la colectividad; la interpretacin del planeamiento en atencin a criterios de menor edificabilidad, mayor dotacin para espacios pblicos y mayor proteccin ambiental; la nulidad de las dispensas urbansticas, y la participacin ciudadana y la accin pblica como mecanismos de defensa de la legalidad urbanstica y (en algunos casos) de los mismos intereses pblicos [13] .

Adems la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo se ha encargado de afianzar el criterio interpretativo acerca de la funcin social de la propiedad vinculada a la funcin pblica del urbanismo en caso de conflicto surgido en una operacin urbanstica. As, el Tribunal ha declarado que el fundamento de que el urbanismo es una funcin pblica se encuentra en que la ciudad, ms ampliamente el territorio, es de todos y, por tanto, las decisiones relativas a sus caractersticas corresponden a los ciudadanos en general a travs de los trmites que abren una va a su participacin y de las decisiones adoptadas por sus elegidos representantes (STS de 7 de noviembre de 1988). De este modo, las decisiones urbansticas se adoptan en atencin al inters pblico con independencia de cules sean las aspiraciones o expectativas de los propietarios de los terrenos afectados (SSTS de 20 de septiembre de 1985, 23 diciembre de 1995, 27 de febrero de 1996, 26 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1997) [14] .

Asimismo las Sentencias de 3 de enero y 26 de marzo de 1996 afinan el criterio del inters general urbanstico al que est sometida la propiedad (por su intrnseca funcin social) en el sentido de que el inters general exige la racionalidad de las nuevas decisiones urbansticas, la correcta valoracin de las situaciones fcticas, la coherencia de la utilizacin del suelo con las necesidades objetivas de la comunidad, la adecuada ordenacin territorial y el correcto ajuste a las finalidades perseguidas.

Estos principios rectores limitativos de las facultades dominicales del propietario rigen toda actividad urbanstica que va desde la planificacin en el territorio (la funcin pblica ms manifiesta), la gestin econmica del reparto de beneficios y cargas urbansticas o la expropiacin, hasta la disciplina urbanstica que garantiza el uso del suelo y la edificacin conforme la legalidad y el planeamiento, la obligacin de urbanizar y edificar, la conservacin y mantenimiento de la propiedad en condiciones de seguridad y salubridad.

Todo esto sobre el papel. Aunque, cierto es, en algunos casos -que por extraordinarios se han convertido en hecho noticiable-, la propiedad privada, los intereses privados, que han sido improcedentemente materializados al amparo de alguna Administracin pblica, han sucumbido bajo la piqueta de la ejecucin de una Sentencia que ha hecho prevalecer el inters general, la funcin social de la propiedad y la funcin pblica del urbanismo.

Pero, a pesar de estos casos puntuales, nos atrevemos a afirmar que a pesar de tales principios y de tal doctrina judicial, estadsticamente y ms en la actualidad, cuando los criterios de contencin del dficit pblico buscan mrgenes cada vez ms amplios de actuacin privada y de generacin de riqueza mediando la potenciacin del beneficio empresarial, lo normal, lo habitual es que la propiedad privada, su valor de cambio, siga conservando privilegios y garantas poltico pblicas prevalentes sobre el inters genuinamente pblico.

 

Pervivencia de la lgica privatista de la propiedad como valor de cambio y garanta del trfico en el mercado urbanstico

Convenimos con Macpherson la pervivencia de de una lgica iusprivatista en nuestro derecho y posiblemente como caracterstica del ambiente espiritual de nuestro tiempo (K. Jaspers). Con trazo grueso: ante determinadas situaciones de conflicto entre el derecho de propiedad y su necesaria limitacin por razones de inters pblico genuino, la prctica demuestra la debilidad de la rama jurdica encargada de ordenar, regular y justificar las limitaciones del derecho de la propiedad a partir de la materializacin de la funcin social de la propiedad. Ya advertimos en nuestro artculo El derecho a la ciudad. Unas reflexiones sobre tica urbana a servicio de qu poderes de naturaleza econmico privada est en manos la transformacin moderna de la ciudad, y a qu valores reales responde el urbanismo hoy, a pesar de la existencia de los aludidos principios rectores y de la aludida doctrina jurisprudencial [15] .

Tal lgica privatista es resistente a la imposicin de limitaciones al derecho de la propiedad, limitaciones que no provengan de los propios acuerdos, estrategias, prcticas, hbitos, surgidos de las transacciones comerciales. O dicho de otra manera, resistente a las limitaciones que provengan por razones de genuino inters pblico (especificamos genuinos, no sin cierta ingenuidad, pues la prctica en derecho urbanstico, por ejemplo, ensea que en muchas ocasiones el inters pblico aparente esconde un inters genuinamente este s- privado).

La propiedad y el derecho de propiedad privada resisten hoy especialmente, en el contexto hegemnico de la economa financiera y de inversin especulativa, donde los bienes (y pensamos concretamente en los inmuebles en el mercado urbanstico) pierden prcticamente su valor de uso original y se convierten en bienes portadores de expectativas de ganancia en funcin de los usos y la intensidad de los mismos sealados por el planeamiento (o por la posibilidad que una revisin o modificacin del mismo los mejore desde el punto de vista de las necesidades comerciales del momento).

La propiedad se reduce a un simple valor de cambio sometido a la lgica de la inversin en el mercado inmobiliario que domina, en definitiva, el desarrollo urbano. Las fuerzas entre la defensa del inters pblico y la lgica de ese mercado slo tiene solucin en la confusin inducida de que el inters privado (del propietario) acabe manifestndose como el inters pblico que justifica la Administracin pblica urbanstica para imponer su ordenacin. La infinitud de casos, como el proyecto fallido de construccin de una ciudad de casinos y hoteles en el parque de proteccin agraria del Llobregat, en Barcelona, son ejemplos claros de la pervivencia de esa lgica privatista en la que la distribucin de rentas y creacin de puestos de trabajo o la financiacin de equipamientos o espacios libres -a travs de la generacin de enormes beneficios privados con el valor de cambio de la propiedad-, se convierte en el inters general justificativo de la operacin.

Y como ya dijramos en otra ocasin, la planificacin urbana tecnocrtica controla el discurso de legitimacin del inters pblico frente al control que pudiera ofrecer una planificacin democrtica, esto es colaborativa desde abajo y en funcin de las necesidades de los de abajo.

Lo perverso del asunto es que la funcin social de la propiedad se convierte en la prctica, en esos casos de confusin entre el inters pblico y el privado, en el beneficio privado. La participacin de la comunidad en esas enormes plusvalas urbansticas (nunca justificado el equilibrio entre esos beneficios privados y las cargas en beneficio para la comunidad), en forma de alguna vivienda protegida un parque o un centro deportivo, la futura creacin de puestos de trabajo, la dinamizacin de un sector, etc., es la moneda de cambio, para que muchos jardines de la abuela acaben convirtindose en hoteles de lujo.

El derecho de propiedad pasa en la prctica de ser un derecho real a una garanta de crdito para el trfico mercantil y especulativo del suelo y un elemento de inversin que aunque no del todo desvinculado de su valor de uso, concibe la propiedad como simple valor. El vnculo cultural, afectivo, personal, con la propiedad queda en esta vorgine definitivamente aniquilado.

 

25/02/2019

Daniel Jimnez Schlegl



[1] Dice la cancin: Encanto suave y placidez/de aquel rincn de mi niez/corazn que hoy late en cuerpo ajeno,/sofocado en un moderno hotel,/verde cogollito dulce y bueno,/entre la piqueta y la pared./Presencia mgica de ayer,/querencia que me hace volver/para sumergirme en su embrujo/y aturdirme una y otra vez,/infeliz rincn de hotel de lujo,/alegre jardn de mi niez.

[2] DUGUIT, Len; Las transformaciones del Derecho (pblico y privado), Buenos Aires, 1975; pp.174.

[3] Se ha convertido asimismo en un tpico histrico (por usual) la aniquilacin de poblaciones indgenas que ocupaban tierras ancestrales. Poblaciones vinculadas no slo productiva y reproductivamente a sus tierras, sino tambin por lazos culturales poderossimos, de manera que la justicia compensatoria (si es que la hubiera en algn caso) de los nuevos colonizadores o explotadores de recursos, realmente no ha compensado esas prdidas, abocando a las poblaciones indgenas, estructuradas por frgiles sistemas de organizacin vinculados a la tierra, a su desaparicin.

