Portada :: Amrica Latina y Caribe :: Uruguay. Millones de columnas
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-04-2019

Uruguay: la semana en que Tabar Vzquez descabez la cpula de Defensa
De giros inesperados

Samuel Blixen
Brecha


No aclares, que oscurece. El dicho popular alcanz un gran rating en la crisis poltica desencadenada a raz de las confesiones del teniente coronel Jos Gavazzo (1) sobre el asesinato del tupamaro Roberto Gomensoro, contenidas en las actas de un Tribunal de Honor, que provocaron la destitucin de seis generales, entre ellos, el comandante del Ejrcito que haba sido nombrado das antes por Tabar Vzquez.

La destitucin de los militares y la renuncia inducida del ministro de Defensa, Jorge Menndez, y su subsecretario, Daniel Montiel, se ha visualizado como un estallido, cuando, en realidad, es un proceso que comenz a mediados de febrero y que transcurri discretamente hasta que un informe periodstico revel el contenido de las actas del Tribunal de Honor. El relevo del comandante del Ejrcito Guido Manini Ros, el 15 de marzo, y el nombramiento de su sucesor, general Jos Gonzlez, fueron consecuencia de las crticas a la actuacin de la justicia que el primero de los nombrados formul en un documento cuando solicit entrevistarse con el presidente para que se produjera una definicin sobre la homologacin del fallo del tribunal. Ese fallo absolva a Gavazzo de lesionar el honor de las Fuerzas Armadas, a pesar de haber sido condenado por 28 homicidios y desapariciones. El tribunal condenaba, en cambio, a Gavazzo a pasar a la situacin de reforma por haber permitido que un coronel, Juan Carlos Gmez, permaneciera en prisin durante tres aos, cuando saba que era inocente. Las opciones de los generales que actuaron en el tribunal revelaron varas distintas para sopesar injusticias: tomaron medidas frente al encarcelamiento de un coronel, pero eludieron tomar aquellas que pudieran satisfacer a los familiares de 28 vctimas asesinadas.

En ese momento, 16 de marzo, nadie, ni el presidente Vzquez, ni el general Manini, ni el secretario de la Presidencia, Miguel ngel Toma, ni el ministro de Defensa en funciones, Montiel, explic por qu Gavazzo saba de la inocencia de Gmez. Hubo, en ese momento, una apuesta por mantener un discreto silencio en la esperanza de que el asunto se olvidara. Entre otras cosas, se incurri en la flagrante contradiccin de ascender a la jefatura del Ejrcito a un general que no advirti, en la consumacin de 28 asesinatos, una lesin al honor militar.

Fue necesario que lo inexplicable e inexplicado tomara estado pblico cuando el periodista Leonardo Haberkorn public en El Observador detalles de las declaraciones que Gavazzo formul ante los generales Gonzlez, Alfredo Erramun y Gustavo Fajardo. En el tribunal, Gavazzo admiti que en 1973 se hizo cargo del cuerpo de Roberto Gomensoro, lo traslad en un vehculo hasta el Ro Negro, lo embarc en una lancha y finalmente lo arroj a las aguas. Declar que todo lo haba hecho l solo, sin ayuda, con la evidente intencin de subrayar que no involucraba a subalternos.

La publicacin de parte de las actas hizo trizas la poltica de silencio. Ante el nuevo panorama, el presidente tom drsticas medidas: destituy a los tres generales del tribunal, entre ellos, al flamante comandante que haba asumido haca una semana, y comunic que aceptaba la renuncia del ministro de Defensa y del subsecretario. Primero un comunicado de la Presidencia y luego declaraciones que Vzquez formul para el informativo de Vtv pretendieron atenuar las aristas ms oscuras del episodio. Vzquez, que ya haba encomendado al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que difundiera la noticia de que l, el presidente, no estaba en conocimiento de la confesin de Gavazzo, en sus declaraciones al periodista Gabriel Pereyra admiti que no haba ledo el expediente, aunque haba sido informado de l. Explic que por da firmaba unos 50 documentos. De todas formas, aclar que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad poltica de los hechos.

Las ambigedades y las opacidades de que hicieron gala los principales protagonistas sufrieron otro sacudn, cuando el diario El Pas revel que a mediados de febrero el ministro Menndez, no bien recibi y ley las actas del tribunal, se dirigi a la Torre Ejecutiva y se entrevist con Vzquez, a quien interioriz del contenido de las actas. Como explic despus el presidente, le pidi a Menndez que trasladara al secretario de la Presidencia, Miguel Toma, los antecedentes y que se efectuara la denuncia penal correspondiente. Tal como revel El Pas, Menndez se entrevist con Toma, por ms que este colorado, hombre de confianza de Tabar Vzquez, neg esa entrevista y pretNota endi deslindar la responsabilidad en una conversacin telefnica que no lo deja muy bien parado. Fue necesario que el propio Menndez, aquejado de una grave enfermedad que lo oblig a solicitar licencia a principios de marzo, dejara por escrito todos los detalles en una carta que elev al presidente. Recin entonces, Toma admiti haberse reunido con Menndez y haberse enterado de las confesiones de Gavazzo. Sin embargo, deslind la responsabilidad al depositar en el Ministerio de Defensa la tarea de formular la denuncia penal que el presidente le haba encomendado a l. Con ello, Toma le pasaba la pelota a Montiel, ministro en funciones, cuya actuacin en todo el episodio mereci un respaldo del Mpp.

La carta de Menndez despej un aspecto que provocaba escozor en el Frente Amplio: la duda de si el presidente saba o no los extremos de la declaracin de Gavazzo. Ahora no cabe duda de que Vzquez fue alertado de la confesin del delito. Otra cosa es saber con qu minuciosidad ley el documento, si es que lo ley, lo que no reduce su responsabilidad.

Lo ms grave es que la documentacin no slo refiere a confesiones de Gavazzo, sino que tambin incluye confesiones y denuncias del coronel (r) Jorge Pajarito Silveira, quien revel que Gavazzo tambin asesin a otro tupamaro, en 1974. Silveira afirm, adems, que Gavazzo era responsable de unas cien desapariciones. Todo eso estaba en el expediente que Vzquez no ley. Un agudo observador de la realidad poltica coment: Hay que recordar que un vicepresidente de la Repblica, nada menos, fue obligado a renunciar por la compra indebida de un colchn con una tarjeta institucional.

Ambigedad y gatopardismo

En el cocido de este guiso hay dos ingredientes principales: uno, la pervivencia, a travs de las sucesivas generaciones de oficiales, de una concepcin invariable de la doctrina de la seguridad nacional, una defensa del terrorismo de Estado y un compromiso frreo con la omert. La actitud del ex comandante Manini Ros de ordenar la continuacin de las actuaciones del tribunal, a pesar de que fue informado del tenor de las declaraciones de Gavazzo y Jorge Silveira, es una prueba de esa actitud. Tambin la de los tres generales, que se sometieron a la disciplina cuando, como funcionarios pblicos, estaban en la obligacin de formular una denuncia ante el conocimiento de un delito.

Al justificar su actitud, Manini expres que la confesin de Gavazzo no era una novedad, porque ya haba sido procesado en el expediente del asesinato de Gomensoro, pero se cuid de no comentar que Silveira acusaba a Gavazzo de otros dos delitos, por lo menos: la muerte de Eduardo Prez Silveira, vctima de la explosin de una granada arrojada a su celda del cuartel de Artillera nmero 1 en 1974, y la desaparicin de Mara Claudia Garca de Gelman, en diciembre de 1976 o enero de 1977. Aunque enfticamente afirm, en el acto de proclamacin de su candidatura a la presidencia de la Repblica, que no haba escondido nada, despus, en una entrevista concedida a Bsqueda, admiti que, quizs, haba sido un error no formular la denuncia correspondiente.

El otro ingrediente tiene que ver con la ambigedad y el gatopardismo del poder poltico en la cuestin de los derechos humanos. No era necesaria la confesin de Gavazzo para conocer el horror de los crmenes de la dictadura, tal como expres Julio Mara Sanguinetti. De hecho, el ex presidente en sus dos mandatos hizo lo posible por impedir la investigacin del terrorismo de Estado: archiv los expedientes de las denuncias y bloque los intentos de desarticular la impunidad que l mismo impuls.

