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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-03-2019

Juicio al Procs o la debilidad democrtica espaola

Rafael Silva Martnez
Rebelin


Solo una mente democrtica puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo

(Aristteles)

 

Toda persona que examine objetivamente los hechos acaecidos entre el 20 de septiembre y el 27 de diciembre de 2017 comprobar que no hubo ninguna rebelin, por la sencilla razn de que no hubo ninguna violencia. Hubo manifestaciones, desobediencia civil, un referndum multitudinario, una huelga general de pas y una declaracin de independencia sin efectos prcticos. Todas ellas acciones pacficas en defensa de la libertad que no deberan estar penalizadas y, an menos, ser objeto de peticiones fiscales tan desorbitadas

(Mart Caussa)

 

La corrupcin del discurso poltico es evidente y se est haciendo contagiosa; uno dice una brutalidad y los otros apuestan por otra mayor. El discurso pervertido, mentiroso, demaggico, descalificador se convierte en un arma potente en boca de quienes lo adulteran; son conscientes de que les proporciona rditos electorales

(Jess Parra Montero)

 

Se est celebrando en el Tribunal Supremo el llamado Juicio al procs, que no es ni ms ni menos que una perversin judicial, y por tanto, al referirse a uno de los poderes del Estado, una perversin democrtica. Se piden muchos aos de crcel por delitos que nicamente existen en la mente antidemocrtica de los acusadores, porque en realidad, lo nico que hubo fueron intentos de votar en el clima de hostilidad poltica y represin policial que se dieron durante la jornada del famoso 1-O. Para algunos de los encausados se piden penas ms elevadas que las que se pediran para un homicida, un terrorista o un golpista (los 9 encausados/as se enfrentan a penas por rebelin, sedicin y malversacin que suman 156 aos de crcel). Es completamente falso que el pueblo cataln o sus dirigentes sociales o polticos alentaran a la violencia, porque solo hubo, como mximo, desobediencia civil, y a menos que queramos condenar tambin a Ghandi, eso no es un delito. Lo que nuestros polticos no entendieron entonces (y an siguen sin entender), es que si una parte importante de un pueblo apoya unas determinadas propuestas y acciones polticas, no se puede juzgar y condenar a sus representantes, que lo nico que hacen es luchar y preparar las condiciones materiales para poder alcanzarlas. De ah que los Consellers y lderes sociales actualmente encarcelados deban ser considerados presos polticos.

Todo ello slo puede ocurrir en un pas, como el nuestro, de profundas debilidades democrticas, donde se entiende el pas (Espaa) como un todo indivisible por la fuerza, donde nicamente existe descentralizacin administrativa (las Comunidades Autnomas) pero no poltica, y donde cualquier intento de negociar con el resto del Estado unas condiciones distintas a las existentes, es considerado como un acto de alta traicin, como si estuviramos en los tiempos de Felipe II (han pasado 400 aos y cuatro reyes Felipe desde entonces). Espaa es an una democracia muy dbil y limitada, que entiende su Constitucin (por parte de los gobernantes que lo han sido hasta ahora) como un instrumento rgido e inalterable, una momia legal que hay que santificar y respetar, y a la que nadie puede plantar batalla. Esta actitud podra tener algn sentido nicamente si se dieran adems dos circunstancias: en primer lugar, que fuera una Constitucin joven (la nuestra no lo es, ya que data de 1978, donde an no haban nacido las generaciones actuales de menos de 50 aos), y en segundo lugar, que se respetara toda ella, en todo su articulado (lo cual no se hace, ya que existen numerosos artculos de la Carta Magna que son sistemticamente incumplidos por todos los Gobiernos que hemos tenido desde su vigencia).

