Portada :: Espaa
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-04-2019

Altsasu y el odio

Jess C. Aguerri
eldiario.es

La aplicacin de un agravante por discriminacin ideolgica sienta un claro precedente que amenaza con fuerza a aquellos que rechazan o se oponen al poder del Estado


La Audiencia Nacional confirm hace unas semanas las penas para casi todos los acusados por el caso Altsasu (para todos menos para uno). El terrorismo ha quedado fuera de la ecuacin, pero, aun as, ah quedan las condenas de hasta 13 aos de prisin. Cabra preguntarse que, si finalmente no estamos ante un caso relacionado con el terrorismo, por qu lo ha juzgado la Audiencia Nacional y no la Audiencia Provincial de Navarra. Puede que este asunto de la jurisdiccin est amparado por la ms estricta legalidad procesal, pero esto no es bice para que alguien le pida a la Jueza Lamela −actualmente magistrada en el Tribunal Supremo− alguna explicacin sobre dnde estaba ese terrorismo que vio en la instruccin.

En cualquier caso, aun prescindiendo del terrorismo, las penas de prisin se han mantenido, alcanzando, como ya hemos mencionado, los 13 aos, de los cuales los acusados debern cumplir 9 (al limitar nuestro ordenamiento el internamiento al triple de la pena mayor) a menos que el Tribunal Supremo dicte otra cosa. Para poner en contexto esa cifra, cabe decir que el homicidio doloso (matar a alguien con voluntad y conciencia de que se le est matando) est castigado en nuestro cdigo penal con entre 10 y 15 aos de prisin. Tambin cabe sealar que, segn los estudios de los que disponemos, 15 aos es el lmite mximo que una persona puede permanecer en prisin sin que las secuelas psicolgicas que deja el encierro sean incurables y difcilmente conciliables con su reintegracin en la vida social. Es decir, que aun aceptando que haya alguna pena de prisin que pueda no considerarse inhumana, 9 aos es una pena elevadsima, y desproporcionada si atendemos a que se ha impuesto por unos delitos de lesiones.

La cuestin est en que, si finalmente no se ha apreciado ningn delito relativo al terrorismo, cmo son posibles unas penas tan altas? La respuesta, como ya han comentado diversos medios, se encuentra en la aplicacin del artculo 22.4 del Cdigo Penal, en virtud del cual deben agravarse las penas de los delitos que se cometan por motivos racistas, antisemitas o discriminatorios. El citado artculo reza as:

"[Sern circunstancias agravantes] Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminacin referente a la ideologa, religin o creencias de la vctima, la etnia, raza o nacin a la que pertenezca, su sexo, orientacin o identidad sexual, razones de gnero, la enfermedad que padezca o su discapacidad".

La aplicacin de este agravante implica que, de nuevo, la Audiencia Nacional ha estimado que las lesiones causadas por los acusados a los guardias civiles y sus parejas responden a motivos discriminatorios. Como, de momento, es difcil argumentar que pertenecer a la Guardia Civil sea una raza o una etnia, el tribunal ha aplicado el agravante en su modalidad de discriminacin ideolgica. Es cunto menos discutible que el motivo de la pelea en Altsasu tuviera algo que ver con una cuestin ideolgica, pero, aun aceptando lo sealado por la Audiencia Nacional, la aplicacin del agravante sigue siendo curiosa por dos motivos.

En primer lugar, la ley impone que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) deben ser neutrales, por lo que deben carecer de ideologa, as que cuesta entender cmo se puede discriminar ideolgicamente a unos individuos por pertenecer a un cuerpo que por imperativo legal no puede tener ideologa. En segundo lugar, se debe observar, como ya habr hecho cualquier lector avispado, que el agravante, al hacer referencia a diferentes fuentes de discriminacin presentes en nuestra sociedad, est tratando de, en teora, proteger a los grupos que sufren dicha discriminacin. ste es el elemento ms relevante en todo este asunto porque nos lleva a preguntarnos Son los FFCCSE un grupo discriminado? Son una minora a la que haya que brindar especial proteccin? La respuesta es: rotundamente no. No solo porque no hay ni una evidencia que lo seale, sino porque son los ejecutores del monopolio estatal de la violencia legtima, son parte del ente ms poderoso de nuestras sociedades, del todava mayor centro del poder, son parte del Estado. Si, como dice el jurista Luigi Ferrajoli, el Derecho debe ser la ley del ms dbil, esto es todo lo contrario, es la sobreproteccin del ms fuerte.

Este hecho es especialmente aberrante en una democracia no militante como se supone que es Espaa. En teora, la construccin espaola protege tambin a quien la niega o se opone frontalmente a ella. La traduccin de esta idea es que se nos reconoce el derecho a oponernos al Estado, incluso se puede entender que tenemos el derecho a odiar abiertamente al Estado. Atendiendo a esto y teniendo en cuenta el inmenso poder que tiene el Estado, es tremendamente difcil justificar jurdicamente esta sobreproteccin frente aquellos que lo rechazan u odian. Pueden caber rechazos morales al odio al Estado, como al odio en general, se puede incluso considerar malvados a aquellos que odian, pero aqu est el quid de la cuestin: el Derecho penal, de nuevo en teora, no funciona por criterios de bondad o maldad, ni por asuntos netamente morales, sino por el dao o el peligro causados a bienes jurdicos.

Es tentador forzar el Derecho para que castigue aquello que uno considera malvado, de hecho, la tentacin es tan grande que, a menudo, los Derechos Fundamentales, otrora escudo frente a los abusos del poder, se tornan molestos impedimentos para implementar esos castigos que se creen justos. Uno de los muchos problemas que tiene este camino es que ningn poder puede poseerse, solo puede detentarse, ejercerlo un breve tiempo antes de perderlo. Y una vez perdido, las herramientas para el castigo quedan libres y dispuestas para que las use a voluntad el nuevo inquilino del poder. Da igual que el "gran peligro" que justificaba estas herramientas desaparezca, ya s encargar el poder de crear una nueva amenaza que justifique la excepcionalidad, la suspensin de los principios del Derecho. Es decir, mientras haya mecanismos excepcionales para el castigo, podrn encontrarse siempre casos e individuos que justifiquen el recurso a la excepcionalidad.

Una de las consecuencias de esta naturaleza del poder y la excepcin son casos como el de Altsasu, en el que un agravante creado para "proteger" a colectivos socialmente discriminados se convierte en una herramienta usada para imponer un castigo ejemplar por una pelea de bar. Y ah queda la ley, aguardando nuevos refuerzos anunciados desde todas partes, y queda el peligrossimo precedente que permite usar la "discriminacin ideolgica" como argumento que permita imponer castigos desproporcionados a aquel que un tribunal considere que actu movido por el rechazo al Estado o alguna de sus partes. Ah queda la excepcionalidad convertida en norma.

Fuente: http://www.eldiario.es/contrapoder/Altsasu-odio_6_884071605.html



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter