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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-03-2019

Si Colombia fuera Venezuela

Jesus Gonzlez Pazos
Rebelin


Segn los ltimos informes de diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos Colombia ocupa el primer puesto mundial en cuanto a persecucin y asesinatos de lderes sociales. Solo en el ao 2018 en ese pas 126 personas, de un total de 321 en el mundo, casi el 50%, incrementaron este fatdico ranking. Y en los tres primeros meses de 2019 se contabilizan ya ms de 30 las personas defensoras asesinadas.

La firma en el ao 2016 de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano llevaron la esperanza a la sociedad de este pas por iniciar el camino hacia la paz despus de casi 50 aos de una guerra que haba sacudido todos los rincones del mismo. Sin embargo, a raz de dicha firma el listado de persecuciones, criminalizaciones y muertes se ha incrementado a un ritmo casi superior al de los tiempos de la guerra si nos centramos en aquellas personas que defienden los derechos humanos. Esto, adems del hecho evidente de que el actual Gobierno del presidente Ivn Duque ha frenado, casi hasta el sabotaje, el cumplimiento de los mencionados Acuerdos en muchos de sus puntos esenciales, como la justicia especial para la paz (JEP), que es uno de los ejes fundamentales para la reparacin y recuperacin de la convivencia. Y tambin ha cerrado la posibilidad de abrir la mesa de conversaciones con la ltima guerrilla activa de Colombia, el Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN).

Ante toda esta situacin el Secretario General de las Naciones Unidas, el portugus Antonio Guterres, expresaba recientemente de forma diplomtica su enorme preocupacin por la impunidad con que se estn cometiendo estos ataques. Y el Relator Especial para la situacin de los defensores de derechos humanos en el mundo, tambinde las Naciones Unidas, Michel Forst, denunciaba el aumento de los asesinatos de estos lderes mientras disminua el nmero de homicidios globales en el pas. As, el ambiente de impunidad llega hasta tal punto que este Relator expresaba tambin me han horrorizado las versiones de los campesinos afrocolombianos e indgenas describiendo los ataques que enfrentan sin poder decir el nombre de los victimarios. Por esta razn peda al Estado colombianola reaccin necesaria, que tomara medidas reales y efectivas, para acabar con estos escenarios de impunidad.

Respecto a los responsables de la situacin, adems de por algunas disidencias de las diferentes guerrillas, en gran medida, la misma estar propiciada por el paramilitarismo que nunca desapareci de Colombia y que ahora trata de ocupar aquellos espacios territoriales que la guerrilla desmovilizada de las FARC dej libres. Ese paramilitarismo opera principalmente en negocios como el narcotrfico, el crimen organizado o la proteccin de intereses econmicos mltiples. Y precisamente estos ltimos estn tambin muy presentes entre otros responsables (terratenientes, latifundistas, transnacionales extractivas) en este escenario y hoy pujan por ocupar y explotar esos territorios ricos en recursos naturales diversos. Hay que recordar que Colombia es uno de los pases con mayor biodiversidad del mundo y eso, en trminos econmicos, se traduce para las transnacionales de todo tipo en una fuente inagotable de negocios y beneficios. Ante ambos procesos el Gobierno colombiano est o apoyando abiertamente a los segundos (poderes econmicos), en aras del siempre recurrente discurso del desarrollo, o en una evidente pasividad ante los primeros (paramilitares), por garantizar stos un control territorial que el Estado no tiene capacidad para alcanzar y por su golpear constante sobre los diferentes agentes sociales que plantean la crtica poltica al sistema.

Todo lo hasta aqu sealado genera, adems de los ataques continuos contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y la persecucin de organizaciones sociales, indgenas, negras, de mujeres, campesinas, una creciente extensin de la crisis humanitaria profunda. As, aunque invisibilizada por la mayora de los medios de comunicacin masiva y alejada de las grandes declaraciones polticas, la realidad del creciente empobrecimiento de cada vez mayores capas de la poblacin es una constante. De ello nos habla el hecho inocultable de que Colombia es el segundo pas del mundo con mayor nmero de poblacin desplazada interna, superando los siete millones. Personas que durante la guerra se vieron obligadas a huir de sus tierras, de sus comunidades y que hoy an no pueden regresar ya que, en gran medida, el Estado sigue sin dar cumplimiento a su compromiso para facilitar la restitucin de esas tierras.

De forma ms reciente, desde el pasado 10 de marzo se inicio la movilizacin (Minga) de los pueblos indgenas, comunidades negras, campesinas y otros sectores sociales en el suroeste del pas en reclamo del cumplimiento de antiguos acuerdos alcanzados con los gobiernos colombianos. Y tambin, entre otros, en denuncia de los continuos procesos de criminalizacin de la protesta y asesinatos de los lderes sociales. La respuesta del Gobierno hasta la fecha est siendo la represin sistemtica que ya ha producido nuevas muertes y episodios continuos de represin a las comunidades hasta el punto de extender la solidaridad con dicha protesta a otros puntos del pas. La Minga pide que el presidente Ivn Duque, tan prolfico en declaraciones y acciones en el marco continental (Venezuela), se siente a una mesa de dilogo con estos sectores histricamente arrinconados y se alcancen compromisos firmes para mejorar verdaderamente las condiciones de vida y de derechos en la propia Colombia.

El interrogante final, ante la situacin brevemente aqu descrita sobre Colombia y ante la permanente falta de informaciones sobre ella en la mayora de los medios de comunicacin, es la que da ttulo a este texto. Nos podemos imaginar este silencio informativo si solo una parte de esto estuviera ocurriendo en Venezuela? Hace pocas semanas hablbamos en otro texto del doble rasero que se evidencia entre este ltimo pas y la grave situacin de emergencia social y poltica en Hait, ahora volvemos a constatar esa doble moral poltica y meditica sustituyendo al pas caribeo por Colombia. Es ms grave si cabe, pues adems de invisibilizar lo que aqu est ocurriendo es precisamente a Colombia a la que se presenta como una democracia avanzada y punta de lanza contra Venezuela. Demasiada hipocresa e injerencia externa para poder realmente construir un continente soberano y de justicia para las mayoras sociales.

Jesus Gonzlez Pazos es miembro de Mugarik Gabe

@jgonzalezpazos

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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