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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-04-2019

La Defensora del Pueblo de Ecuador cuestiona la decisin de retirar el asilo y nacionalidad a Julian Assange

Defensora del pueblo


La Defensora del Pueblo de Ecuador, como Institucin Nacional de Derechos Humanos, expresa su profunda preocupacin ante la decisin adoptada por el Estado ecuatoriano de retirar la nacionalidad a Julian Assange, al igual que dar por terminado el asilo diplomtico que mantena en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido.

Con esta decisin, a criterio de la Defensora del Pueblo, se ha limitado los derechos a la nacionalidad (art.6), asilo (art. 41), el principio de no devolucin (art. 66.14), y las garantas del debido proceso (art. 77) previstos en la Constitucin de la Repblica, la Ley de Movilidad Humana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Si bien de acuerdo al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana esta decisin se habra fundado en el principio de soberana estatal, es importante sealar que la soberana no es absoluta cuando se pone en riesgo derechos humanos, pues precisamente stos limitan su alcance.

Es necesario recordar que el Estado ecuatoriano otorg una carta de naturalizacin a Julian Assange, la cual solo puede ser anulada observando lo establecido en el art. 81 de la Ley Orgnica de Movilidad Humana, el cual dispone que: Sin perjuicio de la sancin penal correspondiente, previa accin de lesividad, la autoridad de movilidad humana declarar nula la naturalizacin de una persona cuando sta haya sido otorgada sobre la base de ocultacin de hechos relevantes, documentos falsos o el cometimiento de fraude a la ley en el procedimiento de concesin. La decisin deber ser motivada; para su declaratoria se deber seguir el debido proceso y ser notificada a las autoridades correspondientes. En el presente caso, no se ha determinado con claridad si se cumpli con este procedimiento, y si dentro de l se garantiz efectivamente el debido proceso.

Al respecto, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que todo procedimiento que pueda tener un impacto sobre los derechos a la nacionalidad o a la personalidad jurdica deber observar las garantas del debido proceso, entre ellas: 1) la notificacin previa de la existencia del proceso, 2) tener una audiencia para la determinacin de los derechos en juego, 3) el derecho de ser asistido jurdicamente, 4) a ejercer una defensa y a disponer de un plazo razonable para preparar los alegatos y formalizarlos, y para evacuar las correspondientes pruebas, 5) derecho a que las actuaciones y decisiones del proceso se consignen por escrito, 6) el plazo razonable del procedimiento, 7) el derecho a la revisin judicial efectiva de decisiones administrativas, 8) a una decisin fundada, 9) a la publicidad del accionar de la administracin, entre otros.

De verificarse el incumplimiento de estas garantas por parte del Estado ecuatoriano, y adicionalmente haberse producido la entrega de Julian Assange a las autoridades policiales de Reino Unido, se habra incurrido en una extradicin de facto, lo cual contradice el artculo 79 de la Constitucin que prohbe la extradicin de personas ecuatorianas.

Por otra parte, se debe tomar en cuenta que la condicin de asilado exiga del gobierno ecuatoriano el respeto al principio de no devolucin frente a los evidentes riesgos a la vida, la libertad o la integridad, los cuales han justificado la prolongada permanencia en la embajada ecuatoriana en la ciudad de Londres, y que el Estado ecuatoriano no ha probado que hayan cesado.

Al respecto, la Defensora del Pueblo recuerda que la Opinin Consultiva 25-2018 solicitada por el Ecuador a la Corte IDH, la cual tiene efectos vinculantes, seala que el Estado de acogida debe, por tanto, arbitrar todos los medios necesarios para proteger a la persona en caso de un riesgo real a la vida, integridad, libertad o seguridad si es entregada o removida al Estado territorial o si existe un riesgo de que ese Estado a su vez pueda expulsar, devolver o extraditar posteriormente a la persona a otro Estado donde exista ese riesgo real. Por este motivo, el Estado ecuatoriano, en atencin al principio de no devolucin, deba analizar todas las alternativas viables a fin de no poner en riesgo los derechos de la persona asilada.

Ms all de las acusaciones penales, disciplinarias y de las convicciones polticas que Julian Assange pueda tener, corresponde recordar que todo ser humano tiene derecho a ser tratado con dignidad y se le debe garantizar un procedimiento justo.

Frente a esta situacin, la Defensora del Pueblo lamenta que el Estado ecuatoriano haya incurrido en esta decisin que podra conllevar responsabilidad internacional y sentar un precedente preocupante respecto de la proteccin de personas en situacin de asilo y/o de ecuatorianos en el exterior.

Finalmente, hace un llamado al Estado y a la sociedad ecuatoriana para reafirmarse en los principios de solidaridad, acogida y respeto a los derechos humanos, manteniendo la larga y reconocida tradicin de asilo y de respeto a los principios constitucionales en materia de movilidad humana.

Gina Benavides Llerena

Defensora del Pueblo (e)

Fuente: http://www.dpe.gob.ec/la-defensoria-del-pueblo-de-ecuador-cuestiona-la-decision-de-retirar-el-asilo-y-nacionalidad-a-julian-assange/



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