[4] En los asentamientos Inkal-Aw del Ecuador, por ejemplo, las unidades domsticas (espacios parentales que pueden agrupar ncleos familiares en clanes vinculados a la tierra) sus procesos productivos son tendencialmente autrquicos con una tenencia familiar de la tierra y de la produccin (un territorio amplio para el cultivo de cada familia y un territorio amplio para cazar). La propiedad es una unidad productiva de la unidad domstica, cooperativa en una divisin equilibrada del trabajo por sexo y edad. (HAUG, Eugen, Los nietos del trueno. Construccin social del espacio, parentesco y poder entre los Inkal-Aw, Quito, 1994, pp. 137-151). Asimismo, para las sociedades primitivas la inapropiabilidad privada, individual, de la tierra y los recursos en su conjunto, as como el entorno natural, responden a justificaciones mitolgicas como divinidades o elementos sagrados que obsequian y garantizan la supervivencia condicionada al cumplimiento de determinados rituales y ceremonias.

[5] IGLESIAS, Juan; Derecho Romano, Ariel: Barcelona, 1958, pp. 103-104. La propiedad familiar (el fundo, el fundamento de supervivencia de la unidad familiar y productiva), es la res mancipii, que vincula a todos los miembros y constituye el patrimonio inalienable para perpetuar la casa y el gobierno del pater familias a travs de la institucin de la herencia (la propiedad no se adquiere ni se transmite en el comercio como el trueque, propio de las cosas muebles o res nec mancipii, sino que es algo que se sucede). Op.cit., pp. 247.

[6] La concepcin del derecho como el sometimiento a la voluntad individual (la libertad, la propiedad, el derecho de crdito,). Y sin embargo, sobre esta concepcin artificial y caduca del Derecho subjetivo es sobre la que la Declaracin de 1789, el Cdigo Napolen y la mayor parte de las legislaciones modernas han establecido todo el sistema jurdico! Los textos son bien conocidos: los hombres nacen y se mantienen libres e iguales en Derechos. Estos Derechos son la libertad, la propiedad (Declaracin de Derechos de 1789, artculos 1 y 2). En el Cdigo de Napolen, el artculo 544 dice: La propiedad es el derecho de gozar de la cosa de la manera ms absoluta. () En el artculo 4 de la Declaracin de los Derechos del hombre se lee: La libertad consiste en poder hacer todo lo que no dae a otro: as el ejercicio de los Derechos naturales de cada hombre no tiene ms lmites que los que aseguren a los dems miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. (DUIGUIT, Op. cit., pp. 175-177).

[7] MACPHERSON, Crawford B.; La teora poltica del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke; Madrid: Trotta, 2005.

[8] Ibd. pp. 178. Funcin social que para el autor se basa a su vez en un hecho incontrovertible como es la existencia de la solidaridad o interdependencia social pues forma parte de la estructura social misma donde la divisin social del trabajo genera unos vnculos de interdependencia necesarios para la reproduccin social y cuyo conflicto, generado por la diferenciacin social de la divisin del trabajo, debe limitarse por leyes pblicas que garanticen una previsin para los trabajadores y un lmite a la libertad individual del empleador.

[9] Ibd. Pp.237-238.

[10] As, en nuestra Constitucin de 1978, en los artculos 33, 47 y 103.1, se regula lo que sigue:

Art. 33 : 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La funcin social de estos derechos delimitar su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podr ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pblica o inters social, mediante la correspondiente indemnizacin y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Art. 47 : Todos los espaoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes pblicos promovern las condiciones necesarias y establecern las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilizacin del suelo de acuerdo con el inters general para impedir la especulacin. La comunidad participar en las plusvalas que genere la accin urbanstica de los entes pblicos.

Art. 103 : 1. La Administracin Pblica sirve con objetividad los intereses generales y acta de acuerdo con los principios de eficacia, jerarqua, descentralizacin, desconcentracin y coordinacin, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

[11] Tomaremos como referencia la regulacin que en materia de urbanismo es actualmente vigente en Catalua. As, sobre el ejercicio del derecho de propiedad y su funcin social, el art. 5 del Texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto).

[12] Art.1.2del citado TRLU.

[13] Vanse, los artculos 2.1, 6, 3, 4, 10, 8 y 12, respectivamente, del TRLU

[14] ENRIZ OLAECHEA, Fco. Javier; Los principios informadores del Derecho urbanstico; BFD: Boletn de la Facultad de Derecho de la UNED , ISSN 1133-1259, N 27, 2005 (Ejemplar dedicado a: IV Edicin premio artculos jurdicos "Garca Goyena"), pgs. 307-308.

[15] Vid. Crtica Urbana; n 1; 20 julio 2018 (http://criticaurbana.com/critica-urbana-1)

 



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