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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-03-2019

Kimsakocha y la importancia nacional de la consulta popular en Girn

Edgar Isch L.
CLAE / Rebelin


Kimsakocha es un territorio conformado por valles y llanuras entre los 2.760 y 3.960 metros sobre el nivel del mar. El complejo de pramos (ecosistemas tropicales de altura) permiten una regulacin natural del ciclo del agua abasteciendo de lquido a las zonas circundantes en perodos de secano, constituyndose en una reserva hdrica de alta importancia, reconocida por diversos estudios por ser el principal aporte de aguas para diversas poblaciones y proyectada para ms del 30% de la poblacin urbana de Cuenca, adems de servir para el riego de amplias reas agrcolas y de pastizales para la ganadera.

El territorio

Histricamente, desde 1962 se fueron estableciendo sistemas comunitarios de agua que, a lo largo de la historia, fueron creciendo y amplindose hasta tener hoy, con aguas de Kimsakocha, unos 35 sistemas comunitarios para consumo humano y riego que se encuentran bajo amenaza directa de la posible explotacin minera.

Esta realidad, sin embargo, ha tratado de ser negada por las empresas mineras Iamgold (primera concesionaria) e IMV Metals Inc. (que reemplaz desde 2012 a la anterior), afirmando que la concesin minera se encuentra fuera del sistema hidrolgico.

Coincidiendo con las transnacionales, Rafael Correa en ejercicio de su presidencia seal, durante una visita altamente militarizada la zona, que la minera no afectara el agua para Cuenca. Esa visita la realiz luego de que las poblaciones de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete el domingo 2 de octubre de 2011, llevasen a cabo una consulta previa no vinculante sobre la explotacin minera con participacin de 1037 de los 1500 ciudadanos empadronados, 92.38% de los cuales se expresaron contra el ingreso de la minera metlica a cielo abierto en la zona.

Kimsakocha fue concesionada para minera, pero en 2012 el Ministerio del Ambiente recuper 3.217 hectreas (de las 12.000 entregadas en concesin) para formar el rea Nacional de Recreacin que forma parte de la Reserva de la Bisfera del Maciso del Cajas.

El proyecto minero y sus efectos

De acuerdo a los clculos de Alberto Acosta y William Sacher (La minera en el Ecuador, 2012), con datos tomados del Plan Nacional del Sector Minero 2011-2014, el Estado recibira del proyecto Kimsakocha un promedio de 22,32 millones de dlares por ao y un total de 184,27 millones.

Estos clculos derivan de la suma de los ingresos generados por el impuesto a la renta (64 millones al ao), las regalas (6,07 millones), aduana e impuestos al capital (3, 18) y las utilidades que por ley deben llegar a las comunidades (0,87). Una suma en realidad muy baja como aporte al PIB del pas que ya super los 103 mil millones de dlares en 2017, sin tomar en cuenta los daos que, a largo plazo, superarn lo ofrecido.

En trmino de empleos, anuncian mil empleos directos en la fase de construccin, cifra que desciende a 526 empleos directos en el momento de ejecucin. cantidad que es menor a los empleos relacionados a la ganadera que en la zona ocupan a alrededor de 45.000 personas y que podra crecer ampliamente con inversiones en tecnificacin. El dao territorial llevara a mucha de esa gente a perder la produccin de su tierra y su trabajo.

Los defensores de la naturaleza y el agua han alertado que el proyecto Kimsakocha (hoy llamado Loma Larga) pretende explotar, durante 12 aos, unos 14 millones de toneladas de material rocoso en zona de pramo, produciendo 12 millones de metros cbicos de residuos mineros txicos, equivalentes a 4.800 piscinas olmpicas, con liberacin de sulfatos y arsnico.

Estas ya son razones suficientes para negar oficialmente la realizacin del proyecto minero, pues contradicen los Derechos de la Naturaleza incorporados a la Constitucin junto a otros articulados y el Mandato Minero de la Asamblea Constituyente (2008) y articulados constitucionales, que sealan ya la negativa a actividades mineras en nacientes de agua y reas de proteccin.

Estas disposiciones se ratificaron por una mayora ecuatoriana, mediante referndum y consulta popular de 2018, cuya quinta pregunta fue: Est usted de acuerdo con enmendar la Constitucin de la Repblica del Ecuador para que se prohba sin excepcin la minera metlica en todas sus etapas, en reas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?. De cerca de nueve millones y medio de votos vlidos, el 68,62% vot s frente al 31,38% que vot no. En la provincia del Azuay el voto si subi a 72,02%.

