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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-04-2019

Matar a lideresas y lderes sociales es un crimen contra la paz

Prensa Rural


La noche del pasado viernes 12 de abril fue asesinado el lder indgena Ember, Aquileo Mecheche, quien dirigi la Minga en el Choc. Como l, en 2019 ya van asesinadas casi 50 personas que lideraban pueblos indgenas, comunidades campesinas y afrodescendientes, es decir, prcticamente una cada dos das. Desde noviembre de 2016, cuando se firm el Acuerdo de Paz, ms de 500 personas han tenido el mismo fatdico destino. Esta situacin ha llevado a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a reiterar la semana anterior su gran preocupacin por el patrn persistente de asesinatos de lderes y lideresas comunitarios, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes de las FARC-EP.

El llamado urgente que hace el Consejo de Seguridad de la ONU obedece a que estos crmenes socavan la implementacin territorial del Acuerdo de Paz. Acabar con los liderazgos sociales de las zonas rurales y de las comunidades ms vulnerables del pas es, en realidad, un crimen contra la paz. Pero, adems, constituye una forma de profundizar la crisis humanitaria en regiones tradicionalmente abandonadas por el Estado colombiano en las que estas personas desempean un rol crucial en la cohesin, conservacin y desarrollo del tejido social. A ello se agrega la noticia de la aparicin de ejrcitos anti restitucin cuyo objetivo es exterminar a campesinos que reclamen tierra, como lo ha puesto en evidencia el ataque a una comisin de la Unidad de Restitucin de Tierras, el pasado 11 de abril.

Los integrantes del movimiento Defendamos la Paz queremos manifestar a la opinin pblica que insistimos en recordarle al presidente Ivn Duque que la implementacin integral del Acuerdo de Paz es el marco adecuado para los planes de accin en seguridad y garanta de los derechos colectivos y a la vida en democracia. ste contempla mecanismos especficos para proteger tanto a las personas reincorporadas a la vida civil como a quienes ejercen liderazgos sociales, la defensa de los derechos humanos y la paz. El Gobierno Nacional est en mora de llevar a la prctica el mandato de la Comisin Nacional de Garantas de Seguridad y el conjunto de sus funciones incluida la formulacin de polticas y del plan de accin para el desmantelamiento de grupos criminales que atentan contra la construccin de paz.

Consideramos que el Presidente debe formular una poltica pblica que, con carcter urgente, integral y eficaz, as como con recursos suficientes, atienda la situacin que padecen las comunidades rurales, y que ofrezca condiciones reales para el ejercicio de la participacin y la construccin de la paz. Para ello se cuenta con instrumentos legales (decreto 660 de 2018, resolucin 845 de 2018 y directiva 002 de la Procuradura). Esta poltica puede encontrar un firme apoyo en las organizaciones comunitarias en los territorios que estn dispuestas a trabajar con su conocimiento y capacidad en afianzar la proteccin de la vida y de la accin social.

Llamamos al Gobierno Nacional a adoptar una verdadera poltica de paz completa e integral que permita reconstruir los caminos del dilogo con el ELN que se acompae del cese al fuego y del respeto al DIH, y desarrollar mecanismos de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados, as como desactivar las bandas criminales y los grupos paramilitares.


Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article24241


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