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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-04-2019

Empresarios y "lucha de clases"

Juan J. Paz-y-Mio Cepeda
Rebelin


 En Ecuador contamos con una larga historia sobre los trabajadores y la legislacin laboral. Jornadas extenuantes y salarios miserables fueron las caractersticas usuales de las relaciones laborales hasta bien entrado el siglo XX, porque la jornada de 8 horas diarias recin fue introducida en 1916 -aunque sistemticamente fue incumplida-, y el salario mnimo qued en manos de la negociacin entre patronos y trabajadores.

El gobierno de Isidro Ayora, nacido de la Revolucin Juliana, fue pionero e innovador de la legislacin laboral con la expedicin de varias leyes: en 1927, Ley de Prevencin de Accidentes de Trabajo; en 1928, Ley sobre Contrato Individual de Trabajo; Ley de Desahucio del Trabajo; Ley de Duracin Mxima de la Jornada de Trabajo y de Descanso Semanal (8 horas diarias y 48 semanales); Ley de Jubilacin, Montepo Civil, Ahorro y Cooperativa; Ley de Jubilacin Obligatoria para los Empleados de Banco; Ley sobre Responsabilidad por Accidentes del Trabajo; Ley de Procedimiento para las Acciones Provenientes del Trabajo; Ley sobre el Trabajo de Mujeres y Menores y de Proteccin a la Maternidad; y el Estatuto de la Caja de Pensiones.

La Constitucin de 1929 consagr, por primera vez, el principio pro-operario (las leyes y la administracin se inclinan a favor de los trabajadores, por ser el sector ms dbil frente al capital) y reconoci los derechos fundamentales para los trabajadores, que quedaron ampliados, especificados y pormenorizados en el Cdigo del Trabajo de 1938, que, sin embargo, mantuvo a los trabajadores rurales bajo las normas del concertaje, sujeto al Cdigo Civil.

La legislacin laboral, siempre acusada de comunista, ha avanzado lentamente desde aquellos aos. Y el pas est lejos de alcanzar beneficios laborales y sociales ms amplios como los que tienen los pases europeos (particularmente los nrdicos), Canad e incluso Uruguay y Bolivia.

Durante las dcadas finales del siglo XX, conforme avanz el modelo empresarial de desarrollo inspirado en la ideologa neoliberal, tanto el principio pro-operario como los derechos laborales fueron seriamente afectados. Las cmaras de la produccin, convertidas en agentes determinantes de las polticas econmicas y sociales del Estado, clamaban por una serie de reformas: suprimir el reparto de utilidades, as como los pagos por horas extras y, desde luego, las indemnizaciones por despidos; aumentar la jornada hasta 44 o 48 horas semanales y ms de las 8 diarias; introducir el trabajo por horas y el tercerizado; congelar o restringir alzas salariales y unificar salarios; sujetar el salario a la productividad o eficiencia de los trabajadores; debilitar el sindicalismo, restringir la huelga y los contratos colectivos; sujetar el contrato individual y el salario a la voluntad de las partes; acabar con la jubilacin patronal y privatizar la seguridad social. Aunque solo faltaba revivir la esclavitud, consiguieron varias de sus iniciativas, pero no lograron todas.

Durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) las galopantes propuestas empresariales por la flexibilidad laboral quedaron frenadas, no solo porque la Constitucin de 2008 brind proteccin a los trabajadores, sino porque el Estado no estuvo determinado por los intereses de las cmaras, ni guiado por el neoliberalismo. A pesar de la confrontacin presidencial con una serie de organizaciones sociales y dirigentes laborales e incluso pese a que Correa introdujo varias normas flexibilizadoras de derechos laborales, no es cierto que acab con los movimientos sociales y peor an con las organizaciones de los trabajadores. La investigacin histrica, los datos estadsticos y varios estudios acadmicos niegan esa opinin originada en simples posicionamientos polticos y reacciones particulares.

El alto empresariado siempre consider al corresmo como un enemigo de clase, de modo que, con el gobierno de Lenn Moreno, ha tenido la oportunidad tanto de apuntalar la descorreizacin, como de retomar sus viejas ideas de flexibilizacin del trabajo. Hoy incluso cuenta con el marco favorable que le brinda el reciente acuerdo con el FMI (aboga por la flexibilidad laboral, el retiro del Estado y la reduccin de impuestos directos), y se lanza con nuevas ideas, como la de cumplir la jornada de 40 horas semanales en tres das y medio o prolongarla hasta los sbados, o no pagar por horas extras dentro de las jornadas prolongadas, y otros disparates de igual calibre.

A aquellos empresarios que todava mantienen ideas oligrquicas del pasado, exclusivamente les mueve el afn de ganancia y calculan sus rentabilidades sobre la base de reducir los costos variables de produccin (salarios y remuneraciones). En consecuencia, interpretan la legislacin laboral como atentado a sus rentabilidades, sin considerar, para nada, su responsabilidad en el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la poblacin. Dicen que al flexibilizar las relaciones laborales, el pas tendr la oportunidad de incorporar a ms trabajadores, considerando que un 60% de la poblacin activa no tiene empleo remunerado, algo que histricamente no ha ocurrido, pues la ineficiencia y el conservadorismo social de esos empresarios pretende incrementar el empleo a costa de derrumbar derechos laborales, con lo cual tambin los nuevos empleados vern disminuidas sus garantas.

Hoy, la lucha de clases lanzada por los empresarios ms oligrquicos est a la orden del da y los trabajadores se hallan en condiciones adversas si se las compara con lo que ocurri en la dcada pasada.

En consecuencia, tambin las organizaciones de los trabajadores deben incorporar en sus reivindicaciones, nuevas propuestas para enfrentar la arremetida del capitalismo ms salvaje. Entre ellas bien puede considerarse algunas: demandas fiscales por infraccin penal a los empresarios que no afilian sus trabajadores al IESS (se aprob en la pregunta 10 del plebiscito constitucional de 2011); demanda por estafa al Estado y arbitrario uso de fondos pblicos (peculado) contra los empresarios que, habiendo descontado pensiones para el IESS a sus trabajadores, no han pagado a la institucin (hay ms de 1.000 millones de deuda privada al IESS); escalonamiento en el sistema de reparto de utilidades en proporcin a las empresas, con incremento sustancial de ese reparto para las empresas ms grandes; obligatoria inversin social de grandes utilidades; cumplimiento de la seguridad social universal (establecida por la Constitucin), que debe financiarse con ms impuestos directos a las capas ricas; salario bsico universal financiado con iguales impuestos; incremento del pago por horas extras y suplementarias; aumento de indemnizaciones por despido intempestivo; cobro compulsivo de los impuestos adeudados por los 215 grupos econmicos, que segn estadsticas del SRI ascienden a 4.700 millones de dlares, ms 2.100 millones en facturas falsas y unos 30.000 millones en parasos fiscales.

Blog del autor: www.historiaypresente.com // www.juanpazymino.com

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
 


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