Luego por tanto, no tiene sentido una lectura constitucional al pie de la letra, negando todas las posibilidades de debate y negociacin, cuando es una parte importante de un pueblo la que la demanda. Los polticos y legisladores conocen perfectamente que un determinado territorio no posee fuerza democrtica suficiente como para impulsar una reforma constitucional: esto significa que, ni aunque el 100% de los catalanes quisiera cambiarla, sera posible alcanzar dichos cambios. Luego por tanto, la nica va posible, si no se quiere enquistar un conflicto social, es negociar un acuerdo que d satisfaccin a todas las partes. Esto es precisamente lo que no se ha hecho. Se prefiri enarbolar la bandera de la soberana nacional del pueblo espaol (como si el pueblo espaol no tuviera ya cedida la soberana en multitud de aspectos), antes que negociar la soberana de una parte frente a la soberana del conjunto. Esa negociacin necesitaba nicamente un marco legal donde desarrollarse, pero dicho marco legal no fue construido ni por los gobernantes de entonces, ni por los actuales, que continan negando el derecho de autodeterminacin de los pueblos que forman el Estado Espaol. Adems de insensibilidad y deficiencia democrticas, lo que esta negativa pone de manifiesto es una visin nacionalista (espaolista) y excluyente, que no deja resquicio a considerar la unidad de Espaa bajo una visin distinta, es decir, la plurinacional. Ninguna unidad poltica puede mantenerse en el tiempo si una de las partes en unin no lo desea. La nica forma es negociar marcos de acuerdo de convivencia distintos, federales o confederales, o bien acordar la posible autodeterminacin de los pueblos que lo deseen.

Si en vez de ello lo que el Estado lleva a cabo es la detencin y enjuiciamiento de los lderes polticos de ese pueblo, lo que est realizando es, simple y llanamente, un juicio poltico, hecho que jams puede darse en una democracia plena. Prcticamente todas las ONG y observadores internacionales coinciden en verlo as, pero como ya sabemos, Spain is different. Aqu nuestros gobernantes no estuvieron por la labor de hacer con ETA lo que por ejemplo Colombia hizo con las FARC, y en el tema que nos ocupa, no estn por la labor de hacer con Catalua lo que ocurri en Canad o en Escocia. Hay aspectos de nuestra democracia que an tienen que desarrollarse bastante, pero para ello, hemos de evolucionar hacia una verdadera mentalidad democrtica, de la cual carecemos hoy da. Ms tarde o ms temprano tendremos que entender que la solucin al problema cataln debe resolverse por vas y cauces democrticos, en vez de por querellas, crceles, represin, juicios y condenas. Esa va solo nos conduce al permanente conflicto poltico, al estallido social, a la revuelta popular, al enquistamiento de la situacin. Y si continuamos por la deriva del todo es rebelin, llegaremos a una involucin democrtica an mayor, que convertir en delito todo acto masivo de manifestacin o desobediencia popular. Slo un Estado con tics autoritarios y totalizantes puede responder a este esquema. Un Estado democrtico siempre encauza estos problemas mediante vas democrticas.

Bajo una democracia plena, todas las alternativas polticas son igualmente vlidas, se puede hablar de todo, ningn asunto es tab, ni est criminalizado. El nico lmite que existe es el respeto a los Derechos Humanos, y la propia democracia en s misma. Plantear opciones polticas, por muy descabelladas que nos parezcan, no es un delito. Luchar por ellas tampoco, luego eso debera ser suficiente como para desmontar el falaz eslogan que est circulando, que dice que estas personas no estn siendo juzgadas por sus ideas, sino por sus hechos. Es una afirmacin muy graciosa, que poco menos que relega las ideas al mbito de la intimidad de las personas (puedes pensar lo que quieras, siempre que no te atrevas a llevarlo a la prctica). Uno de los fiscales del caso dijo en la tribuna que El independentismo no es objeto de juicio, pero la verdad es que s lo es. Lo que se juzga y criminaliza es el intento de forzar una negociacin con el Estado, para que se reconozca que Catalua debe poder decidir su futuro como pueblo integrado actualmente en el Estado Espaol. Lo que se juzga y criminaliza es a unos gobernantes catalanes que han luchado por conseguir un ideal, y para ello han tenido que desobedecer. Las ideas no son un reservorio privado e ntimo de nuestra mente, sino que si creemos realmente en ellas, es perfectamente lcito intentar ejecutarlas, llevarlas a cabo. Eso es precisamente la poltica. Un conjunto de ideas que intentan ser llevadas a la prctica, una ideologa en la que creemos para disear un mundo mejor que el que habitamos. Pero todo esto es muy difcil de comprender para las mentalidades fascistas, que no solo entienden el mundo a su manera, sino que adems entienden que hay que aniquilar a todos los que no piensen as.

