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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-03-2019

Exigen a Costa Rica que garantice los derechos indgenas
Expertos de la ONU condenan el asesinato del lder indgena Sergio Rojas Ortiz

Sergio Ferrari
Rebelin

Contra la impunidad. El Estado debe enjuiciar a los responsables


Expertos de las Naciones Unidas (ONU) condenaron el martes 26 de marzo el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, defensor de derechos humanos y lder indgena, ocurrido el pasado 18 de marzo en Costa Rica. Rojas Ortiz, de 59 aos, que haba sido objeto de otros atentados, amenazas y detenciones en el pasado, gozaba de medidas cautelares de proteccin otorgadas por la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Rojas Ortiz, segn el comunicado difundido por la ONU en Ginebra, Suiza, defendi los derechos de su pueblo y de otros pueblos indgenas del pas, durante ms de cuatro dcadas, contra la ocupacin ilegal de sus territorios.

"Exigimos a las autoridades costarricenses que identifiquen a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y los lleven ante la justicia, de acuerdo con la ley", expresa dicho comunicado. El mismo es suscripto por el francs Michel Forst, Relator Especial sobre la situacin de los defensores de los derechos humanos; su compatriota Agns Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y Victoria Tauli Corpuz de Filipinas, Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indgenas

Sergio Rojas Ortiz, activo miembro de la Coordinacin Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indgenas (FRENAPI) , fue asesinado en su casa, en Yeri, cantn de Buenos Aires, provincia de Puntarenas, tras haber acudido a la Fiscala con otros dos miembros de la comunidad para denunciar agresiones y amenazas. En ese clima de tensin haba decidido dejar de vivir con su familia para no ponerla en peligro.

Los expertos internacionales urgen, tambin, al Estado costarricense para que aborde las causas subyacentes de esta violencia, en particular garantizando los derechos de los pueblos indgenas a territorios y recursos.

Los expertos aadieron que las familias indgenas que intentan recuperar sus tierras se enfrentan a grandes peligros, en particular en las comunidades Bribri de Palmital, Ro Azul y Puente, as como el pueblo Brrn en el territorio de Trraba.

La ley costarricense dispone que los territorios en cuestin son para uso exclusivo de los pueblos indgenas. El pueblo Bribri ha presentado decenas de denuncias tanto por la va legal como la administrativa, reclamando la aplicacin de la ley. Frente a la falta de implementacin de las decisiones de desalojo en su favor y el estancamiento de los procedimientos judiciales, tambin iniciaron recuperaciones de territorio. Todo ello ha dado lugar a agresiones constantes por parte de los terratenientes.

"Las autoridades costarricenses deben proporcionar inmediatamente una proteccin culturalmente apropiada a los integrantes de los pueblos indgenas en situaciones de riesgo por la defensa de sus derechos, enfatizan los relatores internacionales.

En 2015, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inst a las autoridades del pas centroamericano a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del pueblo Teribe y Bribri en Salitre. Sin embargo, el Estado no ha llevado a cabo investigaciones adecuadas, enjuiciado ni castigado a los responsables de los ataques continuos, sentencian.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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