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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-04-2019

Industria vasca, el naufragio permanente

Llus Rodrguez Algans y Jon Bernat Zubiri Rey
El Salto


La industria vasca ha pasado de 423.000 empleos en 1975 a 194.000 en la actualidad. Una prdida del 54% que contina ahogando al sector con polticas neoliberales. Fagor, Xey, CEL y La Naval son ejemplos recientes de mala gestin del Gobierno y las diputaciones vascas.

Euskal Herria es a veces considerada un referente en relacin a la forma de articular la poltica industrial, lo que se supone que atae a la intervencin de los gobiernos forales y autonmico en el apoyo a las actividades industriales. Pero la crisis industrial de las ltimas cuatro dcadas es un proceso inequvoco, y algunos casos recientes de gestin por parte del Gobierno Vasco demuestran que la inaccin y la defensa patronal son la norma de actuacin.

La crisis econmica de finales de los 70 y 80, unido a las imposiciones de la Unin Europea, llevaron a los gobiernos del PSOE y PNV a impulsar un perfil de poltica industrial neoliberal acelerando la destruccin de empleo y reestructuracin de grandes sectores industriales y empresas emblemticas, con fortsimo impacto sobretodo en Bizkaia. Los sectores ms afectados fueron la siderurgia integral (Altos Hornos de Vizcaya), aceros especiales (Echevarra, Olarra, Aceros de Llodio, Pedro Orbezogo, Forjas Alavesas, Tubacex y Tubos Reunidos), construcciones mecanicas (Babcock Wilcox, Mecnica La Pea), construcciones elctricas (Westinghouse, General Elctrica), construccin naval (astilleros Euskalduna, La Naval, Astilleros Reunidos del Nervin), qumica (Dow Chemical), electrodomsticos lnea blanca (Fabrelec, entre otras). En muchos de estos casos los despidos o cierres estuvieron sujetos a polticas estatales, por ser grandes sectores del Estado, que perjudicaron mucho ms al tejido empresarial vasco frente al de otros territorios.

Segn datos del ltimo trimestre de 2018 del Instituto Nacional de Estadstica (INE), la industria de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba ha pasado de suponer un 49% del Producto Interior Bruto (PIB) en 1977 a un 29% en 2007, situndose en el 24% en 2018. El empleo industrial pas de 423.000 empleos en 1975 a 274.000 en 1986 y 194.000 en 2018, lo que supone una prdida de 229.000 empleos netos en este periodo. Desde entonces, los niveles de paro oficial y ampliado los desempleados que ya no buscan trabajo, el subempleo, la exclusin social y la pobreza se mantienen estructuralmente altos, a falta de tomar medidas ms all de leves paliativos.

Al inicio de la ltima crisis, la industria vasca se encontraba ya en un naufragio permanente, con causas que van ms all de una poltica gubernamental que no ha implementado acciones eficaces para detener el proceso de desindustrializacin. De hecho, la ltima dcada perdida se salda con 24.000 personas ocupadas menos en la industria gipuzkoana, 20.000 en la bizkaina, 10.000 en la alavesa y 12.000 en la navarra. Habindose dado una mayor prdida de empleos hasta 2014, la mitad de los puestos de trabajo industriales se recuperaron en 2015 y 2016, inducidos por la demanda internacional, el relajo de la austeridad troikana y el bloqueo legislativo y gubernamental. En 2017 y 2018, sin embargo, la industria bizkana ha vuelto a perder 16.000 puestos de trabajo, siempre segn el INE, anulando buena parte de la recuperacin en solo dos aos, mientras que Navarra sumaba casi 8.000 empleos industriales adicionales en el mismo periodo. Las recientes cadas en Gipuzkoa y Araba han sido ms moderadas, como tambin lo fue la mejora anterior.

Intervencin pblica

Los datos expuestos son la consecuencia de un modelo de poltica econmica en la que los procesos de inversin y desinversin son gobernados por el mercado capitalista y las patronales, no por las potencialidades industriales del territorio, las necesidades de una estructura econmica y modelo de desarrollo endgeno ni la implementacin de mejoras sociales. El fracaso de la poltica industrial del PNV se resume en un modelo de intervencin soft que no pueda perjudicar los intereses capitalistas y su control empresarial. Esto provoca destruccin de empleo y prdida de dinero pblico. Asimismo, bloquea la capacidad de influir en la marcha de las empresas con una poltica industrial activa que conlleve un control de los sectores y empresas estratgicas de la economa vasca.

Entre las muchas dimensiones que tiene la poltica industrial, es determinante para el mantenimiento de la industria aquella que interviene en los procesos de anticipacin al cambio econmico y de crisis empresarial, tengan estos una dimensin sectorial o de empresa. As pues, el Gobierno Vasco por medio del Departamento de Desarrollo Econmico y sus organismos especficos de Industria, elabora programas y propuestas de actuacin en relacin con las empresas en dificultades coyunturales y promueve teoricamente su relanzamiento para el mantenimiento de puestos de trabajo y actividad industrial, adems de intervenir en zonas con especiales necesidades de reindustrializacin y de promover una poltica de clsters sectoriales.

La buena poltica industrial de anticipacin consiste en hacer un seguimiento de la situacin de las empresas para la determinacin de ayudas, avales o prstamos posibles. Igualmente, requiere una bsqueda de nuevos inversores industriales, existiendo la opcin de entrada en el accionariado de las empresas por parte de los gobiernos. Es necesario para ello hacer un seguimiento de estas inversiones, as como una supervisin de los planes de viabilidad industrial. En teora, todo ello se completa con compromisos por parte de las empresas de devolver los crditos, de no cerrar plantas ni realizar deslocalizaciones de la produccin y de mantener el empleo y las condiciones de negociacin colectiva.

La poltica industrial del PNV, sin embargo, carece de un protocolo para la deteccin temprana de empresas en dificultades, estableciendo muy poca comunicacin con los sindicatos y un escaso apoyo a los mismos. Se realiza, adems, en ausencia de coordinacin entre los propios Departamentos gubernamentales y direcciones de Industria, Trabajo (e Inspeccin de Trabajo), eventualmente Economa Social, con nula voluntad de intervencin en los procesos de concurso de acreedores desde el inicio y en sus diferentes fases. Otro patrn de comportamiento en los ltimos aos ha sido la falta de apoyo efectivo a las empresas en crisis, en vez de intervenir activamente va los mencionados instrumentos pblicos disponibles. Es ms, en empresas donde existe participacin de capital pblico o prstamos del Gobierno Vasco, la supervisin y seguimiento de las mismas es deficiente y negligente. Por el contrario, existe una tendencia de desprenderse de participaciones industriales de origen pblico con el visto bueno del Ejecutivo. A todo lo anterior hay que sumar que tampoco la poltica clster tiene una dimensin de defensa del tejido industrial en riesgo, pese al abundante dinero pblico que reciben los clusters en el Pas Vasco, ni tan solo tienen un papel relevante en este cometido las Agencias de Desarrollo Local o Comarcal, con el objetivo de anticipar y gobernar el cambio econmico con defensa de los intereses de la mayora social trabajadora.

En los ltimos aos, este modelo de gestin arroja una serie de ejemplos de cierres de centros de trabajo, deslocalizacin de la produccin y despidos en empresas industriales viables que no han encontrado en el Gobierno Vasco y las Diputaciones vascongadas una oposicin real. Es el caso de las plantas de Arkema (Alonsotegi), General Electric (Ortuella), Zardoya-Otis (Mungia), Eaton (Derio), Foseco (Izurtza), Productos Tubulares y Tubos Reunidos (Sestao-Trpaga y Amurrio), Laminaciones Arregui -Celsa Group- (Gasteiz y Urbina), Aernova Estructuras, Industrias Galycas y BSH Electrodomsticos (Gasteiz), Arcelor-Mittal (Zumarraga), Candy Hoover (Bergara), Ingemar (Usurbil) o TS Fundiciones y GRI Castings (Zestoa), y varias ms. Otras con prstamos de dinero pblico o con participacin en capital pblico del propio Gobierno Vasco, como pueden ser Cegasa (Gasteiz), Alfa (Eibar), Grupo Gallardo Corrugados (Azpeitia), Baltogar (Mungia), Vicrila (Leioa) o Troquenor (Sondika), tambin se han dejado caer siendo viables.

Recordemos, especialmente, la psima gestin con Fagor Electrodomsticos y la entrega en situacin de preconcurso a la compaa de 40 millones de euros, va los fondos pblicos Ekarpen y Socade, que no se han recuperado. El Departamento de Desarrollo Econmico no ha jugado ningn papel para el mantenimiento del empleo ante la segunda crisis del grupo cataln CNA, que adquiri la actividad de Fagor, llevando al despido a toda la plantilla que se mantena en produccin. Adems, en los ltimos aos, empresas con accionariado pblico vasco han pasado a manos de compaas extranjeras, como Acera Compacta de Bizkaia (Arcelor-Mittal Sestao), Gamesa, Euskaltel, ITP, Cementos Lemona o Naturgas. Su puesta en marcha se ha dado con grandes inversiones de dinero pblico que han terminado beneficiando intereses de capital privado, algo que ha sucedido tambin en muebles Xey, la papelera CEL y el astillero La Naval, entre otras muchas.

Fraude

La empresa Xey de Zumaia, con 170 personas en plantilla, se dedicaba a la fabricacin y venta de muebles. En el verano de 2017, la plantilla fue despedida despus de varios meses en los que el empresario dej de pagar las nminas. La mala gestin provoc el colapso de una empresa en la que el Gobierno vasco tena el 30% del accionariado por valor de 2,2 millones de euros y prstamos otorgados. El Departamento de Desarrollo Econmico ni detect ni denunci ninguna irregularidad. No realiz ningn seguimiento de la empresa previo a la presentacin del concurso de acreedores. El pasado 3 de enero de 2019, el Juzgado de lo Mercantil Nmero 1 de Donostia public sentencia por la cual califica de culpable el concurso de la empresa Xey y lo que supondr, a falta de resolucin de recursos de las partes, tres aos de inhabilitacin al empresario.

