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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-03-2019

Jornada nacional: Ni perdn, ni olvido! Juicio y castigo a los responsables!

Rebelin

Comunicado del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo


En esta fecha se cumplen dos aos de la ejecucin extrajudicial de nuestro compaerito Humberto Morales Sntiz y el 5 de marzo se cumplirn tres aos de la desaparicin forzada de nuestro compaero Fidencio Gmez Sntiz, ambos crmenes de lesa humanidad que fueron responsabilidad del Estado mexicano durante el sexenio 2012 2018 representado por Enrique Pea Nieto.

Ante la impunidad que priva en estos crmenes y la indolencia de la autoridades gubernamentales, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) sale una vez ms a las calles, plazas pblicas y en cada espacio donde el pueblo preste el odo receptivo para manifestarle los efectos perniciosos que genera la impunidad y la estela de muerte que deja a su paso el terrorismo de Estado, por ello, damos inicio con la Jornada Nacional: Ni perdn, ni olvido, Juicio y castigo a los responsables!

Este esfuerzo parte de la premisa poltica de que las vctimas son hijos del pueblo y no merecen ser olvidados, mucho menos permitir que su historia, su nombre y su rostro sean borrados de la memoria colectiva producto de la indolencia y la impunidad como poltica de gobierno, mxime, cuando en el corto tiempo del gobierno de la nueva administracin federal, las vctimas de ejecucin extrajudicial y desaparicin forzada contra el conjunto del movimiento popular, periodistas, defensores de derechos humanos y el pueblo no se detienen.

En pocos das de este sexenio la lista de vctimas de crmenes deleznables va en aumento, el rasgo peculiar del hecho estriba en el carcter selectivo, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones populares destacan recientemente por padecer la violencia institucional.

La criminalizacin e incriminacin fue la respuesta a la que se enfrentaron los familiares y organizaciones populares en exigencia de justicia para sus seres queridos, la justicia es escamoteada por las autoridades a pesar que existe prueba irrefutable de la sistematicidad en la ejecucin de violaciones a los derechos humanos y crmenes de Estado.

La ausencia que yace en la morada de nuestros compaeros es un ejemplo de miles que existen en el pas con la particularidad de que los crmenes cometidos contra nuestros compaeros se debieron a motivaciones esencialmente polticas. Su ejecucin implic el grado de perversidad con la que el rgimen peista intent doblegar la lucha por la tierra, su defensa y por el socialismo en Mxico.

Los crmenes de lesa humanidad perpetrados en nuestra contra se debi a que reivindicamos la organizacin del pueblo con carcter independiente y la resistencia combativa, por solidarizarnos con las causas justas del pueblo, por tanto, la naturaleza de esos crmenes no son fortuitos, su causal es econmico y poltico, constituyen factores explicativos de la poltica de la administracin peista contra el FNLS.

El Estado mexicano es responsable de la violencia que arrebata la existencia miles de hijos del pueblo, es el poder de la clase dominante la que objetiva el terror en la poblacin con la intencin de incrementar sus ganancias econmicas, acontecimientos que expresan la magnitud de un gobierno antipopular que manifest de esa manera el odio de clase contra el pueblo organizado y nuestra organizacin.

Es evidente la omisin, aquiescencia y comisin de las instancias procuradoras de justicia en el cometido de crmenes de lesa humanidad, las faltas al debido proceso son notables hasta el absurdo, omitir una serie de requisitos del protocolo pericial hasta pretextar que los familiares no coadyuvan en el proceso de investigacin, nos refiere el descaro y la sistematicidad con la que se ejecuta la impunidad como poltica de gobierno.

El proceso jurdico sobre el caso de nuestros compaeros enfrenta el burocratismo y dilacin en la investigacin, los artilugios leguleyos para obstaculizar la justicia son palpables, aspectos que conducen a la impunidad, por ejemplo, en el caso de nuestro compaero Humberto se omiti deliberadamente realizar la autopsia de ley.

Esta omisin fue documentada, denunciada y presentada ante las instituciones del gobierno chiapaneco, lo que nos condujo a la exigencia para la realizacin de un peritaje independiente, hecho que implic exhumar el cuerpo de Humberto y practicarle la autopsia de ley con la colaboracin del Equipo Argentino de Antropologa Forense (EAAF), los hallazgos fueron contundentes, reafirm nuestra tesis esgrimida en el caso, la causa de muerte de nuestro compaero fue en efecto, una ejecucin extrajudicial.

En el caso de nuestro compaero Fidencio existen datos de prueba que yacen en torno a l que apuntan con claridad a los responsables materiales e intelectuales, testimonio documental que descubre una red de espionaje y contrainsurgencia organizada desde el gobierno estatal y federal con el propsito de crear el perfil de la siguiente vctima de un crimen de lesa humanidad.

