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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-04-2019

El Ayuntamiento de Valencia y la Coordinaci de Solidaritat amb Colombia organizan una jornada sobre la proteccin de las personas defensoras
La defensa de los derechos humanos, una lucha global

Enric Llopis
Rebelin


La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Mxico (RNDDHM), formada por 172 defensoras de 97 organizaciones, denunci la desaparicin forzada el pasado 12 de febrero de la activista indgena Obtilia Eugenio Manuel y su acompaante, Hilario Cornelio Castro, cuando se trasladaban en transporte colectivo desde Tierra Colorada hasta Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Los dos miembros de la Organizacin del Pueblo Indgena MePhaa (OPIM) aparecieron con vida el 16 de febrero. Obtilia Eugenio es beneficiaria, desde 2009, de medidas provisionales de proteccin de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las amenazas contra la defensora aumentaron desde que el 29 de septiembre tomara posesin como enlace de la Comisin de Obras Pblicas del Consejo Municipal de Autoridades Comunitarias de Ayutla (Guerrero), desde donde exiga a las empresas constructoras transparencia en el proceso de licitacin y respeto a las decisiones de las comunidades indgenas, denunciaron las organizaciones populares.

Marusia Lpez Cruz es activista feminista, etnloga y forma parte de JASS (Asociadas por lo Justo) en Mxico, la RNDDHM y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras. En unas jornadas sobre La proteccin de las personas defensoras organizadas por el Ayuntamiento de Valencia y la Coordinaci Valenciana de Solidaritat amb Colombia, subray que, entre 2012 y 2016, se produjeron al menos 3.886 agresiones contra mujeres defensoras en Mxico, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua; en el 59% de los casos la responsabilidad es atribuible al Estado y en el 37% de las agresiones se ha detectado algn componente de gnero, informa la Iniciativa. Entre 2012 y 2016 fueron asesinadas al menos 53 mujeres defensoras en los pases citados. Las mujeres estn encabezando las luchas contra el extractivismo, resalta Marusia Lpez. Ante el aumento de las agresiones y amenazas, la Iniciativa Mesoamericana ha desarrollado estrategias de proteccin integral, que incluyen campaas de denuncia, casas de acogida y respiro, y los Fondos de Respuesta Rpida en Seguridad y Autocuidado, del que se han beneficiado 2.560 personas, 420 familias y 28 organizaciones entre septiembre de 2016 y julio de 2017.

El pasado 30 de marzo se cumpli el primer aniversario de la manifestaciones por la Gran Marcha del Retorno en la frontera de Gaza y se conmemor el Da de la Tierra Palestina (la represin ese da de las movilizaciones en las que participaron decenas de miles de palestinos- por parte del ejrcito israel se sald con cuatro palestinos muertos y centenares de heridos). Segn la Oficina para la Coordinacin de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), 195 palestinos incluyendo 41 menores- han sido asesinados por las fuerzas de ocupacin israeles y otros 29.000 resultaron heridos (una cuarta parte por municin real) durante el ao de protestas; asimismo Naciones Unidas apunta que otros 76 palestinos murieron -entre el 30 de marzo de 2018 y el 22 de marzo de 2019- por ataques areos, bombardeos de tanques o disparos en zonas de acceso restringido martimas y terrestres, entre otras causas.

En la jornada celebrada en Valencia ha participado la periodista Lola Ban, miembro de la junta directiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA)-Espaa. Las personas refugiadas palestinas -5,4 millones en Cisjordania, la franja de Gaza, Jordania, Lbano y Siria- suponen el 40% de la poblacin refugiada de larga duracin (ms de cinco aos) en el mundo. Lola Ban subraya que el presidente Trump ha recortado en 300 millones de dlares la contribucin de Estados Unidos a la UNRWA.

La congelacin de fondos se produjo en el momento que Naciones Unidas conden el reconocimiento unilateral por parte de Estados Unidos, el mayor donante mundial de la UNRWA - de Jerusaln como capital de Israel (enero de 2018), explica la periodista; tras la decisin de Trump, se produjo una notable movilizacin mundial de gobiernos, ONG y particulares donantes para superar un dficit sin precedentes, destac el comisionado general de UNRWA, Pierre Krhenbhl. La agencia humanitaria gestiona 58 campamentos de refugiados palestinos en Oriente Medio; en el campo de Dheisheh (ciudad de Beln, en la Cisjordania ocupada), soldados israeles mataron el 27 de marzo a un trabajador mdico voluntario de 18 aos. Autora del libro Palestinos (2002), Lola Ban recuerda que el Gobierno de Palestina denunci hace un ao al Estado de Israel ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crmenes de guerra y contra la humanidad.