Sin ir ms lejos, las fuerzas polticas de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) apoyan a la justicia porque la justicia se alinea actualmente de forma mayoritaria con sus intereses, pero si la justicia se volviera loca por un instante, y se pusiera de parte del soberanismo cataln, esa justicia sera criticada por la derecha social, poltica y meditica de este pas, como ahora mismo critican a la justicia belga, alemana o suiza, porque no extradita a los dirigentes catalanes refugiados temporalmente all, y al contrario que la justicia espaola, estiman que lo ocurri en Catalua durante aqullas jornadas fue el libre ejercicio de derechos fundamentales. Pero no obstante, nuestra reflexin no debe quedar aqu, porquees slo una cuestin de debilidad democrtica, o confluye tambin la inquebrantable defensa de los principios e intereses del Rgimen del 78? Parece que esto ltimo tambin es un factor a considerar, es decir, que en el fondo el soberanismo de los pueblos, su capacidad de decidir su futuro, no interesa a un Estado surgido de la extincin del franquismo, pero que an mantiene sus postulados, y que est contaminado en sus tres poderes fundamentales (legislativo, ejecutivo y judicial), as como en el resto de poderes fcticos (las Fuerzas Armadas, la banca, la Iglesia) por los valores y principios del conservadurismo neoliberal, as como de la actual estructura monrquica, que favorece todo el entramado de intereses de los poderes indicados. De ah que no pueda siquiera admitir la remota posibilidad de que cualquier amenaza ponga en peligro su status quo.

Una prueba palpable de que la democracia no les importa, sino la defensa de los intereses en juego, la tenemos en el mantenimiento de la venta de armas a Arabia Saud (un Estado strapa, violador de los derechos humanos, y representante de la corriente ms fundamentalista del Islam), o en el reciente reconocimiento a Juan Guaid como Presidente interino de Venezuela, una accin claramente ilegal segn la Carta de la OEA, segn la Constitucin Venezolana y el conjunto del Derecho Internacional Pblico, ya que se trata de una injerencia intolerable en los asuntos internos de aqul pas. Sin embargo, todo eso se obvia, y se reconoce a un fantoche que no ha sido elegido por nadie, pero representa una pieza en el entramado del Golpe de Estado que el imperialismo estadounidense y sus aliados occidentales pretenden lanzar contra la Revolucin Bolivariana, para apoderarse de sus recursos naturales y desmontar los avances sociales que el chavismo ha trado al pueblo venezolano. Es decir, tenemos un gobierno que reconoce y apoya a un golpista extranjero en su pas, pero que procesa por rebelin a unos lderes polticos que representan las decisiones democrticas de la mayora del pueblo cataln en elecciones, manifestaciones y consultas populares. Esa es la catadura moral de la democracia espaola.

Asistimos, por tanto, con el juicio al procs, a una nueva incursin reaccionaria del Rgimen del 78, en vas de aplastar el movimiento democrtico cataln. As que con estos visos, es lgico dudar que las garantas democrticas de esta macrocausa judicial vayan a ser plenas, no solo por las enormes carencias democrticas que nos caracterizan, sino por la trayectoria de los diversos jueces que forman el Tribunal. La contaminacin de estos jueces tambin ha sido explicada perfectamente por Gemma Garca en este artculo (que forma parte de un dossier completo del medio cataln La Directa) publicado tambin en el medio El Salto Diario. No cabe esperar mucha justicia del mismo Estado que promovi toda la represin social que se vivi el mismo da de la votacin, el 1-O, mxime habiendo insistido hasta la saciedad en que el ilegal referndum no iba a tener consecuencias jurdicas ni polticas (en realidad, celebrar un referndum, incluso suspendido por el TC, tampoco es delito, prueba de ello es la intencin del PP de incluirlo como tal, mocin que ha sido reprobada por el resto del Parlamento hace pocos das). Entoncespara qu tanta represin ciudadana? Si en cualquier caso el referndum no iba a tener consecuenciaspor qu no se dej que la poblacin catalana votara en paz? Si slo era algo simblico, por qu ensaarse de esa forma, haciendo que los Cuerpos de Seguridad se dedicaran a buscar las urnas, a quitarlas por la fuerza de los colegios catalanes, y a impedir por la fuerza que las personas votaran? Slo una democracia bananera actuara de ese tipo. Slo un Estado irresponsable y represor ordenara tales actuaciones.

