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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-03-2019

Mxima Acua, Yeni Cojal y Teresita Antaz, tres ejemplos de la lucha contra las multinacionales extractivas
Lideresas indgenas en Per: cuerpos contra la minera

Enric Llopis
Rebelin


Dicen que aqu en mi terreno hay oro, y por esa ambicin del oro es que me quieren quitar mi terreno a la mala, a la fuerza. An hasta matndome, afirma la campesina y defensora ambientalista en el departamento peruano de Cajamarca, Mxima Acua Atalaya. La ONG EarthRights International, que representa a la familia Acua-Chaupe, informo el 21 de marzo que continuar en Estados Unidos con la demanda interpuesta contra la compaa minera Newmont, tras el fallo favorable obtenido -en fase de apelaciones- en los tribunales de este pas. Los Acua-Chaupe no conseguirn un juicio justo en Per, las cortes (de justicia) locales no han garantizado los derechos de la familia, explic la abogada de la ONG Marissa Vahlsing.

EarthRigts denuncia que, desde 2011, la empresa estadounidense -uno de los gigantes globales en la produccin de oro- ha desplegado una campaa de abuso y acoso para expulsar a la familia de sus tierras y construir una mina para la extraccin de oro y cobre. Se trata del megaproyecto Conga que promueve la empresa Yanacocha, controlada por Newmont Mining Corporation con sede en Denver (51,3% de las participaciones); la peruana Minas Buenaventura (43,6%) y la japonesa Sumitomo Corporation (5%). El proyecto est tericamente suspendido desde finales de 2011, debido a las protestas populares por el impacto ambiental (por ejemplo, por la prdida de lagunas y humedales).

Tras cinco aos de proceso penal, en mayo de 2017 la Corte Suprema de Justicia de Per confirm la sentencia que absolva a Mxima Acua Atalaya y su familia de un supuesto delito de usurpacin agravada, del que les acusaba la minera Yanacocha. Decisin histrica en Per. No ms criminalizacin contra Mxima Acua, celebr Amnista Internacional (AI), que tres meses antes inform de una nueva incursin de madrugada- del personal de seguridad de la empresa para destruir cultivos que la familia mantena para su subsistencia. Mxima Acua recibi en 2016 el Premio ambiental Goldman. Entre 2011 y 2014 la activista denunci intentos de desalojo y agresiones por parte de la polica peruana, recuerda AI (estas denuncias contra la polica y la minera continuaron aos despus). En mayo de 2014 la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicit al Gobierno de Per que adoptara medidas para garantizar la vida e integridad personal de 46 lderes y lideresas de las comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, entre ellas la familia Acua-Chaupe (La organizacin feminista DEMUS y la ambientalista GRUFIDES demandaron de nuevo al Estado peruano ante el CIDH, en 2017, por el incumplimiento de las medidas).

Roco Silva Santisteban es activista, feminista, consultora en derechos humanos y, entre 2011 y 2015, directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Per (CNDDHH). Ha acompaado a vctimas de violaciones de los derechos humanos, como Mxima Acua, a quien entrevist para el libro Mujeres y conflictos territoriales (2017), presentado en un acto organizado por la ONG Entrepobles en el centro cultural Ca Revolta de Valencia. En un artculo publicado en 2015 en el peridico digital La Mula (Mujer en poltica, muestrario de ataques), la investigadora recordaba, adems de los insultos en las redes sociales (perra, terrorista antiminera, roja radical) cmo dirigiendo la Coordinadora- fue golpeada en las piernas durante una marcha; o cmo periodistas justificaron que se le escupiera en la cara durante un plantn de protesta en 2014.

El lder no es quien maneja los libros, se pelea con el presidente o est en la cabeza; el lder es quien ha iniciado desde abajo, el que aprende junto con los dems y tiene que dar ejemplo; si el lder no sabe pelar una papa, ordear una vaca o trabajar una chacra, para m no es un lder, afirma la activista Yeni Cojal Rojas en otra de las entrevistas del libro. Dirigente de la Organizacin de Mujeres Defensoras de la Pacha Mama Plataforma Celendn (OMUDEFPC) y rondera del casero de Molinopampa (provincia de Celendn), Yeni Cojal ha afrontado procesos penales por participar, junto a otros 15 lderes comunitarios, en una protesta contra el proyecto Conga en 2012; una decena de organizaciones de derechos humanos rechazaron en un comunicado, cuando se celebr el juicio en 2017, la peticin de condena -por parte de la Fiscala- de hasta 16 aos de prisin contra los activistas; en el caso de la lideresa indgena, fue informada de las acusaciones en su contra cuando ya se haba iniciado el proceso, negndole la oportunidad de defenderse. Las organizaciones recordaron que cinco personas murieron como consecuencia de la represin -por la polica y el ejrcito- de las movilizaciones contra la minera en julio de 2012.

El informe presentado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Per a la CIDH (2016) seala que Yenii Cojal Rojas ha hecho frente a otro proceso penal, junto a 11 personas (cinco de ellas mujeres), que rechazaban la iniciativa hidroelctrica Chadn II promovida por la multinacional brasilea Odebrecht en la cuenca del ro Maran; el Ministerio de Energa y Minas aprob en 2014 el Estudio de Impacto Ambiental para la construccin de la represa, cuyo objetivo es la generacin de 600 megavatios de electricidad en este afluente del ro Amazonas. Las comunidades afectadas presentaron en mayo de 2018, con el apoyo de EarthRights y el Instituto de Defensa Legal, una demanda judicial de amparo al considerar que el proyecto de central hidroelctrica Chadn II uno de los 20 planeados en la cuenca del ro Maran- inundara las tierras aledaas y generara el desplazamiento de al menos un millar de personas que viven en los departamentos de Cajamarca y Amazonas, adems de daos a los ecosistemas.

Roco Silva Santisteban subraya en el libro Mujeres y conflictos ecoterritoriales la lucha de Teresita Antaz, procesada como dirigente de la Asociacin Internacional de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) junto a 53 personas la mayora indgenas- por el baguazo (enfrentamiento entre policas y comunidades indgenas en la ciudad de Bagua, departamento de Amazonas, en junio de 2009, que se sald con 33 muertos entre policas y civiles; el baguazo se produjo en el contexto de un conjunto de decretos legislativos que afectaban a las comunidades indgenas, y la respuesta de stas en forma de paros y bloqueo de carreteras); ante la orden de captura, Teresita Antaz, lder del pueblo Yanesha, se neg a huir a Nicaragua pese a lo que le aconsejaban: Me quedo ac porque tengo mi familia, mis hijos, tengo mi organizacin, soy la presidenta y me han nombrado no para irme a otro pas sino para servirlos ac.

La Campaa Defensoras no estn solas destaca en su pgina Web que 10 mujeres murieron asesinadas en Per en el contexto de conflictos sociales entre 2003 y noviembre de 2017. Incluye un listado de casos Huellas imborrables-, entre los que est Lizeth Emperatriz Vsquez, quien en 2012 con 17 aos- se manifestaba contra la minera Yanacocha en Cajamarca; pese a que los policas la arrastraron y golpearon en el suelo, fue procesada por resistencia a la autoridad, con una peticin por parte de la fiscala de nueve aos de crcel; el caso fue archivado a los dos aos. Otra huella imborrable es la de la agricultora Cleof Neyra Neyra, secuestrada y torturada en 2005 durante la lucha contra la minera britnica Monterrico Metals, que impulsaba el proyecto cuprfero Ro Blanco en la regin de Piura (actualmente las propietarias de las concesiones de Ro Blanco son tres firmas chinas: Zijin Mining Group, Tongling Nonferrous Metals y Xiamen C&D Real Estate). Flor de Mara Parana. Sus cuatro hijos padecieron graves problemas en su salud tras los derrames de crudo en 2014 que afectaron, entre otros, a los pobladores de la comunidad de Cuninico, en la regin de Loreto, y cuya responsabilidad atribuyeron a la empresa estatal Petrleos del Per.

En junio de 2018, la Federacin Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que agrupa a 184 organizaciones de 112 pases, se hizo eco de la estigmatizacin, la criminalizacin y el marco represivo en el que actan las personas defensoras de los derechos humanos en Per. La federacin seal que entre 2011 y mediados de 2018 fueron asesinadas 119 personas defensoras y en 2017 ms de 800 estaban siendo objeto de criminalizacin. El libro de Jos de Echave C. Diez aos de minera en el Per (2008-2017) (CooperAccin, 2018) se hace eco del balance de los conflictos sociales que realiza la Defensora del Pueblo para el periodo 2006-octubre de 2016: un total de 270 personas muertas y 4.614 heridas.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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