Los principales motivos para declarar la culpabilidad empresarial en Xey son, segn informacin del sindicato ELA, irregularidades contables relevantes, inexactitudes graves documentales en inventario, derechos de cobro de clientes y tesorera, adems de salidas ilegales de bienes. Se completa con una descapitalizacin fraudulenta, a travs de una serie de sociedades vinculadas a los gestores de la concursada. El Gobierno vasco no aport ninguna alegacin al informe de la administracin concursal, ni analiz las cuentas, ni la actuacin de la direccin. Tanto en su papel de accionista como en el de acreedor de dinero pblico ha actuado con negligencia y corresponsabilidad en la culpabilidad del concurso.

Negligencia

La papelera CEL, con 62 millones de facturacin y un resultado operativo positivo de 1,2 millones en 2016, contaba en la comarca de Enkarterri ms de 254 empleos directos, 300 si sumamos las contratas. El Gobierno vasco tena la propiedad de un 40% de las acciones. La direccin decide dejar de pagar las facturas de la luz a principios de 2017, provocando el bloqueo de la actividad. Un atropello que ni la propiedad, ni el Ejecutivo, ni la Diputacin de Bizkaia resolvieron. En este contexto, el Gobierno decidi desprenderse de las acciones el 18 de mayo de 2017 a un precio irrisorio. Los prstamos pendientes de cobro abocaron a la empresa al concurso de acreedores a falta de un inversor industrial que continuara con la actividad. La plantilla se enter dos semanas despus y por la empresa, pese a haber tenido una reunin con el Departamento de Desarrollo Econmico justo despus de esa venta.

El proceso de concurso de acreedores continu y la administracin concursal plante un despido colectivo ante la falta de actividad e inversin. Finalmente, el sindicato ELA y el grupo italiano Lucart llegaron a un acuerdo y se adjudicaron las plantas al mismo, con 183 empleos de inicio y una bolsa de empleo para quienes haban sido despedidos. Ante todo ello, los sindicatos denunciaron que la Diputacin foral de Bizkaia, propietaria de algunas mquinas, no se haba implicado, y que el Gobierno vasco no haba cumplido con su funcin y responsabilidad de intermediacin para la bsqueda y acompaamiento de inversores industriales.

La Naval

Despus del proceso de privatizacin impuesto por la Unin Europea en los aos 2000, con una aplicacin por parte del gobierno del PSOE en aquellos astilleros de construccin naval civil, las empresas propietarias de La Naval privatizada pasaron por diferentes fases. En la ltima hay fuertes indicios de descapitalizacin del astillero por parte de sus principales accionistas Ingeteam y Astilleros Murueta. El colapso financiero produjo su cierre en un momento en que la empresa tena suficiente carga de trabajo, ante la falta de inversores industriales serios que le permitieran seguir con la actividad.

Arantza Tapia y el Gobierno Vasco apoyaron la rescisin de los contratos de construccin vigentes a principios de 2017, para encarar la liquidacin del astillero sin interferencias. Tanto el PNV como el PSE negaron la posibilidad de rescate de la actividad, de la compra pblica de los activos para blindarlos para su uso industrial, o de crear eventualmente una empresa pblica con la que relanzar la actividad. Se ampararon en una supuesta limitacin europea, pese a que la Direccin de la Competencia de la UE neg esa limitacin en reuniones con Podemos y el sindicato de astilleros CAT.

La coalicin Elkarrekin Podemos ha tratado de que el Gobierno Vasco tuviera una implicacin real, empezando por promover la posibilidad de compra pblica del astillero ya en septiembre de 2017. El Ejecutivo se ha negado a implicarse en el concurso, as como a apoyar la elaboracin de un plan de viabilidad para el mantenimiento de la actividad. Tampoco se ha mostrado dispuesto a realizar una bsqueda activa de nuevos inversores industriales o a intervenir como Departamento de Trabajo (PSE) en el despido colectivo para evitar vulneraciones de derechos laborales y fraudes mercantiles. Lo mismo se puede decir de la actitud del Gobierno espaol del PSOE y la ministra de Industria Reyes Maroto.

Una vez ms, han sido los sindicatos con presencia en el astillero, principalmente CAT y ELA, y la izquierda vasca los que han defendido de forma activa la intervencin con control pblico del astillero, para mantener los ms de 2.000 empleos directos e indirectos que genera en Ezkerraldea. Los trabajadores han llegado incluso a proponer la compra de acciones con el dinero de las indemnizaciones. Tambin el sindicato CAT encarg un informe jurdico que acotara las posibilidades de intervencin pblica, cuya realizacin fue incumplida por el Gobierno Vasco.

Fuente: http://www.elsaltodiario.com/industria/industria-vasca-naufragio-permanente


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