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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-04-2019

Venezuela, Libia y la responsabilidad de los poderosos

Miquel Caum Julio
Sin Permiso


La reciente llamada a la accin a los principales pases de la OTAN ante la que se conoce como crisis humanitaria en Venezuela ha hecho revivir en cierta izquierda algunos recuerdos no muy agradables respecto a las acciones de los estados miembros de la OTAN ante lo que en su momento tambin se calificaron de crisis humanitarias. Me refiero, entre otros, al caso de la intervencin en Libia el 2011. En aquel entonces, se acudi a la norma de la Responsabilidad de Proteger (R2P segn sus siglas en ingls) para autorizar una intervencin humanitaria en ese pas, una norma cuyo uso tambin parece insinuarse para el caso venezolano.

Los argumentos usados en el caso libio no distan demasiado del relato que la oposicin venezolana esgrime contra el gobierno de Nicols Maduro, usando calificativos como genocida y sealando su gobierno como el primer y nico responsable de las vulneraciones de derechos humanos que puedan estarse produciendo en Venezuela.

As pues, llegados a este punto quiz resulte necesario refrescar la memoria respecto a la trayectoria de esta norma y su aplicacin para tratar de hacernos una idea de qu le puede esperar a Venezuela en caso de serle aplicada con la dureza que algunos plantean. Sin embargo, antes que nada, cabe sealar brevemente cmo la R2P es de facto, un instrumento al servicio de la voluntad de los estados ms poderosos.

Las lagunas de la responsabilidad de proteger

La Responsabilidad de Proteger es una norma de soft law[1] del derecho internacional estructurada en tres pilares fundamentales: El primero hace referencia a la responsabilidad de proteger de los Estados, esto es, a la responsabilidad de los Estados de proteger a sus poblaciones de la vulneracin de derechos humanos. El segundo pilar, trata la responsabilidad de la comunidad internacional a ayudar a los Estados a hacer cumplir con el primer pilar. Por ltimo, el tercer pilar expone la responsabilidad de la comunidad internacional de relevar a los Estados que no puedan o no tengan la voluntad de proteger a su poblacin de vulneraciones de derechos humanos.

Sin embargo, pese a que la norma de la R2P pretenda reformular aspectos fundamentales del derecho internacional, dicha norma est compuesta por una amalgama catica de textos y declaraciones de intenciones[2]; todas ellas sin representar ninguna obligacin legal para los Estados. Resulta llamativo, pues, que una norma de tal calibre no emerja de ninguna de las fuentes tradicionales del derecho internacional, que s suponen una obligacin legal para los Estados.

Finalmente, a todas las lagunas sealadas hay que sumarle el privilegio que otorga el derecho a veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, dado que la aplicacin del tercer pilar de la norma requiere de la aprobacin de dicho organismo. Todo ello convierte a la R2P en un instrumento fcilmente manejable en funcin de los intereses de los pases ms poderosos, que disfrutarn de una posicin ventajosa para la interpretacin de la norma en favor de sus intereses.

Gaddafi must go o la (ir)responsabilidad del intervencionismo liberal

Todas estas carencias y puntos ciegos de la R2P fueron explotados de forma evidente en el caso de Libia, el nico en que se autoriz una intervencin militar bajo la R2P contra la voluntad del pas objeto de la intervencin.

En marzo de 2011, tras la imposicin de un embargo de armas en Libia[3], el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprob gracias a las abstenciones de Rusia y China la Resolucin 1973 (2011).

En dicha resolucin se exiga en su prembulo el establecimiento inmediato de un cese del fuego y, ms adelante, se autorizaba a los estados miembros a usar todas las medidas necesarias un eufemismo para diversas medidas coercitivas, incluyendo el uso de la fuerza para proteger a la poblacin civil. As pues, pese a que la resolucin menciona la responsabilidad del Estado libio de proteger a la poblacin civil, no autoriza a derrocar al gobierno de Gadafi ni a provocar un cambio de rgimen en Libia. Simplemente, se autorizaba una intervencin limitada sin una fuerza de ocupacin con el mandato de proteger a la poblacin civil y con el fin ltimo de que se estableciera un alto al fuego que facilitase dicha proteccin.

Sin embargo, el relato aceptado entre las potencias impulsoras de la intervencin, e incluso por Naciones Unidas, sealaba a Gadafi como el nico culpable de las vulneraciones de derechos humanos de la poblacin civil. Por ello, los jefes de gobierno de Francia, Reino Unido y Estados Unidos no tuvieron muchas dificultades para tergiversar el mandato original del Consejo de Seguridad, argumentando en un artculo conjunto que sin el derrocamiento de Gadafi y su completa derrota, no sera posible garantizar la seguridad y los derechos de la poblacin civil libia.

La imposicin de dicha tesis en el pblico occidental favoreci la emergencia de una espiral de despropsitos motivados por el mpetu de echar al molesto mandatario libio a cualquier precio. A modo de ejemplo, se puede resaltar el hecho que Francia proporcion armas al bando rebelde estando en vigor el embargo de armas en territorio libio. Por otro lado, el archivo de correos electrnicos de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton facilitado por WikiLeaks muestra cmo la inteligencia estadounidense tena conocimiento del entrenamiento y armamento de los grupos rebeldes en territorio Egipcio por fuerzas especiales del Reino Unido y Francia.