Vzquez, al comentar las confesiones de Gavazzo, concluy que se desmoronaba la poltica del silencio sobre las atrocidades del pasado. Parece un exceso de optimismo, porque nada induce a pensar que espontneamente, ahora, todos los guardianes de los secretos harn cola para confesarse. De hecho, la confesin de Gavazzo est directamente relacionada con la forma en que el ejrcito encara los tribunales de honor (vase nota aparte).

Entre los aplausos por la destitucin de los seis generales (tres del Tribunal de Honor y tres del Tribunal de Alzada), el pedido al Parlamento para el pase a reforma de otros tres y las crticas por la forma opaca en que el gobierno administr la crisis, la oposicin tiene la oportunidad de apoyar la creacin de instrumentos que permitan y faciliten la investigacin de los crmenes y definan las responsabilidades. Ante el horror ahora descubierto, todos coinciden en la necesidad de reparar las omisiones, pero el nico camino sugerido es dejar que la justicia penal tome cartas en el asunto (vase nota aparte).

Para encauzar efectivamente la investigacin de los crmenes, es necesario que el poder poltico (gobierno y Parlamento) otorguen las herramientas para ubicar los archivos militares que contienen los informes sobre las actuaciones de la represin. El llamado Archivo Berrutti, una coleccin voluminosa de imgenes microfilmadas, aporta indicios sobre dnde buscar la informacin concreta: hay por lo menos 12 archivos de otros tantos organismos militares, que deberan ser ubicados y sacados a luz. El ex ministro Menndez ensay algunas iniciativas al autorizar el ingreso a determinadas unidades para la digitalizacin de sus archivos; y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, autoriz la digitalizacin del archivo de la Direccin Nacional de Informacin e Inteligencia. Sin embargo, no existe hasta ahora un equipo oficial, con los recursos necesarios para estudiar todo ese material. Una tarea de tal magnitud, a realizar de forma independiente y a resguardo de presiones, slo puede llevarla a cabo algn organismo con respaldo parlamentario, como la Institucin Nacional de Derechos Humanos, entre cuyas atribuciones est, precisamente, la potestad de ingresar a cualquier lugar sin aviso previo.

La ubicacin de los archivos sobre los operativos militares es una tarea que an est por encararse. Quizs el nuevo ministro de Defensa Nacional, Jos Bayardi, disponga alguna iniciativa concreta en ese sentido.

los relatos en el tribunal. Tal vez la novedad ms interesante que aport la confesin de Jos Gavazzo en el Tribunal de Honor que lo juzg por una eventual lesin del honor militar (adems de provocar la crisis que dej en evidencia la hipocresa militar y el gatopardismo poltico) es la confirmacin de un principio castrense que obliga a revisar la ptica con que se mide la responsabilidad penal en los casos de delitos de lesa humanidad.

Segn las reproducciones de parte de las actas (que saludablemente deberan ser puestas al acceso de todos), Jos Gavazzo relat ante los generales del tribunal que en el cuartel de La Paloma encontr sin vida a un prisionero que estaba siendo interrogado. Gavazzo no dice que l lo mat, que es responsable de la muerte, pero dice que inmediatamente le comunic la novedad al jefe de la unidad, el coronel Alfredo Rubio. l, Gavazzo, por entonces mayor, era el segundo jefe de esa unidad de Artillera. La confesin describe que, despus de dar detalles a Rubio, ambos se trasladaron a la Regin Militar nmero 1 y le comunicaron lo sucedido al general Esteban Cristi. En el despacho del jefe de la Regin, Cristi decidi que se desprendieran del cuerpo de Gomensoro, es decir que el asesinado pasara a ser un desaparecido. Entonces, Gavazzo relata que, obviamente con la autorizacin de Rubio, traslad el cuerpo hasta el Ro Negro y lo lanz al agua.

Esta versin de Gavazzo fue corregida por el coronel (r) Jorge Silveira, quien, al declarar en el tribunal, dijo que Rubio, profundamente enojado por la muerte de Gomensoro, se haba trasladado solo al comando de la regin para informar a Cristi. Gavazzo haba quedado en el cuartel.