Una mayora social en Catalua considera que este juicio ejemplifica el fracaso poltico, democrtico y social de Espaa. Las aspiraciones democrticas de un pueblo (contaminadas o no, que podamos compartir o no) han sido enfrentadas nicamente con el peso de la Ley. Pero la justicia est profundamente politizada por el propio diseo institucional del Rgimen del 78. De ah que este juicio se haya convertido en asunto de Estado para las fuerzas polticas de la derecha, defensoras acrrimas del actual rgimen, y de ah que aspiren a una aplicacin del artculo 155 profunda e indefinida. Se busca con ello no solucionar el problema, sino controlar desde el Estado todas las instituciones catalanas (incluidos los medios de comunicacin y el sistema educativo), y mantenerlas recluidas hasta que en unas elecciones resulten elegidos representantes que no opten por las posturas soberanistas/independentistas. Es, como decamos, aplastar el problema ms que solucionarlo. De esta forma, se ha erigido un bloque poltico que han dado en llamar falazmente constitucionalista, no porque sean amantes ni defensores de la Constitucin (cuyo articulado niegan en muchos otros aspectos), sino porque son defensores de reprimir la pluralidad poltica, negar las visiones plurinacionales del Estado, y aniquilar los deseos de soberana popular. Ms bien al contrario, segn propias declaraciones, lo que desean es ilegalizar todo tipo de opciones polticas que alberguen estas posiciones en su ideario.

nicamente la negociacin de las condiciones para la realizacin de un referndum pactado con el Estado, es decir, una consulta popular de autodeterminacin vinculante, podr solucionar definitivamente el conflicto. Con el conflicto cataln el Estado se ve seriamente amenazado, se siente humillado, y ese germen se proyecta en muchas manifestaciones de odio hacia el separatismo. De ah tanta palabra gruesa de las formaciones polticas de extrema derecha, que cada da se vuelven ms violentas en sus discursos. Y es que el desafo soberanista cataln ha provocado un verdadero salto cualitativo en las luchas contra el Rgimen del 78. La respuesta de la Corona a travs de la figura de Felipe VI puso an ms de manifiesto, si cabe, la profunda herencia totalitaria del franquismo, manifestada en este caso por la visin unitaria, excluyente y uniformizada del Estado Espaol, que no puede consentir devaneos soberanistas en ninguna parte. El hecho de que se permita ejercer como acusacin particular a representantes de Vox, un partido abiertamente neofranquista, da idea del carcter de las instituciones del Estado. El secesionismo poltico militante, que no militar ni terrorista, no puede ser un delito. Votar no puede ser un delito. Por el contrario, criminalizar estas ideas y estas conductas s debe serlo en todo Estado que se precie de ser democrtico.

Pero hoy por hoy, con la actual correlacin de fuerzas, el Rgimen del 78 no puede tolerar que se forme una Repblica Catalana en sus propias narices, porque sera un gran hito en su derrumbamiento. Por eso acta con tanta virulencia, con tanto odio. La cuestin catalana ha copado el inters mayoritario frente a otros problemas sociales, que han quedado ignorados ante tamao desafo. La bandera de la unidad de Espaa es izada desde las atalayas y agitada con furia por todo el arco poltico, social y meditico de la derecha de este pas. Pero se olvidan que esa unidad territorial del Estado no es ningn derecho fundamental, y que en cualquier caso no puede estar por encima del respeto a los derechos fundamentales de la ciudadana. Como indica el jurista Miguel Pasquau Liao en este artculo para el medio Contexto: Es probable que dentro de algunos aos asistamos a otro proceso judicial en el que el Estado no est en la acusacin, sino en la posicin de demandado, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La perspectiva ser inversa: la cuestin, entonces, no ser si los acusados transgredieron lmites infranqueables hasta constituir delitos, sino si el Estado, al defender la unidad territorial y el orden constitucional, transgredi los lmites de la represin penal hasta el punto de vulnerar los derechos humanos de los polticos acusados. Estn en juego la calidad de nuestro Estado de Derecho, el prestigio de nuestras instituciones, y sobre todo, el valor y la grandeza de nuestra democracia.

