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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-03-2019

La XV Delegacin Asturiana lleg preocupada y se marcha alarmada con la situacin de derechos humanos

colectivodeabogados.org


El gobierno de Ivn Duque avanza en su propsito anunciado de destruir los Acuerdos de la Habana desmantelando la Jurisdiccin Especial para la Paz y desfinanciando otras herramientas de paz.

La Decimoquinta Delegacin Asturiana de Verificacin de los Derechos Humanos en Colombia inici labores el 21 de febrero conformada por representantes de Soldepaz Pachakuti, SUATEA-Confederacin Intersindical, Ingeniera Sin Fronteras Asturias y Asamblea Moza de Asturies (y apoyada por la Coordinadora Asturiana de ONGds, el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias) y por JAVIER COUSO PERMUY, Vicepresidente de la Comisin de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. La Delegacin visit regiones de los departamentos de Nario, Cauca, Crdoba y Sucre. La Delegacin constat un agravamiento en la situacin de los Derechos Humanos derivada del incremento de actores armados en el territorio por hacerse con el control del trfico de drogas que ha ido en aumento y que conlleva la re-paramilitarizacin y control de los territorios, de la impunidad, de la ausencia de inversin social del Estado, del incumplimiento reiterado por el gobierno de los Acuerdos de La Habana, de la ruptura de los dilogos con el Ejrcito de Liberacin Nacional- ELN y de la estigmatizacin continua de la dirigencia social en Colombia, factores que generan graves retrocesos en materia de Derechos Humanos.

Destacamos que los ataques a la dirigencia social tienen el carcter de sistemticos, ocurren en lugares con alta presencia de la fuerza pblica y quedan en su gran mayora impunes y tienen el propsito de eliminar opositores sociales del narcotrfico, los agro-negocios y de los proyectos extractivos del capital internacional.

En las regiones visitadas constatamos la violacin del derecho a la libre disposicin de la tierra y a la construccin de proyectos de vida comunitarios, los bloqueos alimentarios y la coartacin del derecho de libre circulacin por el territorio secundarias al incremento de la violencia paramilitar, de los abusos de la fuerza pblica y de las disidencias de las guerrillas sobre las comunidades, con el propsito de controlar a la poblacin civil, de obstaculizar los procesos de organizacin comunitaria y de facilitar el despojo de las tierras mediante la violencia.

Esta situacin crtica es responsabilidad del Estado y constituye un atentado contra la soberana alimentaria de los pueblos, es adems una violacin sistemtica de los derechos econmicos, sociales y culturales que implica el empobrecimiento de los Pueblos Indgenas, de las Comunidades Negras y de las Comunidades Campesinas que ven mermadas las posibilidades de permanencia en sus territorios ancestrales.

En el departamento de Nario, el Pueblo Indgena Aw se muestra preocupado por la matanza sistemtica de sus lderes, por la presencia de tropas en instalaciones civiles como las escuelas y los puestos de salud violando el derecho internacional humanitario. Adems estn sometidos al toque de queda y al reclutamiento forzado impuestos por los grupos paramilitares, las disidencias de las FARC y todos los actores armados presentes en el territorio. Desde el comienzo del gobierno del presidente Ivn Duque, 53 lderes indgenas han sido asesinados de manera impune. En todos los casos queda sin establecer la autora intelectual de esos crmenes que en su mayor parte son autora de los grupos paramilitares que llenaron el vaco territorial tras la desmovilizacin de las FARC.

No es mucho mejor la situacin para las Comunidades Negras del municipio de Tumaco, con desapariciones sistemticas de lideresas y lderes (habindose puesto incluso precio a la cabeza de algunos que fueron amenazados de muerte), con desplazamientos forzados y la ausencia de libertades para el ejercicio de los derechos civiles y polticos fundamentales.

Los habitantes de Nario son conscientes de que en Colombia decir la verdad cuesta la vida, pero que adems la nica respuesta del Estado es militarizar el territorio.

En el departamento del Cauca los Indgenas Nasas afiliados a la ACIN (Asociacin de Cabildos Indgenas del Norte del Cauca) y las Comunidades Negras pertenecientes a ACONC (Asociacin de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca) denunciaron el incremento de la inseguridad en sus territorios, misma situacin denuncia el Pueblo Indgena Aw en Nario y Nasas en el Valle del Cauca. Ante este panorama solo la guardia indgena y las guardias cimarronas - desarmadas y pacficas- con su bastn de mando, ofrecen en la medida de lo posible estabilidad en la regin. Numerosos lderes y lideresas han sido asesinados; por ejemplo, en el ao 2018 hubo 55 amenazas y 46 asesinatos en el Norte del Cauca y le han puesto precio a las cabezas de los lderes de la regin especialmente gobernadores, autoridades y guardias.

As mismo, asistimos a un aumento de los feminicidios y asesinatos a lideresas. Las mujeres se benefician en menor medida de los programas de proteccin y de asilo debido a la dificultad para abandonar sus comunidades y en su mayora se desplazan dentro del pas.

A partir del 2018 han resurgido los secuestros, las masacres y las torturas que haban parado a partir de los aos 2012-2013. En el ltimo mes de este ao la alta persecucin a la guardia indgena ha resultado en asedios para atentar contra sus vidas pues hubo 8 asaltos a las casas de sus integrantes. La semana pasada tuvo lugar una incursin violenta en la hacienda La Emperatriz por parte de la polica y el Escuadrn Mvil Antidisturbios-ESMAD, dando como resultado dos indgenas nasa heridos por bala, adems de la utilizacin de gases lacrimgenos y la destruccin de cultivos e infraestructuras. En los territorios de las Comunidades Negras se han incrementado los mecanismos de reclutamiento forzado por parte de grupos paramilitares que se proponen exterminar a la dirigencia social.

La crisis de los Derechos Humanos y las afectaciones al medio ambiente se derivan en gran parte de las voladuras del oleoducto por parte del ELN y por las actividades de grandes empresas que se benefician del terror y de las violaciones de los derechos fundamentales.

La zona sur de Crdoba es otro lugar peligroso del pas para ser lder social. Entre los aos 2016 y 2019 han sido asesinados 28 lderes en esa regin. Hemos recibido testimonio de amenazas del ejrcito de judicializar a las personas que hacen denuncias pblicas, teniendo la Defensora del Pueblo conocimiento de ello. En la localidad de Juan Jos hay bloqueo econmico, alimentario, comunicativo y de movilidad. Se reciben amenazas por la utilizacin del telfono y por incumplir el toque de queda impuesto por los paramilitares. A estas alturas del curso escolar en 13 veredas del sur de Crdoba no han comenzado las clases en primaria por falta de profesores. La mayora de estos profesores son contratados por una asociacin privada llamada Jehov Edifica poniendo en cuestin el carcter aconfesional de la educacin pblica.

Dentro del departamento de Sucre nuevos grupos armados han ocupado los territorios antes controlados por las FARC. Se est incrementando el acoso de los paramilitares a la finca La Alemania con el fin de lograr un desplazamiento forzado de las familias campesinas de las tierras que la Corte Constitucional ordena devolver. Este aumento de la violencia por parte de los grupos armados ha tenido como resultado el asesinato del lder social Rogelio Martnez. Otros lderes se encuentran amenazados como Andrs Narvez Reyes, lder de la finca La Europa, herido en un atentado por el capataz de la empresa Arepas Don Juancho quien fue condenado a prisin pero contina en libertad.

El gobierno de Ivn Duque avanza en su propsito anunciado de destruir los Acuerdos de la Habana desmantelando la Jurisdiccin Especial para la Paz y desfinanciando otras herramientas de paz.

En cuanto a la restitucin de Tierras la mayor parte de las solicitudes no son admitidas a trmite y de las que s lo son muchas son tierras que estn en manos de empresas que se niegan a restituir, sin que el Estado haga cumplir las rdenes de los jueces.

La comunidad LGTBI de Sincelejo denuncia la violencia ejercida hacia su colectivo con amenazas a defensores de Derechos Humanos y de las personas transexuales. La utilizacin de personas trans para el microtrfico por parte de los paramilitares, siendo igualmente obligadas al consumo, las sume en actividades ilegales para tenerlas controladas a ellas y a su entorno.

Tambin hemos recibido denuncias de la corrupcin generalizada de distintos cargos pblicos en ciudades como San Onofre y Sincelejo, establecindose una relacin entre administracin y narcotrfico, lo que hace pensar que no existirn garantas para el prximo proceso electoral en muchas regiones con problemas similares.

La Delegacin Asturiana regresa con la preocupacin por la creciente prdida de imagen y de credibilidad de instituciones como la Fiscala General y de la fuerza pblica que es vista como un factor de peligro en las regiones.

Delegacin Asturiana de Derechos Humanos en Colombia. Bogot, 1 de marzo de 2019.

Comunicado previo

Una delegacin proveniente del Principado de Asturias, Espaa, visitar Colombia entre el 21 de febrero y el 2 de marzo con el fin de verificar el estado de los Derechos Humanos en zonas de los departamentos de Nario, Cauca, Crdoba, Sucre y Cundinamarca.

La Delegacin Asturiana llega alarmada por la falta de garantas para el derecho a la vida y responde por dcimoquinto ao consecutivo al llamado de las organizaciones sociales colombianas que integran el Programa Asturiano de Derechos Humanos, iniciativa solidaria que ha acogido en el norte de Espaa a 114 lderes sociales amenazados de muerte.

Tambin ha expresado su preocupada por el incremento y la sistematicidad de los ataques que afectan a la dirigencia social y a quienes defienden los Derechos Humanos, de manera especialmente grave a familias campesinas que exigen restitucin de las tierras despojadas, pueblos indgenas y comunidades negras. La Delegacin indagar sobre:

Existencia o no de garantas para la vida y las libertades de la dirigencia social y de quienes defienden los Derechos Humanos.
Estado de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario
Ataques por defender derechos sociales, econmicos, polticos, culturales, ambientales, el derecho a la paz, el derecho a la tierra y la restitucin de las tierras despojadas.
Funcionamiento de la justicia y de la fuerza pblica frente a los ataques y cumplimiento de las rdenes judiciales de restitucin de tierras
Cauces institucionales para la solucin dialogada del conflicto armado

La XV Delegacin Asturiana se reunir con lderes, vctimas, organizaciones sociales, autoridades locales -civiles y militares-, organismos de control y con medios de comunicacin y compartir sus hallazgos, a comienzos de marzo, con el Gobierno colombiano, la embajada de Espaa, las agencias de la Organizacin de las Naciones Unidas ONU, y presentar su informe ante los parlamentos de Asturias, Espaa y Europa. Al final de la visita ofrecer una rueda de prensa en Bogot el viernes 1 de marzo.

La Delegacin Asturiana de producir un informe que ser presentado a la opinin pblica, a los parlamentos Asturiano, Espaol y Europeo, as como a los sistemas internacionales de Derechos Humanos.

Ver el informe asturiano del 2018, informe XIV

La XV Delegacin Asturiana est integrada por:

Javier Arjona, presidente de la asociacin de cooperacin, solidaridad y derechos humanos SoldepazPachakuti.
Carlos Mara Meana Surez, abogado laboralista, miembro de SoldepazPachakuti
Loreto Yanes Monsalve, de la Asamblea Moza Dasturies, AMA
Jess de la Roza Braga, representante de la confederacin Intersindical / Espaa.
Vctor Gonzlez Lorenzo, de Ingeniera Sin Fronteras Asturias, ISFA,
Jorge Lpez de Bustamante Ramos, de la Asamblea Moza Dasturies, AMA
Daniel Villar Lpez, de la Asamblea Moza Dasturies, AMA
Javier Couso Permuy del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nrdica
Javier Orozco Pearanda, coordinador del programa asturiano de atencin a vctimas de la violencia en Colombia, tcnico de la XV Delegacin Asturiana de Derechos Humanos en Colombia.


Fuente original: https://www.colectivodeabogados.org/?XV-Delegacion-Asturiana-llego-preocupada-y-se-marcha-alarmada



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