Tambin resulta destacable el hecho de que, siendo el logro de un cese del fuego la primera peticin de la resolucin que autoriz la intervencin, tanto los Estados Unidos como Reino Unido y los dems pases al frente de la intervencin provocaron el rechazo de los rebeldes a una oferta de tregua a la que Gadafi ya haba dado el visto bueno. La razn para este rechazo no era otra que el hecho de que el acuerdo no contemplaba la expulsin de Gadafi del poder.

Gaddafi must go, and go for good, decan. Pues bien, Gadafi se fue. Sin embargo, en cuanto las grandes potencias que intervinieron comprobaron las caticas consecuencias de armar a las milicias entre las cuales se encontraban grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda, ya no se sintieron tan responsables de la poblacin libia, a la que abandonaron a su suerte. Actualmente, Libia vive en el caos ms absoluto: simplemente, ya no hay un Estado al que responsabilizar con la proteccin de la poblacin civil. El pas vive sumido en una guerra civil entre dos gobiernos autoproclamados legtimos, con un exgeneral actuando como seor de la guerra en su particular cruzada contra el islamismo y una amalgama de milicias islamistas, yihadistas o laicas leales a s mismas, aunque formalmente se proclamen leales a uno de los gobiernos.

Por otro lado, la compraventa de personas como esclavas es una prctica contrastada y habitual, as como la tortura en los centros de detencin financiados por la Unin Europea.

As pues, en Libia, las potencias occidentales aprovecharon las lagunas prcticas de la R2P y del idealismo ms fantico y peligroso del humanismo liberal para tergiversar su cometido en favor de sus intereses, dejando el pas peor de cmo lo encontraron.

La R2P como el garrote del imperialismo

Como en Libia, Irak o Afganistn, el caso venezolano amenaza con volvernos a mostrar la estrecha conexin existente entre el neoconservadurismo ms cnico y el intervencionismo liberal humanitario, siendo el ltimo la muleta ideolgica del primero.

John Bolton, actual asesor de seguridad nacional de la administracin Trump y uno de los viejos halcones de guerra del gobierno, resumi bastante bien cul era el enfoque de los Estados Unidos ante la crisis venezolana cuando dijo: Nos estamos fijando en los recursos petrolferos. Ese es el flujo de ingresos ms importante del gobierno de Venezuela (). Habr un antes y un despus econmico para Estados Unidos si podemos tener a compaas petrolferas estadounidenses invirtiendo y promocionando el potencial petrolfero de Venezuela.

En definitiva, Bolton se limita a expresar lo que Libia ya confirm: que detrs de las llamadas intervenciones humanitarias para forzar un cambio de rgimen suelen haber intereses que van ms all del altruismo que exige el universalismo humanitario.

De este hecho ya alert un autor cosmopolita a la vez que profundamente realista[4] como Kant cuando identific a las potencias que: mientras beben de la injusticia como si fuera agua, pretenden considerarse elegidas dentro de la ortodoxia.[5]

De este embrollo slo hay dos posibles salidas: crear un estado mundial con ms autoridad que los gobiernos nacionales hecho que parece bastante improbable o poner el poder estatal al servicio de los principios humanistas. Mi impresin es que la segunda opcin resulta ms viable en nuestro tiempo.

Sin embargo, sea cual sea la opcin que escojamos, cabra no olvidar que la accin poltica debe basarse en la coordinacin entre moral y poder.[6] Por ello, en un contexto poltico, la simple apelacin a principios morales o normativamente universales que representa la invocacin de la R2P debe ser siempre analizada bajo el escrutinio de la igualmente importante dimensin del poder. De no ser as, podemos volver a caer en el engao de Libia o el de Irak.

Notas

[1] Las normas de soft law no son producto de ninguna de las fuentes tradicionales del derecho internacional el tratado, la costumbre y los principios generales del derecho y, por lo tanto, su cumplimiento no representa una obligacin por parte de los Estados. ste hecho, sin embargo, no les quita importancia poltica a dichas normas, como podremos apreciar en el caso de la R2P.

[2] Siguiendo el orden cronolgico, podramos identificar: El informe The Responsibility to Protect de la ICISS (2002), el informe del Alto Panel sobre retos, amenazas y cambios A more secure world: our shared responsibility, el documento final de la cumbre mundial de 2005 (concretamente los prrafos 138 y 139) y el informe del Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-Moon Hacer efectiva la Responsabilidad de Proteger (2009).

[3] Dicho embargo se aplic a raz de la Resolucin 1970 (2011), aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 26 de febrero de 2011.

[4] Para una til introduccin al realismo poltico con todas sus variantes aplicado a las relaciones internacionales, ver: https://plato.stanford.edu/entries/realism-intl-relations/.

[5] Kant, I. (2016). La paz perpetua. (2a ed.). Madrid: Alianza Editorial, p. 102.

[6] Carr, EH. (1946). The twenty years' crisis 1919-1939: An introduction to the study of international relations. (2a ed.). London: McMillan & Co., p. 97.

Miquel Caum Julio es graduado en Ciencias Polticas y Mster en Ciudadana y Derechos Humanos especializado en filosofa poltica. Es traductor habitual de Sin Permiso.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/venezuela-libia-y-la-responsabilidad-de-los-poderosos



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