Las irregularidades visibles a lo largo del proceso jurdico nos dan la razn respecto a afianzar la conclusin de que el rgimen anterior impuls una campaa represiva y sistemtica contra nuestra organizacin, por ende, en el mbito de la legalidad es palpable la impunidad y la negacin categrica al debido proceso para el juicio y castigo por nuestro compaerito y la presentacin con vida de nuestro compaero Fidencio.

Los representantes tanto del ejecutivo federal como en la entidad chiapaneca, tienen responsabilidad en el crimen cometido contra nuestros compaeros. Fueron indolentes, simularon el dilogo y a nuestras exigencias de justicia respondieron con represin, hostigamiento y dilacin, baste recordar los escenarios represivos el 27 y 29 de junio de 2017, el 30 de mayo de 2018 y el ms reciente, la detencin arbitraria de decenas de compaeros el 10 de octubre de 2018 en el estado de Michoacn.

La poltica del rgimen durante la administracin peista contra los familiares y al conjunto del movimiento popular fue de carcter antipopular y prooligarca, cada crimen cometido signific un paso en la imposicin de las polticas neoliberales, el medio para objetivarlo fue la poltica de terrorismo de Estado, empero, una nueva coyuntura emerge, el gobierno y sus medias econmicas y polticas adquieren un matiz de forma pero en esencia el rgimen se mantiene inclume.

Se constatan con los hechos recientes de violacin a los derechos humanos, crmenes de lesa humanidad, de represin contra el conjunto del movimiento popular, el indicativo de que la actitud del nuevo gobierno no corresponde con las exigencias del pueblo, todo muestra que la ruta poltica, jurdica e institucional alberga y tiene pocas variantes respectos de sexenios pasados porque hasta el momento no existe transparencia respecto a suprimir de su poltica el burocratismo, la dilacin, la impunidad, la demagogia para el juicio y castigo a los responsables.

La retrica vertida recientemente por los voceros del rgimen con relacin a las desapariciones forzadas no responde a las exigencias de los familiares, organismos defensores de derechos humanos y organizaciones populares, no hay muestras claras por detener esta prctica mucho menos una condena enrgica, por el contrario, la militarizacin continuar, lo que implica el riesgo an mayor de persistir el cometido de crmenes de lesa humanidad y la continuidad del terrorismo de Estado.

Afirmar que se buscar e identificarn los cuerpos hallados en las fosas clandestinas significa una evasiva para enjuiciar a los criminales de Estado, implica dar por muertos a los detenidos desaparecidos, son argumentos que allanan el terreno para desaparecer a los desaparecidos y condenar al olvido a las miles de vctimas por este flagelo.

La actual administracin an est a tiempo de hacer un viraje a su poltica de Estado, slo que sta debe ser en la va de los hechos, no basta con arengas o retrica, la incertidumbre, la resistencia y la necesidad incasable de los familiares de las vctimas por juicio y castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales y la presentacin con vida de sus seres queridos son palpables y acuciantes.

La exigencia no se detendr mientras no haya justicia y castigo o no se d con el paradero, el acceso a la verdad, justicia pronta y expedita y la presentacin con vida de los detenidos desaparecidos, por esto, la Jornada Nacional: Ni perdn, ni olvido! Juicio y castigo! A los responsables a desarrollarse del 28 de febrero al 8 de marzo.

La Jornada de lucha es un medio para hacer vlido nuestro derecho a organizarnos para continuar con nuestras exigencias, para no borrar de la memoria del pueblo las vejaciones que son objeto los hijos del pueblo. Constituye un esfuerzo por nombrar y dar voz a las vctimas de los crmenes de lesa humanidad y de Estado. Porque el caso de nuestros compaeros no queden en la impunidad y se enjuicie y castigue a los responsables.

Invitamos a los medios de comunicacin, pueblo en general, a los organismos defensores de los derechos humanos, a que estn atentos al desarrollo de las actividades polticas de la Jornada en los estados donde tenemos presencia y arraigo. Porque la ausencia de un ser querido no es una trivialidad, sino un acto inhumano del rgimen, por tanto, quienes en un acto de empata hacen el esfuerzo de asimilar la magnitud del fenmeno, sumarse a la lucha de los familiares y el pueblo organizado es una necesidad imperiosa.

Ni perdn, ni olvido! Juicio y castigo a los criminales de Estado!

Presentacin con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Snchez y Edmundo Reyes Amaya!

Por la unidad obrero, campesino, indgena y popular!



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