Hay muchas similitudes entre las causas palestina y saharaui, que sufre 43 aos de ocupacin por parte del reino de Marruecos, compara la estudiante de la Universitat de Valncia y activista saharaui, Esjaba Messoud. En noviembre de 2018 el Tribunal de Justicia de la Unin Europea (TJUE) fall que el acuerdo sobre servicios areos civiles entre la UE y Marruecos (enero de 2018) es inaplicable en el territorio del Shara Occidental. El alto tribunal sentenci asimismo, en febrero de 2018, que el Acuerdo de Colaboracin en materia de pesca de 2006 entre la UE y el Reino de Marruecos no es de aplicacin a las aguas adyacentes al territorio del Shara Occidental. Ya en diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia resolvi en el mismo sentido en relacin con el acuerdo de liberalizacin que firmaron la Comunidad Europea y Marruecos en 2012 sobre productos agrcolas y pesqueros.

Con estos antecedentes, el Frente Polisario calific en un comunicado como operacin de saqueo el nuevo acuerdo pesquero euro-marroqu aprobado por el Parlamento Europeo (con 415 votos a favor, 189 en contra y 49 abstenciones) el pasado 12 de febrero; el acuerdo incluye el territorio del Shara Occidental. Una de las razones del rechazo es la vulneracin de las decisiones sucesivas del Tribunal de Justicia Europeo, declar el secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali. Esjaba Messoud destaca que redes de organizaciones y activistas como Western Sahara Resource Watch (WSRW) denuncian el robo de recursos al pueblo saharaui; por ejemplo, las importaciones masivas desde el puerto de Bremen, en Alemania, de harina de pescado proveniente del Shara Occidental ocupado (febrero de 2019); WSRW remiti asimismo una carta en enero a la compaa India Coromandel International preguntando por las importaciones de roca de fosfato saharaui.

En cuanto a la violacin de los derechos humanos, la defensora saharaui subraya la represin contra los acampados en la resistencia pacfica de Gdeim Izik y las protestas en El Aain, en octubre y noviembre de 2010 (el periodista de Equipe Media, Ahmed Ettanji, describi cmo se desmantel el campamento el 8 de noviembre: Las fuerzas de ocupacin marroqu entraron armados con pistolas, gases lacrimgenos, caones de agua, camiones y 4x4, atacaron a la gente mientras dorma (); mataron a dos saharauis Babi Gargar y Brahim Doudi-, detuvieron a centenares de personas, dejando muchas vctimas heridas en el camino; en julio de 2017 el Tribunal de Apelacin de Sal, en Marruecos, conden a 23 de los activistas que participaron en las protestas a penas entre los dos aos y medio de prisin y la cadena perpetua). El pasado 24 de febrero, inform El Confidencial Saharaui citando al digital local Guerguerat, la polica de Marruecos asalt casas de activistas en la avenida de Smara, en El Aain ocupado; torturaron y golpearon hasta dejarla sangrar a una joven saharaui. Tambin en El Aaiun, la agencia oficial SPS dio cuenta tres semanas antes de la represin violenta de las fuerzas de ocupacin marroques contra manifestantes saharauis.

Novact-Institut Internacional per a lAcci no Violenta es una de las organizaciones que promueve la plataforma Defender a quien defiende. La periodista Thais Bonilla, miembro del equipo tcnico de Novact, destaca que Marruecos neg la entrada en el pas -en mayo de 2018- a un activista de esta ONG, Luca Gervasoni, a quien adems mantuvo 12 horas bajo custodia policial por razones de seguridad nacional. Bonilla advierte de la extensin de la estrategia Homeland Security (seguridad interna), promovida por el Pentgono tras los atentados del 11 de septiembre de 2001; esta doctrina vincula el control de las fronteras, la seguridad nacional e internacional de los pases, de manera que las amenazas tienen una consideracin policial y militar (Macrn moviliz a finales de marzo a los militares durante las protestas de los chalecos amarillos). Cul es el balance de las polticas represivas en el estado espaol? Thais Bonilla recuerda las condenas a prisin de 14 raperos por enaltecimiento del terrorismo en aplicacin del artculo 578 del Cdigo Penal- durante 2018: Pablo Hasel, Valtonyc y los 12 integrantes del grupo La Insurgencia; adems, segn Amnista Internacional, desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza (julio de 2015) y hasta finales de 2017, la media de sanciones por faltas de respeto o desobediencia/resistencia a agentes de la autoridad es de 80 diarias.

Otra de las tendencias es a la privatizacin creciente de la seguridad, por ejemplo de las prisiones: el Gobierno de Rajoy autoriz en febrero de 2018 la contratacin por un ao del servicio de apoyo a la seguridad en las crceles, por valor de 60,2 millones de euros. Uno de los ejemplos ms llamativos, en este apartado, es el del Estado de Israel: En 2014 representbamos el 10% del mercado de la inversin privada mundial en Ciberseguridad, que hemos duplicado en 2017; ahora somos el segundo pas del mundo tras Estados Unidos, declar el primer ministro Netanyahu en la ltima Cybertech, celebrada en Tel Aviv.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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