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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-03-2019

Retroceso en los derechos (in) humanos en Francia denunciado ante la ONU

Eduardo Camin
Rebelin


Recientemente el Centro Europa -Tercer Mundo (CETIM) alarmado por la feroz represin contra el movimiento de los chalecos amarillos franceses, someti el asunto al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Poco tiempo despus a finales de febrero la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, advirti a las autoridades francesas que "se respeten mejor los derechos humanos" de los "chalecos amarillos" a la hora de mantener el orden en sus manifestaciones sealando que la labor de las fuerzas del orden es "proteger a los ciudadanos y sus derechos humanos.

Por otra parte, destac en su memorando con recomendaciones, donde cuestion los mtodos empleados por el dispositivo policial en las protestas semanales de ese movimiento contestatario, iniciadas a mediados de noviembre 2018.

La comisaria critic adems las detenciones preventivas, practicadas por la polica sin que se haya cometido un delito, y consider que constituyen "graves injerencias en el ejercicio de las libertades".

Contraria a la impunidad en materia de violencia policial, invit igualmente a las autoridades a vigilar que las vctimas de abusos puedan presentar una demanda judicial y solicitar una indemnizacin. Mijatovic solicit tambin que en la propuesta de ley con la que el Ejecutivo pretende frenar los disturbios en esas protestas no haya "restricciones excesivas a la libertad de reunin pacfica" y no se considere un delito cubrirse el rostro en esos actos.

Mijatovic visit Pars el 28 de enero para recoger informacin sobre las manifestaciones y, en su respuesta al memorando, las autoridades le contestaron que vigilan que el uso de la fuerza sea "proporcionado y controlado, como prev la ley", y destacaron que quien se sienta vctima de una violencia injustificada puede denunciarlo.

Posteriormente la Alta Comisaria de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet realiz una declaracin en el mismo sentido. En ambos casos la arrogancia por parte de las autoridades francesas predomin, sobre las cuestiones de fondo en una especie de non lieu.

La contracara de la democracia formal

Tal vez una de las paradojas ms desafiantes de nuestro tiempo sigue siendo la contradiccin observable entre el bienintencionado discurso sobre los derechos humanos que producen las instituciones internacionales y los Estados nacionales y la desdichada realidad que prevalece en muchos pases.

Claro que es ms fcil evidenciarlo, denunciarlo y materializarlo con medidas coercitivas cuando se trata de los pases del tercer mundo, que cuando las injusticias y represin se producen en las potencias del mundo industrial y civilizado.

Por eso cuando se contrastan la teora, la legislacin y la prctica de los derechos humanos, surgen varias cuestiones fronterizas que pueden contribuir al esclarecimiento de las situaciones y paradojas planteadas aqu, donde la conclusin ms evidente es que ningn pas escapa a la violencia del Estado.

Es obvio que Francia se encuentra en una zona de fuertes turbulencias desde hace varios meses. La virulencia de los conflictos sociales ha sido durante mucho tiempo una caracterstica importante que ha marcado la vida poltica de este pas.

Como dato histrico debemos recordar que Francia es una nacin que se ciment, fundamentalmente despus de 1789, sobre la base de una revolucin de alcance universal, cuyas huellas -junto con las conquistas sociales de 1936, 1945 o las del 1968 siguen presentes en la memoria colectiva, en las instituciones, independientemente de los intentos de borrarlas, en una pertinente amalgama de resistencias, que va ms all del resultado.

Sin embargo, pronto se cumplirn 40 aos desde que Francia, as como otros pases del Norte, sin excepcin, qued atrapada bajo el yugo letal de las polticas neoliberales demoledoras.

stas solo se pueden interpretar como una violencia social extraordinaria contra el mundo del trabajo. Sus efectos destructivos, para las personas y la sociedad, pero tambin para el medio ambiente, se propagan gracias a la complicidad del estado con los poderosos del momento.

La situacin empeora an ms por la enajenacin de la soberana nacional y el sometimiento a la Unin Europea, rechazada por los ciudadanos franceses en el referndum de 2005 y que, a pesar de un resultado inapelable, se les impone mediante una denegacin de la democracia. Esta es una violencia adicional infligida a todo un pueblo. En esta perspectiva singular, y en el contexto general de una crisis sistmica del capitalismo globalizado, se explican las oleadas de levantamientos populares.

El movimiento de los chalecos amarillos es el resultado de movilizaciones previas y huelgas que se multiplican en casi todos los sectores (pblico y privado) para protestar contra la flexibilizacin del mercado laboral. La respuesta de las autoridades francesas es la represin y la obstruccin de las actividades sindicales.

Discriminacin salarial contra sindicalistas, despidos abusivos de huelguistas, presiones por amenazas o sanciones disciplinarias, restricciones a los derechos sindicales o al derecho de huelga, o incluso criminalizacin de la accin sindical... Por no mencionar las recientes reformas gubernamentales del cdigo laboral que penalizan an ms a los movimientos sociales.

Desde la eleccin a la presidencia de la Repblica de Emmanuel Macron, ex-accionista gerente del banco de negocios Rothschild, ministro de Economa del presidente Franois Hollande y autor de leyes epnimas que imponen la flexibilizacin del mercado laboral, el mundo sindical se ha vuelto a movilizar.

Las manifestaciones y las huelgas se han multiplicado, especialmente en los sectores del transporte pblico (SNCF, Air France...), energa (gas y electricidad), automotriz (Peugeot, Renault), telecomunicaciones (Orange), la gran distribucin (Carrefour), servicios de salud (hospitales pblicos, residencias de ancianos, seguridad social), educacin (escuelas secundarias, universidades), cultura (museos), justicia (abogados, magistrados), recogida de basuras, e incluso auditoras financieras y de cuentas.

Estos diversos movimientos sociales, muy seguidos, ocurrieron a lo largo de la primavera de 2018. La reaccin del poder fue intensificar la represin, lo que afect dramticamente a los estudiantes (evacuacin de los campus), los activistas ambientales que ocupaban las Zonas a defender y, en especial, los manifestantes en contra de las leyes de flexibilizacin del mercado laboral.

Este movimiento representa otro levantamiento, pero se enfrenta al peor recrudecimiento de la violencia policial desde la guerra de Argelia. Ante los distintos llamamientos a la justicia social, las autoridades han optado por responder con ms represin, hasta el punto de retroceder de forma extremadamente preocupante en los derechos humanos.

En su declaracin, el CETIM hace un llamamiento al gobierno francs para que ponga fin inmediatamente a la represin de los manifestantes. Tambin exhorta a que cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y derecho laboral.

De hecho, el movimiento chaleco amarillo se enfrenta al peor aumento de la violencia policial desde la guerra de Argelia. Por ejemplo, el 1 de diciembre de 2018, se dispararon 7.940 granadas de gas lacrimgeno, 800 granadas de desembalaje, 339 granadas del tipo GLI-F4 (municiones explosivas), 776 cartuchos LBD, etc.

Segn las cifras provisionales, hay ms de diez muertes accidentales, varios miles de heridos, entre ellos un centenar de heridos graves, varios centenares de condenados y/o encarcelados. El presidente Macron opt por mantener el rumbo.

A expensas del sufrimiento y las expectativas de los trabajadores, su gobierno exacerba las polticas neoliberales y profundiza cada vez ms en la violencia social y la represin policial. El resultado, una pesadilla, indigno de un pas que dice ser democrtico y tolerante.

El balance provisional, y seguramente no exhaustivo, correspondiente solo el periodo que comprende desde el 17 de noviembre de 2018 al 7 de enero de 2019, muestra 6.475 arrestos y 5.339 detenciones preventivas. Los tribunales dictaron ms de mil condenas en todo el territorio nacional.

Aunque la mayora de estas condenas terminan en trabajos comunitarios, muchas son sentencias de crcel. Adems, existen 153 rdenes de arresto (lo que implica encarcelamientos), 519 citaciones judiciales y otras 372 en correccionales En Pars, 249 personas fueron juzgadas en comparecencia inmediata, 58 condenadas a prisin, 63 a penas de prisin condicional...

La legitimidad de las reivindicaciones populares

En muchos aspectos, las reivindicaciones de los chalecos amarillos son similares a las de los trabajadores. Exigen la mejora inmediata y concreta de las condiciones de vida, la revalorizacin del poder adquisitivo de los ingresos (salarios, pensiones, subsidios...), el fortalecimiento de los servicios pblicos, la participacin del pueblo en las decisiones relativas a su futuro colectivo.

Dicho de otra manera, una puesta en marcha efectiva, sobre todo, de los derechos econmicos, sociales y culturales, as como el derecho del pueblo a decidir sobre su futuro. Al exigir ms justicia social, respeto a los derechos humanos y democracia econmica y poltica, estas reivindicaciones son rotundamente legtimas y cuentan con un gran apoyo de la poblacin.

En realidad, la rentabilidad del capitalismo es la madre de todas las violencias, la que debe cesar urgentemente y contra la cual las personas se ven obligadas a defenderse, tal y como lo recoge la Declaracin de los derechos del hombre y del ciudadano.

En el prembulo de la constitucin francesa, es aquella como seala la declaracin del CETIM, que genera la imposicin de las medidas neoliberales desleales, despiadadas, antisociales y antidemocrticas; aquellas que, en el silencio de los ajustes de precios de los mercados capitalistas, hace que las personas sin hogar mueran de fro, empuja a los agricultores endeudados al suicidio, destruye a las personas y a sus familias al privarlos de empleos, cortndoles la electricidad, expulsndolos de sus hogares.

Aquella que, por falta de recursos, obliga a los jubilados a dejar de calentar sus hogares o a sus hijos a saltearse una comida; aquella que acaba con toda solidaridad, cierra las escuelas, centros de maternidad u hospitales psiquitricos, sumerge en la desesperacin a pequeos comerciantes y artesanos que se hunden bajo las cargas, ahoga a los trabajadores que no pueden llegar a fin de mes La verdadera violencia est aqu, en este sistema extraordinariamente injusto e insostenible.


Eduardo Camin, Periodista uruguayo, miembro de la Asociacin de Corresponsales de prensa de la ONU. en Ginebra. Asociado al Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico (CLAE, www.estrategia.la)

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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