A los efectos del significado del relato, son irrelevantes las diferencias entre las versiones. Lo que importa es que el mayor Gavazzo inform a su superior, Rubio, y este inform a su superior, el general Cristi. Y que, producto de ello, hubo una orden de actuar para remediar la situacin. El ejemplo confirma una conviccin extendida entre militantes de derechos humanos y polticos sensibilizados con el tema: todos los actos militares requieren la correspondiente orden superior; el mando debe siempre estar informado de los sucesos y ordenar en consecuencia. Puede haber excepciones, casos en los que un subordinado acta sin el visto bueno de su superior, pero, en ese caso, la venganza ser terrible, porque la iniciativa socava el pilar de la verticalidad del mando; la obediencia debida es la contracara del control absoluto del mando. La iniciativa debe contar siempre con el respaldo superior para concretarse, y la iniciativa que no cuenta con la autorizacin es severamente castigada.

Los legajos de los oficiales de las Fuerzas Armadas estn repletos de sanciones por esa causa. De lo que se desprende que ningn oficial tomar la iniciativa de asesinar a un prisionero si no cuenta con la autorizacin superior. Puede que ocurra un accidente y que la muerte no sea premeditada, pero siempre habr una intervencin del superior.

Si ese es el criterio que rige para la vida militar, entonces hay que concluir que las atrocidades del terrorismo de Estado fueron ordenadas o avaladas por el superior. Si un comando de militares uruguayos asesin en Buenos Aires a Zelmar Michelini y Hctor Gutirrez Ruiz, fue porque cont con la debida autorizacin. Y el enterramiento de Julio Castro, por poner otro ejemplo, en el predio del Batalln 14 de Infantera, en Toledo, debe de haber contado con el conocimiento y la autorizacin del jefe de la unidad de aquel entonces, agosto de 1977. Qu autoridad poda llegar a ejercer ese comandante con sus subordinados, si cualquiera poda entrar en los predios del cuartel a enterrar cuerpos? Por el contrario, es dable suponer que ese superior saba quin orden el enterramiento, quin le dio la orden y quines ejecutaron la accin, oficiales y soldados. Sin embargo, hasta ahora nadie pregunta, en cada caso investigado, quin daba las rdenes, quin autorizaba.

Otro punto de reflexin es por qu en los tribunales de honor se cuenta, se dice, se admite lo que se niega en otros mbitos, en especial en la justicia. Gavazzo, por ejemplo, neg siempre ante los magistrados tener algo que ver con el asesinato de Gomensoro, pero lo confiesa en el tribunal. Una explicacin aceptable es que la norma, en las Fuerzas Armadas, dicta que en los tribunales de honor se debe decir la verdad, quizs porque los miembros del tribunal, oficiales superiores, no pueden permitir que un subordinado les mienta en la cara y los engae. Es otra forma inadmisible de atentar contra la verticalidad del mando.

Este tribunal, que tanta repercusin ha tenido, no es una excepcin. Hay otras actas, en las que los oficiales han admitido lo que en otras instancias han negado. Por ejemplo, en el tribunal que juzg la conducta de Manuel Cordero, acusado de ser homosexual, algunos de los acusadores admitieron que secuestraron, interrogaron y presionaron a civiles que concurran a los mismos bares frecuentados por Cordero para obtener pruebas. Admitieron que haban amenazado a dichas personas con represalias si llegaban a difundir lo que haban vivido. Cordero, por su parte, se defendi con un argumento irrebatible: en las fechas de las acusaciones, en 1976, l permaneci en comisin en Buenos Aires todo un ao, lo que signific la confirmacin de que estuvo actuando en Automotores Orletti, torturando a uruguayos secuestrados, como fue acusado por decenas de vctimas.

Para redondear ejemplos: el coronel (r) Ernesto Ramas admiti ante un tribunal que haba realizado el secuestro extorsivo de un narcotraficante a quien acus de ser terrorista para mantenerlo incomunicado en el centro clandestino de La Tablada, mientras se tramitaba una transferencia bancaria. Y el coronel Eduardo Ferro, enfrentado en un tribunal con su colega de la inteligencia Carlos Silva, admiti que el Sid mantena relaciones estrechas con la Cia.

Nota

(1) Uno de los principales represores de la dictadura, se le tipificaron 28 homicidios. Actualmente con prisin domiciliaria por razones de salud, contina cobrando la jubilacin de militar en situacin de reforma.

Fuente: http://brecha.com.uy/de-giros-inesperados/



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter