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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-04-2019

Uruguay
La impunidad y la defensa de los derechos humanos

Mariana Achugar
La Diaria


En una sociedad que acepta la violencia y la impunidad del Estado como algo inevitable se deslegitima e invisibiliza a quienes luchan por defender los derechos humanos. El Estado tiene un papel sustantivo en la reproduccin de la cultura de la impunidad. Hoy, como a lo largo de estos casi 34 aos transcurridos desde que finaliz la dictadura, el Estado y sus instituciones han optado por polticas de memoria o indiferencia que tienen peso en la organizacin de las relaciones de poder en nuestra sociedad y en las garantas que tenemos de que se protejan nuestros derechos. Pasado y presente estn interrelacionados, y la cultura de la impunidad contina.

La disputa por darle credibilidad social y construir un acuerdo sobre qu signific el pasado dictatorial tiene que ver con las luchas polticas del presente. Existen y continuarn existiendo mltiples relatos sobre el pasado, pero prevalecen aquellos que tienen que ver con las relaciones de poder en un momento particular, como lo demuestra el caso de Argentina, donde hoy se discute cuntos fueron los desaparecidos.

En Uruguay, a pesar de 15 aos de gobiernos progresistas, la lucha por verdad y justicia, as como la defensa de los derechos humanos bsicos, son retos vigentes en nuestra democracia.

Las revelaciones sobre el Tribunal de Honor en el que se legitimaron crmenes de desaparicin, asesinato y tortura, junto con el mensaje emitido la semana anterior por el Ministerio del Interior justificando el seguimiento y posterior detencin de dos jvenes que participaban en una marcha pacfica, demuestran la normalizacin de la impunidad a nivel institucional. Estos casos ponen en evidencia la complicidad del Estado en la reproduccin de una cultura de impunidad.

Lamentablemente, vivimos en un contexto en el que la impunidad se ha naturalizado y la violacin de los derechos humanos ha pasado a segundo plano. En estos das el tema logr tener ms visibilidad debido a su resonancia meditica, pero hasta ahora el foco de las campaas polticas y los medios haba estado en la seguridad centrada en la proteccin de la propiedad privada. La violencia de la que se habla en el mbito pblico es la relacionada con el robo, no con la violencia ejercida por grupos poderosos o por el Estado. Las soluciones que se discuten son la militarizacin de la sociedad y el incremento de la vigilancia a la ciudadana.

El Estado hace caso omiso a los reclamos y demandas de la sociedad civil organizada que pide verdad y justicia, y estos reclamos casi no son registrados por los medios masivos. Como establece el informe de las investigaciones sobre polticas de verdad y justicia en la regin publicado por la Universidad de Oxford (Lessa, 2019), las vctimas, los familiares y las organizaciones de derechos humanos han tenido un papel clave al presentar denuncias e iniciar causas, ya que en Uruguay en ningn caso la Fiscala General de la Nacin actu de oficio. Hay dos ejemplos claros de esta situacin. En primer lugar, el caso de las ex presas polticas que en 2011 hicieron una demanda judicial por crmenes sexuales durante el perodo 1972-1983. Los denunciados fueron casi 100 militares y civiles, de los cuales slo cinco han sido procesados. Ocho aos despus, la causa sigue abierta. En segundo lugar, est la denuncia de acadmicos, abogados y activistas sociales que fueron amenazados de muerte por el llamado Comando Barneix. Estas personas amenazadas, que cuentan con el apoyo de cientos que expresaron su solidaridad, solicitaron al gobierno que se investigara la situacin, pero todava no han recibido respuesta a su pedido. La inaccin y falta liderazgo poltico para aclarar estos casos y conseguir justicia promueven la cultura de la impunidad y naturalizan una cultura institucional en la que quienes ejercen la violencia desde instituciones del Estado lo hacen sin rendir cuentas.

Las recientes informaciones sobre espionaje en democracia, la videovigilancia durante las marchas, y el uso de tiras en marchas de movimientos sociales son una indicacin de que algunas prcticas tpicas de la dictadura no han desaparecido. Todos somos sospechosos, no sujetos de derecho. Este tipo de contexto favorece una cultura en la que no existe responsabilidad penal o administrativa de quienes violan derechos humanos.

Por qu tiene que haber una noticia en la prensa sobre crmenes durante la dictadura para que se cumplan las leyes y se revise a quin se pone a cargo de las Fuerzas Armadas? Por qu se usan cmaras de videovigilancia y operativos con ms de diez vehculos policiales para detener a un joven que particip en una marcha en defensa de nuestro derecho a tener agua limpia o por estar en desacuerdo con un proyecto como UPM2? Por qu no se usan esas cmaras u operativos para encontrar a los que amenazaron de muerte a defensores de los derechos humanos o para indagar a quienes han sido acusados de crmenes sexuales durante la dictadura? La celeridad y eficiencia operativa que se demuestra en el caso de quienes se manifiestan en contra de ciertas polticas y de cierto modelo de desarrollo desaparecen cuando se busca a los responsables de crmenes durante la dictadura o a quienes destruyen radios populares o destruyen sitios de memoria.

Los derechos y las garantas legales deben ser defendidos para todas y todos, y en todo caso. No puede haber situaciones de excepcin. Este tipo de argumentacin fue la que justific el terrorismo de Estado, como demuestra el anlisis del discurso militar durante la dictadura (Achugar, 2008). No estamos en una dictadura, pero las limitaciones de los derechos ciudadanos coartan nuestra democracia.

Hoy, en un contexto en el que los derechos humanos y las democracias estn siendo atacados en la regin y en gran parte del mundo, no podemos aceptar esta situacin de impunidad ante la vulneracin de derechos bsicos como la libre expresin, el acceso a la justicia y la protesta. Para afianzar la democracia tenemos que garantizar nuestro derecho a exigir que las formas y procedimientos establecidos para proteger a la ciudadana se cumplan. Deben marcarse las responsabilidades de las autoridades que no se hacen cargo o que son omisas ante estas violaciones de derechos.

Transformar la cultura de la impunidad a nivel del Estado requiere, como mnimo, asegurarnos de que no formen parte de nuestras instituciones quienes no defienden los derechos humanos y el funcionamiento democrtico. Tambin se necesita revisar la Ley Orgnica Militar, redisear los planes de estudio militares y reducir la cantidad de efectivos, como sugiere la organizacin Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Adems, necesitamos preparar a quienes trabajan en la Polica y en el Ministerio del Interior en el respeto a las leyes y los procedimientos diseados para resguardar nuestros derechos. La deconstruccin de la impunidad requiere una serie de polticas aplicadas sistemticamente para transformar esta cultura instalada en las instituciones del Estado.

Mariana Achugar es docente e investigadora de la Universidad de la Repblica.

Fuente: http://ladiaria.com.uy/articulo/2019/4/la-impunidad-y-la-defensa-de-los-ddhh-en-democracia/


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