 

La larga lucha por la consulta

Tras la burla gubernamental a las consultas parroquiales ya mencionadas, se inici en el cantn Girn el trabajo por una consulta popular de carcter vinculante que se basa en principios constitucionales y de la propia Ley de Minera que establece que los procesos de participacin ciudadana o consulta debern considerar un procedimiento especial obligatorio a las comunidades, pueblos y nacionalidades para aquellos casos en que la exploracin o la explotacin minera se lleve a cabo en sus tierras y territorios ancestrales, y cuando dichas labores puedan afectar sus intereses.

Hagamos una breve cronologa del proceso que inici el 28 de marzo de 2012, cuando la Unin de Sistemas Comunitarios de Agua del cantn Girn de la provincia del Azuay solicit a la Delegacin Provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE) del Azuay el formulario para la recoleccin de firmas para convocar a una consulta popular local en dicho cantn. Trmites van y vienen entre la Corte Constitucional y el CNE hasta que el 31 de agosto de 2015, luego de la recoleccin de la cantidad de firmas de apoyo necesarias, se present todo para que la Corte se pronuncie sobre la legalidad de la pregunta.

Para este paso se contaba con 20 das de trmino o se entiende por aceptada la consulta. Ni la Corte Constitucional ni el Consejo Electoral dominado por el gobierno de Correa cumplieron sus obligaciones. Es recin el 19 de noviembre de 2018 que un nuevo Consejo Nacional Electoral, dio paso a la consulta popular y se la convoc para el 24 de marzo de este ao, el mismo da de las elecciones locales en todo el Ecuador. Es decir que tom alrededor de siete aos de exigencia social para que la consulta popular que se realizar en el cantn Girn de la provincia del Azuay.

La pregunta es muy clara y directa: Est usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en pramos y fuentes de agua del Sistema Hidrolgico de Kimsakocha (Quimsacocha)?

Lo que est en juego

Por supuesto que tras esta consulta est el futuro de la poblacin y la naturaleza de ese territorio. Decirlo es simple, pero no lo ser la vida de quienes vean su territorio despojado y su vida destruida. Eso es lo que la historia de Amrica Latina y no solo de Ecuador demuestran que es el resultado del extractivismo.

Sin embargo, all se puso en juego mucho ms. Por un lado, la democracia misma y el derecho ciudadano a ser consultados y respetados ante decisiones que atentan contra derechos. Esto se hizo ms notorio cuando el sector empresarial, hoy dominante de manera descarada de las decisiones del gobierno nacional, logr que un juez de Quito hubiese pretendido suspender la consulta, cuando una vez iniciado un proceso electoral ninguna autoridad puede intervenir, razn por la que la propia presidenta del Consejo Nacional electoral (CNE) solicit la destitucin del juez que suspendi la consulta popular.

Por otra parte, los resultados dejarn un mensaje a todo el Ecuador y un antecedente ineludible frente a cualquier accin futura de este tipo. En Girn se defiende la vida y se remarca que el agua vale ms que el oro, que existen alternativas de vida superiores a las de la sobreexplotacin de los recursos naturales, que el Ecuador no requiere de una minera metlica a cielo abierto que alimenta el sistema de acumulacin injusto de nuestros das.

Los empresarios han hablado de la seguridad jurdica como un derecho exclusivo que les pertenece. La seguridad jurdica empieza por la sociedad, las comunidades, los pueblos y la naturaleza porque lo primero es defender los derechos humanos y dems consagrados en la Constitucin. Aqu tambin se pone en juego, entonces, la soberana nacional frente a una transnacional que quiere hacer negocio en nuestro suelo, los derechos humanos frente a derechos comerciales de esa empresa.

Otro aspecto es el referido a la gestin de las aguas que, de acuerdo con la Constitucin, solo puede ser pblica y/o comunitaria, como manera de garantizar al agua como un bien comn. En la zona, alrededor del 93% del agua se encuentra en gestin pblica o comunitaria, pero ello tambin se pone en riesgo si ingresa la minera y afecta las fuentes agua adems de que recibira una importante cantidad del lquido vital para contaminarla.

El cuento de la minera sustentable sostenido por el anterior y el actual gobierno no puede ocultar los desastres mineros, continuados o de carcter explosivo, en todo el mundo. El agua se somete a los mayores peligros y esto implica poner en peligro a la vida misma.

El apoyo a la consulta y el no a la minera en la zona nos involucra a todos. Ser uno de los temas ms importantes en esta jornada electoral del 24 de marzo. El pueblo tiene su palabra y las autoridades debern respetarla.

Edgar Isch L. Acadmico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico (CLAE, www.estrategia.la )  

 



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