Una democracia que, seguramente, quedar an ms tocada despus de la sentencia, pues no cabe de ninguna forma mantener la acusacin por rebelin o sedicin ante unos hechos donde no existieron armas ni explosivos, ni siquiera el remoto propsito de uso de los mismos. El delito de rebelin necesita para producirse un alzamiento pblico y violento, y eso es muy distinto de lo que se produjo en Catalua. Se dieron manifestaciones masivas, protestas, por supuesto algunos altercados, pero no ms que lo que se puede producir en cualquier pas democrtico cuando cierto sector de la poblacin sale a las calles a plantear sus demandas. Destrozos inmensamente mayores se han producido en las calles de las principales ciudades francesas desde hace varios meses por parte de los llamados chalecos amarillos, y no creemos que el Gobierno de Emmanuelle Macron se est planteando acusar de rebelin a estas personas. Por tanto, si el delito de rebelin no existipor qu los presos polticos catalanes estn siendo juzgados en el Tribunal Supremo? Demos la vuelta a la preguntano ser que estn siendo juzgados por el Supremo precisamente porque el delito del que se les acusa es el de rebelin? En efecto, como sostiene Ignacio Escolar en este artculo para su propio medio, era la forma para conseguir que los procesados no lo fueran en el Tribunal Superior de Justicia de Catalua. Es otra prueba ms de la contaminacin de ese tribunal.

Pero volvamos al principio, al origen de todo. Desde los primeros encuentros hasta los ltimos, tanto el Gobierno del PP de entonces (Mariano Rajoy) como el del PSOE despus (Pedro Snchez, por no remontarnos a la poca de Zapatero, que es cuando el conflicto comienza a enconarse) se han negado sistemticamente siquiera a hablar de la posibilidad de que los catalanes ejerzan el derecho de autodeterminacin. Para el bipartidismo (y por supuesto para la extrema derecha de Ciudadanos y Vox) eso es poco menos que un monstruo del que hay que huir. Se cuentan por cientos las veces que han declarado pblicamente que jams van a reconocer este derecho. Cul puede ser la causa para tan firme oposicin? Nosotros ya intentamos exponerlo en nuestro artculo Por qu temen a un referndum de autodeterminacin?, al cual remito a los lectores/as interesados. Los sucesivos gobiernos han alegado que no se puede negociar la soberana nacional, porque slo est en poder del pueblo espaol en su conjunto. Quiz desconocen, como nos ilustra Isidoro Moreno en este artculo para el medio Contrainformacion, que tal derecho de autodeterminacin es un Derecho Humano reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos de 1966 (ratificado por nuestro pas en 1977), y en reiteradas Resoluciones de NNUU. En dicho texto se seala que Todos los Estados promovern el ejercicio del derecho de libre determinacin y respetarn este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas.

En virtud a ello, es nuestra Constitucin CE1978 la que tendra que haber sido urgentemente modificada para admitir este derecho de los pueblos, a menos que no se quiera reconocer que Catalua es un pueblo, lo cual ya sera debate de otra dimensin (dicho sea de paso, algunos fundadores de las fuerzas polticas de la derecha, como Fernando Savater, niegan el protagonismo de los pueblos, incluso que stos existan). Por tanto, si nuestro Estado Espaol fuese realmente democrtico y pretendiera respetar la legalidad y el derecho internacional, lo que debera haber hecho es permitir un encaje para tal referndum en nuestra actual Constitucin, estableciendo sus parmetros vinculantes, y las condiciones concretas para su realizacin, para que tal derecho pueda ser ejercido con plenas garantas. Esto es un problema poltico, y no judicial. Si repetidamente se han negado y se niegan a hacerlo, es lgico pensar que deban existir poderosas razones para tan obstinada negativa. Y en efecto, las hay: un miedo atroz a sentar precedente, a perder el status quo que brinda la arquitectura definida y proyectada en la Constitucin, por muchos de los actores que se benefician de dicha situacin, comenzando por la Monarqua. Todos esos actores saben perfectamente (o cuando menos pueden intuir) que si el derecho de autodeterminacin fuese admitido, acabara por fin la consigna del atado y bien atado que dejara el dictador, y sera la perfecta rampa de lanzamiento para que toda esa arquitectura nacional dejara de existir. Es justo el pnico que le tienen a dicha situacin el que les lleva a no permitir este derecho. Por todo ello, es lgico pensar que este juicio al procs llegue a las instancias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Blog del autor: http://rafaelsilva.over-blog.es

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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